TODOS LOS CANAS, UN CANA

 

En cuanto escuchó las voces dando órdenes, Beatriz Mechato Flores guardó las medias que vendía y salió corriendo. Apenas a 60 metros, Rosa, otra vendedora ambulante, acababa de perder su heladera con marcianitos a manos de la Policía de la Ciudad y los inspectores del Ministerio de Espacio Público. Beatriz, de 75 años, no quería correr la misma suerte. Quienes estaban allí afirman que el semáforo peatonal estaba en rojo. Aún así, la vendedora huyó. Tenía miedo. Una moto, que iba en dirección a Plaza Miserere, la embistió en la esquina de Sarmiento y Pueyrredón, a las puertas de un Burger King. El 13 de marzo Beatriz quedó en coma a raíz del accidente. Murió cuatro días después en el Hospital Ramos Mejía.

“Mi mamá ya era grande. Le pedíamos que se quedara en casa, pero ella insistía en trabajar porque quería ayudar y mimar a sus nietos y bisnietos”, cuenta Carmen Mechato Barbosa, una de las hijas de Beatriz. La familia es numerosa: Beatriz y su esposo tuvieron 5 hijos, varios nietos e incluso bisnietos. Hace 30 años Carmen llegó junto a su mamá y su papá desde Comas, uno de los distritos de Lima, capital de Perú. De a poco la familia se fue instalando en Buenos Aires y prosperando en la venta de textiles e indumentaria, siempre en Once y sus alrededores. Hasta que asumió Mauricio Macri, Beatriz tenía un local en Punto Once, una de las galerías más importantes de la zona. Después fue imposible pagar el alquiler y optó por la venta ambulante. “Mamá se ganó su lugar rápido. Era muy corajuda y en el barrio todos la querían. También militaba en Vendedores Ambulantes Independientes de Once. Era una luchadora”, recuerda Carmen, que el día del accidente había estado trabajando junto a su madre.

La causa de Beatriz es la número 19.131/2020 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, y está caratulada como “homicidio culposo”. Hoy el acusado continúa siendo el motociclista que, por accidente, atropelló a Beatriz. Sin embargo, nada se dice del accionar de la Policía de la Ciudad o de los inspectores de Espacio Público. En una carta enviada a los abogados de la familia de la vendedora, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asevera que ese día “el personal dependiente de la Dirección General a mi cargo no participó del operativo realizado el día 13 de marzo de 2020, entre las 15 y 18 horas, el (sic) Plaza Miserere y en las inmediaciones de la Av. Pueyrredón y Sarmiento de esta Ciudad”. La carta lleva la firma de Alejandro Naon, director general de la Dirección General de Fiscalización Urbana. Javier, que hasta antes de la pandemia vendía gaseosas en Mitre y Castelli, afirma que “si los del gobierno creen que ese día o esa semana no había operativos, que revisen las cámaras de seguridad”.

 

 

 

 

Un día después de la muerte de Beatriz, las calles de Once amanecieron empapeladas con una foto. Desde el papel, un hombre de pelo negro mira con un gesto desafiante a la cámara. Arriba de la foto, otro cartel reclama “Justicia por Beatriz Mechato. Juicio a los responsables”. Todos conocen ese rostro, pero nadie sabe el nombre, ya que siempre se niega a identificarse. Lo llaman “el tipo de los guantes”. Según los vendedores, dice que los utiliza “para no ensuciarse con la escoria de gente”, en clara alusión a los trabajadores del barrio. Si bien el grupo que persiguió a Beatriz estaba conformado por varios policías e inspectores, “el de los guantes” es siempre señalado como el que dirige los operativos y es descrito como uno de los más violentos. Según pudo saber este medio, el hombre pertenece al Ministerio de Seguridad porteño, aunque su rol exacto se desconoce. Actualmente, hay una denuncia iniciada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) debido a la no identificación del agente.

La Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) fue creada en los comienzos del primer mandato de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno. Si bien los objetivos formales nunca fueron claros, la institución fue utilizada por Matías Lanusse —funcionario que hoy se desempeña al frente de la Agencia Gubernamental de Control— como fuerza de choque. Breve y en criollo, su tarea consistía en desalojar a patadas a personas en situación de calle. En 2009, varios organismos de Derechos Humanos denunciaron, una vez más, otra práctica violenta de la UCEP. En esa ocasión, una patota de 20 hombres desalojó a una familia que vivía debajo de un puente en San Cristóbal. Carla, una de las mujeres, llevaba varios meses de embarazo y lo perdió a causa de los golpes que recibió. Hoy la UCEP no existe más, fue reconvertida y se llama Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (DGFEP). Muchos de sus miembros pertenecían a la vieja patota. En conjunto con la policía, son ellos los encargados de realizar el “trabajo sucio”, es decir, confiscar mercadería, reprimir e intimidar a los trabajadores de la economía popular.

 

 

 

 

Los que conocen el territorio no hablan solo del hombre de los guantes, sino que sus relatos también incluyen a Alejandro Gabriel Cohen —a quien los vendedores apodaron “El Duende”, por su escasa estatura—, a Carlos De la Cruz y a un policía de apellido Pedraza. El primero de ellos pertenece al grupo de inspectores de la DGFEP. Mientras da órdenes e increpa a los vendedores, su mandíbula se mueve como un péndulo. Se limita a afirmar que solo está haciendo su trabajo. Por otra parte, una fuente que pide no ser revelada asevera que De La Cruz, agente de la comisaría 3a, es quien se encarga de manejar a los pungas de la zona. Finalmente, Pedraza es señalado por muchos senegaleses como uno de los agentes de seguridad más racistas del barrio ya que suele atacar, por sobre todo, a trabajadores de origen senegalés.

 

 

 

 

A pesar de que en un primer momento ni la AGC ni la DGFEP proporcionaron nombres e incluso aseguraron que ese día no había tenido lugar ningún operativo, la Justicia solicitó “en carácter urgente” al organismo presidido por Lanusse que informe la lista completa de nombres de inspectores que se encontraban en el operativo realizado el 13 de marzo. Además el juez quiere saber si Cohen es efectivamente un inspector y cuál es la regulación por la cual se realizan los "procedimientos". Recién el martes 16 de junio la AGC respondió: sí, Cohen estaba presente en el lugar; sí, Cohen es inspector y fue contratado por medio de la "Resolución 79- AGC/2020"; y, por último, que los procedimientos se realizan bajo el amparo de la ley 451, Capítulo I.

El caso de Beatriz no es el primero. En 2018, María Berrechea falleció porque fue atropellada por un colectivo de la línea 31 en la esquina de Rivadavia y Pueyrredón, en circunstancias idénticas. Ambas estaban atravesadas por los mismos paradigmas de vulnerabilidad: ser mujeres, migrantes y pertenecientes a las clases populares. En definitiva, las dos reúnen todas las características propias de un sector al cual el gobierno de la Ciudad no solo se ocupó de reprimir, sino que también le negó sus derechos de forma sistemática. No hay que olvidar que hace pocos meses Miguel Ángel Pichetto —ex candidato a Vicepresidente de Juntos por el Cambio—, durante una entrevista en Radio Con Vos sostuvo que “el Conurbano muestra que somos el ajuste de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela”.

En su libro Modernidad y Holocausto, Zygmunt Bauman acuña el término responsabilidad flotante para describir una situación en la cual los miembros de una organización están convencidos de que, al actuar, estaban sometidos a la voluntad de otro que, a su vez, le echaría la culpa a una autoridad mayor. En este sentido, el sociólogo afirma que la institución en su conjunto funciona como un mecanismo que permite eliminar la responsabilidad individual, bajo la máscara de las acciones coordinadas. La responsabilidad sin compromiso ético es la condición primera de todo acto colectivo de crueldad. Reclamar justicia por el asesinato de Beatriz también implica comprender que la policía y los inspectores son la punta del iceberg de una burocracia estatal que tiende a despersonalizar y liberar de responsabilidad a todos los componentes del engranaje. Es en vano señalar como único responsable al policía o al inspector que reprime; es sabido que no se trata de un policía violento en particular —que por supuesto es responsable—, sino de un factor inherente a la institución.

 

 

 

 

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