Tren negro
Ahora, hasta la basura está pobre
Para mí esta detención es una cosa política, dice Lidia Quinteros. Saben lo que soy, que siempre peleo, que me metía en todos los quilombos, y qué querés que te diga, no te pueden tener bien mirada. Lidia Quinteros está detenida desde mayo del año pasado. Primero en una comisaría y ahora con prisión domiciliaria. Lidia fue una de las principales articuladoras del movimiento cartonero surgido entre los excluidos de la crisis del fin de siglo, que barrían las calles de Buenos Aires con manos y carros para sobrevivir. Durante su trayectoria como obrera del calzado aprendió la dinámica del mundo del trabajo, con la que más tarde organizó la salida del Tren Blanco de José León Suárez. En 2002 fue una de las voces más importantes que escucharon los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad en un amicus curiae cuando analizaban declarar inconstitucional la mordaza de la ordenanza 33.581 de Osvaldo Cacciatore que penalizaba la recuperación de materiales de la calle. Con el paso del tiempo, Lidia y el mundo de los cartoneros se organizó en cooperativas y asociaciones civiles que ahora trabajan en galpones de reciclado en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Lidia encabeza la Asociación Reciclando Sueños y Esperanzas en un galpón de separación de residuos crudos del relleno sanitario del CEAMSE, donde años antes la sacaban a tiros cuando corría con sus vecinos a disputar las descargas en medio de lo que los habitantes del barrio llaman La Quema. El mayo de 2017 la detuvieron en el marco de una investigación por reventa de alimentos vencidos y no vencidos. La causa puede pensarse como el final de una interna entre pesos pesados donde hubo avales de las segundas líneas del CEAMSE, policías, intermediarios y muchas ganas en los medios de comunicación adheridos al oficialismo de pegarle a los movimientos organizados. Pero también esa causa es un escenario que abre preguntas acerca de lo que sucede en los confines del mundo cuando se retira el Estado. Su abogado, Martín Alderete, está pidiendo el sobreseimiento. La única prueba contra ella es una escucha que no prueba nada. Pero Alderete está convencido de que, más allá de Lidia, esa causa busca penalizar una práctica de supervivientes y criminalizar la miseria. Lidia, en tanto, que sigue las derivas del mundo desde adentro de su casa prendada a una pulsera electrónica, también ve y escucha las voces de su pueblo, esa gente que otra vez, dice, golpea las puertas de los galpones o vuelve a avanzar desesperada sobre las montañas de La Quema.
"En una de las audiencias públicas expusimos ese problema", dice Alderete. "Porque esta gente es la misma que antes entraba a buscar comida al CEAMSE y esa comida que se volvía a comercializar, al fin y al cabo, es la misma comida. Puede pensarse que ellos ahora tienen la subsistencia cubierta porque reciben un subsidio mínimo por la recuperación, pero lo cierto es que viven al límite y en ese marco el tema es subsistir de la mejor manera posible. No lo digo para justificar cualquier cosa. De Lidia ni siquiera hay pruebas, pero se está criminalizando a gente por cometer delitos en el marco de la miseria. A esas personas se les montaron otros para hacer negocios, y el hombre que ganaba plata en serio porque era el encargado de distribuir los alimentos está en libertad".
Las detenciones y allanamientos se hicieron durante un operativo a lo SWAT el 17 de mayo de 2017. Más de cien policías de la Bonaerense entraron a los galpones de reciclado para barrerlo todo como si ocuparan territorio. Las imágenes comenzaron a difundirse a partir del día 22. El programa de Luis Majul mostró un especial con fotos y filmaciones de inteligencia. El CEAMSE emitió un comunicado en el que no habló ni de sus cuadros medios involucrados ni de la policía, sino de las cooperativas, aunque suavizó culpas señalando que sólo eran algunas. A modo de muletilla de época, el informe de Majul no contempló los matices: durante el programa sólo cargó tintas contra las cooperativas.
Aunque el delito es excarcelable, Lidia quedó detenida porque tenía una condena previa a un año de prisión en suspenso por tenencia de drogas, una causa en la que se hizo cargo de algo que no era suyo y que la justicia para pobres entiende como problema. En junio, cuatro académicos de la UBA enviaron una carta al juez de garantías Mariano José Grammatico Mazzari de San Martín, para pedir la domiciliaria por razones de salud. La facultad de Sociales tiene un convenio de asesoramiento con el CEAMSE por las plantas de tratamiento. La carta fue firmada por Francisco Suárez, Diego Brancoli, Marcos Neumann y Carlos Ruggerio. Allí, hablaron de Lidia, pero también de la historia de reconstrucción de una parte del país.
