TECHINT SE VA A LA GUERRA

 

“La Rural es la Rural, los bancos son los bancos y Techint es Techint, tienen sus propios intereses en juego”. La frase, esbozada por un analista de la realpolitik industrial que trabaja cerca de Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y uno de los dueños de Aceitera General Deheza (AGD) junto al ex senador Roberto Urquía, tenía un propósito: Techint, que está representada por Luis Betnaza, le reprochó al empresario que durante su discurso por el Día de la Industria no hiciera ninguna mención al decreto que declaró como servicios esenciales a las TICs. “Techint es quien hace la guerra”, insistió el vocero.

El miércoles a última hora de la tarde la Mesa de Enlace integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria (FAA) y Coninagro difundió un duro comunicado para criticar la supuesta falta de respuestas sectoriales del ministro de Agricultura, Luis Basterra, pero también para cuestionar la reforma judicial, el rol del Congreso en el contexto de la pandemia y el proyecto de ley de aporte solidario (al que siguen llamando impuesto a la riqueza). Lo difundieron cuando todavía asonaban en Olivos las sirenas de la Bonaerense.

CRA, FAA y Coninagro se habían acercado al gobierno vía el Consejo Agroindustrial Argentino (donde tiene participación Acevedo–Urquía–AGD), pero los dirigentes ruralistas saben jugar a varias bandas. El escenario electoral dentro de la Rural, donde su actual titular Daniel Pellegrina competirá contra Nicolás Pino –el elegido por Luis Miguel Etchevehere, el ex ministro macrista–, les hizo aumentar su virulencia.

Por más obvio que parezca, cualquier acercamiento del gobierno nacional con las distintas patronales y cámaras empresariales –vínculos ungidos por la coyuntura o por decisiones estratégicas– no estará exento de tensiones y choque de intereses. “La puja real (del gobierno) está con AEA, con presencia preponderante de Clarín, que tiene negocios con Rocca, que vía Techint manejan parte de la UIA”, recuerda el observador privilegiado consultado por este periodista.

Frente a este escenario, el gobierno buscará encontrar su “salida exportadora” con eje en la (agro)industria; como sostuvo el economista Horacio Rovelli en su columna de la semana pasada para este Cohete, se necesita “desarmar los mercados cautivos por grandes empresas en la producción de bienes de uso difundido (acero, aluminio, cemento, petroquímica, etc.)” como el que domina el Grupo Techint e impulsar al mismo tiempo la agroindustria, en un país como la Argentina que representa sólo el 0,3% del PIB mundial pero es el décimo exportador de alimentos.

La encerrona del tema energético también aparece como un condicionante.

 

 

Exportaciones industriales

El gobierno tiene en carpeta un conjunto de medidas destinadas a la industria que serán incorporadas en el Presupuesto 2021 y otras a través de diferentes anuncios, como parte de un paquete general de 60 instrumentos, algunos ya esbozados durante el Día de la Industria. Dos de ellas serán, posiblemente, la reducción de los derechos de exportación a los bienes industriales y una mejora en los reintegros a las exportaciones.

El análisis realizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas, es que el actual esquema de retenciones a las manufacturas “alienta la primarización de la economía”, cuando es neesario apostar al valor agregado.

Las exportaciones totales de la industria alcanzaron el año pasado los 21.600 millones de dólares (FOB, es decir el valor de la mercadería más todos los gastos de logística hasta el lugar de embarque sin contar los derechos de exportación); sobre esta base, se calculó que la recaudación estimada para este año –vía derechos de exportación– será de 1.311 millones de dólares.

Las materias primas industriales actualmente tributan un promedio del 5% de retenciones, mientras que los insumos básicos industriales (que incluyen oro y biodiésel) lo hacen en un promedio del 9%.

Los insumos elaborados tributan un promedio del 4% y los bienes finales, un 5 %. Estos son los dos rubros que están bajo estudio para su reducción a fin de desalentar la primarización de la economía. El costo fiscal de máxima sería de 484 millones de dólares.

También está bajo análisis una modificación en los reintegros a las exportaciones, con el objetivo de “incentivar la diversificación y complejización de la canasta exportable”.

“En términos porcentuales, las materias primas reciben los mayores reintegros efectivos. Aunque las exportaciones de bienes finales fueron tres veces mayores a las de insumos elaborados, los montos obtenidos de reintegros fueron similares”, se lee en el documento al que accedió este Cohete.

