Topografía viral del neoliberalismo

 

Después de un año de pandemia y más de 2 millones de muertos, el modelo político imperante a nivel global y los laboratorios trasnacionales exhiben su evidente incapacidad para producir y distribuir las vacunas que podrían evitar la acumulación del número de víctimas. Las corporaciones y sus defensores neoliberales continúan con su tarea de maximizar ganancias.

Los laboratorios que cotizan en bolsa se oponen a coordinar esfuerzos sanitarios, para  lograr que sus ventas se prolonguen en el tiempo: una campaña mundial centralizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) –con altos niveles de articulación y cooperación en las fases de producción, distribución y logística– permitiría evitar las cientos de miles de vidas que perecerán gracias a la avaricia de los mercados. India, Sudáfrica y China han propuesto a la OMS la interrupción transitoria de la propiedad intelectual de los productos relacionados con el virus, otorgando compensaciones a los laboratorios para que sus vacunas puedan producirse en forma coordinada.

La crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales ponen en evidencia que el mercado no es eficiente para enfrentar los grandes problemas de la humanidad. En el caso de los laboratorios de Europa y Estados Unidos, los protocolos que permitieron alcanzar resultados aceptables en las diferentes fases de validación recibieron aportes y subsidios estatales. Sin embargo, la presión de los laboratorios, conjugada con la debilidad de los gobiernos, privaron a los poderes públicos de la capacidad de decisión a la hora de definir los ritmos de producción y distribución.

Una de las empresas que se encuentra en la carrera por imponer su vacuna, la trasnacional Pfizer, exhibe entre sus principales accionistas al fondo BlackRock. Este laboratorio recibió, en marzo de 2019, un subsidio por parte del gobierno de los Estados Unidos de 2.000 millones de dólares. Su competidora, Moderna, embolsó 2.500 millones incrementando el valor de sus acciones. Se calcula que Washington y Bruselas aportaron alrededor de 10.000 millones de contribuciones no reembolsables, al tiempo que adelantaron compras de las vacunas antes del inicio de su elaboración. Además, la inmensa mayoría de los virólogos y genetistas adscriptos a las investigaciones más relevantes han sido formados en espacios académicos públicos, con becas estatales o financiamiento intergubernamental. Como en otras oportunidades, son los aportes fiscales los que impulsan las enormes ganancias de las empresas privadas. En síntesis: las grandes mayorías terminan costeando, a través de sus aportes tributarios, los ingentes beneficios de las grandes corporaciones. Pero no son receptores de los beneficios a la hora de la partición en los dividendos.

 

 

La salud cotiza en Wall Street

 

 

Con los recursos obtenidos, las corporaciones farmacológicas recompran sus propias acciones sin reinvertir ese capital en investigación y desarrollo, esperando nuevas oportunidades para recurrir a los ingentes aportes de los Estados, urgidos para dar respuestas sanitarias a sus respectivas poblaciones. En los presupuestos de los grandes laboratorios se observa que un 20 % de los recursos se derivan al marketing y a la publicidad, con el objeto de promover medicamentos cuya investigación se encuentra amortizada. Ese negocio, facilitado por la permisividad estatal, les garantiza una ganancia neta extraordinaria.

En 2016 la OMS publicó un documento prospectivo sobre las posibles amenazas virales y ubicó al coronavirus como una de las ocho amenazas más relevantes para la salud pública mundial. Las grandes corporaciones rechazaron esas advertencias y se negaron a abocarse a su investigación porque no les garantizaban beneficios inmediatos ni se aseguraban subsidios estatales. Esas especulaciones mercantiles son las que permitieron que Moderna y Pfizer lograsen facturar, en 2020, unos lucrativos 32.000 millones de dólares.

Los grandes jugadores de la industria farmacéutica exhiben márgenes de ganancia mayores a los de cualquier otra producción seriada: rondan el 17%, muy superior al promedio del 11% del resto de la industria global. Además son uno de los sectores con mayor nivel de depósitos en las guaridas fiscales: sólo los cuatro laboratorios más importantes del mundo (GSK, Johnson & Johnson, Pfizer y Sanofi) evaden tributos por 3.800 millones de dólares al año. Sin embargo, sus CEOs son los mismos que participan de los encuentros de Davos –como el que acaba de finalizar el último viernes– para defender la primacía del mercado por sobre el Estado y enarbolar la transparencia como divisa prístina de ética pública.

