Tiempo de amenazas

 

Antología criolla

La situación generada por el coronavirus produce continuamente hechos sorprendentes y otros previsibles que reflejan, como en toda condición límite, lo peor y lo mejor de una sociedad.

El gobierno de Alberto Fernández asumió en medio de un desastre económico y social tan ilustrativo como determinante de las dificultades que habría de enfrentar. La pandemia apareció cuando todavía no había cumplido los primeros tres meses de mandato; sus respuestas revelan lealtad y capacidad. Lealtad con las tradiciones del Movimiento nacional y popular que lo engendró y con las banderas que el candidato hizo flamear durante la campaña electoral. Capacidad para iniciar la reconstrucción de un Estado diezmado al mismo tiempo que lo ponía en el lugar donde necesariamente debía estar para realizar las políticas que aliviaran el hambre y protegieran del virus. Las palabras y acciones presidenciales, la política y lo público, ocuparon de la mejor manera el centro de la escena y hay indicios fuertes de que la mayoría de les argentines se ha sentido representada. Este cuadro despertó el temor y la ira de la derecha dura, que ya antes de la asunción del nuevo gobierno había puesto en marcha una estrategia para debilitar sus bases de sustentación.

La tarea se le complicaba por el creciente respaldo al Presidente y, en la medida en que se complicaba, dejaba de ser sutil. Hace unos días, después de instalar a través de su infatigable aparato comunicacional el dilema salud o economía, le tocó el turno a uno de sus representantes emblemáticos: el grupo Techint dejó cesantes a 1.450 trabajadores. Poco después reaparecieron les gorilas en cautiverio, impulsades a control remoto por sus amos para hacer ruido en señal de rechazo a los políticos, que están en la línea de fuego para preservar la vida de todes: curiosa paradoja la de esa especie autóctona que contradice el instinto natural de supervivencia atacando a aquelles que intentan evitarle una importante pérdida de ejemplares.

A continuación se sucedieron críticas en cadena al gobierno popular por los lamentables congestionamientos ocurridos en ocasión del pago de jubilaciones y otras asignaciones. Por supuesto, los más preocupados fueron los que desde el principio cuestionaron el aislamiento social que repentinamente cuidaban; ejecutores unes, soporte ideológico otres, son todes corresponsables de las políticas que arrojaron millones a la pobreza e indigencia y liberaron controles sobre los bancos, dosfactores estructurales de fuerte incidencia en las largas colas. A los banqueros correspondió una responsabilidad inmediata porque no pusieron a disposición los recursos necesarios para atenuar la espera; mientras tanto, el aparato mediático que los representa no sólo no los mencionó por la parte que les tocaba sino que sobreactuó hasta convertir una situación preocupante en un escándalo sin retorno cuyo único responsable era el gobierno.

Hubo, es cierto, otras causas: las largas filas pusieron en evidencia la ausencia de organizaciones sociales no estatales en el ordenamiento del operativo, déficit de previsión y comunicación oficial y falta de responsabilidad social de quienes concurrieron sin necesidad o sabiendo que no les correspondía. Muchos inconvenientes fueron superados cuando, entre otras cosas, se exigió a los bancos que atendieran sábado y domingo. Para afrontar los tiempos que se transitan es de esperar que también se superen deficiencias como las apuntadas.

Aquél no es el único juego de pinzas que protagonizan bancos y medios para resistir decisiones del gobierno. El funcionamiento del sistema financiero presenta un problema estructural: para los bancos es más seguro y rentable prestarle al Estado que a los privados. Entonces, a pesar de que el Banco Central disminuyó la “absorción de liquidez” para que los bancos hagan su tarea en la emergencia, es decir, presten dinero a las empresas para el pago de salarios en razón de los problemas que ha producido la cuarentena, los banqueros —leales a la ley de hierro del capital— maximizan su tasa de ganancia: en medio de la recesión pandémica rebosan de la liquidez que les falta a las empresas, pero le prestan al Estado. Mientras tanto, tienen amplia difusión los lamentos por la “recesión que provoca el aislamiento social” y los reclamos por “prestar atención a la economía”. Las relaciones de poder son tales que los financistas disponen de excedentes que les permiten imponer reglas de juego funcionales a sus intereses ejerciendo influencias a través de centros de estudio, economistas y medios; por lo tanto, un desafío del gobierno nacional es crear nuevas reglas para que el sistema financiero cumpla su función teórica: prestarle al sector privado, no vivir a costa del Estado.

