Teléfono por las escuchas

 

Le llevó más de dos años de filtraciones de escuchas telefónicas a ex funcionarios kirchneristas, pero la Corte finalmente mandó esta semana un mensaje a los actores involucrados en el submundo de las pinchaduras: jueces, funcionarios judiciales, el Congreso y especialmente a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que sigue teniendo un pie en la oficina de las escuchas y el otro en los tribunales.

El 28 de mayo, en el último acuerdo cortesano del mes pasado, una conversación dominó el encuentro de los supremos: la filtración de una conversación de Lázaro Báez con una mujer, que, en un primer momento, fue identificada como su abogada. Invocaciones divinas mediante, el grupo Clarín interpretó que se trataba de una revelación de que el empresario había fungido como testaferro de Néstor Kirchner. La escucha quedó en la nada, pero en la Corte se fue generando el consenso de que había que dar un mensaje. El que venía insistiendo era Horacio Rosatti, que empezó a ganar apoyos en el cuarto piso del Palacio de Justicia.

En la reunión de ministros del miércoles último, los cinco supremos —algunos más convencidos y otros más movidos por el escándalo de las filtraciones que se renueva cada fin de semana— firmaron una acordada de 16 hojas, una combinación de buenas prácticas y atribución de responsabilidades a distintos actores: los jueces, la Bicameral de Inteligencia del Congreso, el Consejo de la Magistratura y la propia AFI, a la que la Corte no le cerró la puerta de las escuchas cuando Mauricio Macri decidió que la oficina pasara a la órbita del máximo tribunal, para ir minando el poder de la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó.

En la Corte dicen que, después del mensaje a los actores judiciales y parajudiciales de las escuchas, el próximo paso será analizar cambios en los procedimientos en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo) y frenar la expansión de las delegaciones que tiene la oficina en las provincias.

Es probable que se cocinen otros cambios en la DaJuDeCo porque en febrero se termina el mandato del director general, el camarista Martín Irurzun. Según el decreto 102/2017 de Macri, a Irurzun debe reemplazarlo el subdirector del organismo, el camarista Javier Leal de Ibarra. En simultáneo, el actual director ejecutivo de la DaJuDeCo, Juan Tomás Rodríguez Ponte, espera que el Senado trate su pliego para un juzgado federal en Lomas de Zamora, que quedó trabado en la Cámara Alta antes del salto de Miguel Pichetto a las huestes del oficialismo.

 

Una historia opaca

El desembarco de los servicios en el edificio de Los Incas 3834 se remonta —al menos en los papeles— a 1992, cuando se privatizó ENTEL y la oficina de las pinchaduras quedó en manos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En 2001, con la sanción de la Ley de Inteligencia Nacional, quedó formalmente constituida la Dirección de Observaciones Judiciales, más conocida como “Ojota” por sus siglas. Fue durante años uno de los dominios de Antonio Horacio “Jaime” Stiuso en la entonces Secretaría de Inteligencia (SI).

En 2015, después de la denuncia y de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner puso la oficina en manos de la procuradora. La decisión se basó en que acababa de aprobarse un nuevo Código Procesal Penal, que otorgaba a los fiscales la dirección de las investigaciones penales. Para cercar a Gils Carbó, Macri, al asumir, suspendió la puesta en vigencia de ese Código —que recién el 10 de junio empezó a regir en Jujuy y Salta—, y le sacó a través de un decreto de necesidad y urgencia la oficina de escuchas a la Procuración. La Corte —por entonces de tres integrantes— aceptó el traspaso, pero postergó la toma de posesión hasta mediados de febrero de 2016.

A través de la acordada 2 del 15 de febrero de 2016, el máximo tribunal creó la Dirección de Captación de Comunicaciones (Dicom) del Poder Judicial. Durante unos meses convivieron la Procuración y la Corte en el edificio de seis pisos, hasta que en abril finalmente se hizo el traspaso. Después de la llegada de Rosatti y de Carlos Rosenkrantz a la Corte, los supremos convirtieron a la Dicom en una agencia más ambiciosa, la DaJuDeCo, que concentró el acceso a distintas bases de datos y habilitó la asistencia en investigaciones más complejas que la mera interceptación de comunicaciones. El mismo día de la acordada en la que se creaba la DaJuDeCo, los supremos firmaron un convenio con el Congreso para que la Bicameral de Inteligencia la auditara. Un par de meses después, empezaron las filtraciones — especialmente de conversaciones entre la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex titular de la AFI Oscar Parrilli.

