Tan solo palabras

 

Las imágenes de lo ocurrido el martes 9 en el Luna Park, con las personas mayores de 80 años paradas bajo el sol, haciendo colas de más de dos horas para recibir la vacuna contra el Covid-19 y el amontonamiento en las entradas de los vacunatorios dispuestos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires me resultaron tan patéticas que inspiraron estas líneas.

El neoliberalismo de Horacio Rodríguez Larreta dejó al descubierto, de manera inclementemente cruel, la dualidad de la sociedad capitalina: mientras algunos pueden asistir normalmente a vacunarse en los centros de salud de sus seguros médicos, para otros –que son siempre los mismos– lo que se les asegura es amontonamiento, maltrato y dolor. En particular, me sorprendieron las palabras de una viejita en silla de ruedas que, cuando un periodista le puso un micrófono, reflexionó con algo así como que los viejos somos descartables, ya no producimos más, y por eso ¿a quién le importa? El impacto de esas palabras emocionaron al periodista, y yo me sentí hermanado con él porque cuestiones similares a ésta me llevaron, en su momento, a formular una denuncia por discriminación por ante el INADI.

El 20 de noviembre de 2018 presenté una denuncia por discriminación contra Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Emilio Basavilbaso, Sergio Cassinotti, Waldo Wolf, Martín Loustou y Jorge Lanata, todos ellos por realizar actos notoriamente discriminatorios contra beneficiarios de la seguridad social. A partir de la entrega del escrito, pasé infinidad de veces por las oficinas del INADI para averiguar el estado de las actuaciones. Como nunca recibía una respuesta, presenté un Pronto Despacho que jamás fue resuelto. Luego de ello, seguí con mis visitas asiduas para averiguar acerca del estado del trámite, y en una de esas ocasiones bajó a hablarme un muchacho (imagino abogado) que me dijo confidencialmente que el expediente estaba cajoneado. Como quedaba poco tiempo para las elecciones esperé pacientemente que el cambio de autoridades trajera aire fresco y se pudiera revitalizar una política integradora de las personas más vulnerables como son los viejos, los niños, las mujeres, los pobres y los discapacitados. Que se diera un mensaje claro y contundente respecto que la seguridad social es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La denuncia trataba, fundamentalmente, de motivar una sanción ética y moral no sólo para los funcionarios denunciados sino, sobre todo, con visión de futuro. Para que nadie más se atreva a cometer actos discriminatorios de cualquier naturaleza contra los más vulnerables. Que se informara a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos de lo acontecido en la Argentina durante los cuatro años de neoliberalismo macrista y los daños que infligió a los más vulnerables. Pasaron dos años y cinco meses desde la presentación de aquella denuncia sin ningún tipo de movimiento, donde no se intentó prueba alguna, ni se tomó ni uno solo de los cientos de testimonios que ofrecí. Finalmente, la semana pasada recibí una Carta Certificada del INADI, y confieso que mi corazón dio un salto emocionado ¡por fin recibía respuesta! Mi ansiedad fue tal que rápidamente rompí el sobre y salteé las hojas para leer el último párrafo que, como siempre pasa, trae la decisión final sobre las actuaciones, el cual textualmente decía: “Por todo ello, se procede, en virtud de los argumentos que anteceden, al archivo de las actuaciones”. Mi desazón fue instantánea, quedé por un instante paralizado, doblé la carta prolijamente y la guardé, reservando la lectura de los argumentos para más tarde.

Cuando logré reponerme del shock, me dispuse a leer los argumentos y di con esta fatídica frase: “La base de la denuncia puede sintetizarse en que la propuesta de lo que luego fue la ley 27.426 que modificó la fórmula de movilidad resulta discriminatoria contra los adultos mayores, y el desfinanciamiento que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri discriminó a los jubilados en tanto les bajó sus haberes”. Falso de toda falsedad, inauditamente tergiversada toda la denuncia para transformarla en algo intencionalmente distinto. Si sólo me hubieran citado para que explique las motivaciones se hubieran enterado que era absurdo que utilizara esa vía cuando ya había obtenido un fallo judicial de segunda instancia favorable por una demanda contra la ley 27.426, que el procurador ante la Corte dictaminó que ese tribunal debe confirmar y que si la Corte no resolvió todavía es por la desidia a la que nos tiene acostumbrado el tribunal supremo.

Soy un viejo abogado que ha visto todo tipo de cosas, atropellos, vejaciones, pero el tiempo demuestra que siempre hay cosas nuevas para sorprenderse. En este archivo adjunto (ver Discriminacion) les envío el texto de la denuncia y les propongo que analicen si de ella se desprende que el objeto era ir contra la ley 27.426. Esta ley forma parte de uno de los tantos puntos en que se tratan los actos discriminatorios detallados en la denuncia, más precisamente el punto 12. Es un simple párrafo que abona a la denuncia, pero que para el burócrata de turno se transforma en el “único” tema de los 15 planteados. Quien dictaminó, como si fuera poco el daño realizado, no pudo con su soberbia y agrego una burda y pobre descripción de cómo se hacen las leyes en la Argentina, una serie de tonterías que prefiero no calificar para no ser soez.

Pero hay algo que da vueltas por mi cabeza y no encuentro aún una respuesta ¿por qué mentir de forma tan aviesa? En una causa en la que el INADI podría hacer un gran trabajo, por ejemplo: citar a los que piensan la seguridad social, a los Organismos Internacionales de Seguridad Social con representación en la Argentina; a los organismos de Derechos Humanos; a los grupos feministas; a las organizaciones sociales; a los organismos y expertos en gerontología, a los representantes de los discapacitados, etc., y juntos determinar si en la Argentina hubo o hay discriminación y trabajar sobre una resolución que indique cuándo hay discriminación y cómo prevenirla.

