TRABAJADORES CORRIDOS A CANASTAZOS

 

El gobierno apuesta a imponer el modelo de generarles buenas expectativas a los formadores de precios para que contribuyan a reducir la dispersión que ellos mismos generan. Es improbable que el nuevo Secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, insista en exponer las estrategias elusivas de las grandes marcas que lograban vilipendiar el programa Precio Cuidados, como hacía su predecesor, Roberto Feletti.

Dentro del equipo económico no creen que la inflación tenga un componente oligopólico y quizás, desde un punto de vista teórico, sea así. Pero no puede negarse que existe un puñado de sociedades con la capacidad de manejar o condicionar una determinada política pública, como el programa Precios Cuidados, ante la endeblez regulatoria del Estado nacional.

“Son 1.300 productos que llegan al 25 por ciento del mercado, este programa perdió el efecto de generar referencia de precios. Y peor, el gobierno ya no asusta a nadie. Lo que se ve es una típica situación de concentración, donde las grandes marcas dicen ‘bueno, hasta acá estoy bien, no produzco más’ y no les modifica su rentabilidad”, explican desde la Asociación de Supermercados Unidos.

El nivel de cumplimiento de Precios Cuidados siempre se ubicó en torno al 80%. Ahora oscila entre el 65 y 67% . La estrategia de esas empresas fue sencilla: dejaron de enviar y producir los bienes incluidos dentro de este programa con el argumento de la pérdida de rentabilidad. Desabastecieron para presionar por mayores aumentos.

Según las últimas inspecciones que se habían realizado hasta mediados de este mes, Aceitera General Deheza (Urquía-Acevedo) cumplía con solo el 28% del abastecimiento de sus productos, Bunge con un 38%, seguido por Swift (48%) y Cabrales (49%). En el caso de Molinos Río de la Plata (Pérez Companc), hubo supermercados donde solo proveyeron el 45% de lo que le solicitaron.

AGD, Bunge y Molinos Río de la Plata, por citar estos ejemplos, no sólo supieron boicotear Precios Cuidados sino que se anotan entre las beneficiarias directas del incremento del valor de las materias primas que también exportan. Un modelo de ganar – ganar, por precios internacionales, remarcación local y desabastecimiento de los programas oficiales.

 

 

Alternativas

La Argentina sigue desguarnecida de instrumentos para evitar el impacto del precio internacional de las materias primas en los productos que se consumen localmente. ¿O es falta de voluntad política para dar la discusión?

Dentro del Ministerio de Agricultura se empecinan en argumentar que la suba de retenciones para el trigo, en este momento, sería inútil. El fideicomiso público para subsidiar el pan se había ideado para congelar la tonelada de trigo en los 25.000 pesos cuando ya estaba en los 35.000 pesos. El problema es que, en la actualidad, la tonelada saltó a casi 45.000 pesos. Entonces, el fideicomiso necesitará cada vez más recursos para subsidiar este insumo. El instrumento, que también fue boicoteado por los grandes molinos, nació insuficiente.

De pensarse en un esquema de retenciones, para llevar esa tonelada de trigo a los viejos 25.000 pesos para su comercialización en el mercado interno, habría que aplicar un derecho de exportación del 52 por ciento. Así lo argumentan desde Agricultura. Impensado en este contexto político.

Del total de trigo que se produce en el país, el mercado interno demanda 7,5 millones de toneladas por año destinadas a los panificados, facturas, fideos, entre otros productos. ¿Cuánto le saldría al Estado comprar todo el stock que se demanda para consumo, como una manera de regular el precio local y desacoplarlo del internacional?

La molienda demanda 300.000 toneladas por mes para fabricar pan francés. Si la tonelada de trigo vale 45.000 pesos, sería necesario un desembolso de 13.500 millones de pesos. ¿El Estado podría acopiar, vender y subsidiar directamente el precio a la molinería sin romper las reglas del mercado? De esta manera, se evitaría la discrecionalidad de los molinos. Los recursos podrían salir de la suba de retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja, con los que se piensan recaudar 450 millones de dólares.

Estas son ideas esbozadas en un pizarrón sobre la calle Paseo Colón, sin pretensión de ser consideradas. Aunque no en vano alguna vez se habló de Vicentin o YPF Agro como empresas testigo, capaces de ocupar el rol de intermediadoras entre productores, la molienda y el mercado interno.

 

 

 

Espaldas

Los grandes productores de soja siguen sentados sobre la oleaginosa, situación que impacta en el ritmo de liquidación de divisas necesarias para robustecer las reservas del Banco Central. Según un informe privado de la consultora ZENI, se vendió el 37% de la cosecha 2021-2022 cuando para el mismo período del año pasado las ventas totalizaron el 43% del total sembrado. Incluso, las declaraciones juradas de ventas al exterior cayeron, en volumen, un 78% en relación al mismo período del año pasado.

