Tarifas, el problema de Fondo

 

La temporada fría llegó con los nuevos cuadros tarifarios de luz y de gas. A partir de este mes se empezará a aplicar la segmentación por nivel de ingresos y patrimonio y, por ende, se eliminarán los subsidios de los hogares comprendidos en el Nivel 1 (N1). Inicialmente ese segmento incluía a las familias de ingresos altos, estimado por el valor de 3,5 canastas básicas (669.298 pesos) entre todos los convivientes del hogar. Las previsiones iniciales de la Secretaría de Energía señalaban que la quita total del subsidio se restringiría al 10% de los usuarios residenciales con mayor capacidad de pago. Sin embargo,se incluyó en el segmento N1 a quienes no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), por lo que el universo de los usuarios que pasarán a pagar tarifa plena de electricidad será de un 35%, lo que arroja un total de 5,4 millones de hogares. En el caso del gas, 3,5 millones de hogares quedaron calificados como N1, lo que equivale a un 38% del total de los suministros.

En otras palabras, la cancelación del subsidio a la energía no impactará sólo en el decil más rico de la población, sino que incluirá a una porción significativa de hogares que, quizá por desinformación, no hicieron la solicitud en el RASE —que aún permanece abierto— para mantenerlo. El cuadro se completa con los usuarios de electricidad comprendidos en el Nivel 2 (N2) —los hogares de menores ingresos, a los que se les mantendrá el subsidio— y el Nivel 3 (N3), de ingresos medios, que conservarán la tarifa subsidiada hasta un consumo máximo de 400 kWh mensuales, pagando tarifa plena por el excedente. Este tope se eleva en las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca y La Rioja hasta 550 kWh/mes.

El objetivo de la política de “topes” para el N3, según la Secretaría de Energía, es promover la eficiencia energética. No obstante, el sobreuso no necesariamente se debe a malos hábitos. Inciden, también, las temperaturas extremas, el uso de artefactos eléctricos de baja eficiencia energética —por ejemplo, los caloventores y estufas halógenas, que son los equipos más baratos pero que más energía consumen— y el uso de energía eléctrica para calefaccionar el hogar en localidades no conectadas a la red de gas natural.

La directora ejecutiva del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Paula Soldi, alertó que en el segmento N3 el tope de 400 ó 550 kWh/mes también afectará a los usuarios electro-intensivos: “Son usuarios que hacen un sobreuso de la energía eléctrica porque lo necesitan, porque no tienen acceso a gas natural o agua de red para poder abastecerse”. Desde 2017, el CEPIS reclama que se reconozca esta desigualdad y se cree una categoría tarifaria especial para este tipo de usuarios.

En la nueva segmentación tarifaria, los usuarios N3 tienen el cargo variable excedente discriminado en la factura. En el ejemplo de la provincia de Buenos Aires que se muestra a continuación, se puede observar una boleta de $ 15.553 con 407 kWh de tarifa subsidiada ($ 2.918) y 362 kWh de tarifa plena ($ 5.043). A estos conceptos se le agregan el del cargo fijo y los impuestos. Mantiene un subsidio del Estado Nacional por $ 6.924.

 

 

 

El cálculo del bloque de consumo subsidiado se complejiza en el caso de la tarifa de gas natural, ya que la nueva segmentación divide al país en regiones. “Tiene en cuenta distintas variables: la subzona a la que pertenece el usuario, la distribuidora, qué categoría tiene y en qué mes del año está —explicó Soldi—. O sea, es muy difícil para el usuario poder identificar en qué momento está, cuál es el bloque de consumo que le corresponde y qué es lo que le están cobrando”.

La factura final que pagan los usuarios está compuesta por cuatro conceptos: generación, transporte, distribución e impuestos. La quita de subsidio impacta en el costo de la generación, pero a ello se sumarán los aumentos autorizados en los tramos de transporte y distribución. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) anunció un incremento promedio de estos componentes de entre un 20 y un 37%, dependiendo de las distribuidoras y las subzonas. El porcentaje de aumento de electricidad difiere en cada jurisdicción, ya que el servicio público es de carácter provincial. En el AMBA, por caso, se realizará un aumento del 108% en abril y del 74% en junio.

No es un capítulo de Juego de Tronos, pero el invierno se acerca. Spoiler alert para la próxima factura: el aumento no será ni justo ni razonable para todos.

 

 

 

Recetas al horno

Los servicios básicos son aquellos que resultan imprescindibles para garantizar las condiciones de habitabilidad de los hogares. Con el panorama descripto, el pago de la energía eléctrica y el gas natural tendrá una mayor incidencia en el nivel de ingresos familiares. Pero la situación social se agravará en tanto la quita gradual del subsidio alcanza a comercios grandes e industrias, lo que expresará su correlato en los precios y, por consiguiente, acelerará el contexto inflacionario. “La energía, al ser un bien difundido, te repercute en toda la cadena: es una variable sensible en la economía”, consideró el director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECYT), Nicolás Malinovsky. Así es como los costos de seguir una receta confeccionada en Washington se sienten de manera directa en el bolsillo de las argentinas y los argentinos.

 

 

 

 

En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el organismo impuso un tope del 1,5% del PBI para el gasto en subsidios energéticos en 2023. Pero la Secretaría de Energía estimó que, gracias a la política de segmentación tarifaria, se sobre-cumplirán las metas fiscales y se terminará el año con subvenciones que impacten en menos del 1% del Producto. En su presentación en el Teatro Argentino de La Plata, Cristina Fernández de Kirchner recordó que el año pasado se cumplió más de lo que el FMI exigía en términos de déficit fiscal y, sin embargo, la inflación se disparó.

