Cuando El Cohete a la Luna y Página 12 dieron las primeras noticias respecto a la causa que involucra severamente al fiscal Carlos Stornelli con maniobras ilegales de inteligencia, los diarios Clarín y La Nación apenas si mencionaron el tema. El blindaje mediático que gozó Stornelli sólo cedió cuando Elisa Carrió hizo público que todo se trataba “de una operación de presos K”. Con el pasar de los días llegó aun mas lejos, afirmando suelta de cuerpo que el mismísimo Marcelo D'Alessio era un hasta ahora desconocido miembro de la Cámpora que había logrado infiltrarse y ganar la confianza de personas como Daniel Santoro y Eduardo Feinmann.
Pero retrocedamos al inicio: el 10 de febrero, cuando en su usual columna de los domingos en La Nación el editorialista Joaquín Morales Solá anunció que “la Justicia ya determinó que la operación contra Stornelli salió de la cárcel donde están los ex funcionarios”. No agregó mayores datos. [1]
Apenas unos días después Elisa Carrió contó [2] que “la CC-ARI recibió transcripciones de esas escuchas y presentó la denuncia. "Lo que recibimos es parte de la transcripción", explicó Carrió. Y agregó: "Desconozco exactamente el contenido, pero me contaron algunas cosas y les dije (a Zuvic y Olivetto) que pongan todo en manos de la Justicia".
En las escuchas a las que refiere Carrió [3], Roberto Baratta le pregunta al ex funcionario Carlos Zelkovicz sobre los avances del operativo que denomina "el dolor de muelas". Baratta estaba muy ansioso por conocer las novedades de la denuncia. "Porque me parece que yo estoy forzado, si no avanza lo de Dolores, a hacer algo la semana que viene", le dice a Zelkovicz desde el penal de Ezeiza.
Según plantea la fuerza de Carrió, las escuchas demuestran que Baratta y Zelkovicz estaban al tanto de la denuncia contra Stornelli”.
Lo que no imaginaban Carrió ni sus dos legisladoras es que la escucha de Baratta databa del 1 de febrero, y que la denuncia estaba radicada en Dolores desde 4 días antes, ya que fue presentada el 28 de enero. Con lo cual no existe nada de criminal en que un preso conozca que hay una denuncia relevante para su causa y le pregunte a alguien cómo avanza dicha denuncia.
Y por cierto, su interlocutor solo manifiesta una ignorancia completa sobre el avance la denuncia y poco amor a la verdad. Frente a la pregunta de Baratta, Zelkovicz le responde: “No se movió nada allá en Dolores, salvo que pidieron los informes para leerlos, lo cual creo que es un avance".
Ajá, pero: "¿Presentaron finalmente?", interroga Baratta. Y Zelkovicz responde: "No, no, no... El loco este, el magistrado, pidió los informes... eh, porque quiere saber en qué quilombo se está por meter y aparentemente le llevaría por lo menos, leer casi todo el fin de semana, yo te diría que bastantes más días, pero quiere largarlo cuanto antes".
Hagamos un poco de cronología. El 28 de enero de 2019, Pedro Etchebest se presentó ante el Juzgado Federal de Dolores y denunció la extorsión de la que estaba siendo víctima. El juez corrió traslado al fiscal de inmediato, conducta bastante diferente a lo que le dice Zelkovicz a Baratta el 1 de febrero sobre “el magistrado, pidió los informes... eh, porque quiere saber en qué quilombo se está por meter y aparentemente le llevaría por lo menos, leer casi todo el fin de semana, yo te diría que bastantes más días”. El fiscal impulsó la acción penal y el mismo 29 de enero el juez pidió las primeras medidas.
Entre otras cosas Ramos Padilla, el juez de Dolores, pidió la identificación de dos celulares, uno de los cuales correspondía a la línea de Marcelo D'Alessio y la otra correspondía a una segunda línea de teléfono, que a la postre resultó ser de Carlos Stornelli.
Además solicitó el juez que se identificase la totalidad de llamadas y mensajes entrantes y salientes, así como las celdas de activación de ambos celulares. Y ordenó la intervención del teléfono de D'Alessio, además de una serie de informaciones y medidas de prueba.
A decir verdad, no parece una conducta muy contemplativa por parte del juez, como le cuenta Zelkovicz a Baratta. Pero más aún, surge del expediente que se libró oficio a las empresas de telefonía y también al juez federal de capital federal que estuviese de turno para que realizare ciertas medidas. Y no es difícil suponer que fue en ese momento cuando la noticia comenzó a circular por los entonces aun solitarios pasillos de Py. O tal vez cuando el juez libró oficio, el mismo 29 de enero, a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Poder Judicial, solicitando la intervención del teléfono de D'Alessio.
Dicha oficina está a cargo de Javier Leal de Ibarra, juez sindicado por los medios de comunicación como perteneciente al riñón de Ricardo Lorenzetti [4]. El director ejecutivo de esa oficina es Juan Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez federal Ariel Lijo. Como se puede ver, toda gente que no goza ni profesa simpatía por el macrismo ni por Elisa Carrió.
