Torres sobre el río

 

El pasado jueves, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se vivió un hecho institucional histórico. Se sometió a tratamiento del cuerpo legislativo un proyecto de ley surgido por Iniciativa Popular. Es la primera vez que sucede desde que la Ciudad de Buenos Aires aprobó su Constitución y se declaró autónoma en 1996.

Luego de 25 años, la ciudadanía porteña se organizó y logró presentar 53.000 firmas para que su propuesta fuera categorizada como Iniciativa Popular. Este camino obliga a la Legislatura al tratamiento parlamentario del proyecto de ley en un plazo máximo de 12 meses, a fin de que sea aprobado o rechazado.

¿Qué es lo que impulsaba la ciudadanía? El proyecto de ley tenía como principal finalidad que se estableciera normativamente que los predios conocidos como Punta Carrasco y Costa Salguero, ubicados en la Costanera Norte con una superficie de 32 hectáreas, fueran destinados en su totalidad a espacios verdes públicos, de uso común y de acceso gratuito e irrestricto.

Esta petición fue la reacción a la propuesta del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta de amurallar la costanera con edificios suntuosos expandiendo el modelo de urbanización de Puerto Madero hacia el norte y hacia el sur de la ciudad.

 

 

 

Acceso al río, para pocos y pocas

Rodríguez Larreta ordenó a sus bloques legislativos en diciembre de 2019 aprobar la ley 6.289, que transformó la autorización para concesionar el predio de Costa Salguero –dada por la ley de creación del Distrito Joven– en otra para vender varias hectáreas; es decir, transformar en definitiva la privatización transitoria de una parte de la costanera porteña.

Este fue el inicio del ciclo de venta. El segundo paso fue modificar la normativa de planificación para permitir construir edificios en el predio a través de un segundo proyecto de ley. Las hectáreas que se vendían estaban destinadas a un parque público desde hace décadas, por lo tanto, el GCBA necesitaba una nueva norma urbanística para que los privados que compraran la tierra pudieran construir sus edificios suntuosos con el río como horizonte. La ordenanza 46.229 y el actual Código Urbanístico, aprobado en 2018, establecían que el predio de Costa Salguero, luego de finalizada la concesión en 2021, debía transformarse en un Parque Público Recreativo, Cultural y de Esparcimiento. En síntesis, esta segunda ley pretendía transformar un predio que en su totalidad debía ser un parque público, en un muro de cemento entre la ciudad y su río.

En el marco del debate parlamentario de este segundo proyecto de ley se realizó la audiencia pública más numerosa de la ciudad, con más de 7.000 personas inscriptas y más de 2.000 que intervinieron efectivamente. El 98% de quienes ejercieron su derecho a expresarse se manifestaron en contra de la propuesta del GCBA. Aun así, el proyecto fue aprobado por la Legislatura.

La venta de varias hectáreas de la costanera para la especulación inmobiliaria fue decidida sin la convocatoria a ninguna instancia de participación ciudadana. La inconstitucionalidad no era solo de forma sino también de fondo. La privatización definitiva del predio viola flagrantemente la Constitución y el Plan Urbano Ambiental que dan un destino público ambiental y social a la costanera, muy diferente a la propuesta privatizadora.

A principios del año 2020, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Fundación Ciudad y Gabriela Cerruti (diputada nacional MC) presentaron una acción de amparo para solicitar la inconstitucionalidad de esta ley. El tribunal de segunda instancia otorgó una medida cautelar ordenando suspender todo acto que implique disponer de dichas tierras públicas. Actualmente, la medida cautelar se encuentra vigente. Con posterioridad, tanto en primera instancia como en segunda se obtuvo una sentencia de fondo que declaró inconstitucional la ley 6.289. El GCBA recurrió estas sentencias y actualmente la causa judicial está radicada ante el Tribunal Superior de Justicia, que deberá decidir en los próximos meses.

En esta causa se planteó la violación de los mecanismos constitucionales de participación ciudadana y del principio de progresividad ambiental. La ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia ambiental y climática. La temperatura máxima en la ciudad viene aumentando significativamente desde 1960. En los últimos 30 años aumentó casi 1°C y el último verano fue el más cálido de su historia, con 1,3 grados por encima de la temperatura normal. Esta temporada también tuvo récords en cantidad de olas de calor.