"Atento a la situación de prisión preventiva de Lidia Quinteros, conociendo su delicada situación de salud y con la intensión de colaborar con la justicia para el mejor proceder de la causa, queremos dar cuenta de nuestro conocimiento y reconocimiento de la señora Quinteros como una de las principales referentes en la Argentina del reciclado con inclusión social", dijeron. "Si bien es conocida en la localidad de José León Suárez como una de las principales líderes del llamado Tren Blanco (años 2001 y 2008), son numerosas las acciones que realizó a favor del sector y de grupos vulnerables en su conjunto". En ese punto destacaron una parte de su historia: su presentación ante el Tribunal Superior de Justicia en 2001 en una audiencia promovida por el entonces legislador Eduardo Valdéz que acaba de hacerle una visita a su casa; su rol como artífice del Programa de Recuperadores Urbanos y de la Ley 992 que un año más tarde despenalizó el trabajo en las calles y cambió el mapa de la Ciudad luego de un trabajo articulado entre gobierno, Legislatura y dirigentes cartoneros. Lidia introdujo en esa Ley una de sus marcas, porque estaba convencida de que el trabajo podían hacerlo no sólo las cooperativas sino los cartoneros independientes. Un año más tarde enviaba cargamentos de alimentos y juguetes a Tucumán durante la crisis del hambre. En 2007 abrió un centro de apoyo escolar para hijos de cartoneros y hacía acuerdos con la UBA y otras instituciones para buscar apoyo educativo. Y en 2012 estuvo en el acuerdo entre CEAMSE, gobierno porteño y provincia de Buenos Aires por el que finalmente entró al predio de José León Suarez por la puerta grande: en el convenio se “reconoce a los trabajadores de las Plantas Sociales de separación como legítimos integrantes del sistema de manejo de residuos; y se compromete a implementar un mecanismo de estímulo pecuniario al reciclaje consistente en el pago de un canon por cada tonelada de residuos recuperada”.
Lidia llegó de Tucumán con su madre en los años '60. Levantaron la casa en el barrio Independencia, uno de los dos asentamientos de los alrededores de la estación de José León Suárez. Trabajó en una fábrica de calzados en Liniers donde conoció los tacos chinos y los altísimos zapatos Luis XV. La fábrica tenía treinta operarias que producían hasta trescientos pares de zapatos por día divididas en secciones. “Hacíamos de todo porque cuando faltaba alguna, teníamos que reemplazar a la que faltaba", me dijo una vez. "A veces estaba con los tacos, a veces estaba en la sección de plantillas, a veces pasándole el pincel a la suela para que el maquinista la pegue”. Diez años años después pasó a una fábrica más grande en Villa Ballester. Cuando la despidieron sin pagarle el último sueldo, continuó yendo a la empresa, habló con abogados y se cruzó más de una vez en diálogo abierto con los dueños. En los '90 entró a trabajar como personal de limpieza a Telecom a través de una agencia de empleo. Y luego no consiguió otro trabajo. Sin embargo, aquella experiencia le permitió organizar la salida de los cartoneros en el tren como si se tratara del ritmo de fábrica: “Porque vos en un trabajo tenés que saber llegar a horario —me dijo—, tenés que saber tomar tu función. Tenés que saber que el trabajo tiene que salir. Entonces es como que ya está: aprendiste muchas cosas”.
En aquel momento, mucho del armado de las organizaciones cartoneras fue leído en clave de éxito porque estaban articulando la masa de trabajadores expulsados del mundo del trabajo, con quienes venían de generaciones de cirujeo, lo que la sociología menciona como pobreza estructural. Desde aquella época hasta ahora, el mundo de los cartoneros continúa habitando por un número más o menos sostenido: unas 25.000 personas. Pero la enorme diferencia entre uno y otro momento, dice Francisco Suárez, es que gran parte de ese universo ahora está atravesado por alguna forma de organización. Súarez es uno de los que firmó la carta de Lidia, antropólogo y autor de La Reina del Plata: Buenos Aires, sociedad y residuos, publicado en 2016. Conoce el CEAMSE, conoce la planta de tratamiento y estuvo en el allanamiento de 2017. "El fenómeno cartonero siempre depende del laburo", dice. "Cuando baja el trabajo, más gente se mete en esto. Y más gente va tocar la puerta de la planta para pedir trabajo. Y eso es lo que empieza a verse ahora. Pero además hay otro fenómeno: el tema industrial. Cuando la industria está en baja, no favorece al sistema de reciclado porque sin demanda también baja el precio del material reciclado. Con eso quiero decir que el reciclado en su conjunto es funcional a un proceso de avance de la industria. Y en un proceso de retroceso industrial, hay otras maneras que empiezan a ser funcionales al tratamiento de residuos, como enterrarlas o quemarlas".
