Tocado

 

En el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, el juez Daniel Rafecas decretó la elevación a juicio de siete militares que durante la dictadura se desempeñaron en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, provincia de Buenos Aires, los pagos de Jorge Rafael Videla, por primera vez tocados en una investigación de lesa humanidad. Entre los militares hay nombres simbólicos no sólo para la época sino para el pasado reciente. Entre ellos están los ex carapintadas Emilio Pedro Morello y Eduardo Martín Sánchez Zinny, entonces subtenientes.

La causa fue elevada por un número de 37 víctimas, de las cuales 30 permanecen desaparecidas. La reconstrucción de los vínculos que permitió pensarlas como parte de este caso también es uno de los datos importantes de esta causa. Así como en la megacausa ESMA, los fiscales debieron reconstruir las historias de vida y militancia para entender cómo ocurrieron las caídas y establecer imputaciones, Rafecas se encontró con un operativo y una imprenta, un espacio que está afuera de la lógica de investigación pura de hechos ocurridos dentro de un centro clandestino como había sucedido con gran parte de sus causas. Aquí debió reconstruir los vínculos entre las víctimas para entender quiénes y cómo habían caído.

Así pudo hilvanar las detenciones ilegales de los 37, la mayor parte de ellos de la localidad de Luján, que mantenían algún tipo de vínculo con la creación, edición, impresión o distribución de El Combatiente. También entendió que muchos de ellos habían integrado el PRT-ERP, que habían sido compañeros de la Escuela de Arte de Luján o de la Escuela Nacional de Comercio pero también habían pasado por lugares comunes como el taller literario del escritor Dardo Dorronzoro, víctima de este tramo de la megacausa Primer Cuerpo.

Entre las víctimas desaparecidas se encuentra María Cristina Cournou, hermana del cantante Víctor Heredia, que le escribió la canción Carta a María Cristina. Ella era docente, delegada de CTERA, madre de una niña de dos años y estaba embarazada de cuatro meses. A más de cuarenta años del secuestro, su hermano y su hija Yamila continúan buscando su cuerpo, el de su esposo, el escritor Claudio Nicolás Grandi, y al hijo o hija de ambos que debía haber nacido en octubre o noviembre de 1976. También son víctimas de este tramo Rocío Martínez Borbolla, editora de El Combatiente, madre del periodista Camilo García y de su hermana Bárbara.

Los acusados son Luis Fernández Bustos, Mayor del Ejército, quien se desempeñó como Segundo Jefe del Regimiento y Jefe de la Plana Mayor; Serapio del Río, Teniente Primero, quien de desempeñaba como Jefe de la Compañía A del RI 6 y Gustavo González Sass, Teniente Primero y Jefe de la Compañía Comando y Servicios del RI 6. También están acusados cuatro oficiales subtenientes: Emilio Pedro Morello y Horacio Linari, integrantes de la Compañía A; Luis Alberto Brun, de la Compañía B y Martín E. Sánchez Zinny, de la Compañía C.

Técnicamente la causa se inicio con la investigación de un operativo ilegal realizado por el Regimiento de Mercedes el 10 de julio de 1976, donde se encontraba la Imprenta del ERP que imprimía las revistas El Combatiente y Estrella Roja. En el operativo, el RI6 asesinó a José Emilio Arancibia y privó de libertad y torturó a otra persona aún identificada como NN. Ambos estaban custodiando al vicecomodoro de la Fuerza Aérea Roberto Echegoyen, mantenido en una cárcel del pueblo ubicada en ese lugar. Ahora se sabe que los militares llegaron hasta ahí luego de interrogar bajo torturas a un alto Jefe de propaganda del ERP, detenido unos días antes, llevado a la Imprenta ese día y un día antes a otros domicilios.

Otra dato de la investigación es que estableció la existencia de una casa quinta que funcionó como centro clandestino de detención, a disposición del Regimiento de Mercedes. Aunque el lugar aún no está identificado, Rafecas pudo reconstruir la existencia efectiva de ese espacio a través de los testimonios de cinco sobrevivientes y testimoniales de ex conscriptos.

Entre los elementos de prueba, existen dos capuchas de tela verde. Una de ellas era de Dorronzoro. Fue liberado con la capucha puesta luego de una primera detención ilegal. Y su esposa aportó ese elemento a la causa. La otra es una capucha que le colocó el personal militar del RI6 a una de las víctimas, mientras estuvo secuestrada. Ella la conservó tras la liberación.

La resolución probó secuestros a 37 personas, torturas a 5 y el homicidio de 8. El juicio ahora quedará en manos del Tribunal Oral Criminal Federal 2, integrado por los Jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini.

Rafecas procesó por los mismos hechos a otros dos responsables: Alberto Ramón Schollaert, Teniente Coronel por entonces a cargo del Regimiento de Mercedes y Ruben Omar Andrade, Cabo Primero. Desde el juzgado señalaron que en caso de prosperar este tramo de la causa, serían nueve los imputados para el juicio oral.

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