 

 

Defender a las grandes empresas

El lunes de la semana que termina, radios y televisores nos entretuvieron sin pausa discutiendo el precio de los fideos, más allá de fallas y posibles corruptelas en la compra que provocaron la oportuna rectificación del Poder Ejecutivo. Ese día, el ex senador Pichetto contó en un programa de televisión uno de los mejores chistes que han circulado desde que se inició la cuarentena: nos hizo saber que el ex Presidente Macri está preocupado por la economía. La lata que nos dieron con los fideos y la preocupación pichetto-macrista son claros indicadores de que lo que estamos discutiendo es el precio, pero no de los fideos sino de la vida de miles de compatriotas, en el marco de la pulseada que definirá cuál es el lugar del poder político: la sociedad que lo ejerce fundamentalmente a través del Estado o los grandes grupos económicos. Esta es una cuestión clave porque el país que dejó el Régimen en diciembre, después de empobrecer a la mayoría para enriquecer a los más ricos, es profundamente injusto; por lo tanto, lo que está en juego es quiénes van a pagar el costo de las inobjetables decisiones de imponer oportunamente y sostener ahora el aislamiento social. “La crisis puede ser una oportunidad” es un proverbio que vale para las dos partes de esta disputa.

No alcanza con los llamados a la solidaridad, es necesario exigir contribuciones extraordinarias al poder económico. En esa línea se inscriben los proyectos de ley de los diputados Máximo Kirchner —anunciado pero no presentado cuando escribo— y Hugo Yasky. Línea que Clarín, leal a sí mismo, no tardó en (des)calificar: “El ala dura K, con Máximo Kirchner al frente, prepara el proyecto en Diputados”; y agregó: “En el kirchnerismo no piensan en ‘gestos de la política’ sino en miles de millones de dólares”. Acto seguido, el miércoles 8 de abril, el programa del operador Marcelo Bonelli convocó al boy scout siempre listo para salvar a la patria, Eduardo Duhalde, quien hizo una apología de Franco Macri y afirmó que “hay que defender a las grandes empresas”.

En esta hora de definiciones habrá que ver en qué sentido se resuelven las contradicciones en el seno del heterogéneo Frente de Todos.

El país y su gobierno se han ubicado hasta ahora en lo más alto en cuanto a capacidad de respuesta ante el drama que vive el planeta entero. La Argentina ha sorprendido al mundo y tal vez al amplio sector de argentines que sostiene que “éste es un país de mierda”: efectos didácticos del coronavirus en las pampas criollas; que sean asimilados o no es otra cuestión.

 

 

Bravatas en el sur

La población de Estados Unidos está pagando con cientos de miles de contagios y miles de vidas la veneración al libre mercado combinada con la irresponsabilidad de su Gobierno, que —por si fuera poco— ha decidido avanzar con la estrategia de sostener el dominio global a través de acciones militares en distintas geografías, exponiendo a sus soldados al riesgo del coronavirus: la maquinaria militar no puede detenerse.

El jueves 26 de marzo, el gobierno norteamericano dio a conocer acusaciones contra el Presidente venezolano Nicolás Maduro y más de una docena de funcionarios civiles y militares de su gobierno. Les imputa delitos que van desde el lavado de dinero hasta el soborno, pasando por la participación en una “conspiración de narcoterrorismo”. El Departamento de Justicia alega que Maduro trató de “inundar a los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación”; y Geoffrey Berman, fiscal del Distrito Sureño de Nueva York ofreció, al mejor estilo del Far West, 15 millones de dólares de recompensa por información sobre Maduro y 10 millones por cada uno de los otros denunciados.