Es en esa línea cuando la historia de Lidia parece dialogar con una de las dimensiones del fenómeno de la basura, en este caso el impulso de los diputados del PRO en la Ciudad de Buenos Aires para la ley de incineración de basura. La ley se discutió el jueves pasado. Un cartel de Greenpeace con la leyenda La Quema mata resumía las posiciones de rechazo que aglutinan a ambientalistas, académicos con el movimiento cartonero y sectores de la industria. (Ver aparte.) La detención de Lidia ocurrió mucho antes y en otro contexto, pero en esos escenarios de peleas los liderazgos siempre molestan.
Ahora estoy escuchando que hay cortes por la ley de la basura, dice Lidia. Vos fijate la solución que te quieren dar: ¿cuánta gente queda sin trabajo si la queman? Y en Capital también van a perder los cartoneros. Y en Provincia, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Con qué? Nosotros somos 60 personas, ¿quedamos sin trabajo? Esta es la guerra, dice. La guerra de los que tienen para comer día a día contra nosotros.
El mapa
A la hora de trazar un mapa de recorridos, la historia del movimiento cartonero de los últimos años parece divida en dos partes. Entre 2001 y 2007, dice Pancho Súarez, los cartoneros lograron organizarse, legitimaron una voz pública, disputaron la ocupación de la calle, obtuvieron la Ley 992 con la que legalizaron el trabajo; abrieron los primeros tres centros verdes de recuperación de residuos en Ciudad de Buenos Aires y llegaron a tener seis trenes con los que ingresaban desde Provincia con sus carros y herramientas de trabajo y camiones para los ingresos de Puente La Noria y Puente Alsina, para quienes llegaban desde los lugares sin tren directo. En aquel período Pancho proyectaba aperturas de nuevos centros verdes, pero dice que todo se cayó por el efecto Cromañón. A partir de 2007, con la primera jefatura de Macri, hubo un primer intento para desplazarlos que se resistió con movilizaciones producto de la fortaleza que habían ganado parte de los movimientos entre los que ya estaba el Movimiento de Trabajadores Excluidos de la CETEP, que juega un lugar importante en la pulseada. Con Macri, los trenes verdes comenzaron a ser reemplazados primero por camiones y luego por colectivos, en una dinámica que no sólo habla de modos de trasporte sino de quién trabaja y dónde se va a quedar la basura. Lidia cuenta que con los camiones la gente todavía se trasladaba con sus carros y carretas y podía llevar los productos para acopiarlos directamente en sus barrios. Los colectivos sólo llevan y traen personas que recorren las calles y dejan lo que recogen en los centros de acopio porteños. Pancho Súarez dice que ahora hay nueve centros verdes de la Ciudad donde trabajan unas 6.000 personas, nucleadas en cooperativas que trabajan por zonas y con el circuito de campanas verdes. Cobran un subsidio de $ 9.000, tienen paritarias y obtienen dinero por la reventa de lo que hacen. Sobre ese sistema existe otro circuito de cooperativas más o menos organizadas en plazas verdes y un mundo de personas —muchas veces familias— que vuelven a hacer la circulación, un universo que calcula de otras 5.000 personas. Por fuera de ese circuito está el mundo de la provincia de Buenos Aires. Allí está el Reciparque del CEAMSE de José León Suárez, con galpones para tratamiento en los que trabajan doce asociaciones civiles integradas por una población que el año pasado eran 750 personas, y ahora calcula que llegan a 1.000. Ese es el mundo de Lidia.
"Desde que entré de Capital a Provincia para manejar la planta en el CEAMSE empecé a tener problemas por todo", dice. "A nosotros nos hicieron la planta al final de todas las que estaban proyectadas, y siempre me chicotearon. Ellos sabían que siempre manejé la Capital, que estaba en los cortes, y ahora mismo estamos reclamando porque no te dan lo que te tienen que dar. Hace más diez años que estamos ahí y pedimos que nos pongan al menos una salita para no tener que ir al hospital. Ahí te cortás una mano. Te cortás una pierna. Y se corren riesgos porque trabajamos con vidrio, todo proceso manual. Y como no tenemos salita, cuando pasa algo hay que ir al hospital, llevar nosotros a la gente y encima cuando vamos no te quieren atender porque dicen que olés a basura".
