Tasa Google y precariedad

El derecho a la información se garantiza con condiciones dignas para ejercer el periodismo

Por Beto Pianelli y Agustín Lecchi
Mundos distantes: la nueva alianza y una tapa de Clarín hecha por sus trabajadores.

 

En un artículo documentado e imprescindible publicado la semana pasada en El Cohete a la Luna, el investigador y periodista Jorge Elbaum explicó cómo Google se propone construir “sentido común funcional al neoliberalismo” y abrió los ojos de muchos.

Google financia a las empresas dominantes (Clarín, La Nación, Infobae y otros) pero se mete en la selección de contenidos. Busca lavar sus prácticas monopólicas, la comercialización de datos privados a empresas y el desvío de información crítica hacia los servicios secretos norteamericanos. El portal News Showcase ofrece colaboración y apoyo financiero al “periodismo” de cada uno de los países con el objeto de obtener una legitimidad cuestionada por la Unión Europea y otros países. La Argentina es uno de los países donde el programa revoleará parte de la lluvia de 1.000 millones de dólares sobre unos 450 medios. Google disfraza de “ecosistema informativo” lo que llaman “la mano invisible del mercado”.

Esto pasa cuando según datos del informe CIFRA (CTA) El descenso del salario real tras las dos pandemias, y sus asimetrías, de Pablo Manzanelli y Cecilia Garriga, la actividad periodística está entre las ramas de la producción (edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas) donde la disminución salarial ha sido mayor (35,78%) desde 2015, tras el período macrista y la pandemia de coronavirus. Existen 50 ramas de actividad que registraron caídas salariales superiores al 30%. Es evidente que para todas ellas un acuerdo de precios y salarios que supere levemente la inflación no resultará suficiente. Lo propio cabe para los trabajadores del sector público cuyos salarios reales tuvieron una caída de 29% entre noviembre de 2015 y diciembre de 2020.

 

 

En todo el mundo

En todo el mundo se debaten regulaciones soberanas para empresas como Google y Facebook y ya existen avances concretos, como detallaron Santiago Marino y Agustín Espada en el estudio que realizaron en noviembre junto al SiPreBA.

Las operaciones de prensa para manipular la opinión pública existieron toda la vida pero con las redes quedan más expuestas al viralizarse. Los intereses comerciales y/o políticos nunca estuvieron exentos de culpa en estas maniobras; tienen enorme capacidad de divulgación y manejan nuestros datos personales, los movimientos, gustos, preferencias políticas, etcétera. Todo está en sus servidores. En países como Brasil, México o el propio Estados Unidos se da por sentada la influencia de las grandes plataformas mediáticas en procesos políticos, la censura a tal o cual figura.

Elbaum concluye que “las transnacionales digitales son parte constitutiva del modelo neoliberal financiarista. La monetización, la articulación con los fondos de inversión, la evasión fiscal y las transacciones en guaridas fiscales son parte del ADN constitutivo de su lógica monopólica e imperial. Cuantas más prerrogativas posean las corporaciones –apelando en todo momento a su libertad de empresa– menor capacidad tendrán las mayorías populares para construir su destino en forma autónoma e independiente”.

 

El tema es cuanto se llevan los laburantes

Una jugosa parte de la primera inversión de los 1.000 palitos verdes desembarcará en la Argentina. En un artículo del libro Periodismo, instrucciones de uso, compilado por Reynaldo Sietecase, Noelia Barral Grigera cuestiona la naturaleza del “periodismo frilo”: periodistas sin vacaciones, sin aguinaldo, sin obra social, pero que además tienen tres o cuatro trabajos a tal punto que les es imposible desarrollar y producir correctamente una noticia, consultar fuentes, chequear información.

El salario de los trabajadores y trabajadoras de prensa en los últimos años cayó en algunos casos hasta el 45%, el disciplinamiento y la precarización cunde tras la pérdida de 4.500 fuentes de trabajo durante el macrismo y quienes producen las noticias llevan todas las de perder. Para recuperar lo perdido se necesitarán muchos años de ganarle puntos a la inflación como alienta el gobierno. Peor aún es la situación de la enorme cantidad de trabajadores que ni siquiera tienen paritarias y son parte de esa cifra en crecimiento constante de free lance o “colaboradores”, eufemismos que utilizan las empresas para desconocer los derechos laborales.

