Tractores rebeldes

 

En casi toda la geografía europea se desplazan las siluetas de los potentes tractores campesinos que abandonan su medio natural e ingresan pesadamente en las autopistas, golpeando nudos neurálgicos de comunicación y plantándose amenazadoramente en las inmediaciones de los palacios del poder. La tentación inmediata es descalificar estos movimientos espontáneos como nuevas expresiones de fascismo o, como mínimo, del típico conservadurismo de la clase campesina.

Pero es una rebelión que tiene una parentela con la de los Chalecos Amarillos de Francia iniciada la tercera semana de noviembre de 2018; tampoco aquella quería pagar los costos de la reconversión verde que sostiene la Unión Europea (UE), implementada en aquel momento por Macron. En ese entonces, el plan era que pagaran los gastos los estratos más débiles, los que tienen dificultades para llegar a fin de mes. La revuelta de los tractores sostiene requerimientos que pueden variar de país en país, pero tiene un rasgo común: la no sostenibilidad del trabajo agropecuario cuando no produce el rédito necesario para llevar una vida digna, y es este el primer rasgo distintivo porque no todo “el campo” es agro-industria.

Las cifras que se manejan revelan un mundo en gran dificultad que no tiene nada que ver con la imagen idealizada del trabajo agrario y es en Francia donde se están clarificando mayormente las líneas en conflicto. El gobierno de Gabriel Attal se posiciona con la Fedération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) y Jeunes Agriculteurs (JA), accediendo a sus peticiones de des-regulación de las normas ecológicas y el regreso al gas-oil subvencionado, tanto FNSEA como JA mantienen posiciones cercanas a la agro-industria. En el bando opuesto se sitúa la Confédération Paysanne (CP) que ha denunciado el acuerdo junto con las confederaciones CGT, Modef (Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux), Solidaires y otras organizaciones ambientales y políticas que las apoyan, que rechazan el discurso que quiere enfrentar la agricultura contra las medidas para enfrentar el cambio climático.

FNSEA y JA, omnipresentes en los medios, han invitado a levantar los bloqueos y las medidas de fuerza dejando de lado la cuestión del “justo precio”; en la práctica se han acercado a las posiciones de “ecología punitiva”, que es una bandera de la derecha, que de hecho coloca en la sombra la cuestión del precio del producto y el rol de la gran distribución.

En Italia los movimientos de tractores han superado las organizaciones del agro, especialmente la Coldiretti, aliada del ministro de Agricultura. Estas nuevas siglas no levantan las medidas de fuerza, hacen leer sus proclamas en el festival de San Remo y acusan al ministro de no representar las aspiraciones de los agricultores, algunas de estas organizaciones son de orientación derechista, otras se declaran apolíticas y algunas se mueven en el ámbito del anarquismo agrario representado por la organización La Terra Trema.

Pero en Italia no existe algo semejante a la Confédération Paysanne francesa que ha puesto en claro la cuestión de los sujetos fuertes que deben enfrentar los agricultores: la finanza que invierte en commodities, las multinacionales de la agro-industria y la gran distribución.

En Francia existen 389.000 explotaciones agrícolas con una gran diversidad interna. El 56 % son empresas familiares donde las 70 horas laborales por semana es la normalidad, como también el endeudamiento bancario, los costos crecientes y la dificultad de respetar una normativa inicua; este panorama ha llevado el sector a una secuela de dos suicidios diarios en los últimos tiempos.

Cuando en 2016 Macron ganó las elecciones, el casi destruido Partido Socialista presentó un programa redactado por Thomas Piketty que incluía una dotación mensual de 500 euros para los pequeños productores; claramente el problema ya existía y nadie mejor que Piketty lo entendía: en nuestros días en Francia o Italia existen productores que trabajando 70 horas semanales consiguen apenas llegar a un rédito mensual de 500/600 euros si las cosas van bien, la situación se aligera cuando uno de los miembros de la familia tiene un empleo formal fuera del ámbito agrícola que ayuda a garantizar la subsistencia familiar.

Pero esta rama de agricultores no se rinde y resiste. Es una elección contra tendencia en un país donde la superficie de tierra cultivada se ha cuadruplicado en los últimos 50 años, mientras que el número de campesinos se ha reducido a la cuarta parte de lo que era.

El gobierno Attal ha anunciado “El rearme agrícola”, una respuesta a la crisis, pero será un “rearme” que no se apartará de un sistema que produce, además, daños irreparables: la mayor parte de la causa de muerte de los agricultores es el cáncer, 1/3 del agua del país presenta valores de contaminación superiores a los establecidos por el uso de pesticidas, el 80% de la biomasa de los insectos ha desaparecido en los últimos 40 años junto al 60% de biomasa de los pájaros.