La auditoría le llevó a la Bicameral que encabeza el radical Juan Carlos Marino más de un año y medio, y no la hicieron los legisladores sino que la delegaron en una sociedad anónima llamada UBATEC, conformada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Gobierno de la Ciudad, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). El informe se entregó el 13 de mayo último, y, entre otras cosas, desligó a la DaJuDeCo por las filtraciones.

Seis días después, el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad de las Naciones Unidas, Joseph Cannataci, dio a conocer un informe que destacaba que los procedimientos al interior de la oficina de escuchas eran adecuados, pero ponía la lupa en otros aspectos más porosos. Entre otros, mencionaba que la tecnología era obsoleta —que es la misma que usaba y armó la Secretaría de Inteligencia—, que los CDs son instrumentos proclives a caer en manos extrañas, que los investigadores no deben recibir la totalidad de las escuchas y que la DaJuDeCo debe publicitar sus acciones.

 

Responsabilidad sistémica

En la acordada 17 del último miércoles, los supremos hablan de una responsabilidad sistémica. Dicen que las escuchas incluyen el almacenamiento, el traslado, la incorporación a las causas y la destrucción del material que no sea considerado prueba. Una falla en algún eslabón afecta la confiabilidad de todo el sistema, advierten. “Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad penal”, agregan.

¿Quiénes son los advertidos por el máximo tribunal? Varios, empezando por los jueces. A los magistrados les dice que “apliquen de forma restrictiva la norma que los faculta a requerir la intervención a la Agencia Federal de Inteligencia”. Esa recomendación ya estaba en la carta que la DaJuDeCo le mandó a la propia Corte cuando se reinició el festival de filtraciones tres semanas atrás. También les advierte que no agreguen a los expedientes escuchas que deriven de comunicaciones entre imputados y sus abogados —como la Unidad de Información Financiera le había reclamado al juez Sebastián Casanello que haga con la escucha de Báez— y que no incorporen información de índole personal.

Al Congreso le reclama que trate el proyecto de ley que regula la realización de escuchas y su cadena de custodia, y establece un plazo de 30 días para la interceptación de llamadas. El borrador se trabajó en la propia DaJuDeCo, pero ingresó el año pasado en la Cámara Alta como una iniciativa de Miguel Pichetto, Rodolfo Urtubey, Carlos Espínola y Pedro Guastavino. A la Bicameral de Inteligencia le pide que certifique que la AFI no hace investigaciones criminales, más allá de las pedidas por los jueces.

El último involucrado es el Consejo de la Magistratura, al que le encomienda hacer un diagnóstico exhaustivo de cómo los jueces usan las escuchas.

 

 

 

Muchas escuchas

Desde que la Corte se hizo cargo de la oficina de escuchas, los requerimientos de pinchar teléfonos no dejaron de subir. Durante el primer año, fueron 32.578 las líneas intervenidas. En 2017, las interceptaciones subieron a 38.218; el año pasado, el número trepó hasta 40.985. El mes pasado fue el mes del período 2016-2018 en el que más intervenciones se requirieron, llegando a 10.064. ¡Diez mil por mes!

Según estadísticas producidas por la propia DaJuDeCo, los jueces piden escuchas para investigar delitos vinculados al tráfico de drogas principalmente. En tercer, cuarto y quinto lugar vienen los robos, los secuestros y los homicidios. El dato más interesante del ránking es que el segundo delito por el cual se pide la intervención de la oficina de escuchas es justamente en causas en las que no se sabe el delito y no se dice a quién se investiga. Se consigna en las planillas como NN s/delito. En 2016, hubo 7.707 pedidos de ese tipo. En 2017, fueron 11.089. El año pasado se redujo a 6.129, aunque no abandonó nunca el segundo lugar en el podio.

Lo que el nombre esquiva decir es que, después de investigar la venta de drogas, el segundo uso que le ven los magistrados a la oficina de escuchas es lo que en la jerga judicial se conoce como excursión de pesca. Y si pica algún delito, pica. Y si no, las filtraciones servirán para llenar tiempo en las pantallas.

 

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