Elbaum describe con detalle “la construcción de un consorcio de medios de comunicación argentinos asociados a la plataforma Google, destinada a reproducir material informativo local en su portal de noticias global News Showcase que será gobernada desde algoritmos funcionales a las empresas trasnacionales, opuestos a las demandas sociales o la soberanía”. La capacidad de comerciar los datos personales avanzará con marketing personalizado al punto de modelar campañas electorales, como dejó en evidencia el caso de Cambridge Analytica. Harán vigilancia sobre partidos políticos y sus referentes, combinada con el desarrollo de mecanismos capaces de instalar modelos de conducta.

 

Los grupos mediáticos que integran el programa de Google.

 

El rol del Estado

Tanto para atender a la circulación de la información cierta en su la lucha contra las noticias falsas o las “operetas” como para atender la situación de quienes producen la noticia es indispensable la intervención del Estado. Una paradoja de los medios es que son la usina del liberalismo económico y político desde sus editoriales puertas afuera, pero hacia adentro viven de la ayuda del Estado. En 2020 el Estado financió aproximadamente en un 90% del gasto de esas empresas, ya sea a través de pauta publicitaria pública o de los ATP a los grandes medios de comunicación.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) le propuso al Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Medios establecer un ente tripartito entre medios, sindicato y Estado para que se les exija a esas empresas –a las que financió como nunca antes en la historia– el cumplimiento de cuestiones tan elementales como el respeto de las leyes laborales, los convenios colectivos, los salarios y las normas del propio ministerio, que muchos medios incumplieron durante la pandemia.

En 1945 el secretario de Trabajo Juan Domingo Perón entendió que la mejor estrategia para abordar a los medios de comunicación no era pelearse contra ellos sino asignarles derechos a sus trabajadores. Creó el Estatuto del Periodista Profesional, luego ley 12.908, actualmente vigente.

En 1975 se promulgaron los convenios colectivos de la actividad. En el caso del convenio de prensa televisada de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 71 plantea un plus adicional para los trabajadores y trabajadoras que realicen notas que se transmitan en otros programas y/o medios. Como en la actualidad esto es imposible de cuantificar de manera individual y discriminada, hay un plus que cobran todos los trabajadores comprendidos en dicho convenio en concepto de notas realizadas que otros medios utilizan. Con una lógica colectiva y no individual, hay que discutir un concepto similar para el caso de las grandes plataformas que se valen del trabajo periodístico.

 

Tasa Google

El esquema bajo el cual funcionaban históricamente los medios tradicionales de comunicación se ha modificado rotundamente a partir de los grandes cambios en materia tecnológica y de consumo. Puede ser entendible que se celebre un acuerdo que, en última instancia, se traduzca en fondos concretos. El problema es que si a la vez no se discuten salidas más generales esos fondos se evaporarán. No va a haber un “derrame” de Google que salve a las empresas de medios y mucho menos que nos libre de las fake news. Se debe trasparentar y rediscutir el funcionamiento de los medios y difundir la facturación de las empresas, aplicando un impuesto que financie la diversidad informativa y a quienes originan los contenidos de los que se valen las plataformas.

En línea con lo que viene debatiendo en todo el mundo la Federación Internacional de Periodistas (FIP), desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) se planteó esta cuestión en la declaración Del Covid a las buenas noticias, un proyecto para enfrentar la pandemia y salvar el trabajo periodístico en la Argentina. Es una primera propuesta para comenzar la discusión en nuestro país.

 

Libertad de expresión, un problema de todos

El derecho de la sociedad a estar informada está íntimamente vinculado con el pleno ejercicio de la libertad de expresión así como con los derechos de los periodistas, entendidos como un salario que permita el ejercicio pleno de la profesión (dedicarse a chequear fuentes para informar con veracidad, entre otras cosas). La “mano invisible del mercado” no va a resolver el problema de los medios, las fake news y el derecho social. Facebook y Google tuvieron ganancias extraordinarias en la pandemia, mientras todo el mundo se sumía en una crisis que todavía no conocemos a dónde alcanzará.

Es necesario que estas empresas sean fiscalizadas y que haya condiciones claras para reordenar la actividad.

Los periodistas, sus sindicatos y federaciones deben liderar el debate y la movilización ciudadana por esos objetivos. Usuarios, influencers, freelancers, trabajadores no agremiados del home office y sindicatos de las actividades afines a la comunicación no son ajenos a estos reclamos: deben y pueden participar del reclamo a las megaempresas.

Es el Congreso el que debe aprobar el pago de una Tasa Google como ya existe en varios países (entre ellos España, donde pagan el 3%). Y esos ingresos, más lo devengado indirectamente por pagos a empresas por los acuerdos firmados, deberán financiar una verdadera lucha por la verdadera información. Todo lo demás es cartón pintado para desligar el problema de su realidad.

 

* Los autores son secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (Metrodelegados) y secretario de organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) respectivamente.

 

 

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