Temple de acero es lo que falta
Macri anhela volver a un mundo que le niega la visa
La excursión atolondrada del Secretario de Comercio Miguel Braun (foto principal) a Washington para implorarle a su par estadounidense, Wilbur Ross, que exima a la Argentina de los nuevos aranceles aduaneros a las importaciones de acero y aluminio antes de que aumenten la semana que viene de 0% [1] a 25% y 10%, respectivamente, por decisión de su jefe Donald Trump, desnuda el desconcierto crónico que marea a la Casa Rosada cada vez que el mundo al que el presidente Mauricio Macri tanto anhela volver le rechaza la solicitud de visa.
También revela que algunos llantos industriales conmueven más que otros al hasta hace poco insensible Ministro de Producción, Francisco Cabrera, y a sus colegas del gabinete. Las principales perjudicadas por las nuevas tarifas son las empresas Tenaris (del grupo Techint) y Aluar, que concentran el grueso de los más de US$ 700 millones en productos de acero y aluminio exportados a los Estados Unidos el año pasado, y no han alcanzado esa posición dominante tolerando que los funcionarios públicos se desentiendan del devenir de sus proyectos comerciales.
Las dos Presidential Proclamations firmadas el 8 de marzo por Trump recogen las recomendaciones incluidas en un informe elaborado por el Departamento de Comercio que preside el secretario Ross y disponen la aplicación de dichas tarifas a partir del primer minuto del viernes 23 de marzo. Los fundamentos de los decretos aducen que la medida es necesaria porque el volumen de las importaciones de ambos metales amenaza la seguridad de los Estados Unidos ya que la consiguiente caída de la producción doméstica le impediría al país autoabastecerse en caso de una emergencia. Es la primera vez en treinta años que para imponer restricciones aduaneras la Casa Blanca recurre a la excepción “por razones de seguridad nacional” prevista en la Sección 232 del Trade Expansion Act, promulgado en 1962 cuando el presidente era John Kennedy y las exigencias de la guerra fría dictaban la política de comercio exterior estadounidense. Hasta ahora, los únicos dos países exceptuados son Canadá y México por ser “un caso especial... al menos por el momento”.
La justificación formal de la decisión no alcanza a camuflar que su motivo genuino es el deseo de Trump de consolidar el apoyo de los trabajadores blancos del oxidado cinturón industrial (Pennsylvania, Ohio, Michigan), cuyo voto fue la clave de su triunfo en 2016.
El objetivo político de consumo estrictamente doméstico que anima a Trump sugiere que la respuesta probable a la gestión de Braun nos ofrendará más cortesías diplomáticas que efectividades conducentes. Sobre todo si la estrategia del gobierno argentino se reduce a balbucear argumentos “técnicos” trillados, como parece ser el caso hasta ahora. Por ejemplo, explicar que la Argentina no es un riesgo de seguridad porque representa apenas el 0,6% y el 2,3% de los productos de acero y aluminio que importa Estados Unidos soslaya que Trump ya rechazó una medida alternativa sugerida en el informe de su Departamento de Comercio que tenía en cuenta ese factor. La opción descartada hubiera aplicado un arancel superior a doce de los países que más acero y aluminio le venden al mercado estadounidense y hubiera congelado en los volúmenes de 2017 las importaciones de los demás, incluida la Argentina, pero eximiéndolas del arancel.
Los decretos de Trump precisan que las eventuales exenciones no le saldrán gratis a los países que las obtengan y podrían perjudicar a los demás: “Si los Estados Unidos y cualquier otro país acuerdan un método alternativo satisfactorio... que me permita determinar que las importaciones de dicho país ya no afectan la seguridad nacional, podría eliminar o modificar la restricción a las importaciones de productos de acero [y aluminio] de dicho país y, de ser necesario, implementar los correspondientes ajustes en la tarifa aplicable a los demás países”. En el caso de México y Canadá, Trump ya precisó en un twitt que ese “método alternativo satisfactorio” debe ser la firma de un tratado NAFTA “más justo”. El resto del mundo no debería esperar concesiones más generosas.
Algunos de los socios comerciales más importantes de los Estados Unidos han comprendido que conviene llevar kriptonita cuando se enfrentan a un matón disfrazado con la capa del hombre de acero. Después de reunirse en Bruselas con el representante comercial de los Estados Unidos, la Comisionada para el Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmstrom, anunció que su equipo ya había identificado una lista tentativa de productos exportables de los Estados Unidos pasibles de represalias, incluyendo bienes como el bourbon, el tabaco y las motocicletas Harley Davidson, que lastimarian la produccion de los estados sureños que constituyen el núcleo duro de la base electoral republicana. Por su parte, el vocero del Ministerio de la Producción brasileño, Jorge Arbache, declaró que Brasil, que ocupa el segundo lugar por volumen entre los exportadores de acero a los Estados Unidos con 13% del total, analiza responder disminuyendo sus compras de carbón de origen estadounidense que hoy suman mil millones de dólares. Hasta el momento no se han difundido públicamente advertencias similares de los funcionarios argentinos.
Casi todos los países afectados evalúan también demandar a los Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Cualquier resultado de esas demandas debilitaría el predicamento institucional de la OMC y amenazaría el sistema regulado de comercio exterior que la organización promueve. Si la OMC fallara en favor de los Estados Unidos, estableciendo que es un atributo soberano discrecional la potestad de decidir qué políticas comerciales afectan su seguridad nacional, sentaría un precedente fácil de copiar por cualquier otro país que quisiera eludir las normas internacionales de comercio exterior. Pero si la OMC fallara en contra de los Estados Unidos, resolviendo —por ejemplo— que las importaciones de metales provenientes de países con los cuales mantiene relaciones diplomáticas o, inclusive, alianzas militares, no pueden razonablemente considerarse amenazas para su seguridad, se arriesgaría a que los Estados Unidos no acatara el fallo.
El gobierno argentino parece convencido de que negociar en soledad y sin alzar la voz le ofrece la mejor chance de congraciarse con Trump, a pesar del fracaso de una estrategia similar en el caso del biodiésel, cuando Macri interpretó que las lisonjas del vicepresidente Mike Pence durante su visita a Olivos eran compromisos comerciales firmes.
Además esa decisión descuida la oportunidad que le brinda a los países afectados de la región el viaje de Trump a Perú, para participar en la Cumbre de las Américas el mes próximo. Dada la conocida aversión de Trump a confrontar cara a cara, la Argentina podría hacer frente común con Brasil, el único de los principales exportadores grandes de acero y aluminio que tiene una balanza comercial de bienes deficitaria con Estados Unidos, para gestionar una exención que los beneficiara a ambos. La tentación de anunciar la concesión en el escenario privilegiado de la cumbre sería difícil de resistir para la vanidad de Trump y su adicción a los gestos grandilocuentes. Lamentablemente, esta semana el canciller argentino, Jorge Faurie, de paso por San Pablo, lo descartó porque “por el momento estamos haciendo gestiones cada uno por su lado, cada uno tiene sus argumentos”. El canciller sabrá lo que hace y no puede descartarse que, en efecto, la insignificancia relativa de la Argentina le termine jugando a favor. Pero como diría su colega Cabrera, si no fuera así, por favor después no lloren.
[1] Algunos artículos de aluminio ya tributan tarifas de entre 2,6% y 6,5%.
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