Las propuestas bajo análisis dejan las alícuotas máximas para las materias primas e insumos básicos tal cual están hasta el momento, mientras que para los insumos elaborados y bienes finales se considerarían las alícuotas mínimas. De esta manera se corregirían asimetrías y se potenciarían las producciones con mayor valor agregado, explican desde Desarrollo Productivo. El costo fiscal de la propuesta sería de 61 millones de dólares. Un dato: durante el último año de la Alianza Cambiemos, la devolución de reintegros a las exportaciones fue la más baja de las últimas dos décadas.

 

 

 

 

 

Encerrona

El cambio del área de Energía al Ministerio de Economía tiene un componente fiscal/financiero claro. Desde Hacienda saben que cuando aumente la actividad económica los requerimientos energéticos serán mayores y habrá que destinar más recursos a la importación (de gas) o subsidiar a las operadoras para que produzcan más, tal como ocurrió con la Resolución 46 de Juan José Aranguren. La principal beneficiaria de esa norma fue Tecpetrol, la empresa del Grupo Techint.

En 2016 la producción total de gas para las operadoras con presencia en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego había sido de 34.675.387 Mm3, mientras que en 2018 fue de 37.990.572 Mm3, es decir un incremento del 10 por ciento. Sin embargo, sin contar a Tecpetrol, la producción de gas de aquel año terminó siendo menor que la de 2016 (34.651.948 Mm3).

Las transferencias del macrismo para sostener la producción en Vaca Muerta le permitieron a Tecpetrol recomponer su tasa de ganancia. Si en los ejercicios contables de 2016 y 2017 había registrado pérdidas por 568 y 787 millones de pesos respectivamente, para 2018 su rentabilidad neta saltó a los 3792 millones de pesos.

“La palabra es encerrona, necesitás producir más sin tocar las tarifas. Son dos objetivos que, bajo las restricciones actuales, parecen contradictorios. Si uno piensa en que el Estado media y absorbe ese mayor costo de la producción para que no se traduzca en mayores tarifas, hoy no está en condiciones de asumirlo. El traspaso de Energía al Mecon tiene que ver con esta encerrona. Y sobre todo porque se viene la negociación con el FMI”, analizó Ignacio Sabbatella, investigador del Conicet, ante una consulta del Cohete.

El contexto global con pandemia, el precio del crudo inestable (a la baja) y las propias restricciones financieras del país echaron por tierra la idea que esbozaba Kulfas de una Vaca Muerta que generara 40.000 millones de dólares en cuatro años. “Tengo mis serias dudas del futuro de Vaca Muerta for export. Habría que volver a pensar en un proyecto para el autoabastecimiento y llegado el caso de tener éxito, recién ahí pensar en la exportación”, agregó Sabbatella.

 

 

¿Los mismos de siempre?

“No hace falta que hagan la presentación, ya la leí”. Cristina Fernández de Kirchner fue la primera en escuchar a José Carlos Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Roberto Domenech, de la Cámara de Empresas Avícolas (CEPA) y a Gustavo Idigoras, de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), sobre su propuesta para llevar las exportaciones agroindustriales hasta los 100.000 millones de dólares (actualmente estarían en 65.000 millones) y generar 700.000 nuevos puestos de trabajo (directos e indirectos). Luego fue el turno del Presidente Alberto Fernández.

“Esto no es urgente, esto es ya”, respondió el primer mandatario cuando escuchó la iniciativa, según relató a este Cohete el titular de la CIARA. El sector agroindustrial representa el 16 por ciento del PBI nacional y el 64 por ciento de las exportaciones totales, que aumentaron al 75 por ciento durante la pandemia.

Tras las reuniones con CFK y Alberto Fernández llegaron los encuentros con legisladores, siete gobernadores y el gabinete económico. El pasado 10 de septiembre mantuvieron un encuentro con Kulfas, Martín Guzmán (Economía), Cecilia Todesca (Jefatura de Gabinete), Raúl Rigo (Hacienda), Felipe Solá (Cancillería), Luis Basterra (Agricultura) y el secretario de Política Económica, Haroldo Montagú. También estuvo Gabriel Delgado.

Del Consejo Agroindustrial participaron Martins, Idigoras y por la Mesa de Carnes, Dardo Chiesa, ex presidente de CRA, una de las patronales agropecuarias más virulentas contra el gobierno nacional (y todo lo que sea el peronismo).

Además del eje “productividad”, que incluiría un régimen especial de amortización acelerada para nuevas inversiones o la ampliación de la capacidad productiva y promociones para bienes de capital, el proyecto –que pretenden presentar en el Congreso– incluye la eliminación de los derechos de exportación para las economías regionales y la reducción gradual de todos los impuestos a las exportaciones de productos agroindustriales y de grandes cultivos con “miras a su eliminación en 10 años”.

