Tierra de sol, vino y deuda

 

Complementos del nuevo ciclo de endeudamiento argentino propiciado por el macrismo –que condiciona la agenda político-económica, como cada semana muestra El Cohete–, los notables incrementos de las deudas públicas de muchas provincias se descargan sin piedad ni demora sobre sus poblaciones.

El inicio del gobierno de Mauricio Macri significó un nuevo salto de los endeudamientos provinciales, que desde el pico catastrófico de 2001-2002 venían reduciéndose de forma constante, con la única y fugaz excepción del año posterior a la crisis internacional de 2008. Así lo muestra el Ministerio de Economía de la Nación en su web:

 

 

 

 

 

 

Es lo que ocurre en Mendoza, de acuerdo a los recientes informes circulados por el Centro de Economía y Finanzas (CEFI), que releva y analiza las cuentas públicas y el panorama cuyano. No es el único caso, pero sí se revela ilustrativo.

La provincia, gobernada actualmente por el radical cambista Rodolfo Suárez, recién comenzó a transitar un lustro de vencimientos por encima de 100 millones de dólares cada año. El actual y el próximo serán los peores, alcanzando 126 millones de esa moneda cada uno. En 2029 bajará a poco más de 50 millones, pero incluso entonces continuará siendo superior a los vencimientos pautados para 2021 y 2022, cuando ya se notaba el impacto sobre la distribución en la provincia. Más de una década perdida, y mucho más por lamentar. El CEFI lo volcó a un gráfico elocuente:

 

 

 

 

 

 

“Hoy estoy peor que ayer, pero mejor que mañana”. No resulta el mejor precedente para el ex gobernador Alfredo Cornejo, aunque la medida del radicalismo vicepresidencialista haya pasado a ser Gerardo Morales.

 

 

 

Cuyo endeudamiento

Ni la obra pública ni los salarios, grandes dinamizadores de la economía regional, se nutrieron del riego de la lluvia especulativa. El stock total de deuda, por el contrario, se quintuplicó en los cuatro años en los que los gobiernos de provincia y Nación fueron de Juntos por el Cambio.

Al pie de la cordillera nadie sabe por qué canaleta se fueron los dólares que pesan como deuda provincial, según la recordada metáfora del radical mendocino Ernesto Sanz. “Es una incógnita”, responde a la consulta de El Cohete el economista cuyano Nicolás Aroma, del CEFI.

Cornejo, uno de los correligionarios provinciales de Sanz, dejó a su sucesor Suárez el peso del endeudamiento disparado en mayo de 2016, cuando Mendoza emitió bonos por 500 millones de dólares. Sus tenedores son bonistas privados, cuyas identidades permanecen en el anonimato. Tal vez puedan conocerse si después del 19 de mayo de 2024, su fecha de vencimiento original, la situación deriva en un litigio en tribunales bajo legislación extraña y hostil.

De ese modo, en 2016 Mendoza no sólo ingresó en una rueda demencial de deuda e intereses, pactando una tasa de 8,37% en dólares. Como ambos conceptos se aceptaron en moneda estadounidense, también se extranjerizó el rodar: quedó supeditada a variables que exceden los márgenes de maniobra provinciales, como la cotización de una moneda extranjera.

El bono emitido por Cornejo invirtió la relación en la composición de la deuda pública mendocina: si hasta 2015 la conformaban dos tercios en moneda nacional y el restante en dólares, para 2022 era exactamente al revés.

 

 

 

Canaletas sin lluvia

Las sucesivas devaluaciones que el gobierno macrista propició hasta diciembre de 2019 y las presiones ejercidas desde entonces por los sectores exportadores y especuladores incrementaron los valores nominales de la deuda en pesos, moneda que suelen subestimar las fuentes oficiales de la provincia, pero que es aquella en la que se calcula el ajuste fiscal con impacto en la economía real.

En junio de 2015, la Asignación Universal por Hijo (AUH) continuaba su crecimiento en términos reales y nominales. Equivalía a entre 80 y 90 dólares, según la cotización que dejó Cristina Fernández –aunque el chiste histórico dirá que fue Federico Pinedo– y que Macri destrozó tan pronto como asumió, cuando el país entero se convirtió en calabaza.

Una estimación gruesa resultaría en que el Estado nacional invertía en AUH en Mendoza el equivalente en pesos a 15 millones de dólares mensuales. Los vencimientos de deuda en esa moneda previstos para 2023 superan los 126 millones. Eso significa que este año se irán por la canaleta de la deuda más de ocho meses de la AUH de entonces. El cálculo vale porque ese beneficio no es sólo un aporte a la justicia social, sino también un estímulo a la dinamización del comercio provincial, remitido por la Nación por fuera de los recursos coparticipables.