El gobierno ha arrinconado el proyecto Ecophyto 2030 lanzado en 2008 para reducir al 50% el uso de pesticidas de aquí al 2030. Además, quiere revisar las áreas de “no tratamiento” para los productos fitosanitarios cercanos a las habitaciones, meterá bajo “tutela política” el ANSES, el organismo que se ocupaba de Seguridad Ambiental y Salud, y además está legitimando los ataques que ha sufrido la Oficina Francesa para la Diversidad, una especie de “policía rural” que contaba con 3.000 dependientes, de los cuales 1.800 eran inspectores con la misión de inspeccionar los 389.000 establecimientos de agricultura y ganadería del país.

Este fuerte retroceso en la tutela de ambiente y consumidores es un regalo a la agro-industria y a los partidos de la derecha autoritaria que utilizan la crisis agropecuaria para atacar las normas de protección ambiental que ellos consideran “ecología punitiva”.

 

 

El cambio climático

La cuestión del cambio climático está presente en parte del movimiento de los tractores, no se puede ignorar lo que sucede en tu propia casa, como la desertificación que afecta, por ejemplo, los campos de España; el gobierno de Madrid está colaborando con la Generalitat catalana para suministrar agua a la región; sequía, trombas inesperadas, inundaciones, la agricultura europea sufre toda la gama catastrófica del cambio climático, pero la respuesta de la UE y de los gobiernos nacionales no es otra que la de los parches, la salida de la pandemia que tantas esperanzas había despertado en los ciudadanos ha reforzado, en cambio, las tendencias negacionistas, en la práctica, un retroceso en la lucha para revertir el cambio climático.

 

 

Distribución y gigantismo

La grande distribución es un sistema fuertemente articulado y consolidado, enfrentar la cuestión requiere un consenso firme de la ciudadanía y un coraje gobernativo que hasta el momento no se ve. El poder del sector no es tan evidente como en la Argentina, donde pueden desestabilizar un gobierno y hacerle perder las elecciones con la remarcación cotidiana de los precios para estimular el proceso inflacionario, hasta el momento ningún gobierno europeo ha exteriorizado alguna preocupación por el sistema producción y distribución, estrechamente ligados.

Las grandes empresas de la agro-industria han externalizado la producción por medio de la extraterritorialidad desarrollando nuevas explotaciones intensivas en el norte de África, con mano de obra todavía más barata, ningún control sindical ni la necesidad de respetar las normas sobre pesticidas vigentes en la UE, ¿cómo podría competir la agricultura tradicional con semejante organización? Es como una carrera entre una Ferrari y un Fiat 600.

En los últimos años, los grandes de la distribución francesa, Leclerc, Carrefour y System U han externalizado sus centrales de compra y la gestión de servicios de la propia actividad, la sede legal también se transfiere aprovechando la diferente carga fiscal según sea el país de la UE. Y no solo eso, un proceso similar cumplen las centrales de compra de la Unión Europea, como Eurlec Trading, que agrupa Leclerc, la alemana Rewe y la holandesa Ahold Delhaize, con sede en Bruselas. En Madrid tiene su sede Eureca, que gestiona la relación con los abastecedores de seis países europeos, entre ellos Italia. La otra grande es Everest, asociada a System U, que engloba a la alemana Edeka y a la holandesa Picnic.

Este conglomerado tiene una potencia de fuego que le permite establecer los precios de la producción agrícola tanto en entrada como en salida, anulando de hecho los principios de “libre mercado” y “competencia” con los que la UE se llena la boca habitualmente; el campesino, protagonista directo de la historia desde que nació la agricultura, no tiene voz ni voto en el momento de cotizar los frutos que cosecha.

 

 

Pausa Pizza

A finales del siglo XIX la escritora Matilde Serao (Grecia, 1856) publicó su libro más famoso, Il ventre di Napoli (El vientre de Nápoles). Serao, napolitana de adopción, fundadora y directora del diario Il Giorno, en su pequeño libro describe la ciudad y los napolitanos y habla de la alimentación popular donde está siempre presente el tomate en la salsa que cubre la pizza y en los spaghetti alla pummarola, expresión auténtica de la cocina napolitana primero y después nacional e internacional. El protagonista indiscutido fue el tomate San Marzano, un fruto alargado, delicado y sabroso que el visionario industrial Francesco Cirio transformó a principios del siglo pasado en una presencia estable en los hogares italianos. El tomate requería un trabajo especial para el envase, tenía una cáscara sutil que había que quitar manualmente apenas hervido quemándose las manos, método de tiempo y paciencia que dio trabajo a miles de mujeres napolitanas y alzó la fama del San Marzano en el mundo. La producción de tomate fue durante casi un siglo un pilar de la economía en Nápoles hasta que en un momento dado la Unión Europea quitó las ayudas a la región para el cultivo del tomate a fin de estimular la producción de tabaco y se verificó un descalabro tanto en la agricultura tomatera como en el traspaso de mano de obra de una producción a la otra.

