Tomarse en serio

 

El gobierno nacional había fijado como meta para este año la recuperación económica –que está en marcha– y una mejoría discreta en los muy deteriorados ingresos de la mayoría de la población. Mientras la primera meta parece conseguible a pesar del renovado impacto de la pandemia –por los buenos resultados que se observan en la industria, la construcción, el agro y la producción hidrocarburífera–, la meta redistributiva está en entredicho por el poder de disciplinamiento que tienen los actores privados sobre el gobierno nacional.

La ecuación precios/salarios no favorece, por ahora, a la mayoría de trabajadores activos, pasivos y desempleados. Por todas partes se alzan vallas para impedir la más mínima mejora redistributiva, a pesar de que en este punto no haya disidencias en el Frente de Todos.

Las presiones sistémicas apuntan hacia un modelo exportador, con un pobre mercado interno. Así lo desean los diversos sectores exportadores y lo proponen los acreedores de la Argentina. Apuntan a un crecimiento privatizado, que sólo favorezca a reducidos núcleos concentrados.

La inercia de la situación, si el Estado no interviene en forma adecuada, empuja en una mala dirección: están aumentando los precios internacionales de diversos bienes exportados por el país, generando fuertes presiones inflacionarias; las muy bajas reservas condicionan la estabilización del dólar, que por lo tanto es pasible de especulación de diversos actores, y además están las presiones del FMI, que –ahora con buenos modales y declaraciones de sensibilidad– reclama las mismas políticas fracasadas de siempre.

 

 

2021 no es 2019

La ley 27.541, llamada “Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”, promulgada el 23 de diciembre de 2019, establece en su título V, “Derechos de exportación”, un muy reducido margen para la suba de las retenciones a sectores agroexportadores: 33% como máximo a la soja y sólo 15% a otros productos agroindustriales cuyos precios internacionales han crecido fuertemente el año pasado. Sin quererlo, se ha introducido una traba en la necesaria discrecionalidad que debe tener el Estado para implementar políticas públicas. Dicho sea de paso, las actuales retenciones ni siquiera llegan a esos techos establecidos.

El cambio dramático de las condiciones internacionales ha hecho que la Ley de Solidaridad Social que apuntaba a proteger a los sectores más débiles, que ya eran muchos luego del desastre macrista, pueda convertirse en una ley de solidaridad con los que más ganan en la Argentina –no debido a sus méritos productivos sino a la mejora de la demanda en el escenario global– porque impide que se ajusten las cargas a las nuevas realidades externas y se proteja a la canasta básica de consumo.

Sin duda ha sido una mala idea fijar en una ley una situación económica (la de diciembre de 2019) que podía ser impactada por las variables coyunturas internacionales, y nos vuelve a recordar la conveniencia de fijar alícuotas variables, ligadas a las fluctuaciones de los precios internacionales, para dar mayor plasticidad a las regulaciones públicas.

Los problemas que el país enfrenta en relación a las exportaciones de carne y maíz, que impactan directo en el nivel de vida de la mayoría y en la calidad de su alimentación, no pueden estar supeditados a la aleatoriedad de los mercados globales y a los caprichos de los intereses sectoriales, cristalizados en leyes inamovibles.

El gobierno ha manifestado reiteradamente su voluntad de diálogo y acuerdo, ha mostrado su comprensión frente a la lógica de la rentabilidad empresaria, pero en cambio el sector privado no parece notar que hay una severa crisis en el país, agravada por una pandemia global.

La reacción de la Mesa de Enlace frente a una medida parcial y limitada del gobierno –el cierre de exportaciones de carne vacuna por un mes para negociar un acuerdo aceptable– habla de la desmesura ideológica que puebla desde hace años su discurso y de su abierto alineamiento político. Ese discurso blindado e intransigente no parece ser afectado por las circunstancias locales ni internacionales. Para este tipo de casos donde prevalecen actitudes antisociales existen leyes, como la Ley de Abastecimiento, cuya función específica es acotar y punir las prácticas delictivas de los sectores que atentan contra el bien común.

