Transparencia con delay

 

La Corte Suprema firmó hace dos semanas una resolución para entregar las declaraciones juradas de sus integrantes a una ONG que venía reclamándolas. Pese al anuncio y celebración, la entrega todavía no se hizo efectiva.

Los supremos cuidan con recelo sus secretos. En especial, sus declaraciones juradas. Cuando entraron a la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los ministros reafirmaron su decisión de no dar acceso a sus declaraciones juradas completas ante un pedido de la diputada Elisa Carrió. En 2017 el bloque se volvió a abroquelar, con la única disidencia de Rosatti.

Esos tiempos parecen haber quedado atrás después de que los cinco integrantes del máximo tribunal estamparan su firma en una resolución del 24 de junio, en la que se le concedía acceso a la documentación a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una ONG creada en 2002 por discípulos del jurista Carlos Nino.

Pero los supremos pueden perder el pelo, pero no las mañas. Hace dos semanas que, por distintos motivos, se posterga la entrega. Según la última notificación que recibió la ONG, se haría efectiva el miércoles – después del feriado largo por el Día de la Independencia.

 

En busca de la declaración jurada perdida

En febrero, la ACIJ le pidió a la Dirección de Relaciones Institucionales –de Fernando Sagarna– acceso a todos los anexos de las declaraciones juradas de los supremos desde que asumieron en el cargo. Es decir, las de Juan Carlos Maqueda desde 2002, las de Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti desde 2004 y las de Rosatti y Rosenkrantz desde 2016.

La organización presentó el pedido ante Sagarna porque no podía acceder por el mecanismo que desde 2014 rige para solicitar las declaraciones juradas de los ministros: un formulario en la web.

Con el rechazo de la Corte, a ACIJ le llegó un mail desde la vocalía de Rosatti, diciendo que sus declaraciones juradas se encuentran publicadas online en su propia página web. Es que Rosatti quedó en minoría y votó en disidencia cuando la Corte reglamentó el procedimiento para el acceso a la información pública en la Acordada 42/2017 .

El 10 de mayo, ACIJ insistió con un pedido de acceso a la información pública dirigido al presidente del cuerpo, Rosenkrantz. La respuesta llegó un mes y medio después con la firma de los cinco ministros – reticentes en general a mostrar a cuánto asciende su patrimonio. La Corte le ordenó a las Direcciones de Relaciones Institucionales, Sistemas y Recursos Humanos que entreguen la información.

La resolución todavía no se hizo efectiva por rodeos varios. Entre otros, la Corte no sabía si podía entregar las declaraciones juradas a la ONG porque el apoderado que presentó el pedido está de viaje. La entrega iba a suceder la semana pasada, pero llegó una notificación postergando la reunión sin mayores precisiones.

El Cohete se comunicó con el director de Relaciones Institucionales de la Corte para consultar por qué no se había cumplido con lo resuelto por los ministros, pero no obtuvo respuesta.

 

Patrimonios y algo más

Después de que se aprobara una reforma a la ley de ética pública (26.857), la Corte firmó una acordada que decía que ella sería depositaria de las declaraciones juradas de sus miembros y que sólo serían accesibles a través del mecanismo de la web – que la ACIJ denunció que no funciona.

En 2016, los diputados de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernando Sánchez –mientras atizaban denuncias contra Lorenzetti– pidieron acceder íntegramente a las declaraciones juradas de los supremos. Les dieron la parte pública y les recordaron que seguía vigente la acordada de 2014.

Días después, La Nación publicó el detalle de las declaraciones juradas de los jueces. El más rico de los supremos hasta 2015 era el último llegado, Rosenkrantz, con 11,3 millones de pesos declarados y 3,4 millones de su esposa, Agustina Cavanagh. Lorenzetti declaraba poco más de 9 millones, mientras que Highton informaba tener 3 millones. Los más austeros eran Maqueda, con 1,9 millones, y Rosatti con poco más de un millón de pesos.

La resolución dando acceso a sus declaraciones juradas –aunque con delay– viene después de que la Corte tratara de ordenar con otra Acordada el descontrol de las escuchas e intentara poner coto a la presencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en las investigaciones judiciales.

En algunas vocalías dicen que están trabajando en una agenda de transparencia, que puede incluir poner orden en cómo la Corte administra los bienes decomisados en las distintas causas. Una caja que al gobierno le interesa, y que ya planteó que está dispuesto a discutir.

 

 

 

 

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