Hoy en día este tomate se presenta en el comercio con el nombre de siempre, pero como en el film Invasion of the Body Snatchers (Don Siegel, 1956) ha mantenido la forma externa, pero es otra cosa. La invasión que ha producido la mutación no llegó desde el espacio exterior, sino del laboratorio genetista de la empresa Kraft-Heinz que ha recreado un ejemplar que se adapta a los requerimientos de la agro-industria y la gran distribución. El San Marzano fue cruzado con otras variedades para obtener una cáscara más gruesa y resistente que pudiera ser pelado por una máquina eliminando el trabajo manual. Otras intervenciones endulzaron el ejemplar, lo que garantiza una passata (salsa líquida) de gusto atractivo, pero el tomate ha perdido los caracteres originales para homologarse a las necesidades del mercado. Y obviamente la Kraft-Heinz ha patentado el ejemplar.

Este auténtico robo se consumó gracias a la directiva de la Unión Europea N.º 55 del 2002 que catalogó el elenco de las semillas que se podían utilizar en la UE declarando ilegales las restantes, las legales fueron calificadas con la sigla F1 indicando la primera generación de semillas obtenidas por procesos de hibridación genética.

El ejemplar que ha reemplazado el auténtico San Marzano responde al código Heinz 1301 F1.

La Kraft-Heinz es uno de los gigantes que concentra el 70% del mercado mundial de semillas, los otros son Monsanto Bayer, Dupont y Sigenta. Estas tres últimas además producen pesticidas y venden el paquete completo a los cultivadores. La hibridación no es un mal en sí mismo, la humanidad se ha valido de cruces e injertos para mejorar la agricultura y la alimentación, pero las que sostienen estas cuatro empresas son perjudiciales porque crean un circuito monopólico cerrado que distribuye semillas estériles que no pueden ser utilizadas en una segunda siembra. Para evitar “contaminaciones”, la UE prohíbe intercambios de semillas con América Latina e India con la excusa de “tutelar nuestra biodiversidad”.

Los agricultores que quieran operar fuera de este esquema deben dirigirse a viveros alternativos y crear su propio circuito de venta para sobrevivir. En Francia, la organización Kokopelli vende semillas sanas sin modificaciones genéticas, cuentan con filiales independientes en Bélgica, Italia, Alemania y Brasil. El nombre fue tomado de una deidad del pueblo navajo que se presenta con una flauta. En Italia existen los GAS, Gruppo Acquisti Solidario, que son ciudadanos que se unen para comprar productos agrícolas sanos directamente a los cultivadores; similares asociaciones también se han difundido en otros países de Europa, pero son una gota en el mar.

 

 

Un mundo feliz

Dejar sin sembrar cuatro hectáreas cada año para reavivar el subsuelo es otra medida que quiere imponer la UE. Esta medida es rechazada por los agricultores italianos. Los organismos europeos, que como sabemos no son elegidos por los ciudadanos, generan reglamentos en serie sin consultar mínimamente a las organizaciones de agricultores. La UE imagina una agricultura 4.0 que transformaría una chacra en una fábrica tecnológica; tractores high-tech, sensores de campo, software, algoritmos, inteligencia artificial, drones, todo para realizar “agricultura de precisión”; un mundo feliz, sin derroches ni mal tiempo.

Hacia allí empuja el capitalismo cibernético, alzando la bandera de una “agricultura limpia y eficiente” que aumenta los costos para el agricultor y crea una dependencia enferma dado el costo ingente que requiere la fabricación del material informático (agua, extracción de minerales, energía eléctrica). Se calcula que dentro de algunos años el 50% de la electricidad mundial servirá solo para hacer funcionar el digital, cifra equivalente a lo que consumía toda la humanidad en 2008.

En aras de este mito del siglo XXI se está perdiendo una sabiduría secular trasmitida de generación en generación, pero la última generación de campesinos no sabe si sobrevivirá a la próxima cosecha.

Cambio de tendencia en Italia: un estudio del Departamento de Ciencias del Sistema Nervioso de la Universidad de Pavia presentado esta semana revela que la primera preocupación de los italianos es “el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad”. Los ciudadanos que han expresado esta inquietud son el 70% de los entrevistados y esta es una novedad. Siguen en la escala “Violencia y conflictos”, 69%; “Salud y enfermedades”, 51%; “Falta de trabajo digno y oportunidades de empleo”, 41 %; “Escasez de alimentos, agua y vivienda”, 35 %.

Como se ve, todos los puntos de la encuesta están relacionados con el primero y no es una casualidad.

 

 

 

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