A esto se le agregaría –según el documento esbozado– un pacto fiscal federal para uniformar criterios impositivos y no elevar impuestos provinciales ni tasas municipales. Es decir, una estabilidad fiscal por 15 años. Las empresas mineras, que gozan en exclusividad de un pacto fiscal desde los '90, observan con recelo.

El sector agropecuario en su conjunto suele quejarse de la presión impositiva. Repite como mantra que el 77% de los ingresos de un productor se los queda el Estado. Según datos de Hacienda, la presión tributaria llegó en 2019 al 28,4 por ciento del PBI entre impuestos nacionales y provinciales. De ese total, el comercio exterior representó tan sólo el 2,6%; el 50% de lo que ingresaría al fisco por ventas al exterior serían exportaciones de cereales y oleaginosas más los alimentos y bebidas. De ahí el poder de lobby que tienen las agroexportadoras nucleadas en la CIARA. Son las que pueden digitar la liquidación de divisas. El IVA es el 7,1% del PBI y Ganancias, el 5,1%.

¿Hay que modificar tributos como los derechos de exportación (instrumentos de política económica) para generar mayor volumen de ventas al exterior? En 2019 las exportaciones del agro y la minería representaron 42.800 millones de dólares, con derechos de exportación en un promedio del 18%. Las industriales, 21.600 millones de dólares con derechos de exportación entorno al 6% (promedio). Es decir, no existe una relación directa entre reducción de derechos de exportación y aumentos de las ventas.

¿Quiénes se beneficiarían con la baja de las retenciones? ¿Empresas nacionales, extranjeras, estatales, mixtas? “Hay que hacerse las preguntas correctas”, enfatiza un economista e investigador con despacho en el Mecon.

“Si siguen sentados siempre los mismos actores, poco va a cambiar. En la CIARA está Vicentin, y los responsables de la evasión en el sector y la fuga de capitales; hay que poner también otros interlocutores, como el movimiento cooperativo agrario de ACA y AFA, las organizaciones de la Agricultura Familiar, el movimiento pyme. Hay mucho del otro lado y pocos interlocutores de este, cuando el volumen del negocio es mucho”, sostuvo a este Cohete Pedro Peretti, ex director de Federación Agraria y actual integrante del Movimiento Arraigo.

 

 

Los no solidarios

Para CRA, el proyecto de ley que consagra un aporte solidario (por única vez) de las mayores fortunas del país generará un desincentivo en el “campo”. El titular de esa entidad, Jorge Chemes, hizo pública sus quejas el 7 de septiembre. Tres días después, toda la Mesa de Enlace. “Preocupa especialmente el avance sobre el derecho de propiedad que se manifiesta en las tomas de tierras en el Conurbano y en otros puntos del país. También el proyecto de ley que castiga la propiedad privada y la generación legítima de recursos bajo la engañosa y controversial denominación de ‘impuesto a la riqueza’”, indicaron las cuatro patronales a través de un comunicado.

La llamada Mesa de Enlace funciona como un instrumento de condicionamiento político, pero poco (o nada) es lo que consiguieron desde su formación, a excepción del voto no positivo de Julio Cobos. Dentro del Consejo Agroindustrial están CRA, FAA y Coninagro. A la Sociedad Rural la invitaron pero su respuesta fue “estamos mejor dentro del Grupo de los 6”.

Dos días antes de la reunión del Consejo Agroindustrial –integrado por 53 cámaras empresarias de todo el país— con el gabinete económico, Alberto Fernández estuvo en Olivos con los integrantes del Frente Nacional Campesino (agricultura familiar). Según su coordinador, Benigno López, el Presidente les anunció un “plan de inversiones de más de 12.781 millones de pesos para la agricultura familiar, un sector que produce el 62 por ciento de los alimentos que consumen los argentinos y las argentinas”.

¿No sería hora de sentar en la misma mesa a los sectores menos concentrados del agro y a los actores de la agricultura familiar como una forma de distribución de la riqueza hacia dentro del mismo basto sector agroindustrial? Y un tema más profundo, muy pocas veces puesto en discusión (o casi nunca): ¿deberían tolerarse los enormes niveles de informalidad y explotación laboral en el sector rural, con récords de casos de trata?

Según los datos que informa el Renatre (manejado por las patronales agrarias y la Uatre), en el país habría más de un millón de trabajadores y trabajadoras rurales. Sin embargo, para el Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial, que depende del Ministerio de Trabajo, el total de peones registrados formalmente ascienden a 366.000. El 63% del conjunto estaría subsumido en la precariedad laboral.

 

 

 

 

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