TONTERÍAS, DESATINOS E INSUSTANCIALIDADES

 

El ministerio que encabeza Jorge Faurie fue pródigo en tonterías y desatinos durante el mes de abril. También lo alcanzó una insustancialidad rayana en la entrega.

Comenzó el 4 con una desconcertante y en alguna medida grotesca presentación de la Representante Enviada del Presidente Encargado de Venezuela, Elisa Trotta Gamus, ante los representantes  de las embajadas de países acreditados aquí que han reconocido a Juan Guaidó en ese carácter. Esta iniciativa raya en lo ridículo. De padre argentino, Trotta es venezolana de nacimiento. Está radicada en Argentina desde 2011; el 1° de enero de 2018 fue designada Directora General de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados bonaerense, con la obvia anuencia de Cambiemos. Así las cosas, la “Enviada” de Guaidó vive, en rigor, en la Argentina y probablemente cobra un sueldo argentino (nada se ha informado acerca de si mantiene el cargo de directora antedicho o si ha renunciado). Esta ficción fue protocolizada el 12 de abril pasado en un acto realizado en la Cancillería, en el que le fueron entregadas sus credenciales de fantasía. Pero además –y para peor—  la Argentina tiene relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela y su embajada en Buenos Aires se mantiene operativa. Así las cosas, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene simultáneamente vínculos con dos representaciones venezolanas diferentes y opuestas: toda una performance.

El mismo 12 de abril, los medios porteños informaron que la Argentina se retiraba de UNASUR.  La Nación indicaba  que el Ministerio de Relaciones Exteriores había tomado la decisión “en el marco de la crisis que afecta a este organismo manifestada en la acefalía de la Secretaría General por más de dos años, así como una agenda de alto contenido ideológico”.

Es verdad que Ernesto Samper, último secretario general de aquella, había concluido su mandato en enero de 2017. Pero también lo es que el bloque de países con gobiernos de centro-derecha que inicialmente impulsaba la candidatura como reemplazante de José Octavio Bordón (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) era poco afín a su mantenimiento. Tras la vuelta carnero de Lenin Moreno en Ecuador y el éxito de Jair Bolsonaro en Brasil, quedó todo dispuesto para el cierre. No solamente actuaron  esos Presidentes prácticamente de consuno en la denuncia del antedicho Tratado, sino que impulsaron juntos la creación de una nueva entidad: el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR).

Iván Duque, presidente de Colombia y uno de los principales promotores del nuevo organismo, apoyó su conformación “en defensa de la democracia, la independencia de poderes y la economía de mercado”: una pequeña y confusa ensalada que probablemente sustenta la noción de progreso que aparece como divisa en el nombre completo de PROSUR. Y que tácita y aviesamente niega que UNASUR se preocupara por ese progreso y las demás cuestiones indicadas inmediatamente más arriba. La ramplonería del centro-derecha sudamericano no parece tener límites. Es comprensible que desde esta chatura se vea como de “alto contenido idelógico” cualquier enunciado coherente.

La primera cumbre del nuevo organismo se realizó en Santiago de Chile, el 22 de marzo pasado, con la participación de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y el país organizador, en calidad de miembros ya integrados. Mike Pompeo, John Bolton y Elliot Abrams —la “troika de  la injerencia” de Donald Trump— seguramente han quedado complacidos.

El cierre de UNASUR traerá aparejados inevitablemente los ceses del Consejo Suramericano de Defensa y del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa, con sede en Buenos Aires. Este último venía realizando una más que interesante tarea. Publica(ba) entre otros apreciables materiales un Registro Sudamericano del Gasto en Defensa (anual) y un Observatorio Sudamericano de Defensa (mensual). Alberga(ba) también grupos de trabajo y líneas de investigación sobre temáticas significativas como la institucionalidad de la defensa; las operaciones de paz; la defensa y los recursos naturales; y los ejercicios militares (sin agotar la lista). Su Acuerdo Sede prevé un máximo de seis meses para la materialización de la clausura.

Esta insensata cabalgata otoñal incluye también a Malvinas. Durante la visita que el entonces canciller británico Boris Johnson hizo a la Argentina en 2018 mantuvo un encuentro, el 22 de mayo, con su par Faurie. Retomando lo que se había convenido en el nefasto acuerdo establecido en septiembre de 2016 entre los vicecancilleres Carlos Foradori y Alan Duncan, se volvió a conversar sobre el establecimiento de un nuevo vuelo regular a Malvinas. El 26 de abril pasado, la empresa LATAM informó que está avanzado el proceso de habilitación de una ruta aérea entre San Pablo (Brasil) y Malvinas, con escala en Córdoba. Y que en breve se podría anunciar el inicio de las operaciones. Se trata de un vuelo semanal que tendría una parada mensual –en uno y otro sentido— en el aeropuerto cordobés. Seguramente este desatino será festejado en Cancillería, que dio el puntapié inicial de este proceso durante la gestión de Susana Malcorra y que está en vías de concretarse durante la de Faurie. Y será visto como nefasto por quienes pensamos que facilitar el mantenimiento de un territorio usurpado a la Nación por una potencia extranjera implica un extravío total del concepto de soberanía.

Por último debe consignarse que el 24 de abril se dio a conocer el resultado de una convocatoria a Concurso Público Internacional destinado a concesionar áreas de explotación petrolera offshore de tres cuencas del Atlántico Sur, impulsada por el Ministerio de Energía, en el tiempo en que Javier Iguacel se desempeñaba como ministro. Todas ellas se hallan ubicadas entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas.

En la llamada Cuenca Malvinas Oeste, la empresa petrolera británica Tullow Oil obtuvo la adjudicación de tres áreas. Está previsto que las concesiones duren por lo menos 30 años.

En una de esas áreas la empresa ganadora actuará sola; en las otras dos irá asociada con las compañías Pluspetrol y Wintershall Energía S.A., en ambos casos con un 40% de participación. Tullow Oil opera en Perú y Guyana; Pluspetrol es una compañía argentina con inversiones en Vaca Muerta que compró también recientemente los activos de la empresa canadiense LSC Lithium, que desde 2016 explotaba litio en Salta y Jujuy; Wintershall es una empresa alemana con más de cuarenta años en el país, con operaciones también en Vaca Muerta.

Es obvio que desde los puntos de vista geopolítico y de política exterior es completamente inconveniente haber otorgado las tres áreas mencionadas a una empresa británica, en dos casos con socios probablemente menores. Reforzará la presencia inglesa en Malvinas y sus espacios marítimos adyacentes, y sumará emprendimientos de prospección petrolera a los ya iniciados al NE de la Isla Soledad (con el yacimiento de Sea Lion ya confirmado como tal, en esta zona), concesionados por el Reino Unido. Es una completa barrabasada de esas que se han hecho típicas ya en el gobierno de Cambiemos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha sido un actor central de este entuerto malvinero pero no deja de caberle cierta responsabilidad. Todo lo vinculado con la política exterior debería concernirle. En este caso específico, sin embargo, ha brillado por su insustancialidad.

No puede decirse que sea una novedad ya que es lo que viene ocurriendo desde el mero comienzo de la gestión de Mauricio Macri. Aunque sí sorprende la concentración de hechos deplorables que, en tan solo 30 días, exhiben el supino desprecio por la defensa del interés nacional que campea en la Cancillería que forma parte de su gabinete presidencial.

 

 

 

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