Lo cierto es que cuando llegó el oficio, imagino que la noticia se expandió como un reguero de pólvora. No es extraño que haya llegado a oídos de personas con buena escucha que circulan por tribunales, aun cuando aún no había terminado la feria. Tampoco es extraño que no haya llegado a oídos de Elisa Carrio, que por esos días hacia patria veraneando en Punta del Este.
Pero hay más. El 1 de febrero de 2019, día que Zelkovicz le miente a Baratta diciendo que el juez “está pensando que hacer”, consta en el expediente que Ramos Padilla no sólo no estaba cavilando, sino que ordenó cambiar la modalidad de escucha a D'Alessio a escucha directa, esto es en tiempo real. Como sucede con los delitos de secuestro o con las investigaciones de terrorismo. Además ordenó otras medidas sobre el celular de Stornelli.
A decir verdad, para ser una conspiración de “presos K”, parecen bastante desinformados de lo que estaba sucediendo.
Como en Comodoro Py las casualidades no existen —aunque sucedan todo el tiempo—, la denuncia de las Carrió's Girls fue asignada por sorteo (siempre al estilo “casual-elegante” que es de rigor en Py) al doctor Claudio Bonadío. Pero mas significativo aún es que el fiscal asignado este año a Bonadío es la doctora Alejandra Mángano, una fiscal sumamente prolija pero que en estos días está en una disyuntiva porque tiene que investigar en esta precisa causa a su propio esposo: Juan Rodríguez Ponte, el director ejecutivo de la oficina de escuchas.
Esta suma de casualidades para nada casuales a que nos tienen acostumbrados en Py ha dado lugar a una serie de escaramuzas, donde la Justicia es lo único que a nadie le importa.
Lo primero para contar es que las escuchas —si existen, claro, según dijo una de las Carrió's Girls denunciantes todo terreno— darían cuenta de que los “presos K” definieron qué juez iba a intervenir. Huelga decir que existen dos problemas para esa tesis tan convenientemente esgrimida por Olivetto. La primera de ellas es que Pedro Etchebest fue extorsionado saliendo de Pinamar, localidad que se encuentra dentro del departamento judicial de Dolores. Dicho en criollo, si el delito se cometió en Pinamar, debe investigarse en el juzgado de Dolores, que es precisamente donde se denunció y se está investigando. El 28 de enero, cuando Etchebest hizo la denuncia, nada se sabía de las formidables pruebas sobre tareas de inteligencia ilegal que involucraban a D'Alessio, Stornelli, Patricia Bullrich y Daniel Santoro. Todas esas operaciones de inteligencia ilegal surgen a partir de la documentación y otras pruebas que se producen en el marco de la investigación de una simple extorsión.
Y a diferencia de las jurisdicciones y jueces inventados que padecemos los abogados en Comodoro Py, donde los jueces y fiscales deciden qué juez y qué fiscal investigarán una causa con prescindencia amañada de los sorteos, en el caso de Etchebest hay casi dos horas de grabaciones, donde D'Alessio hace la extorsión a Etchebest mientras regresan juntos de la reunión en Pinamar a la que habían ido para encontrarse con Stornelli, que se ve es gauchito, porque no dudó en interrumpir sus vacaciones para atender a alguien que al mes calificaría como “persona con problemas psiquiátricos” — en alusión a Marcelo D'Alessio. Desde que se hizo pública esta causa, me llamó poderosamente la atención la coincidencia de Stornelli, quien no recordó la reunión en Pinamar hasta casi 12 horas después de que hiciese sus primeras declaraciones, al tornarse público el caso. A Nelson Castro, en la mañana Stornelli le dijo que a D'Alessio lo había visto una o dos veces porque había ido a su fiscalía a llevarle información. Recién en la noche, en TN Central, reconoció la reunión. D'Alessio primero la negó, luego dijo que había sido un encuentro casual (casualmente armado con tres días de anticipación, vía WhatsApp) y por último la reconoció. Fue recién hace unos días, cuando conocimos “los cuadernos de D'Alessio” (que nadie quemó y existen), que nos enteramos que en esa reunión se habría planificado, entre otras delicadezas, la realización de una cámara oculta a José Manuel Ubeira, abogado de Thomas y de Elaskar. Al menos parece un motivo valedero para perder la memoria, tanto para D'Alessio como para Stornelli.
Volvamos a las escuchas, y al principio mismo de ellas. Cuando las chicas de la Coalición Cívica hicieron su denuncia, dijeron que las escuchas figuraban en una causa que se está tramitando en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. En esa causa se investiga a Segovia, el rey de la efedrina. Contaron Irina Hauser y Tuny Kollman [5]que Bonadío le pidió al juez de Lomas de Zamora que le enviase las ya famosas escuchas. El juez de Lomas de Zamora le respondió a Bonadio que él no tenía esos diálogos dado que no tienen relación con su causa, que por ello las había destruido (que, por cierto, es lo que corresponde hacer) y que debía pedírselos, en todo caso, a la AFI o a la DAJUDECO.
