Tributo a la injusticia

 

En los últimos cuatro años, la capacidad recaudatoria del sistema tributario argentino disminuyó significativamente, a la vez que se intensificó su carácter regresivo. De esta forma se vio afectada la redistribución de ingresos a favor de los sectores concentrados de la economía y en detrimento de los más vulnerables.

La presión tributaria —es decir, los ingresos destinados a impuestos en relación con el producto bruto interno— se redujo entre 2015 y 2018, pasando del 31,45% al 28,86% del PIB. A su vez, la recaudación cayó un 18% en términos reales, entre 2015 y 2019, considerando una inflación del 300% durante la gestión de Cambiemos. Esto indica que la recaudación decreció tanto en términos de PBI como términos reales y, con ello, los recursos fiscales disponibles.

Si bien suele decirse que la presión fiscal en la Argentina es muy elevada, cuando se la compara con la de los países centrales es posible relativizar esta afirmación. Según las estadísticas de la OCDE, la presión tributaria de la Argentina en 2017 (30,3% de PIB) se encontraba por debajo de la de los países de la Unión Europea (excepto de Lituania), del promedio de los países miembro de la OCDE (34,2% de PIB), de Japón (30,6% de PIB), de Canadá (32,2% de PIB), e incluso por debajo de la de Uruguay (30,9% de PIB) y Brasil (32,3% de PIB).

En este sentido, una presión tributaria elevada no es considerada un aspecto negativo del sistema tributario. En efecto, gran parte de los países que se caracterizan por poseer un alto grado de desarrollo económico y elevados índices de Desarrollo Humano (IDH), a los  la vez, pose

en los mayores niveles de presión tributaria. Si tomamos como ejemplo los casos de los países escandinavos, según el IDH elaborado por Naciones Unidas, Noruega se ubica en el ranking n° 1 del Desarrollo Humano con un índice de 0,954, Suecia se ubica en el ranking n° 8 con un índice de 0,937 y Dinamarca se encuentra en el n° 11, con un índice de 0,930; mientras que presentan los más altos niveles de presión fiscal: Dinamarca, 46% del PIB, Suecia, 44% del PIB y Noruega, 38,2% del PIB.

Al analizar la estructura tributaria de nuestro país se observa que su composición es de carácter regresivo, puesto que la mayor parte de los recursos fiscales provienen de impuestos regresivos, que gravan con una única alícuota a contribuyentes de alta y baja capacidad económica, sin hacer distinción alguna entre ellos. Peor aún, en los últimos cuatro años se produjo un aumento de la participación de los tributos regresivos sobre el total de la recaudación y, por ende, una reducción del peso de los impuestos progresivos.

Desde los inicios del Estado argentino se conformó un sistema tributario regresivo, en el cual los impuestos patrimoniales eran poco significativos. Durante los gobiernos de Rivadavia, Dorrego y Rosas existieron intentos fallidos por aumentar la imposición patrimonial, buscando evitar la evasión de propietarios rurales y urbanos. Recién en 1917 se introdujo desde el Ejecutivo, bajo la presidencia de Yrigoyen, un proyecto de ley del impuesto a las rentas, aunque no fue aprobado. Fue en 1932, bajo el gobierno de facto del dictador Uriburu, cuando se estableció el impuesto a los réditos. Esta reforma fiscal no fue ajena a la necesidad de adecuarse a los modelos tributarios que primaban en el resto del mundo. A partir de allí, el sistema tributario argentino fue ganando progresividad.

El impuesto a las ganancias es considerado progresivo por aplicar alícuotas diferenciales para distintas capacidades contributivas. Asimismo, se lo califica como un impuesto directo, ya que recae de manera definitiva en el contribuyente obligado al pago; al menos es así en el caso de las personas físicas. Además es caracterizado como un impuesto personal, ya que se tienen en cuenta las condiciones personales del sujeto gravado, tales como las deducciones que permite la ley. Por último, una característica muy importante de este tributo, aunque prácticamente no reconocida, es su uso extrafiscal. Más allá de ser una fuente de ingresos para cubrir necesidades esenciales del Estado, es potencialmente una herramienta poderosa como niveladora de la estructura económico-social.

