Tormenta financiera en ciernes

 

El gobierno de Javier Milei se enfrenta a un escenario de creciente incertidumbre como consecuencia de sus propias acciones de “motosierra”, juegos y vaciamientos financiero-especulativos y de desarticulación económica y social. Esto choca con cada vez más desubicadas y contradictorias enunciaciones y fanfarronadas sin fundamento de mejora económica y de definitiva baja inflacionaria. A la maraña se han sumado factores críticos internacionales, que ponen más al descubierto la endeblez y las terribles consecuencias del experimento libertario.

En la última semana, a la alarma por las corridas financieras y cambiarias internacionales luego del “lunes negro” en los mercados mundiales y su incierta evolución, se agregaron interrogantes a una de las principales expectativas generadas por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: la eliminación de controles cambiarios. El denominado por el primer mandatario desde “Messi de las finanzas” a “mejor ministro de Economía de la historia” supuso desde el vamos, sin fundamento, que lograría el retorno del país al mercado voluntario de deuda y el impulso de inversiones reales como motores de crecimiento para la segunda parte del año. Jugó una promesa de ingresos de “dólares frescos” imposible de cumplir y generó en su lugar el mayor festival financiero de corto plazo, que se sostiene induciendo la depresión económica y drenando reservas del Banco Central.

 

 

La ilusión se termina

La falta de divisas y la perspectiva de no poder cumplir con los compromisos financieros de 7.000 millones de dólares hasta fin de año y 24.000 millones en 2025 han puesto en una posición crítica al país. Se plantean cada vez mayores dudas sobre la capacidad de evitar un default y/o lograr una reestructuración rápida del cronograma de vencimientos ante las esperables mayores exigencias de los acreedores imposibles de cumplir, aun para un gobierno tan proclive a priorizar sus pretensiones como el actual.

La acumulación de vencimientos es variada y acosadora y se conforma por

a) Bonos con acreedores privados por 65.000 millones de dólares canjeados en 2020 bajo la gestión del entonces ministro Martín Guzmán, con vencimientos escalonados hasta 2041, con pagos de capital que comienzan en 2025.

b) Pagos al FMI por el préstamo récord de 2018 contraído por el gobierno de Mauricio Macri (renegociado en 2022) y otros organismos internacionales.

c) Bonos y letras de corto plazo emitidas por el Tesoro en pesos que deben renovarse permanentemente y que pueden correr a posicionarse en moneda extranjera.

La referencia de un indicador clave como es el de riesgo país, reflejando la mayor rentabilidad exigida con relación a bonos del Tesoro de Estados Unidos ante el peligro de incumplimiento de obligaciones de deuda pública, se ubica para bonos argentinos en los últimos días en 1.550 puntos (15,5%). Esto supone una tasa de más de 20,5% anual que se reconoce imposible de afrontar para un país con una deuda pública como la de la Argentina, equivalente en junio a 442.505 millones de dólares, 58% de la cual se encuentra nominada en moneda extranjera. Se suman como factores incidentes de la encrucijada:

• El empeoramiento de la situación económica y social provocado por la propia política de shock de reducción de gasto público. Esta ha llevado a privilegiar la especulación financiera, golpeando las condiciones de vida de la mayor parte de la población y a una creciente desarticulación de la funcionalidad estatal elemental.
• La alteración de condiciones mundiales que se manifiesta en tensiones comerciales, alteraciones cambiarias (centralmente, para el comercio exterior argentino, la devaluación de real brasileño), caída de precios de exportación clave (agropecuarios) y el temor del comienzo de un temido proceso recesivo general. El gobierno no parece reconocerlo cuando sigue prometiendo que su objetivo es la mayor apertura económica y financiera.
• El ilusorio traslado de deuda del Banco Central al Tesoro Nacional, presentada como un logro histórico, pero que, por el contrario, anticipa mayores desequilibrios fiscales y/o mayor recesión.
• El incumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en particular con relación a la acumulación de reservas y la magnitud de vencimientos en ciernes, limita las opciones de financiamiento externo al auto-inhibirse una renegociación inmediata del endeudamiento.
• La existencia de reservas en el Banco Central de poco más de 27.000 millones de dólares, pero siendo negativas en 7.000 millones por estar conformadas también por encajes obligatorios como garantía para depósitos de ahorristas en dólares en el sistema financiero local.
• La incertidumbre política ante cambios abruptos en el gobierno que ponen en evidencia una creciente pérdida de prioridades y perspectivas.
• El riesgo país elevado genera incertidumbre, impulsa mayores fugas de capitales, desalienta la inversión pese a enormes ventajas ofrecidas (RIGI) y limita ingresos esperados por blanqueo impositivo.

La crisis argentina está fuertemente influida nuevamente por la repetición de la dinámica del festín del carry trade, que el mismo “Toto” Caputo llevara adelante con efectos desastrosos en los primeros años del gobierno de Mauricio Macri (2015 a 2018). Es el corolario del proceso de fondos e inversores desde el exterior aprovechando altas tasas de interés locales para obtener beneficios especulativos de corto plazo, conllevando, tal como ocurriera repetidamente, una apreciación circunstancial del peso, para luego de su zenit (en el actual ciclo, en abril pasado) convertirse en un rápido flujo de salida que cualquier factor adicional puede convertir en una corrida.

El mecanismo del carry trade es altamente inestable. Cualquier cambio en las expectativas sobre las tasas de interés en economías centrales (Estados Unidos, Japón, Europa) puede desencadenar una salida abrupta de capitales, causando una devaluación significativa de las monedas de mercados emergentes y cambios de precios relativos. Esta volatilidad genera presiones sobre la economía argentina, que ya está debilitada por la falta de acceso a los mercados de deuda, el incumplimiento de acuerdos con el FMI y la caída de reservas del Banco Central. Sin una solución a la vista para un gobierno empantanado, se dilapidan reservas para sostener salida de capitales y aumenta el riesgo de una crisis financiera más profunda.

La paradoja del gobierno de Javier Milei radica en su retórica de campaña, en la cual se comprometía a una dolarización inmediata de la economía argentina como solución a los problemas estructurales del país y endilgaba al mismo Caputo de haber sido responsable de haber dilapidado más de 15.000 millones de dólares de reservas del Banco Central. Sin embargo, en la práctica, el gobierno se encuentra dependiendo de un frágil y arbitrario control cambiario no transparente, una herramienta que Milei previamente denunciaba como la raíz de todos los males económicos de la Argentina.

Esta contradicción subraya la gravedad de la situación en un entorno de incertidumbre internacional, alta deuda y volatilidad cambiaria que lleva repetir escenarios que arrastran a una mayor decadencia económica y social. El gobierno, que prometía la “motosierra” con las castas (¿no lo era la de los especuladores financieros?) y una ruptura con el pasado, retorna a los mismos procesos de desastre que reiteradamente se han observado en la Argentina.

El aprendizaje para la sociedad tendrá que ser inevitablemente hacer un serio balance para analizar causas y plantear alternativas, no solo para lamentar reiterados engaños y desilusiones, sino para que no continúe la decadencia de los “más de lo mismo”. La Argentina tiene recursos y condiciones para salir del atolladero. Lo primero que debe debatir y definir la sociedad es cuáles son las prioridades, condiciones y capacidades para afrontar un mundo que cambia velozmente con mayor decadencia, tensiones y confrontaciones.

 

 

 

 

 

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