¿Alguien puede dudar que en nuestro país hay discriminación hacia los pobres, los viejos, las mujeres, los discapacitados físicos y mentales? ¿Alguien duda que en el período macrista hubo discriminación? Si el INADI está para evitar la discriminación, pero en vez de buscar una solución a los problemas de los discriminados y evitar esa situación, miente descaradamente para no meterse en un terreno en el que es necesario trabajar y mucho, ¿para que sirve el INADI?

 

¿Qué es discriminación?

En la denuncia que presente ante el INADI trato de explicar el significado de la palabra discriminación que aquí reproduzco para que se entienda cuál es, en verdad, el objeto de dicha denuncia.

La discriminación es la acción cotidiana por la cual se le da un trato desfavorable a un grupo de personas, en este caso a personas en estado de vulnerabilidad, a quienes además de quitarles derechos se los trata en forma desfavorable o con desprecio inmerecido, que a veces no percibimos pero que sistemáticamente existe.

La discriminación es una forma de violencia pasiva, que en algunos casos puede convertirse en una agresión física. Mejor dicho, es un camino que empieza con métodos más o menos sofisticados de violencia pasiva, y que continúa con violencia activa.

Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son siempre negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos. Los actos discriminatorios afectan a la sociedad de una manera negativa y debilitan la autoestima del discriminado.

El discriminador es un individuo que tiene una visión distorsionada de la esencia del ser humano y se atribuye a sí mismo características o virtudes que lo ubican un escalón más arriba. Desde esa “altura”, pueden juzgar al resto de los individuos o grupo de individuos. La intolerancia, el rechazo y la ignorancia son determinantes para el nacimiento de conductas discriminatorias. Las creencias populares pueden convertirse en propulsores de “odios”. Así el concepto de los “planeros”, los “choriplaneros”, los “jubilados de la moratoria”, los “jubilados sin aportes”, “si no se hubieran dado tantas jubilaciones sin aportes los jubilados que hemos trabajado podríamos ganar más”, “los vagos que viven a costa del Estado” son sólo algunos de los ejemplos de esos “odios”, construidos mediante la reiteración de falsedades repetidas hasta el cansancio por muchos medios de comunicación y por infinidad de comunicadores. Claro que esta construcción de “odios” sólo es posible con la complicidad y la acción del gobierno, con frases dichas al pasar o para justificar su propia inoperancia en la acción pública, y en la mayoría de los casos por un sentido de “clase dominante” que la instalan unos cuantos escalones más arriba de los vulnerables.

Ese era el verdadero objeto de la presentación, no intentar absurdamente plantear que una ley votada por el parlamento sea considerada discriminatoria. Sólo una mente distorsionada e insensible puede hacer una tergiversación tan sesgada. Puede ser que quien hizo el dictamen padezca insensibilidad manifiesta, puede ser que para ella el hecho de que miles de personas en situación de calle deambulen por una ciudad de opulencia como Buenos Aires le parezca un hecho normal, o que el gobierno macrista dejara más de 150.000 expedientes de discapacitados sin resolver es una nimiedad, o que los medios dominantes discriminen a los pobres con adjetivos cada día más repugnantes sea un hecho normal, o que a miles de mujeres –las mas pobres– les hayan cerrado el camino a la jubilación le parezca justo, pero que esas y otras decenas de cuestiones similares no sean relevantes para el organismo destinado a velar contra la discriminación nos debería preocupar seriamente.

 

El trato dado a la denuncia

Como expliqué más arriba, el expediente estuvo en las oficinas del INADI por casi 30 meses. No se hizo ningún acto probatorio. La denuncia iba acompañada por cientos de personas de todo el país que estaban dispuestas a declarar si se sentían discriminadas o no. Sin embargo, no llamaron a ninguna de ellas. Sin consultar a ningún especialista. Sin siquiera citarme a que explique las motivaciones de la denuncia. Abruptamente, mal interpretando intencionalmente el sentido de la denuncia, mandan al archivo las actuaciones. Una perlita que demuestra la desmesura del poder es que la denuncia venía acompañada de una notificación donde se me informaba: “Asimismo se le hace saber que cuenta con el plazo de 3 días a los fines de plantear la revisión.”. En pocas palabras, el INADI puede tomarse 30 meses para no hacer nada, pero el denunciante tiene tres días para solicitar la revisión. Si eso no es discriminación qué será la discriminación. ¡No entiendo cómo no se les cae la cara de vergüenza!

Lamento mucho lo ocurrido, en verdad tenía muy buenas expectativas en que con el nombramiento de Victoria Donda naciera un INADI con sensibilidad y con visión progresista, por su historia, por las cuestiones que defendió en el parlamento, por el permanente discurso a favor de los que menos tienen y de las mujeres. Todo se hizo trisas en un instante y lejos de mejorar la empatía de un organismo que carece totalmente de ella, la profundizo. En verdad duele, y duele mucho. Cuando tuvo que transformar las palabras en acción, quedó demostrado que eran sólo palabras vacías, una estafa intelectual.

Ya pasaron los tres días que me dieron para pedir la revisión, pero no lo hice, ni lo haré. El dolor es enorme por la muestra de insensibilidad, la falta de empatía y la decepción que produce el que alguien de quien mucho uno espera sea un eslabón más en una cadena de injusticia. Allá cada uno con su conciencia.

Cada escrito judicial termina con que “será justicia”. En una justicia amañada y en descomposición sabemos que difícilmente será justicia. Ahora sé que en el INADI, tampoco será justicia.

 

 

 

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