Tirar la piedra y esconder la mano

 

Como un boomerang descontrolado, los comentarios misóginos de Fernando Iglesias y Waldo Wolf les volvieron en una avalancha de repudios, y con una demanda judicial. El ir y venir de sus expresiones denigrantes desnudaron sus bravuconadas. No es la primera vez que se recalienta el ambiente parlamentario con los modos de expresión de estos legisladores, pero, hasta ahora, no habían recibido más que gritos en el recinto o algún empujón.

Por eso “el pase a la acción” que hicieron las diputadas oficialistas –comandadas por Gabriela Cerruti– con la presentación de un proyecto que solicita “aplicar medidas de corrección disciplinarias” es el resultado de un sinfín de arrebatos vertidos en los debates y en redes sociales. Acompañadas principalmente por varones de su mismo espacio político, ya llevan una treintena de firmas de respaldo.

 

 

Además, la notificación formal de la querella criminal que impulsa Florencia Peña contra los diputados macristas promete sostener el conflicto por algún tiempo. Incluso hasta intentar el desafuero.

El texto que ingresó el miércoles 4 de agosto fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales. Fundamenta sus argumentos en la ley 26.485 (contra toda forma de violencia de género) y en las convenciones internacionales con rango constitucional (CEDAW - Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer). Detalla las reiteradas agresiones del diputado y advierte a sus colegas sobre el peligro de la intolerancia “para evitar que los discursos de odio, la violencia hacia las mujeres se sigan reproduciendo en nuestra sociedad, y menos aún como parte de este cuerpo legislativo”.

La desaprobación es generalizada. Off the record, en la televisión, o en redes sociales, oficialistas y opositores manifiestan su hartazgo por las expresiones desagradables con que estos dos diputados se expresan. Referentes de otras fuerzas políticas sospechan que se trata de una estrategia e insinúan que hay “un goce en todo eso. Sacan rédito para envalentonar a la tropa propia”.

 

 

Qué dice el reglamento

No se puede sancionar a les diputades por sus dichos, pero tampoco se puede decir cualquier cosa. Los fueros garantizan la libertad de expresión del legislador, pero no generan impunidad. Son escasos los supuestos que permiten la expulsión o suspensión de algún integrante del cuerpo. Por eso la Constitución Nacional establece, en el artículo 66, que cada Cámara hace su reglamento y “que podrán con dos tercios de los votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta”. Establece mayorías especiales para resguardar la inmunidad propia del ejercicio democrático de la representación. La Constitución incluso prevé la posibilidad de “removerlo por inhabilidad física o moral (…) y hasta excluirle”.

A Sergio Massa, desde que asumió al frente de Diputados, le tocó lidiar con una nueva forma de confrontación: la medida disciplinaria. En lo que va del año se presentaron una docena de proyectos de declaración que piden sancionar a integrantes de la Cámara. La mitad fueron impulsados por el macrista Jorge Enríquez. Entre febrero y abril denunció a Rodolfo Tailhade, a Carlos Vivero, a Sergio Massa, dos veces a Eduardo Valdés, a Santiago Igon y a Martín Soria antes de dejar la banca. Una dinámica –hasta el momento– poco frecuente, teniendo en cuenta que entre el año 2000 y el 2019 ingresaron menos de 20.

 

 

 

Cada Cámara establece tipos de faltas y de sanción. Una de las atribuciones del presidente es mantener el orden de la sesión, en su carácter de director del debate. Pero no es sencillo lidiar con la desobediencia de Iglesias. En su primera intervención como diputado, en 2017, a pocos días de asumir, interrumpió a los gritos a Juan Cabandié mientras contaba su historia de apropiación en la dictadura militar.

El artículo 188 del reglamento interno señala que “en el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión, si es o no posible usar la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución. Resultando afirmativa, el presidente nombrará una comisión especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demande”.

Iglesias no es el único diputado de Cambiemos denunciado por machista. Hay otros dos que también fueron señalados por ejercer violencia de género. En marzo de 2021, Alfredo Cornejo, presidente de la UCR y diputado por Mendoza, fue señalado por sus “expresiones degradantes contra Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa”. La diputada oficialista Carolina Moisés encabezó el pedido de inhabilidad moral en base a la violencia política ejercida por el ex gobernador. El diputado de PRO por San Juan Eduardo Cáceres está procesado por el Juzgado Correccional 4 por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. La diputada Graciela Caselles impulsó el pedido de suspensión. Cuando se dictó el procesamiento, Cáceres solicitó una licencia por 60 días, pero desde marzo retomó su actividad parlamentaria.

 

 

Caer en la trampa

Y un día iba a suceder. Por más advertencias de no responder a las provocaciones, por más que se hayan pasado la voz, en la madrugada del domingo 28 de marzo, alguien cayó en su trampa.

Diputados sesionaba de forma extraordinaria un fin de semana para modificar la ley de impuesto a las ganancias. El proyecto impulsado por el presidente de la Cámara tenía consenso y llevaban horas discutiendo. Máximo Kirchner había finalizado su exposición exhortando a todos los bloques a “legislar en favor de los trabajadores y trabajadoras”, cuando Fernando Iglesias interrumpió a los gritos en el recinto. Desde una de las escaleras que conduce a las bancas denunciaba a viva voz que había sido agredido. Sostenía que lo habían empujado mientras se desplazaba rumbo al recinto. Secundado por su colega Jorge Enríquez, apuntaban a un diputado oficialista como autor de la agresión.

“La violencia física es un límite que no puede ser cruzado. Acabo de salir para ir al baño y un diputado del Frente de Todos me empujó. Lo pude ver, hay testigos, cámaras que registraron todo”, vociferó Iglesias.

Massa garantizó la recolección de las pruebas y testimonios y adelantó que se conformaría una comisión investigadora, como establece el artículo 188 del reglamento. Mario Negri, como presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, afirmó que solicitarían la expulsión del acusado y lo llamó “cobarde”. A esa altura de la mañana y tras 16 horas de debate, el clima de la sesión era insostenible. La diputada Gabriela Cerruti trató de contextualizar la situación. Entre gritos que impedían el entendimiento, denunció las agresiones que ese mismo día el diputado Iglesias había publicado en su contra. Massa pidió un cuarto intermedio en las bancas y llamó a reunión a las autoridades de los bloques.

Al cabo de 60 días y dos o tres encuentros de la comisión investigadora, el acusado Carlos Vivero presentó una nota de pedido de disculpas públicas en la que reconocía su falta contra el colega Fernando Iglesias. Se leyó en el inicio de la sesión del 10 de junio. Pese a la participación de Waldo Wolff en la comisión que trabajó para aclarar lo sucedido, junto a otras dos diputadas opositoras y tres oficialistas, Iglesias no quedó del todo conforme, pero aceptó retirar el pedido de expulsión.

 

 

 

El acusado, diputado por Neuquén del Frente de Todos –que asumió en reemplazo de Darío Martínez, cuando fue nombrado Secretario de Energía de la Nación a fines de 2020–, quedó estigmatizado por los dichos de Iglesias, que nunca lograron ser corroborados. Quedó flotando la sensación de sobreactuación del hecho.

 

 

Renunciar por dignidad

El procedimiento que desencadenó en la renuncia de Juan Ameri, el diputado por Salta que el 1° de septiembre pasado dejó su banca, luego de protagonizar un desafortunado incidente, se enmarcó en el artículo 188. La reacción inmediata del presidente de la Cámara sorprendió a propios y extraños. Acababa de comenzar el debate por la refinanciación de las deudas provinciales con la ANSES, tras horas de homenajes. Eran tiempos de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y de sesiones remotas; la mayoría se conectaba de forma virtual. De pronto se interrumpió el debate y se convocó de forma urgente a las autoridades. Algo inaceptable había sucedido.

En la confusión, cada presidente se puso a disposición para evaluar los hechos. La suerte de Ameri estaba echada. Eran pocas las alternativas: o se iba por voluntad propia o pasaría a engrosar la triste lista de desaforados o suspendidos de la Cámara junto a Julio De Vido, Luis Saadi y Eduardo Varela Cid, entre otros. Graciela Camaño aseguró que “nunca se vivió semejante escándalo que daña la moral de todo el cuerpo”.

La comisión investigadora la conformaron Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau por el oficialismo; Silvia Lospenato y Miguel Bazze por JxC y Graciela Camaño por el Interbloque Federal. Nunca dictaminaron, porque alrededor de la medianoche llegó la renuncia de Ameri, aprobada por 224 votos a favor, uno negativo y dos abstenciones, una de ellas, de Fernando Iglesias. La escena donde se vio al diputado salteño besar una teta de su pareja sucedió a las 18 horas. En esa votación, en la cual se aceptó la renuncia por conducta inapropiada, hubo 16 ausentes y 13 que no votaron por alguna falla del sistema, entre ellos, Waldo Wolff.

 

 

Efectos no deseados

Las diputadas que sostienen la denuncia contra Iglesias –quien, además, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito– advierten que la proliferación de discursos de odio y la violencia misógina en las redes sociales, produce el silenciamiento o la retracción en la participación del debate público. Un fenómeno preocupante que expulsa voces críticas, provoca el cierre de cuentas por el hostigamiento o el abandono del debate producto de la violencia simbólica, coartando así canales de expresión.

 

 

 

 

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