TRES TRISTES TIGRES

 

Escribo esta nota en la mañana más linda del mundo, a fines de un febrero atroz. La luz entra blanca y resplandeciente por la ventana, los perritos duermen en sillón, que se supone tienen prohibido usar. Y el silencio de lo temprano solo se rompe con ruidos lejanos y el perfil de algún avión cruzando el cielo. Y yo acabo de terminar de leer dos fallos que necesitaba leer para escribir esta nota.

Tal vez el registro de la mañana iluminada y calma será lo único bello que encontrarán en la nota. Por eso me pareció oportuno hacerle un homenaje a los momentos perfectos de los días de finales del verano.

El febrero atroz comenzó un lunes. El lunes 3 de febrero para ser exacta, cuando leí una nota publicada por Ari Lijalad en la que daba cuenta de la información respecto a los beneficios que habría recibido Alejandro Paul Vandenbroele, en el marco del programa de Testigos Protegidos. La noticia me impactó porque contaba que la cantidad de dinero que había recibido Vandenbroele era realmente importante. Pero a ese primer impacto le sucedió el del martes 4, cuando realmente me sorprendí y me enojé. No por la muerte de Claudio Bonadío, que sucedió esa madrugada. En Tribunales ya se corría la novedad respecto al deterioro de la salud del juez, un periodista me había dicho que “que era cuestión de tiempo” que el juez muriese. La muerte de personas reales y conocidas siempre provoca un estupor. Y aun sabiendo que era algo bastante imposible, yo anhelaba que Claudio Bonadío tuviese que explicarle a la familia Timerman el porqué de su conducta respecto a Héctor. A mi estupor se sumo la inexorable certeza de que aquello jamás sucedería.

Pero no fue esa muerte lo que me sorprendió y me enojó. Fue la segunda nota de Ari Lijalad. En esa nota mostraba un documento oficial en el que se solicitaba el pago de $1.500.000 pesos a Vandenbroele. Y se señalaba: “Cabe destacar que el día 07 de agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou. Confirmada la prisión de los nombrados, por ante la Cámara de Casación Penal, Sala IV, en el día de ayer”.

 

 

 

 

El juez que había admitido a Vandenbroele como arrepentido rápidamente tomó conocimiento de la noticia, y ordenó la extracción de testimonios y que se caratulase una nueva causa para investigar lo sucedido con este arrepentido.

Un par de días después, tanto la ex Ministra de seguridad Patricia Bullrich y el propio Vandenbroele salían a hacer declaraciones públicas sobre la situación denunciada.

La Ministra declaró en un programa de TV que “no se le pagaba a los testigos” para señalar exactamente 19 segundos después que “a los testigos se les daba una mensualidad”. El programa era un programa donde suele ser tratada con algodones. Pero ese día había un periodista y abogado llamado Gabriel Iessy, que le marcó los puntos.

 

Bien @gabrieliezzi
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— Alejandro Rúa (@AleRuaTwit) February 18, 2020

 

 

Fracasado estruendosamente el intento defensivo de la ex Ministra, que llegó a afirmar que la documentación era falsa, fue el turno de Vandenbroele. Quien dio una serie de entrevistas a medios de Buenos Aires. Sus declaraciones no tuvieron mejor resultado que la intentona de Bullrich. Por ejemplo, señaló que “es mentira que me pagaron para que me convirtiera en un arrepentido y declarase en contra de Boudou. Si alguien me pagó fue ese grupo de Boudou, de Brito [por Jorge, dueño del Banco Macro] y de Insfrán [por Gildo], gobernador de Formosa".

Si en efecto le pagaron al arrepentido tanto Brito como Insfrán, parece haber sido de lo mas efectivo. Hoy Jorge Brito se encuentra con una falta de mérito en la causa Ciccone y la causa que involucra a Insfrán no ha tenido avances significativos. Y nótese que, por el contrario, Amado Boudou está preso.

Se acusa a Vandenbroele de haber recibido fondos para declarar contra Amado Boudou. Más allá de algunos aspectos que son casi hilarantes de su declaración, como aquel donde señala “no es un hotel, es una posada, no es lo mismo”, su declaración deja entrever por qué salió a dar las explicaciones del caso Patricia Bullrich en lugar del responsable del programa de testigos protegidos, esto es German Garavano.

En un momento de la entrevista con Alconada Mon, se consigna este dialogo donde el periodista le pregunta si conoce o vio alguna vez a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La respuesta de Vandenbroele es clara: “Sí, una vez. Estaba con Millman (por Gerardo, su entonces secretario de Seguridad), por un contacto que obtuve a través de la familia de mi ex mujer (por Laura Muñoz). Fue un tiempo antes de entrar al régimen del 'arrepentido'".

Pero las constancias judiciales dan cuenta de una historia bien diferente a la que relata Vandenbroele. En el expediente judicial obra un acta de la Fiscalía Federal N° 1, en la que se consigna que el día 10 de noviembre de 2017 a las 17:24 se recibió un llamado en la sede de la Fiscalía, proveniente del Juzgado Federal N° 4, donde se le informaba al Sr. Fiscal que la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación quería comunicarse con él.

