Truco de apariencias

 

El domingo pasado se dieron a conocer las respuestas que la conducción económica del gobierno pergeñó durante una reunión el día anterior para afrontar la aparición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que alcanzó la consabida variación mensual del 8,4%. El hecho mantiene un rasgo recurrente de la forma en la cual se toman las decisiones, que indica algo preocupante: no es necesario que aparezca la medición del IPC para saber que la variación del nivel de precios es un problema que se tiene que atender. Como no se logra presentar una solución, pareciera ser que se improvisan acciones insustanciales con el propósito de aparentar que se mantiene la capacidad de maniobra, cuando lo que se nota es lo contrario.

Esto se debe a una característica básica, que no es difícil de entender: el sistema de precios propicia el encarecimiento de los bienes necesarios para la reproducción de la vida, lo que resulta en un deterioro del poder de compra del salario, el cual no se llega a revertir mediante las negociaciones paritarias. El único año de este gobierno en el que la variación de los salarios se ubicó por encima de la del IPC fue 2021. Desde julio de 2022 quedaron por debajo, originando la tendencia que prima desde entonces. Sin embargo, el gobierno se rehúsa a alterar las condiciones que la provocan, con lo que se ve forzado a buscar alternativas inexistentes para obtener algún tipo de resultado.

La incongruencia entre la necesidad de modificar la evolución de los precios y la renuencia a adoptar los medios necesarios para lograrlo explica las reacciones oficiales errátiles, traslucidas en las definiciones sorprendentes que enuncian sus figuras. De estas, que El Cohete listó en reiteradas oportunidades, la más reciente fue la del Presidente Alberto Fernández, quien el viernes pasado dijo en una entrevista radial que “el dato de la inflación no es lo que queremos”. Lo curioso es que no impulsa nada para que sea diferente.

Tampoco parece aceptarse que es necesario. El Presidente hizo alusión a lo que considera que son causas “psicológicas” de la inflación. Antes que él, luego de la difusión del IPC correspondiente a cada mes del año, funcionarios argumentaron con distintos subterfugios que la inflación tendría que ser menor a la registrada y que se esperaba una tendencia a la baja. Luego de cinco meses seguidos de aumento, la inconveniencia de esta estrategia de comunicación se vuelve evidente hasta para el elenco gubernamental.

Lo que parece una descripción sardónica del estado de la política económica está elaborado con el propósito de proporcionar una narración imparcial sobre la hondura del problema político del presente año, consistente en la incubación de factores que conducen a un deterioro del nivel de vida de la población argentina y a la declinación del nivel de actividad, frente a los que el gobierno obra con indiferencia. El significado de las medidas que se difundieron el domingo solamente se puede comprender tomando esto en cuenta.

 

 

 

Trayectoria alcista

El IPC se incrementó en un 8,4% en abril, con lo que llegó a una variación acumulada en lo que va del año del 32%, y una del 108,8% frente al nivel del mismo mes en el año anterior. Dentro del IPC, el rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas varió un 10,1%, La Canasta Básica Alimentaria alcanzó un aumento del 7,3% en abril, mientras que el de la Canasta Básica Total llegó al 6,3%. A diferencia de lo que ocurre con el IPC, son incrementos menores con respecto al mes de marzo, pero eso no quita que sigan representando un peso cada vez mayor sobre el salario. En los meses anteriores, sus aumentos estuvieron por encima de los del IPC.

Algo que recordamos en El Cohete es que son condiciones con las que se acentúa el atraso que mantienen los salarios sobre los precios. Hace tres semanas se explicó que, de acuerdo a los registros del INDEC, los salarios de los trabajadores registrados quedaron unos pocos puntos por encima del IPC en el total del lapso comprendido entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2022. En el primer trimestre de este año, el total del Índice de Salarios alcanzó un aumento del 22,2%. Supera en medio punto al 21,7% al que llegó el IPC. Sin embargo, al desglosar el índice, se constata que esto se debe a una anomalía: en marzo, los salarios del sector público se incrementaron un 16,3% por sobre el mes anterior, lo que explica la alta variación alcanzada por el índice total en ese mes (10,1%).

En cambio, con los salarios del sector privado y del sector informal ocurrió lo que era previsible: su variación es menor a la del IPC en el primer trimestre del año. Con lo cual empiezan a gestarse las condiciones para que, de manera general, se registre una pérdida de poder de compra de los asalariados al final de este gobierno. Los cambios se resumen en una reedición del gráfico que acompañó a la nota aludida, actualizado para este trimestre.