El gobierno es el responsable del conjunto social y no el representante exclusivo del capital, como le gustaría al alto empresariado. Saben los sectores privilegiados que el gobierno no responde al marco conceptual ultra privatista pero pretenden acotarlo mediante acciones de facto de forma tal que no pueda hacer otra cosa.

En este terreno, el de la inflación y los alimentos, se pueden estudiar estrategias que rebasen el estrecho margen que deja disponible el marco conceptual neoliberal. Algunos sectores conocedores de la actividad productiva plantean si no será hora de comenzar con la producción y distribución pública –eventualmente asociada con cooperativas y sectores privados razonables– de un conjunto de bienes estratégicos. La sociedad –no el Estado, no el gobierno– es la que está sometida a un chantaje constante de grupos de interés que carecen de una perspectiva nacional.

 

 

 

El movimiento popular no está muteado

Por momentos las mayorías populares parecen desprovistas de los instrumentos de análisis para comprender esta situación por la que atravesamos y darle la respuesta adecuada.

Mientras la derecha local, que ha sido protagonista de un fracaso monumental en su gestión de gobierno, vocifera incoherencias atacando de cualquier forma al gobierno nacional, desde el amplio espacio que respalda la gestión oficial no aparecen respuestas unívocas, claras y con tono vigoroso frente al vocinglerío derechista.

Probablemente haya en la coalición oficial algo de convicción, algo de estilo personal y algo de táctica política en esta actitud de baja densidad. Lo cierto es que en muchas ocasiones las grandes mayorías quedan inermes frente a los más nimios intereses sectoriales reflejados prolijamente por los grandes medios. Su voz no se escucha, y nadie llega a conocer una perspectiva de los problemas alternativa a la del poder económico. Las mayorías, a pesar de haber votado a este gobierno, parecen desguarnecidas frente a las tropelías reales o discursivas de los poderes fácticos, representados por Juntos por el Cambio.

La difamación de la presidenta del principal núcleo opositor, en la cual desliza la acusación de coimero al Presidente de la Nación, superó todos los límites de la convivencia mínimamente civilizada. Llevó a que Fernández instruyera a sus abogados a iniciar las acciones judiciales pertinentes, pero no se generó una respuesta política a la altura de la desmesura violenta de los infundios. El Frente de Todos, como organización cupular de las fuerzas políticas que convergen en este gobierno, no pareció mensurar la gravedad de los dichos, ni tampoco aprovechó la oportunidad para exhibir ante el público masivo la persistencia en la mendacidad de Patricia Bullrich y de su espacio político.

Sin embargo, cada tanto emergen desde la entrañas del amplio espacio popular visiones y posiciones que agregan algo de equilibrio en el debate público y que brindan orientación a amplios espacios carentes de una línea política que los organice y les ofrezca ejes de acción.

Es el caso de lo ocurrido con la proclama “Primero la salud y la vida, después la deuda”, en la que un variado conjunto de personalidades propuso el 25 de mayo una serie de puntos para atender la difícil situación actual de las mayorías. Se pide que se suspenda el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Club de París hasta tanto se supere la pandemia para atender las urgencias sanitarias de la población, así como una serie de medidas en relación con ese turbio episodio de endeudamiento extremo, para resguardar las condiciones mínimas de vida.

El imaginario raquítico que propone la derecha y su círculo cerrado de autoconvencimiento explican la reacción de sus principales diarios frente al documento, al que caracterizaron como una proclama kirchnerista.

Es parte de su forma de pensar, basada en dos criterios: 1) La política es puro ego personal, pelea mezquina por el poder en sí. En este caso, nuevamente, Cristina contra Alberto; 2) En la política no existen causas nobles. No existe tal cosa como el patriotismo o la sensibilidad humana. El kirchnerismo sería la expresión de esas mentiras detrás de las cuales se esconden corruptos y aprovechadores.

Volviendo al tema de fondo, prolijamente eludido por la derecha, debe recordarse que a la Argentina, como país miembro del FMI, le correspondía recibir como máximo un préstamo cuyo tope eran aproximadamente 22.000 millones de dólares, pero sin embargo se le otorgaron 35.000 millones adicionales por decisión de la administración Trump –y el acompañamiento sumiso de otros países de Occidente–. La desmesura del préstamo es tal que no hay posibilidad de pagarlo ni siquiera en las formas más prolongadas en el tiempo previstas por el organismo. Fue una “ayuda” diseñada para atar permanentemente a nuestro país a la intervención de ese organismo, y para neutralizar toda política de cambio heterodoxo que se pueda plantear desde cualquier gobierno popular.

Lo novedoso es que la pandemia desnuda con total claridad la completa lejanía de ese organismo, y de sus numerosos voceros locales, de las necesidades imperiosas que plantea la realidad social argentina. Una mala influencia para un gobierno que busca estar conectado a lo que ocurre en la sociedad.

 

 

La inequidad recibe un rechazo extendido

Es notable: los países que integran la Alianza del Pacífico, el club de los países latinoamericanos que tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, están pasando por un momento de fuerte rechazo al modelo neoliberal predominante.

En México el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue capaz de derrotar a los partidos responsables de las políticas de empobrecimiento y dependencia de las últimas décadas, el PRI y el PAN, no cesa de predicar contra la corrupción y el neoliberalismo.

En Colombia estamos presenciando una valiente revuelta popular contra la última extralimitación del modelo neoliberal colombiano: aumentar aún más los impuestos a los sectores trabajadores. Se da en el contexto de un país con una institucionalidad vaciada de todo contenido popular, y sostenida en una permanente violencia estatal y paraestatal.

En Perú, luego de décadas de neoliberalismo económico ejecutado por diversas formaciones políticas, aparentemente disímiles, apareció una candidatura que no estaba en los radares de la política convencional: la del profesor de izquierda Pedro Castillo, que está convocando para el ballotage presidencial, según la última encuesta, al 43% del electorado, frente a la hija de Alberto Fujimori, autoritario introductor del modelo neoliberal en Perú, que convoca a toda la derecha unida, por ahora con menos votos.

En Chile, lo que empezó siendo en 2019 una lucha “municipal” contra el aumento del transporte público permitió que emergiera la bronca social frente a un modelo de sociedad neoliberal muy arraigado y estable. Las durísimas luchas entabladas en aquel momento, y los notables resultados de las recientes elecciones para gobernaciones y constituyentes, muestran un giro radical en la sociedad chilena hacia una agenda que ya no controla el pinochetismo residual, y que combina viejas y nuevas reivindicaciones de las mayorías populares.

Pero no sólo es el sur. En el principal beneficiario de los tratados de libre comercio, Estados Unidos, la situación económica y social muestra un agravamiento considerable. El nuevo escenario pandémico se refleja en un estudio efectuado por la consultora estratégica McKinsey y la empresa investigadora de mercados Ipsos, que realizaron en esta primavera norteamericana una encuesta tomando una amplia muestra de 25.000 personas, consultándoles sobre su situación económica y las expectativas que poseen. El informe dice lo siguiente: “Los norteamericanos señalan que su situación financiera se ha deteriorado durante el último año, y que en la actualidad sólo la mitad de quienes respondieron a la encuesta están en condiciones de cubrir sus necesidades de manutención por más de dos meses en el caso de perder el empleo. Los resultados de nuestra encuesta también indicaron que la pandemia ha dañado el bienestar económico de varios grupos, exacerbando las inequidades que existían antes de la crisis”.

La realidad de las mayorías parece chocar crecientemente con las institucionalidades que no toman en serio las dificultades de la población. Por diversas vías, de distintas formas, el disgusto social se expresa, aunque los sectores acomodados pretendan que nada ha pasado.

Lo que está ocurriendo en nuestra región debería ser, por si persistieran dudas, un poderoso indicador para la orientación gubernamental. Se debe asumir, en el discurso y en la práctica, la situación de emergencia excepcional que nos atraviesa.

No estamos en épocas normales y probablemente durante un buen tiempo no lo estemos. Fingir y actuar normalidad como pretenden las fuerzas privilegiadas y conservadoras no tiene sentido para un gobierno popular: se pretende que ayude poco y que transforme nada.

La brújula para una política exitosa en un momentos tan cruel, es escuchar los anhelos de las mayorías, cada vez más desamparadas por un modelo de concentración económica que debe ser removido.

 

 

 

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