También contaron ambos periodistas que las escuchas ordenadas por el juez de Lomas de Zamora eran —atención a esto— desgrabadas por la AFI.
En una nota publicada por Infobae [6], Olivetto contó que "es una información que nos llegó de manera anónima que referenciaba diálogos donde Baratta hablaba con una persona de su confianza sobre cómo se iba a armar esta situación que iba a comprometer a Stornelli".
Pero hace apenas unos días, una desenfocada Elisa Carrió le dijo a Majul que las escuchas existían y que ella no estaba obligada a revelar sus fuentes. (vean a partir del minuto 19.30 del video). Va una aclaración conceptual a la diputada: el secreto de fuentes está protegido constitucionalmente para los periodistas (artículo 43 de la Constitución Nacional: “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”), pero no para los diputados de la Nación. Los diputados, por el contrario, tienen la obligación de denunciar los delitos que conozcan en virtud del ejercicio de su cargo. (Artículo 177 del Código Procesal Penal.) Y por cierto, dar a conocer escuchas sin la autorización de un juez, aun para mandárselas a la “fiscal de la República”, sigue siendo una violación a la ley de inteligencia (ley 25520) que establece en su artículo 43 la pena de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo a quien "con orden judicial y estando obligado a hacerlo, omitiere destruir o borrar los soportes de las grabaciones, las copias de las intervenciones postales, cablegráficas, de facsímil o de cualquier otro elemento que permita acreditar el resultado de las interceptaciones, captaciones o desviaciones". “O sea que más que cuidar “sus fuentes”, que no gozan de protección alguna de orden legal, Carrio debería apurarse a denunciarlas, porque hasta que no lo haga estaría cometiendo el delito de encubrimiento.
Cuentan los pasillos de Py que a Carrió le habían prometido las escuchas para difundirlas por TV el miércoles que estuvo en el programa de Majul. (Alguien que tiene mucha experiencia en eso de difundir escuchas ilegales.) Los pasillos de A24 dieron cuenta, aseguran varios, del enojo del periodista y de la propia Carrió por no disponer de ese material. Tal vez eso explica la lisérgica y poco organizada entrevista que dio Lilita y la cara de desconcierto que no pudo disimular Majul.
Pero el miércoles no estaban las escuchas. El camino lógico es que se las pidan a la DAJUDECO, sobre todo ahora que el juez de Lomas de Zamora fue cambiado de juzgado como consecuencia de la resolución de la Cámara de la Plata que dio por concluidas las subrogancias de los jueces. El objetivo de la Cámara era remover a Kreplak, juez que investigaba la causa de los aportantes truchos de Cambiemos, pero tuvo para el macrismo un beneficio adicional: el juez que destruyó las escuchas ya no será quien deberá dar su conformidad para que Bonadío, Carrió y Stornelli las consigan y sin duda para que Majul las difunda. Eso sí, cuando se filtren no quedarán dudas que serán ellos los que las difunden. Al menos en esta oportunidad, sabremos dónde se filtraron.
Hay que señalar que desde las oficinas de Talcahuano se han mantenido firmes en negar que Bonadío haya accedido de manera no documentada a dichas escuchas. Sospecho que no tanto por su pasión por la legalidad —que no tienen demasiada—, como por la certeza de que el destino de dichas escuchas no sería su utilización judicial (resultan inútiles para probar algo que ya muchos sabían –sobre todo en Talcahuano— el 1 de febrero de 2019, esto es la existencia de la denuncia de Etchebest) sino su difusión periodística. Porque en algún lado se filtró la noticia de una denuncia radicada en Dolores que involucraba a Stornelli.
Y como las casualidades nunca acaban en nuestro Poder Judicial, quien debería ocupar hoy el cargo en el Jugado Federal de Lomas de Zamora N° 2, es ni más ni menos que Juan Rodríguez Ponte.
Dios no juega a los dados, y muchos menos lo hace con los dados cargados de Comodoro Py.
Corresponsalía a cargo de la Doctora Rocanfort
[1]https://www.lanacion.com.ar/2218794-sin-titulo
[2]https://www.clarin.com/politica/carrio-denuncia-extorsion-stornelli-ver-absoluta-conviccion_0_ASTTnpZFc.html
[3]https://www.lanacion.com.ar/2219385-la-fuerza-elisa-carrio-denuncio-acusacion-stornelli
[4]https://www.lapoliticaonline.com/nota/112427-los-camaristas-se-negaron-a-firmar-un-documento-de-apoyo-a-lorenzetti/
[5]https://www.pagina12.com.ar/174679-la-mano-negra-de-las-escuchas
[6]https://www.infobae.com/politica/2019/02/12/la-legisladora-que-vinculo-a-presos-k-con-la-operacion-contra-stornelli-denuncio-amenazas/
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