Territorio ancestral en disputa

Una villa residencial dentro del Parque Nacional Lanín, a 18 kilómetros de San Martín de los Andes y junto al lago Lácar, emergió esta semana como un nuevo escenario de confrontación entre las políticas nacionales de mercantilización de la naturaleza y la defensa del territorio mapuche tradicional. La comunidad Curruhuinca reclama la restitución de nueve fracciones de la Villa Quila Quina (QQ), que son parte del espacio tradicional despojado en 1937 por el Estado nacional para conformar un loteo. El miércoles pasado levantó un resguardo en el lugar para impedir además que sean entregados a capitales privados, posibilidad que se analiza con la política del gobierno nacional de vender activos públicos paralizados en todo el país.

 

“Es una toma ilegal. Se está denunciando ante la justicia”, resumió una fuente del organismo nacional consultada para este informe. A la vez, calificó de “sorpresiva” la medida asegurando que está abierta la instancia del diálogo con las comunidades de la zona y en funcionamiento la mesa de comanejo institucional.

Desde el mismo miércoles la orden política desde Buenos Aires es hacer la denuncia penal y convocar a la Gendarmería Nacional, opción que rechazaban las autoridades del Parque Lanín, según la información que manejaban las autoridades de Curruhuinca y miembros de la Asamblea socio-ambiental de San Martín de los Andes que acompañan el reclamo. Cualquier decisión que tome Parques lo hará teniendo en cuenta el trágico antecedente del desalojo con violencia perpetrado en noviembre de 2017 en Villa Mascardi, en el Parque Nahuel Huapi, a unos 125 kilómetros al sur, cuando miembros del grupo especial Albatros de Prefectura mataron al joven Rafael Nahuel.

Otros contextos políticos y económicos están más enmascarados, aunque tendrán directa incidencia en las decisiones que tome el Directorio de la Administración de Parques Nacionales encabezado por Eugenio Bréard. Esteban Enrique Ángel Urresti, vicepresidente de Seguridad Fiduciaria SA, el fideicomiso “ciego” que administra los bienes personales del presidente Mauricio Macri, es propietario de una fracción de algo más de 6 hectáreas y media ubicada a metros de dos de los lotes cuestionados por Curruhuinca. Menos lineal es la presencia de Topgrade SA, la firma que sería propietaria de un lote de 8.500 metros cuadrados y beneficiaria de un convenio de uso de otro lindero de 8.200 metros cuadrados aproximadamente, según la información del Catastro público que consultamos.

 

 

QQ tiene 50 fracciones; una de ellas es reserva natural, una docena propiedad estatal, la mayoría son propiedad privada. Justo Daniel Ruiz, con domicilio en ciudad de Buenos Aires, compró uno de esos lotes. En 2003 constituyó una sociedad anónima Topgrade, según se consigna en el registro de las propiedades del Lanín, pero no aclara si se formalizó un traspaso de la titularidad del dominio, posibilidad que no consta en el Catastro consultado por nosotros. En enero de 2017, las autoridades del Lanín firmaron un convenio con esa misma firma autorizándole el uso de una fracción lindera, acuerdo que culminaría en diciembre de este año.

La fracción otorgada en uso a Topgrade es reclamada por la comunidad desde hace años para construir una posta sanitaria para la población rural del paraje. El conocimiento extraoficial del convenio fue uno de los detonantes del conflicto. Aparte, el documento adolecería de numerosas irregularidades. “El acuerdo caducó”, aseguraron las fuentes de Parques. Lo mismo aseguraron las autoridades regionales a la Curruhuinca.

 

Pero Topgrade representa más que un convenio irregular. Ariel Epulef, vocero de Curruhuinca, aseguró que el jueves pasado se instaló en el lote en conflicto uno de los supuestos dueños en una camioneta con guardia de seguridad privada que portaban armas de fuego. La vocera de Parques consultó a nuestra solicitud sobre la presencia de personas armadas y aseguró que desde Lanín se lo negaron.

 

Villa vs. paraje

Para la administración central de Parques Nacionales, QQ es una villa propiedad pública de 142 hectáreas; para Curruhuinca uno de los cuatro parajes que constituye el territorio tradicional de donde fueron expulsados por la fuerza en los '30. Sobre las cenizas de las rukas y corrales antiguos se levantaron las residencias de Pérez Companc, Miguens y Zubizarreta, entre otros, más las de los íconos de la burguesía regional conformada con la incorporación violenta de este espacio al Estado-nación argentino.

Algunos de esos propietarios conformaron una asociación de vecinos que se llaman a sí mismos “villeros”. En la residencia de uno de esos villeros, Cristian Domingo Zaefferer Llauró, se aloja Eugenio Bréard cuando visita el lugar, según coinciden fuentes locales. El anfitrión es propietario de Los Cauquenes Resort & Spa, ubicado a orillas del Canal Beagle, en Tierra del Fuego.

La comunidad Curruhuinca, la Asamblea socioambiental de SMA que nuclea a distintos espacios locales y la Junta Interna de ATE del ministerio de Justicia y Derechos Humanos reclaman que se conforme en forma urgente una instancia de diálogo integrada tanto por Parques como por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El jueves la gente mapuche ingresó un petitorio demandando la restitución de todos los lotes que están bajo el dominio privado de Parques, incluída la reserva y los espacios sagrados, todo en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, la Constitución Nacional y leyes complementarias.

Este domingo se elige gobernador en Neuquén, en condiciones que anticipan un escenario que ya no sería hegemonizado por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el partido de gobierno surgido en los '60. La agenda electoral no hizo lugar para el conflicto de QQ, aunque seguramente condicionó los tiempos de las decisiones del gobierno nacional, sobre todo la posibilidad de la denuncia penal por presunta usurpación contra el resguardo territorial mapuche y la mano dura de la cartera de Patricia Bullrich.

Aún con la cacería desatada por las fuerzas de seguridad y la justicia federal desde Esquel y Bariloche, este nuevo conflicto confirma la decisión del pueblo mapuche de disputar palmo a palmo el derecho a regresar al territorio tradicional para recrear una vida plena, y dejar de ser “la mano de obra barata”, como insistió Ariel Epulef por estos días. El conflicto muestra, a la vez, que la pulseada por la defensa y control real del territorio tiene matices y nombres serpenteantes que aparecen, se fugan y resurgen.

Javier Grosso realizó el análisis de imágenes y cartografía para este informe.

 

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