Las canaletas para recoger la prometida lluvia de inversiones, en cambio, permanecieron completamente secas.

 

 

 

Entre un espiral y un círculo vicioso

Con los servicios de deuda proyectando su sombra sobre una porción creciente de su presupuesto, el gobierno mendocino cayó en default en mayo de 2020, logró reestructurar una parte de la deuda y luego intentó emitir nueva deuda para pagar la vieja, pero eludiendo el paso por la Legislatura provincial, donde hubiera necesitado dos tercios de los votos para lograr la aprobación. La oposición lo cuestionó, por la diferencia entre reestructurar deuda original y tomar una nueva para pagarla. Al cierre de esta nota, el expediente aún aguardaba una resolución por parte de la Suprema Corte mendocina, aunque ya existía un dictamen de la Fiscalía de Estado favorable al reclamo opositor.

Mientras tanto, la jurisdicción retrocedió en materia de autonomía financiera, medida por la relación entre recursos propios y fondos coparticipables u otras transferencias del gobierno central. De un histórico fifty-fifty, Mendoza ha pasado a estar 40-60. Como el escenario nacional no se vislumbra mucho mejor que el local, esa creciente dependencia de envíos centrales pone a la provincia ante un futuro tan inmediato como difícil. Hasta 2028, sus vencimientos en dólares permanecerán por encima de los 100 millones anuales.

Si Suárez no logra resolver el nudo gordiano que le heredó su correligionario Cornejo con una reestructuración, el temor es a una profundización del ajuste que ya viene percibiéndose en los bajos niveles de los salarios públicos y privados de la provincia y la retracción de obra pública. Por el momento, se impone el sutil mecanismo de hacer que los sueldos crezcan por debajo de la inflación.

La reorientación de las finanzas del Estado provincial hacia el pago de vencimientos de deuda no sólo resintió los servicios que debe brindar a su comunidad, sino que también representó una reducción de la inversión pública que dinamizaba la economía. Apenas algunas de las manifestaciones de lo que el CEFI llama pasar “del default financiero al default económico y social”.

Con la economía provincial planchada, el Estado mendocino perderá cada vez más capacidad recaudatoria, ingresando en un círculo vicioso, como los ya conocidos en anteriores ciclos. Aunque el oficialismo procure expresar el conjunto de la deuda en dólares para mostrar cada pago como un paso de desendeudamiento, lo cierto es que sólo por los saltos devaluatorios va aumentando en pesos, que es la moneda en la que el Estado provincial debe intentar recaudar. El radicalismo se congratula de haber logrado superávit fiscal, lo que en estas condiciones es equivalente a celebrar un destino fatal pero también elegido.

Mientras tanto, algunos síntomas de la realidad ya se han volcado a datos sobre hojas milimetradas. El coeficiente de Gini indica que el periodo de menor desigualdad local en los últimos años fue el segundo trimestre de 2016, cuando Cristina Fernández y Francisco Pérez acababan de concluir sus mandatos como Presidenta y gobernador y Cornejo se preparaba para la emisión de bonos, que finalmente concretó en mayo de ese año.

Como la deuda pública aumentó y el Producto Bruto Geográfico (PBG) consolidó su tendencia al retroceso, la primera robusteció 2,5 puntos su peso con relación al segundo entre 2016 y 2019. Se explica porque ese lapso inició con el primer shock de endeudamiento y finalizó completando una caída de 5,6% del PBG. La recesión inició en 2016, dado que el PBG de la provincia había crecido en el lustro anterior. El gráfico del CEFI es útil para diferenciar etapas y proyectos políticos.

 

 

 

 

 

 

En los últimos ocho años, la economía mendocina cayó casi 4 puntos. Uno de los informes del CEFI suma datos sobre una tendencia estructural en la tasa de desempleo en Mendoza para ejemplificar el impacto de la situación generada. Desde fines de 2020, el desempleo allí se estancó en alrededor del 10%, cuando el promedio histórico de la década 2005-2015 rondaba la mitad. Ya antes de la pandemia se había ubicado en 8,8%. En cuanto a los salarios brutos de quienes sí tienen trabajo, la provincia ocupa uno de los últimos puestos entre las 23 que conforman el país.

El gobierno de Suárez reconoce que, superado el impacto pandémico, un 40,1% de las personas y un 27,9% de los hogares de las zonas urbanas mendocinas continúan bajo la línea de pobreza. El peso de la deuda contraída se descargará aún más sobre esos sectores, bajo la forma de deficientes prestaciones de salud, educación o asistencia social, si el radicalismo insiste en apostar por un ajuste fiscal. Una injusticia tan grande como la cordillera y tan fría como las nieves que peinan sus cimas.

 

 

 

 

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