Continúa refiriendo la nota que a las 17:57 de aquel día se recibió un llamado de la Sra. Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le informó al Sr. Fiscal que el Sr. Alejandro Vandenbroele tendría intenciones de acogerse al beneficio previsto en el artículo 41 ter del Código Penal de la Nación.

Esta inédita intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación en un procedimiento que la propia ley 27.304 le veda, es uno de los hechos más controversiales del asunto, que ha quedado documentado en actuaciones judiciales.

Pero varios meses antes, el periodista Daniel Santoro informó en Clarin con fecha 28 de agosto de 2017 y bajo el titulo “Los abogados del testaferro de Boudou piden que sea incluido en el programa de protección de testigos y una reducción de penas”:  “Sorpresivamente, el ex testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, comenzó a negociar en reserva con la Justicia y el Gobierno la posibilidad de acogerse a la ley del arrepentido en la causa Ciccone, confirmaron a Clarín dos fuentes seguras”.

“Los abogados del operador de la compra de la que era la única imprenta privada —antes de su polémica estatización por parte de Cristina Kirchner— con capacidad para imprimir billetes, inició hace dos semanas consultas informales con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para saber si su cliente podía ser incluido en el programa de protección de testigos e imputados de su cartera porque teme por su vida”.

“Bullrich comunicó al juez federal Ariel Lijo de esa posibilidad y este explicó que la defensa debe negociar con el fiscal Jorge Di Lello el intercambio de información que permita avanzar en la investigación a cambio de una reducción de penas... La evaluación para determinar si los datos y documentos que ofrece Vanderbroele sirven, corresponde a la Justicia, subrayaron las fuentes. El programa de protección de testigos depende del Ministro de Justicia, German Garavano, quien entonces tendrá la última palabra sobre las condiciones que se le podrían otorgar a Vanderbroele”.

“Por esos contactos, desde hace una semana Lijo y Di Lello se quedan hasta tarde en sus despachos a la espera de que los abogados inicien los trámites formales, lo que hasta ahora no ocurrió".

El 2 de octubre de 2017, el diario La Nación publicó una nota firmada por el periodista Hugo Alconada Mon titulada: “Vandenbroele había pedido U$S 1 millón para confesar sobre Boudou y Ciccone”.

En dicha nota se consigna que “Alejandro Vandenbroele tasó su arrepentimiento: pidió U$S 1 millón, y más protección para él y su familia, pero ante la negativa oficial se tomó unos días y comunicó que quería romper su silencio igual, siempre que le dieran garantías. Pero una filtración interesada abortó ese acercamiento, según surge de nuevos datos a los que accedió La Nación”.

“Las tratativas comenzaron hace dos meses y se alargaron durante semanas, en las que un efectivo de la Prefectura Naval sirvió de primer puente entre Vandenbroele y el Gobierno. El prefecto transmitió el mensaje, que llegó a la cúpula de la fuerza y de allí a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que, por otro lado, tenía su propia vía de llegada a la familia del presunto testaferro del ex Vicepresidente Amado Boudou. Ese primer mensaje fue elocuente: Vandenbroele viajó desde Mendoza, está en un departamento de Puerto Madero junto con el prefecto y a su abogada, Liliana Cobas, y quiere acogerse al régimen del arrepentido y al programa de protección de testigos, según reconstruyó La Nación”.

Reseño esta nota en particular para señalar que la escribió el mismo periodista que hace unos días entrevistó a Vandenbroele. Es absolutamente incomprensible que, en lugar de preguntarle si conocía a Bullrich, no le haya preguntado cobre las negociaciones con Bullrich, sobre las que el propio Alconada se había explayado aquel 2 de octubre de 2017.

Fue precisamente por la existencia de estas notas que, en oportunidad del juicio oral a Amado Boudou, requerimos la posibilidad de acceder a los documentos sobre el “arrepentimiento” de Vandenbroele. No nos lo dieron. Ya en Casación volvimos a pedir esa documentación. Inútilmente. Incluso como amicus curiae, reclamó sobre nuestro derecho como abogados de la defensa a acceder a la documentación el enorme Julio Maier. También con nulo éxito.

Allá lejos y hace tiempo y acá nomas también hubo otro caso con un arrepentido celebre. Se llamo la causa del encubrimiento de la AMIA y el arrepentido se llamaba Carlos Telledín. La sentencia que condenó entre otros al juez de la causa, Juan José Galeano, responsable del encubrimiento en base a la declaración de Telledin, consignó algunas cosas que no dejan de rebotarme en la cabeza estos días.