Esos mismos principios, usuales para la lógica corporativa de las trasnacionales, son los que quedaron expuestos al divulgarse uno de los contratos de la UE con el laboratorio germano CureVac, asociado a Bayer para la provisión de 225 millones de dosis. Entre sus cláusulas, prohíbe a los Estados integrantes de la UE la donación a cualquier país por fuera de la UE, e incluso proscribe, en forma taxativa, la entrega de dosis a cualquier ONG y/o a la OMS que pretenda su distribución a países extracomunitarios (por ejemplo pobres o periféricos). Además exceptúa al laboratorio de cualquier responsabilidad indemnizatoria por posibles daños, perjuicios o pérdidas generados a los inoculados, incluida la muerte. Ganancias garantizadas para las empresas. Fracasos y quebrantos para los Estados.

Otra expresión del privilegio de la lógica especulativa por sobre la salud pública quedó expuesta durante la última semana, con el caso del laboratorio AstraZeneca (AZ). Esta trasnacional fue acusada por la UE de reducir las entregas comprometidas a los países comunitarios. La demanda incluye la denuncia contra su directorio por contrabando de parte de la producción comprometida para los Estados de la Comunidad Europea. Una de las plantas de AZ emplazada en Bruselas fue allanada el último jueves para certificar la evaporación de dosis con destino al Reino Unido e Israel, que aparentemente estuvieron dispuestos a abonar sobreprecios a la farmacéutica.

Bruselas firmó un contrato con AZ por 80 millones de dosis para ser distribuidas en el primer trimestre, pero la empresa afirma que sólo alcanzaría a suministrar 30 millones durante ese lapso. Ese incumplimiento motivó, el último jueves, el allanamiento de una de las plantas de producción en Bélgica y la advertencia por parte del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de apelar al artículo 122 del Tratado de la Unión Europea, que permite la intervención de la empresa por razones de fuerza mayor. El Brexit tiene sus consecuencias.

 

 

Derrumbe moral

 

 

Según Jürgen von Oertzen, catedrático de la Universidad de Lüneburg, los laboratorios intentan no agilizar la producción ni la distribución dado que persiguen el doble objetivo de recibir más subsidios estatales y, al mismo tiempo, amortizar las instalaciones recién construidas. Sus planes especulativos para abastecer de vacunas a sus clientes exigen un escalonamiento de las entregas. Dicho ritmo le brinda mayor capacidad para maximizar sus ganancias y establecer patrones más sólidos para defender sus patentes. Frente a esta cruda realidad, la autoridad máxima de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el mundo está al borde de una “bancarrota moral catastrófica”: según las previsiones de ese organismo multilateral, 9 de cada 10 personas en los países más pobres no serán vacunadas durante 2021, lo que multiplicará las muertes y le brindará un hándicap al virus para perdurar y mutar. El coronavirus sobrevive cuanto más tiempo tenga para contagiar.

En la actualidad hay 49 vacunas inscriptas en la OMS que se encuentran en evaluación clínica, incluidas 13 que atraviesan la fase III. Otras 164 están en situación de relevamiento preclínico. En América Latina el proyecto más adelantado es el de Cuba, que se encuentra relevando la eficacia de tres proyectos estatales del Instituto Finlay y de la empresa Sinopharm: las vacunas conocidas con los nombres de Mambisa, Abdala y Soberanas (01, 02, 01A), todas ellas en ensayos de segunda fase, con grandes expectativas de eficacia inmunológica.

El resultado de la crisis económica producida por la pandemia deja un endeudamiento equivalente –para gobiernos, empresas y hogares– a tres veces el PBI global. Sin embargo, los CEOs de las trasnacionales reunidos recientemente en Davos impulsan un reseteo global del neoliberalismo, promoviendo la economía de plataforma, basada en la desregulación, la flexibilidad laboral y la continuidad de la financiarización, combo que  los faculta para seguir fugando sus recursos hacia las guaridas fiscales.

Mientras tanto, en la Argentina, la oposición cuestiona las prácticas de aislamiento social sugeridas por la OMS (como en el caso de Formosa) al tiempo que sus voceros mediáticos estigmatizan mediante fake news la cooperación china y rusa hacia los países de América Latina, poniendo en duda la fiabilidad científica de las vacunas que no provienen de las corporaciones monopólicas europeas o estadounidenses.

La derecha local es socia de quienes identifican la vida como algo que se compra y se vende. Y definen la salud como un servicio mercantilizable. Esa es la causa por la que se empecinan en erosionar la confianza en una vacuna producida por un laboratorio estatal ruso y, al mismo tiempo, deslegitimar cualquier forma de lucha contra el contagio: cuantos más decesos se produzcan –conjeturan–, más justificaciones tendrán para apostrofar durante la disputa electoral de octubre próximo. La multiplicación de lxs contagiadxs y lxs fallecidxs, especulan, se consolidará como parte de su capital político. Es muy probable que los cambiemitas, los pseudo libertarios y los corporativos de los grandes laboratorios desconozcan el verdadero origen de la frase del falangista José Millán-Astray. Pero es indudable que no dejan de regurgitar su inconfundible sentido: “¡Viva la Muerte!”.

 

 

 

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