En la carta que publicó el 16 de mayo, la Vicepresidenta manifestó que la historia del Fondo en nuestro país es siempre la misma: “Interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control”. Por eso definió al proceso que comenzó Mauricio Macri con el retorno del FMI al país a través de un préstamo “insólito, inédito y político”, y que cristalizó el gobierno de Alberto Fernández con el acuerdo de 2022, como una pérdida de la democracia económica: “No es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserven aptitud electoral”, analizó.

En 2022 se destinó un 2% del PBI a los subsidios energéticos. Se estima que el nuevo esquema de segmentación tarifaria significará un ahorro del Producto de entre el 0,5% (siendo el mejor alumno del Fondo) y el 1% (superando al maestro). “Es marginal al lado de lo que te puede producir: un caos de la economía”, sopesó Malinovsky, quien es también magíster en Gestión de la Energía. Las comparaciones esclarecen las dimensiones del asunto: “¿Saben cuánto se gasta en materia de eximiciones, alícuotas quebradas, exenciones, gente y sectores que no pagan impuestos o pagan la mitad de los impuestos? 4,6 del PBI”, ilustró Cristina Fernández de Kirchner en ocasión del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner.

Al momento de tomar definiciones en materia de política energética, las herramientas o mecanismos fiscales que se pueden utilizar son múltiples: “Podés hacer un subsidio generalizado y recuperás después con impuestos a las grandes fortunas, como se hizo en su momento, por ejemplo, con el gasoducto Néstor Kirchner, que está financiado con el Impuesto a las Grandes Fortunas que promovió Máximo Kirchner en el 2020”, ilustró Malinovsky. La elección de la metodología es siempre una decisión política. Es más fácil encontrar a los ricos con AFIP que con el ENARGAS o con el ENRE.

 

 

El club de los vivos

Los debates sobre la cuestión energética tienden a limitarse a si hay que bajar o subir tarifas, o quitar o dejar subsidios. Es decir, se ataca el eslabón final de la cadena sectorial, sin poner el foco en cuáles son los verdaderos costos de generación. Un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la Central de Trabajadores de la Argentina expuso que “hoy el nivel de subsidios se encuentra directamente vinculado con la composición de los costos de generación eléctrica, con un alto peso de los combustibles importados”.

El problema es estructural y se remonta al proceso de privatización de la década del ‘90. El gobierno de Cambiemos “profundizó la desregulación del sector y la dolarización del mercado eléctrico (Res. SE 19/2017), amplificando su vulnerabilidad ante las fluctuaciones de precios internacionales y su exposición a variables exógenas”, destaca el estudio de CIFRA. En el caso de generación eléctrica, en la actualidad, más de un 80% de los costos están dolarizados, por lo que “cada devaluación amplifica la brecha entre el costo de generación y el precio de la energía (que se abona en pesos)”.

 

 

En noviembre pasado Axel Kicillof inauguró un congreso de Energía en la Universidad Nacional de La Plata y advirtió: “Si nuestro desarrollo nacional va a depender de lo que decidan cinco jeques árabes que se juntan a definir los costos que después van a impactar en tu hornalla, no tendremos ni soberanía, ni independencia, ni modelo de desarrollo”. Para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, los precios internos no pueden comercializarse a precio internacional porque, de tal manera, es lo mismo tener el recurso que no tenerlo: “Necesitamos que la Argentina tenga su energía y que la use para beneficio de los argentinos”.

El director de OECYT dio un indicio de dónde se podría comenzar a poner la lupa para entender el desequilibrio en el mercado gasífero: según una publicación de Ámbito Financiero, a la empresa canadiense Methanex (radicada en Chile) se le vende el gas argentino a U$S 2,85 el millón de BTU, mientras que para las distribuidoras locales el precio se triplica. Es decir, “CAMESSA (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico argentino) compra el gas con subsidio del Tesoro Nacional a U$S 9 para la generación de energía eléctrica” mientras se exporta el recurso a precios mucho menores y, en consecuencia, “terminamos exportando subsidios”, razonó Malinovsky.

Para que el crecimiento económico no se lo lleven tres o cuatro vivos, hay que alinear precios, tarifas y salarios.

 

 

 

Desmercantilizar la energía

“Sin discutir el costo real de la producción de energía en nuestro país, y cuánto es lo que están cobrando las empresas del sector, no vamos a poder saber si lo que estamos pagando como tarifas (con segmentación o sin segmentación) es justo y razonable”, resumió la directora ejecutiva del CEPIS, Paula Soldi. “Lo que nosotros tenemos que definir es qué rol queremos que juegue la energía para el desarrollo de nuestro país, si va a ser un commodity más del mercado o si la vamos a mirar como un recurso esencial y estratégico para el desarrollo de la industria y del comercio y, también, si la vamos a mirar en perspectiva de derechos humanos para que los usuarios puedan acceder a ella en condiciones de calidad”, completó.

El objetivo del préstamo del FMI no fue sólo ayudar a ganar las elecciones a un “gobierno amigo”, sino disciplinar a los subsiguientes. En materia energética, los condicionamientos del organismo generan una transferencia de los recursos de la población hacia las empresas que controlan la cadena energética. La pregunta no es qué subsidios, qué tarifas y qué costos; sino qué subsidios, qué tarifas y qué costos para qué proyecto de país.

 

 

 

 

 

 

 

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