La primera de ellas es este párrafo de la sentencia en la que se dice: “…Si hay algo que resulta evidente es que pagarle a un imputado en una causa penal para que preste una declaración consensuada con el juez y en violación a los principios constitucionales y al Código Procesal Penal, en modo alguno puede considerarse como contributiva a la seguridad nacional (…) El pago nunca puede reputarse legal porque Galeano no le solicitó colaboración para realizar una actividad propia de sus funciones, sino para efectuarle el pago a un imputado a cambio de que preste declaración, lo que… en modo alguno estaba permitido por el Código Procesal Penal (…) Galeano trata de desviar el eje del problema sabiendo perfectamente de esta objeción constitucional y legal, que radica en la realización de un pago en secreto a un imputado para que brinde una declaración previamente consensuada y aporte determinadas pruebas (…) el doctor Galeano no solo no dio a conocer el acuerdo, sino que lo negó expresamente cuando este empezó a trascender”.

Y sé que no dejo de pensar en este párrafo porque al igual que en el caso de Vandenbroele, fue el Poder Judicial el que mantuvo religiosa y rigurosamente el pago como secreto. Tanto en el caso de Telledín como en el Vandenbroele, los jueces desconocieron las garantías constitucionales para mantener en secreto la negociación económica. Es que no podían proceder de otra forma. Porque como señalara el fiscal de la causa AMIA, “resulta indiferente si se le estaba pagando a Telleldín para que dijera la verdad o para que mintiese. Lo relevante es que se le estaba pagando a un imputado para que declare en un determinado sentido, y esta sola circunstancia (…) resulta delictiva”.

Es tan parecido a AMIA que incluso la modalidad de introducción del testimonio pagado fue el mismo. Tanto Telleldín como Vandenbroele ampliaron su declaración indagatoria para incorporar en ella el testimonio previamente convenido con las autoridades. Y en ambos casos, la negociación se mantuvo en estricto secreto.

Hubo otro arrepentido celebre. Se llamo Mario Pontaquarto, en la causa conocida como las “Coimas del Senado”. Pontaquarto declaró autoincriminándose cuando aún no existía el régimen del arrepentido tal y como lo conocemos hoy. De hecho, la sentencia recuerda el emotivo artículo que escribió su abogado respecto a la necesidad de crear la figura del arrepentido. En la sentencia de ese juicio se consignó: “Como ustedes habrán advertido, señores jueces, hemos sido reacios para admitir que Mario Pontaquarto sea realmente un arrepentido, en el término jurídico de la palabra. Más allá que coloquialmente hemos hecho uso indistinto de los términos 'arrepentido' y 'cooperador'”.

“El arrepentido, de acuerdo a las definiciones nacionales e internacionales, es un partícipe en el acto criminal que, a cambio de brindar información sobre su participación y la de terceros, solicita beneficios de cualquier tipo. He aquí donde alguna parte de la doctrina nacional habla de negociación espuria entre la Justicia y el delincuente”.

“Distinta es la situación del partícipe que decide confesar su ilícito y cooperar con información para que él mismo sea acreditado. No pide nada a cambio y solo espera benevolencia de los órganos jurisdiccionales. En este punto, es oportuno y justo reconocer el trato diferencial brindado a Mario Pontaquarto a la hora de solicitar su castigo, tanto por parte de los órganos requirentes del Estado como de la acusación particular”.

Fue eso lo que sucedió con Vandenbroele también. Las querellas en la causa Ciccone que eran la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigación financiera tuvieron un trato diferencial con Vandenbroele. Al que ambas oficinas le pidieron el mínimo de la pena.

También en la sentencia de la causa de las Coimas del Senado, una de las partes refirió: “Y me viene a la memoria una frase de Marx en su libro El 18 Brumario, que en algún momento citamos durante esta larga instrucción, donde acuerda con Hegel en que 'la historia se repite', pero agrega que 'una vez como tragedia y la otra como farsa'. Y, ahora, señores jueces, ya les conté la tragedia, ahora voy a comenzar a contarles la farsa; que nace con la aparición de un supuesto arrepentido, pero para ello hacía falta preparar el terreno”.

Tanto en el caso de la AMIA como en el caso de las coimas del Senado, la verdad sobre los acuerdos espurios y secretos —la verdad sobre el tratamiento diferencial, e incluso la verdad sobre la fabricación de un arrepentido y la preparación del terreno— implicaron la nulidad de la causa.

Es la Corte Suprema quien tiene hoy la última palabra. Pero no es sobre Vandenbroele exclusivamente. En la Argentina la practica de “fabricar” arrepentidos, pese a sus estruendosos fracasos, continúa desde AMIA hasta hoy. Inclemente.

El 10 de diciembre de 2019, el Presidente electo Alberto Fernández dijo en su discurso de asunción: “Nunca más al Estado secreto. Nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. Nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más.”

El desafío abarca al Poder Ejecutivo, sin duda. Y también al Poder Judicial. Y a la Corte Suprema en particular. Sobre ustedes, señores de la Corte está la decisión y la disyuntiva. Entre la historia y la farsa. Y para que estas cosas, estas fábricas de oscuridad y de sótanos, no sigan existiendo.

Porque nunca más es nunca más.

 

 

 

 

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