Sin embargo, en lugar de adoptar las medidas necesarias para su mitigación, el modelo urbano que se consolida hace décadas ha potenciado el fenómeno de calentamiento a partir de la ocupación del entorno ribereño y de la privatización sistemática de las superficies verdes públicas. El Plan Urbano Ambiental aprobado en 2008 establecía con claridad que se debe “resguardar las corrientes de aire provenientes de la costa regulando la masa edilicia mediante la normativa urbanística”.

 

 

 

La Iniciativa Popular, desechada por la avidez inmobiliaria

El trámite de la Iniciativa Popular comenzó el 17 marzo de 2021 (expediente 722/2021). El 30 de marzo, la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió dictamen validando el contenido del proyecto de ley. El 9 de noviembre, la Dirección de Participación Ciudadana de la Legislatura recibió las firmas recolectadas por la ciudadanía y el 20 de abril de 2022, una vez validadas, las remitió al Tribunal Superior de Justicia. El proyecto ingresó nuevamente a la Legislatura el 25 de abril del año pasado con un nuevo número de expediente (1174-G-22). El último dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Constitucionales fue el 16 de mayo de 2022.

Desde dicha fecha hasta el jueves pasado, la Legislatura no convocó a reuniones de comisión o reuniones informales para tratar el proyecto. Tampoco convocó a la audiencia pública obligatoria que establece el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad de forma previa al tratamiento legislativo de proyectos de ley que modifiquen la planificación de la ciudad. El rechazo a la Iniciativa Popular sería inconstitucional por no respetar una instancia del procedimiento parlamentario esencial como es la audiencia pública.

En este marco, el oficialismo decidió tratar esta semana el rechazo a la Iniciativa Popular para alejar de la temporada de campaña electoral el costo político de ir en contra de una amplia mayoría de la ciudadanía.

La votación finalizó con 37 votos negativos (bloques del PRO, La Libertad Avanza, Evolución, Coalición Cívica y Partido Socialista) y 20 votos positivos (Frente de Todos y FIT). En la placa de votación figuran 21 positivos, 35 negativos y una abstención. Luego se aclaró que el legislador Romero no se abstuvo sino que votó negativamente. Y que la legisladora De las Casas no votó positivamente sino de forma negativa.

 

 

 

Durante el debate se recurrió a argumentos insólitos para justificar el delirio urbanístico y ambiental que llevó a rechazar que este sector de la costanera sea 100% espacio verde público.

Por ejemplo, la legisladora Cecilia Ferrero, que responde a Elisa Carrió, justificó el negociado inmobiliario con tierra pública en la costanera con la existencia de barrios privados y privatizaciones en la costanera de la Provincia de Buenos Aires. Una falacia argumentativa descomunal para cubrir que votó a favor de los sectores pudientes y en contra de los sectores medios y populares, uno de los supuestos principios morales de la Coalición Cívica. También resulta asombroso que en la provincia de Buenos Aires no estén prohibidos nuevos barrios privados y que no se haya actualizado integralmente su ley de ordenamiento territorial y ambiental, vigente desde 1977.

El bloque legislativo de Javier Milei, luego de denunciar constantemente los negocios inmobiliarios de Rodríguez Larreta, decidió sumarse a la cohorte inmobiliaria. No hay quien resista al encanto del jefe de gobierno. El titular de este bloque, Ramiro Marra, justificó su voto negativo porque “está a favor de la inversión privada”; porque “la seguridad jurídica a través de los privados funciona mucho mejor” y le “gusta más una ciudad con mucho, mucho cemento”. También manifestó su gusto por las torres y acusó a Juntos por el Cambio de quedarse cortos porque las torres deberían tener más altura. Marra sostuvo que este negocio inmobiliario es para “que la gente pueda tener una casa”. ¿Qué habrá detrás de esta ignorancia supina?

La realidad demuestra que los edificios suntuosos son inaccesibles para el 97% de la población porteña, que estos grandes complejos inmobiliarios ribereños, como Puerto Madero, están mayormente desocupados y que la crisis habitacional no para de crecer por más que se construyeron 75 millones de m2 en los últimos 75 años.

El máximo ejercicio de la Democracia Participativa a la fecha no pudo contra la avidez inmobiliaria y los intereses electorales. Aun así, la ciudadanía porteña demostró su fortaleza y organización, y que el sistema representativo necesita una radical transformación para que responda al bien común y no a los intereses de las corporaciones.

 

 

 

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