 

 

 

 

Un dato que debe tenerse en cuenta es que el Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) mostró en abril un incremento del 6,9%. El mes pasado fue del 5,1%. La diferencia entre el IPIM y el IPC es que en la composición del IPIM la incidencia de los precios de insumos es mayor, por lo que se utiliza para controlar la tendencia que manifiestan los costos. En los procesos de aceleración de la inflación, lo que suele suceder es que se acumulan períodos de alza del IPIM de aproximadamente tres meses, y esto luego repercute sobre el IPC, mientras la tasa de variación del IPIM cae a valores menores. El hecho de que el IPIM se vuelva a acelerar mientras el IPC continúa en un momento de alzas intermensuales significa que los precios van a seguir una trayectoria alcista en lo inmediato.

 

 

 

Medidas sustitutas

Desde hace un tiempo se rechaza categóricamente el uso de las retenciones para morigerar el aumento de los precios de alimentos. El dólar mayorista oficial se incrementa en forma diaria y alcanza una tasa de devaluación intermensual significativa, y los precios de los bienes regulados se aproximan más al total del IPC. Este es el origen del sistema de precios disfuncional que el gobierno deja correr.

Las medidas sustitutas que se elaboraron en el fin de semana tienen características curiosas. En lo tocante a la inflación, se destacan las siguientes:

 

• Se permite la importación de alimentos sin arancel por parte del Mercado Central y se habilita a los comercios de cercanía a abastecerse con estos productos. La explicación que acompaña a la novedad es que, de dicha forma, se espera facilitar que se cumpla el programa de Precios Justos en los locales que no forman parte de las cadenas de supermercados.

 

• Con el objetivo de reducir los precios efectivos de importación y fomentar la competencia en la provisión de insumos difundidos, se suspenden los derechos antidumping por la importación del tereftalato de polietileno, el diisocianato de tolueno, el di-n-octilftalato, el benzoato de sodio, la lana de vidrio, el óxido de cinc, la resina de poliéster y los fungicidas. Estos se utilizan en la producción de varios bienes industriales y provienen mayormente de China, Estados Unidos y Brasil.

 

• Se crea una Unidad de Análisis de Comercio Exterior, compuesta por representantes de varios organismos del gobierno. Entre ellos, la Secretaría de Comercio, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

 

Lo primero que llama la atención es la promoción de las importaciones para bajar los precios en una economía con escasez de divisas. Si la importación de alimentos resultase “competitiva”, sería contraproducente por su efecto sobre el saldo comercial. Pero el efecto –para colmo– es difuso, porque la devaluación actúa encareciendo los bienes importados.

Los países que importan alimentos para abastecer a sus habitantes suelen estar expuestos a una volatilidad muy alta, por los precios y la incertidumbre del mercado internacional. Siendo la Argentina un productor de alimentos, y habiendo en este caso un solo importador, la operación no parece peligrosa por su alcance. Pero eso significa que sus efectos serían acotados: aún si se comenzasen a importar alimentos para consumo masivo que en este momento tienen origen local, no parece contarse con la capacidad de distribución, y menos con la de importación, que se requeriría para completar una operación de estas características.

Algo similar puede decirse sobre la importación de insumos difundidos. Esto es la norma en el caso de esos bienes, y es justamente una de las características del subdesarrollo argentino, con una industria pesada reducida en la que normalmente un solo proveedor tiene la mayor parte de la cuota de mercado o la totalidad. Es difícil que en los casos de productos tan específicos se pueda fomentar la competencia, y de hacerlo mediante tales mecanismos, se repite el problema de que se eleva la presión importadora.

 

 

 

Administración del crawl

En las comunicaciones se encuentra una vaga alusión sobre la administración de “la tasa de crawl” del Banco Central. No se indica en qué sentido. Algunas versiones periodísticas insinúan que la devaluación del tipo de cambio oficial va acelerarse para mantenerse a la par de la inflación, lo cual es absurdo porque significa coronar un paquete de medidas anti-inflacionarias con un aliciente a la exacerbación de la inflación.

En rigor de verdad, el ritmo de la tasa de devaluación es un dato que se mantiene en secreto. Revelarlo indicaría la dirección en la que se orienta la política cambiaria del BCRA, con riesgo de perder poder de sorpresa sobre el mercado de divisas. Lo que se puede afirmar es que “administrar el crawl” con un fin de control de la inflación sería razonable: la devaluación alcanzó tasas más altas con cada mes del año. Hasta el inicio de mayo suma un 26,1% en total (ver Gráfico 2). Ya se tendría que saber cuáles son las consecuencias de seguir así.

 

 

 

 

 

La eficacia de abrir la economía para reducir la tasa de inflación es negligible. Dejando de lado los problemas prácticos señalados, en el mejor de los casos se trataría de una reducción de ciertos precios, sin alterar la evolución de su nivel general. Desde el punto de vista macroeconómico, es tan perjudicial como la extensión del incremento de las importaciones. Se comprende que, por la situación que atraviesa la economía argentina, es más probable que lo último no sea muy significativo, con lo que el paquete de medidas sustitutas anunciado se reduce a un truco de apariencias poco oportuno. Mientras tanto, prosigue la presión sobre el salario, cada vez más afectado.

 

 

 

 

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