Francisco dice que el CEAMSE les dio un galpón, las máquinas y que les trasladan los camiones. Que tiene prevista una inversión importante. Y que están mirando las mejoras. "Una gran diferencia con la Ciudad es que los de ahí trabajan con basura separada y los que están en José León Suárez trabajan con basura cruda, que llega de los municipios. Y eso significa que, mientras en Ciudad podes separar un 85 % de materiales reales por las campanas verdes, en Provincia no lográs más de un 7 % que podés volver a meter en el circuito de producción".
Un cartonero puede hablar sobre cómo cambia la cantidad de residuos, sobre consumo y sobre crisis. Así como está la merma en la demanda del sector industrial, también existe una caída de la recuperación por la caída del consumo. Sólo para dar un dato, dice Súarez, durante la crisis de 2001 la cantidad de residuos que entraron al relleno sanitario bajo un 20 %. Es cierto que en ese momento surgía el movimiento cartonero, pero eso fue un síntoma de la caída del consumo: la Ciudad pasó de generar de cinco a cuatro millones de toneladas al año.
Ahora la basura está pobre, dice Lidia. Ella no sigue yendo a la planta pero recibe las noticias que le cuenta su hija María, que heredó parte de su responsabilidad. Los fardos de 60 botellas de plástico que antes lograban armar en 15 días, ahora los arman en 30. Esta es una foto del archivo de Lidia, año 2015, uno de los mejores momentos:
"Ahí teníamos pilas de botellas de plástico de Coca Cola, de las que nosotros recuperamos el PET que es lo que se junta. También hay vidrio. Y hasta te cae un ventilador. Todo esto sirve para generar trabajo para otra persona, no es sólo para nosotros. Hay cosas que caen y se pueden arreglar, nosotros la vendemos. Y generamos eso: una cadena de trabajo. Pero ahora también hay bastante problemas por el precio del material. Antes estaba alto, ahora está bajísimo el cartón, la botella, el diario y el papel blanco. Se hace difícil pagarle a la gente, son 60 personas, porque CEAMSE sólo te ayuda un poco. Por ejemplo, una botella de PET: nosotros cuidamos de todas las maneras que no se vaya al entierro, porque tarda cincuenta años para perderse y eso es un trabajo con el que nosotros mismos no sólo le hacemos ahorrar al CEAMSE, sino que también cuidamos la contaminación. ¡Mirá todo el trabajo que hacemos! Fijate. ¿Sabés lo que es ver pasar doce camiones por día, y a pulmón, abajo de la tolva? Y de ahí vas tirando la basura a la cinta, toda esa planta la hicimos a pulmón. No vino una empresa".
A Lidia le imputan haber quebrantado el articulo 201 del Código Penal: comercializar, tener y vender alimentos peligrosos para la salud, disimulando su carácter nocivo, es decir sabiendo que puede perjudicar a otras personas. "Esa es la imputación que surge de las escuchas, en función de que se vendían elementos como chocolates, helado en polvo y otros alimentos vencidos. En otras escuchas aparece que quieren cambiar la fecha de vencimiento. Pero en el caso de Lidia, la verdad es que no hay prueba alguna", dice Martín Alderete que pide su sobreseimiento al actual fiscal Edgardo Alejandro Ledesma. "Al comienzo hubo una caza de brujas porque se detuvo a muchísima gente, la mayoría quedó ya desvinculada de la causa. Y sobre el fondo del tema: salvo el distribuidor que se beneficiaba con todo esto, si se acredita que alguna gente vendía comida vencida, se la vendían a un tipo, no la vendían al público. Pero además era una situación de vender lo que ellos mismos consumían. No tenían conciencia del carácter nocivo y en definitiva lo que hace la justicia es criminalizar la miseria: gente que trabaja con la basura como modo de subsistencia y consumía lo que se dejaba ahí. Incluso en el caso del hijo de Lidia, al que le adjudican venta de cosas que estaban por vencer o recién vencidas: chocolates, pastillas, cosas en polvo, en ningún caso alimentos que dependían de la cadena de frío, como sí pasó en otros casos. Con lo cual había una cuestión de saber que era lo que él mismo y su familia podían consumir".
Cada tarde, a la seis de la tarde, durante el 2002, cuando nada de esto existía, Lidia buscaba unas linternas y comenzaba a caminar por las calles del barrio hacia La Quema. Con ella avanzaban más de ciento cincuenta vecinos, que esperaban la noche entre sombras, acostados bajo el basural. Yo esperé con ellos la descarga de camiones con la respiración entrecortada, porque mientras ellos estaban ahí, la policía que cada tanto los corría a los tiros subía a sus combis parte del mismo botín.
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