 

 

En este contexto de alta inflación y metas de co-gobierno con el FMI, prima el componente de especulación tanto de los fabricantes de alimentos, como de las exportadoras y los grandes productores de granos. El sector agroexportador posee el poder de fuego para presionar por mayores márgenes de rentabilidad (y desestabilizar el mercado de cambios).

Entre el 2 y el 23 de mayo de este año, liquidaron 3.340 millones de dólares según datos del BCRA, casi lo mismo que el mes anterior y en línea con la liquidación del año pasado (3.500 millones para todo mayo) cuando los precios internacionales eran mucho más bajos. No es que dejan de liquidar, sino que descendió el volumen de venta de soja para la industria, ya que los grandes productores primarios, con espalda financiera para hacerlo, volvieron a desplegar sus silos bolsa.

En este contexto, Miguel Pesce, titular del BCRA, sigue mirando al cielo para que llueva lo suficiente en el campo y no haga tanto frío en invierno. Las importaciones de GNL vía barcos no paran de crecer y se están comiendo las magras divisas que pueden sumarse vía las exportaciones de soja y sus derivados. También aumentaron las compras de gasoil y nafta para transporte, al pasar de un promedio diario de 30 a 60 millones de dólares.

En enero, las reservas internacionales del BCRA se ubicaban en los 39.596 millones de dólares, mientras que el jueves 26 de mayo cerraron en 41.462 millones. Es decir, hasta ahora solo se sumaron 1866 millones de reservas, mientras que en lo que va de mayo el saldo es negativo (-600 millones).

Para el cierre del segundo trimestre, el gobierno se comprometió ante el FMI a reunir 4.100 millones de reservas netas, un objetivo difícil de cumplir. A la autoridad monetaria le faltan 2.400 millones según la pauta fijada, que para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) podrían ascender a 3.000 millones según el devenir de las importaciones.

 

 

El salario no alcanza

El gobierno subirá el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, una medida que incidirá sobre 100.000 trabajadores con sueldos de 280.792 pesos. Es una manera de transferir ingresos de manera indirecta por 40.000 millones de pesos, el 0,06% del PBI, al conjunto de trabajadores formales de mejores sueldos.

La inflación viene pegando mucho más duro en los sectores vulnerables. Pero no menos complejo es el escenario de laburantes privados formales que no pueden cubrir una canasta básica total, que en abril fue de 95.000 pesos.

El CEPA cruzó el salario registrado privado de la mediana con la Canasta Básica Total, que mide ingresos de un hogar tipo compuesto por 2 adultos y dos menores y sirve para determinar los umbrales de pobreza en la sociedad. El último dato del INDEC arrojó una suba de la canasta del 6,2%, que anualizada ya llegaba al 51%. Hasta mediados de 2018, la mitad de los trabajadores registrados estaba por arriba de la CBT, y desde ahí comenzó la persistente pérdida del poder adquisitivo con un pico durante la pandemia, situación que no logró revertirse.

 

 

Hasta 2018, un salario de la mediana cubría más de una canasta básica (1,13), mientras que durante lo peor de la pandemia descendió al 85% de cobertura. Para enero de este año, la cobertura era del 95% pero en abril cerró en el 91%.

“La recuperación de principio de año se explica, en parte, porque persistía el congelamiento de tarifas”, explicó Hernán Letcher, titular de CEPA. Tras la primera actualización de marzo, sumado a la persistente alta inflación, la situación volvió a empeorar. De más está señalar que el nuevo aumento tarifario pegará otra vez en las condiciones sociales. Para este analista, los subsidios tenían un efecto redistributivo.

“Dada la elevada volatilidad de una nominalidad de inflación que ya viaja arriba del 60% anual, empiezan a perder sentido las medidas de salarios en términos reales. Ya nadie cree que tenga una mejora salarial, por más que la tenga. A su vez, la magnitud del desplome del poder adquisitivo del salario mínimo desde 2018 es inmensa, con una pérdida de 16 puntos”, sostuvo el economista Sergio Chouza desde Consultora Sarandí.

Antes de su salida, Feletti sostenía que los indicadores de pobreza serían un mazazo para el oficialismo. Y desde ese diagnóstico reclamaba medidas más contundentes para desacoplar los precios internacionales de los locales. En este escenario donde los sectores concentrados siguen con su juego y poder de fuego intactos, ¿el Poder Ejecutivo cambiará de estrategia?

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí