TIEMPOS ACELERADOS

 

El gobierno nacional no sólo debe enfrentar en este momento los ataques internos y la propaganda incesante de los medios, la falta de colaboración de la oposición, los intentos de generar saqueos y las consecuencias acumuladas de sus propias flaquezas, sino que se ha sumado en forma militante el FMI a tratar de torpedear las posibilidades electorales de la actual gestión. No sólo porque ha intentado ignorar el impacto de la inflación internacional, de la guerra de Ucrania y de la gran sequía en las cuentas del país, sino que se ha dado el lujo de demorar semanas la decisión de liberar una modesta ayuda para dar algún respiro al frente cambiario.

Esa ayuda mínima, de adelantar unos meses una entrega de fondos, a su vez la condicionó a una devaluación, que el gobierno debió efectuar pero logró acotar. La demora de la entrega de esos fondos fue en sí un boicot político, así como la inútil devaluación. Finalmente transfirió 7.500 millones, pero reclamó nuevas medidas recesivas.

Lo que exige de ahora en más son nuevas medidas para hundir la actividad económica interna, restringiendo violentamente las importaciones. El efecto no puede ser otro que el gobierno pierda posibilidades competitivas en las elecciones.

El FMI, posando de neutro y apolítico, está votando a Bullrich y a Milei a través de las metas que le exige cumplir a Massa en las próximas semanas.

Lo que pasa con el FMI es similar a lo que pasa con su dueño principal, Estados Unidos. No tiene capacidad de construcción positiva en nuestra región, pero tiene una importante influencia en materia de daño.

 

La incompetencia de la burocracia fondomonetarista

Decimos anticipadamente: lo del Fondo es político, y lo económico es sólo una tapadera del ejercicio de poder financiero que se realiza con la periferia endeudada.

Examinemos por un momento la tapadera técnica de ese organismo, que es presentado por los medios locales ante la opinión pública argentina como si fuera una tecnocracia capacitada y eficiente.

Sin embargo son unos ignorantes peligrosos, o peligrosos a secas.

Por ejemplo: exigen una devaluación de la moneda, con la excusa que tal medida promoverá las exportaciones y reducirá las importaciones, para favorecer un mejor saldo comercial y contar con más divisas. Pero cualquier economista honesto sabe que –dados los comportamientos de los actores sociales realmente existentes— ninguna devaluación normal se puede hacer aquí, ya que la reacción remarcatoria es instantánea y exagerada, provocando así aumentos de precios muy por arriba de los reajustes justificables por los incrementos de costos.

Es decir: si la devaluación se hace para abaratar en dólares la producción argentina, debido a las remarcaciones delirantes los precios quedan en dólares más altos que antes de la devaluación. Conclusión: lo único que se logró con la medida es que —en términos reales— caigan más los ingresos de la población, debido a la carestía incrementada de los productos.

Además, como el Estado debe pagar la deuda externa, ahora le cuesta más comprar esos mismos dólares al sector privado, aumentando por consiguiente el déficit fiscal. Ese mismo déficit que el FMI pide achicar. La dañina devaluación del 22% fue producto de la extorsión que efectuó el organismo para otorgar unos míseros 7.500 millones para mantener al país al filo de la crisis cambiaria. El FMI generó en estas semanas pasada una “ventana de oportunidad” para el golpismo cambiario argentino.

Pero ahora tenemos novedades de los genios económicos del FMI: piden derrumbar en los próximos meses la actividad económica interna, como forma de reducir la salida de divisas y juntar reservas para cumplir con sus ridículas metas tecnocráticas. No entienden, o se hacen los tontos, que al caer la actividad productiva se destruiría la recaudación impositiva –basada sobre todo en el IVA, impuesto al consumo—, y con eso se contraerían las posibilidades del propio Estado de comprar los dólares para afrontar los compromisos externos. Salvo que piensen, como algún candidato desquiciado sostiene, que hay que cortar ya la obra pública, y forzar un derrumbe de la actividad interna.

Vale la pena levantar la mirada y ver el panorama económico de nuestro país en forma más amplia: estamos pasando por una situación transitoria de carencia de divisas, que en relativamente poco tiempo se superará. En términos históricos es equivalente a un bache en una larga calle. Si el FMI y la oposición interna tuvieran un mínimo de buena voluntad, le ahorrarían pasar a la sociedad argentina por una crisis angustiante, arbitrando los medios –totalmente factibles— para llevar adelante esta carencia transitoria sin mayores penurias.

Pero es precisamente la penuria el objetivo que promueven actualmente, bajo este gobierno, para que se facilite el acceso al Estado nacional a quienes quieren liquidar YPF, vender Vaca Muerta e introducir modificaciones sociales drásticas a favor del mundo de los negocios.

 

Las responsabilidades de este gobierno

Pero no responsabilicemos en exclusividad al FMI de la actual circunstancia nacional.

Una estimación confiable estableció que tenemos una faltante en nuestras reservas de cerca de 20.000 millones de dólares que el Estado nacional, a través del Banco Central, malvendió entregándoselos en forma irresponsable y chapucera al sector privado aceptándole todo tipo de excusas (“pago de deudas con el exterior”, “necesidad de importar insumos”) para extraerle dólares baratos.

Fue la política permanente y continuada del gobierno encabezado por Alberto Fernández: contemporizar con las diversas fracciones del capital, en la esperanza de que ellos retribuyan las cortesías con buenos modales y prácticas económicas sensatas.

Esa concepción fue la que ya fracasó durante el alfonsinismo, que la había bautizado como la “Alianza entre la Democracia y la Producción”. Ese rimbombante título se correspondía con el objetivo de comprometer a las grandes grupos empresariales argentinos en el respaldo a las instituciones democráticas —luego de un largo período histórico en el que el gran capital local y extranjero mostró un apoyo sistemático a las dictaduras—, y además lograr que se animaran a invertir.

El primer gobierno democrático les rogaba a las empresas productivas que se comportaran como empresas productivas. No le fue bien con el intento, no lo hicieron. No sólo ese gobierno “les habló con el corazón y le respondieron con el bolsillo”, como lamentó en ese momento el Ministro Pugliese, sino que también les habló como a empresarios productivos, y le contestaron como bucaneros de las finanzas.

 

Lo que no funciona

Repasemos algunas lecciones de liberalismo económico básico: el rol del empresario es fundamental en el capitalismo, ya que su acción tiende a comprimir el consumo –al ver y tratar al salario como un costo— para obtener mayores beneficios. Pero como las ganancias de ese empresario son la fuente de la inversión, que permite ampliar la capacidad productiva, los puestos de trabajo, y la riqueza generada, su rol se valida socialmente, ya que sus intereses particulares lo llevan a actuar en función del bien común, ampliando incesantemente la cantidad de bienes y servicios disponibles. Esta  es la concepción que cristaliza comportamientos empresariales que podían verse en el capitalismo inglés del siglo XVIII. Ya pasó mucho tiempo.

En el capitalismo contemporáneo, capaz de producir gigantescas cantidades de bienes y servicios, alguien tiene que consumirlos. Son las masas las que tienen que consumir porque, de otro modo, el esquema no cierra.

Eso es lo que no está contemplado en las primitivas visiones liberales, que suponen que mágicamente —“de algún lado”— saldrá la demanda que permitirá vender una producción en constante aumento. Es evidente que en los capitalismos centrales esa laboriosa tarea de encajar a la oferta con la demanda, la tomó el Estado en buena parte del siglo XX. El Estado de Bienestar no es sólo una institución inspirada en cuestiones de ética social, sino que está estrechamente ligado a que permite cerrar la ecuación oferta-demanda.

Es decir, el capitalismo exitoso contemporáneo requirió empresarios con fuerte vocación inversora y Estados con poder, capaces de regular el mercado de forma tal de que cerrara el círculo oferta-demanda. Pero si los empresarios realmente existentes no se dedican a invertir sino a fugar sus ganancias, y si además el Estado es socavado y dinamitado en sus capacidades regulatorias, es imposible que se reproduzca localmente ninguna escena de esos capitalismos admirados.

El fuerte discursivo de la derecha y la ultra derecha argentina es la crítica a las deficiencias del Estado: es su hit de hoy y siempre, aunque contenga una dosis abrumadora de falsedades.

Pero donde no pueden hacer pie es en la construcción creíble de una figura empresarial laboriosa, emprendedora, y fuertemente inversora, sin la cual ese capitalismo ideal que le venden a las masas no funciona. Sólo porque no tienen contendientes sociales con fuerte poder de comunicación pueden seguir vendiendo fantasías de salvación rápida a las masas.

 

¿Disciplinar? ¿Qué es eso?

El gobierno de Sergio Massa ha avanzado, desde el día de la devaluación del 22% en una suerte de Plan Austral secuenciado, reforzado con componentes que ya se vieron en el Plan Primavera. El Austral (junio 1995) fue un esquema de estabilización heterodoxo, que consistió en congelar precios y salarios, devaluar y cambiar la moneda nacional, cerrar el déficit fiscal con aumentos de tarifas y buscar al mismo tiempo el equilibrio del sector externo con medidas promotoras de las exportaciones. La preocupación del momento era tratar de compatibilizar el cumplimiento de los pagos de la deuda externa, con cierto crecimiento económico. Funcionó relativamente bien dos años, que fueron de expansión productiva, pero circunstancias inmanejables (caída de los precios internacionales de nuestras exportaciones) e internas (inundaciones), desequilibraron la situación y desgastaron el plan.

El Plan Primavera tuvo, a mediados de 1988, objetivos más modestos: llegar a las elecciones de mayo de 1989 con una tasa de inflación controlada y cierto nivel de actividad económica aceptable. Para lograr ese objetivo se usó al dólar oficial como freno inflacionario, devaluando menos que el aumento de los precios y se convocó a industriales y grandes cadenas de comercialización a acuerdos de limitación de las remarcaciones a cambio de exenciones impositivas y créditos a tasas muy favorables. Funcionó hasta que un tramo de crédito del Banco Mundial que se esperaba no entró, y eso detonó una corrida especulativa encabezada por los bancos, que terminó en una mega-devaluación y una hiperinflación. Los que retaceaban los dólares en el gobierno de Alfonsín, los ingresaron una vez que el candidato Menem dio garantías de cederles el Ministerio de Economía.

El esquema del actual gobierno consistiría en lograr que la inflación en los próximos meses baje a un 5% mensual. Para eso acaban de congelar el precio del dólar oficial, el precio de la energía, y están acordando aumentos pautados con las principales ramas formadoras de precios. El crédito del FMI y lo que se pueda lograr de otras fuentes, debería permitir mantener el control sobre otros dólares en los que se juegan negocios y expectativas privadas.

La designación al frente de la Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios de Guillermo Michel, el titular de Aduana –y promotor de una serie de denuncias precisas sobre delincuencia económica en el comercio exterior y el mercado de cambios— es un dato interesante para pensar con qué seriedad el gobierno se está tomando el tema.

No es para menos: cada oleada inflacionaria es interpretada por la mayoría como una falla de la gestión, lo que espanta votos y disposición militante. La furia remarcatoria se atenuó la semana pasada, pero no hay nada garantizado con los actores económicos realmente existentes.

Las medidas compensatorias para el bolsillo popular que se van a otorgar requieren que la enfermedad remarcatoria frene, para que los nuevos salarios tengan efectos reales y se note una mejoría y un alivio. Todos los jugadores, políticos y económicos, además del FMI, saben esto, y juegan a favor o en contra de llegar con cierto orden a la contienda electoral.

En ese sentido, el gobierno debe remontar en poco tiempo una rutina lamentable que generó la gestión de Alberto Fernández: las conversaciones tan interminables como inconducentes con los diversos grupos formadores de precios, que impusieron por lo general su voluntad, frente a un gobierno que no sólo no les supo poner límites, sino que no fue capaz de explicarle a la población en qué juego dañino andaban los grandes conglomerados.

Se aceptó así, pasiva y mansamente, la prédica de una prensa mayoritariamente pro-empresarial, que usó y usa al gobierno como chivo expiatorio ante el descontento popular, instalando la idea ridícula de que estaríamos viviendo en la Unión Soviética, donde el Estado realmente fijaba los precios.

Aquí no ocurre eso, pero el sentido común construido cree que sí.

En el capitalismo argentino los precios los fijan los privados, pero lograron que la bronca se canalice contra el Estado y los políticos. No deberían sorprender los estragos que hacen ciertas candidaturas, frente al vacío que dejó el frente oficialista en cuanto a capacidad gubernamental de poner límites a los poderes fácticos, y a entablar con convicción una disputa discursiva en torno a las causas de la inflación.

 

Pulseada

La confrontación nueva que se abre entre el gobierno y el FMI a partir de ahora, es si va a predominar la exigencia de contracción económica que formula el organismo financiero, o por el contrario el criterio de no deprimir la economía, en el que cree la actual gestión. Las medidas que se lanzarán para sostener los ingresos populares están en las antípodas de lo que desea el FMI, Juntos por el Cambio y Milei.

Estos últimos consideran que lo central es extraer todos los dólares posibles de la economía argentina para “honrar” los compromisos externos, aunque eso implique un derrumbe adicional de los salarios, las jubilaciones y el consumo. Ojo: la clase media cree que tal derrumbe salarial no la involucra a ella, persistiendo en una ceguera económica que roza la imbecilidad. Es una pulseada económica, política e ideológica con profundos efectos en el rumbo del país en el mediano plazo.

A riesgo de convocar la justa ira de lxs psicoanalistas, uno se arriesgaría a decir que en los próximos meses se confrontan las pulsiones vitales existentes en la sociedad contra los instintos de muerte. No sólo entre los grandes bloques políticos participantes en la arena de las elecciones de octubre, sino dentro del propio espacio de Unión por la Patria. Hay quienes –como en 2015— no saben, no quieren o no pueden ayudar al triunfo de su propio candidato.

Se trata de sobrevivir a esta dura coyuntura, renacer políticamente y proponer un futuro promisorio para el pueblo, o sucumbir ante los predicadores de la hecatombe social y la desintegración nacional.

 

 

 

 

 

 

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