La lucha contra el narcotráfico se ha convertido desde hace años en un poderoso argumento al servicio del control político y social, a escala nacional e internacional. La historia de las relaciones estadounidenses con nuestra América alcanza para desestimar la denuncia. Basta con recordar que el gobierno de George H. W. Bush invadió Panamá en 1989 provocando miles de muertos, a partir de acusaciones de narcotraficante contra Manuel Noriega; oportunidad en la que jugaron un papel clave el actual fiscal general, William Pelham Barr, y el enviado especial para Venezuela designado por Trump, Elliott Abrams, quien en aquellos tiempos fue indultado por Bush después de ser condenado en el marco del escándalo Irán-Contras, y que más recientemente, en abril de 2002, tuvo activa participación en la intentona golpista contra el Presidente Hugo Chávez.

El miércoles 1° de abril pasado, buques destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros fueron enviados a "realizar tareas de vigilancia” cerca de Venezuela. “Estados Unidos está lanzando una operación mejorada de lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental para proteger a los estadounidenses del azote mortal de los narcóticos ilegales”, dijo Trump desde la Casa Blanca junto al secretario de Defensa Mark Esper y el presidente del Estado Mayor Conjunto Mark Milley, y agregó que “no vamos a permitir que los carteles de la droga aprovechen la pandemia para amenazar la vida de los estadounidenses”. El jefe del Pentágono afirmó que el gobierno de Venezuela depende de las “ganancias derivadas de la venta de narcóticos” y señaló que “el pueblo venezolano sigue sufriendo enormemente por el control criminal de Maduro sobre el país”, vieja fórmula usada contra gobiernos que no se someten a Washington.

Aunque la importancia estratégica del Canal de Panamá es comparable a la de las reservas petrolíferas de Venezuela, no cabe una simple extrapolación. No obstante, el actual despliegue militar es otra maniobra que realiza Estados Unidos para desestabilizar al gobierno venezolano y, complementariamente, un intento por desviar la atención sobre los estragos que está provocando el Covid-19 y una activación de la doctrina del enemigo externo a meses de las elecciones presidenciales.

Hubo un hecho que aporta mayor dramatismo al panorama: el ahora degradado Presidente brasileño Jair Bolsonaro y el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur estadounidense, firmaron el domingo 8 de marzo pasado en Miami un acuerdo bilateral de defensa, que busca “mejorar o suministrar nuevas capacidades militares”. El día anterior, Bolsonaro y Trump habían analizado la cuestión venezolana, ratificando el reconocimiento de Juan Guaidó como “Presidente encargado” de Venezuela.

 

 

Militares al acecho

En los días que corren se ha conocido que los militares han desplazado al Presidente Bolsonaro del ejercicio efectivo del poder estatal. En cambio, no se ha reparado en que algo similar podría ocurrir con el Presidente Trump.

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el “estado de emergencia internacional en materia de salud pública”. Al día siguiente, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, firmaba en secreto una Warning Order (Orden de Alerta) según la cual el NorthCom debe estar preparado para la posible aplicación de las nuevas reglas del plan de “Continuidad del Gobierno”. Esas nuevas reglas son Above Top Secret, lo que significa que la comunicación sobre las acciones se restringe aún más que de costumbre, según el Special Access Program.

El principio de la “Continuidad del Gobierno” se instituyó al comienzo de la llamada Guerra Fría. Se trataba de proteger la Administración de Estados Unidos en una situación de guerra nuclear contra la Unión Soviética, o ante la muerte u otro impedimento grave de los principales responsables políticos del país: el Presidente, su Vice y el presidente de la Cámara de Representantes. En virtud de una disposición escrita del presidente Dwight Eisenhower, en tales circunstancias un gobierno militar tendría que asumir inmediatamente la continuidad del mando hasta un ulterior restablecimiento de los procedimientos democráticos (1).