Según los datos de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, la participación de los impuestos con carácter progresivo –tales como el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales, que cuentan con escalas que discriminan de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes— cayeron fuertemente en los últimos cuatro años. El Impuesto a las Ganancias pasó de representar el 24,8% sobre la recaudación total en 2015 al 21,8% en 2019 y el Impuesto sobre los Bienes Personales pasó de 1,2% en 2015 a 0,6% en 2019.

Ello, en gran parte, está asociado a las reformas legislativas realizadas por el gobierno de Cambiemos. En el caso del Impuesto sobre los Bienes personales, como mencioné en un artículo anterior del Cohete a la Luna, en 2016 se eliminaron las escalas progresivas y se dispuso una única alícuota para todos los contribuyentes; y en 2018 la ley se volvió a reformar retomando las escalas progresivas, aunque con alícuotas menores a las vigentes en 2015. Esto fue acompañado de un régimen de “contribuyentes cumplidores” que eximió de este impuesto a las personas que no se acogieron al blanqueo, en los períodos 2016, 2017 y 2018.

En el caso del impuesto a las ganancias, la disminución de la presión tributaria de este impuesto no tuvo que ver con la reducción de los sujetos pasivos del impuesto. Por el contrario, en un contexto de fuerte inflación que impactó sobre el poder adquisitivo, se identificó un fuerte aumento de la cantidad de trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados que fueron alcanzados por el impuesto a las ganancias durante la gestión de Cambiemos. Según lo informado por el jefe de gabinete Marcos Peña en 2018 al Congreso de la Nación, las personas afectadas por este impuesto pasaron de 1.194.149 personas en 2015 a 1.939.994 en 2016, 745.845 personas más que en 2015. En este sentido, los factores que incidieron en la caída de la recaudación de este tributo habrían sido fundamentalmente la caída de la actividad económica y las reducciones de las alícuotas a las empresas. Entre ellas, en 2016, se derogó la retención sobre los dividendos y utilidades distribuidas por las sociedades, que más tarde fue restablecida en un 7% para 2018 y 2019 y en un 13% a partir de 2020, aunque reduciendo el impuesto para las personas jurídicas, pasando del 35% al 30% en 2018 y 2019 y al 25% a partir del periodo fiscal 2020.

Al mismo tiempo, la participación de impuestos regresivos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto al Cheque (a los débitos y créditos), por mencionar algunos de ellos, aumentaron su peso sobre el total de la recaudación. El IVA pasó de representar un 28,2% de la recaudación en 2015 al 30,5% en 2019 y el Impuesto al Cheque pasó de 6,3% al 7,0% en ese mismo periodo. El primero de ellos es un impuesto sumamente regresivo porque grava al consumidor final, impactando muy negativamente sobre los sectores más vulnerables. El segundo grava con el mismo porcentaje a micro, pequeñas, medianas, grandes empresas y multinacionales.

Cabe destacar que las modificaciones establecidas por la Ley de Solidaridad Social (Ley 27.541) que impactan sobre la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales contribuyen a mejorar la progresividad de la estructura tributaria. Del mismo modo que la reforma al impuesto a los débitos, cuya alícuota se incrementó al doble para los casos de extracciones en efectivo (pasando del 0,6% al 1,2%), no es aplicable a personas humanas o personas jurídicas que acrediten la condición de Micro y Pequeñas Empresas, segmentando al sujeto pasivo del impuesto. Para el caso del impuesto a las ganancias, se mantuvo la alícuota del 30% para las empresas hasta 2021, buscando interrumpir la tendencia descendente de la recaudación por este impuesto.

Con miras al desarrollo económico con inclusión social y distribución equitativa de la riqueza, se requiere primordialmente una política tributaria que elimine las desfiguraciones del sistema impositivo, dando paso a una política redistributiva hacia sectores de menores ingresos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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