Esa disposición fue invocada, y esa forma de gobierno implantada, el 11 de septiembre de 2001 por el entonces coordinador nacional de la lucha contra el terrorismo, Richard Clarke (2). Sin embargo, aunque el país vivió ese día una situación de emergencia, ni el Presidente, ni su Vice, ni el presidente de la Cámara de Representantes habían muerto, y tampoco estaban imposibilitados de ejercer sus respectivas funciones. El Presidente George W. Bush no recuperó sus prerrogativas hasta la noche de aquel día y nunca se aclaró qué pasó en las 10 horas durante las cuales su autoridad fue suspendida (3).

Según explica William Arkin, considerado uno de los mejores especialistas en temas del Pentágono, actualmente existen 7 planes diferentes, algunos para garantizar la protección de los más altos responsables políticos, otros con objetivos desconocidos y uno, el Granite Shadow, que prevé el despliegue de unidades especiales en Washington y establece condiciones para el uso de la fuerza y para poner el territorio bajo la autoridad de los militares (4).

En todo caso, la eventual aplicación de estos 7 planes estará en manos del Mando Militar de Estados Unidos para América del Norte (NorthCom), encabezado por el general Terrence J. O’Shaughnessy. Las evidencias disponibles no permiten descartar que se repita lo sucedido en 2001 y, si fuera así, por cuánto tiempo el país sería conducido por un militar: el 13 de febrero pasado, el general O’Shaughnessy afirmó ante la comisión del Senado a cargo de las fuerzas armadas que el NorthCom se estaba preparando para “lo peor” (5). Es importante señalar que, además del territorio estadounidense, la “zona de responsabilidad” del NorthCom abarca Canadá, México y Bahamas, y que en base a distintos acuerdos puede —por iniciativa propia— desplegar sus tropas en esos tres países. Todo está previsto en función de “lo peor”, la pandemia proporciona el pretexto para actuar.

Así las cosas, se entiende el sentido de los interrogantes que el 23 de marzo publicó en Twitter la embajada de China en París, dirigidos directamente a las autoridades norteamericanas:

• “¿Cuántos casos de Covid-19 había entre los 20.000 muertos de la gripe que comenzó en septiembre pasado?;
• ¿estuvo tentado Estados Unidos de disfrazar de gripe la neumonía del nuevo coronavirus?”;
•  “¿Por qué varios altos funcionarios estadounidenses se deshicieron de numerosos títulos antes de la caída de las bolsas de valores, mientras aseguraban al público estadounidense que la epidemia de Covid-19 era controlable en Estados Unidos?”

La pregunta se relaciona con declaraciones del virólogo estadounidense Robert Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés), ante la Comisión de Control y Reformas (House Oversight and Reform Committee) de la Cámara de Representantes. Redfield había dicho que las autoridades sanitarias encontraron el Covid-19 en cadáveres de estadounidenses que supuestamente habían muerto de gripe.

La segunda pregunta tiene que ver con el repentino cierre, en julio pasado, del mayor centro de investigaciones de Estados Unidos sobre armas bioquímicas, en Fort Detrick, Maryland. Después del cierre de ese centro, apareció en Estados Unidos una serie de casos de neumonía o de una afección similar.

 

 

 

Continuity of Government: Current Federal Arrangements and the Future, Harold C. Relyea, Congresionnal Research Service, 5 de agosto de 2005.

Against All Enemies: Inside America’s War on Terror, Richard Clarke, Free Press, 2004.

A Pretext for War: 9/11, Iraq, and the Abuse of America’s Intelligence Agencies, James Bamfort, Anchor Books, 2005.

“Top Secret Pentagon Operation ´Granite Shadow’ revealed. Today in DC: Commandos in the Streets?”, William Arkin, Washington Post, 25 de septiembre de 2005.

Hearing to receive ‎testimony on United States Northern Command and United States Strategic Command in review ‎of the Defense Authorization Request for fiscal year 2021 and the future years Defense Program, ‎Senate Committe on Armed Service, 13 de febrero de 2020.

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí