Tan cerca y tan lejos

 

En 2005, Roberto Oscar González trabajaba en el comercio agrícola de banana y feijão. Solía viajar entre la Argentina y el sur de Brasil. Estaba retirado de la Policía Federal desde hacía más de una década y su nombre siempre había circulado en las listas de represores de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura. Ese año, luego de la reapertura de los juicios de lesa humanidad, el juez Sergio Torres lo llamó a indagatoria, pero González nunca apareció. Se la vio venir y se quedó para siempre en Brasil, prófugo de la Justicia argentina.

Lleva desde entonces 17 años de impunidad, coronados en 2020 con una decisión insólita del Supremo Tribunal Federal de Brasil, el máximo órgano judicial del país, que negó su extradición con un criterio que contradice resoluciones del propio STF en casos análogos.

Una relatoría de las Naciones Unidas acaba de difundir las explicaciones que le reclamó al Estado de Brasil por el caso de “Gonzalito”, como se lo conocía en la ESMA. Con la firma del relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el argentino Fabián Salvioli, la vicepresidenta del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, Aua Baldé, y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, la ONU envió en abril una comunicación al gobierno brasileño donde cuestionaba la negativa de extradición y pedía aclaraciones en un plazo máximo de 60 días. Como no hubo respuesta, la oficina de Salvioli hizo públicas sus críticas al fallo del STF, que no piensa moverse de su decisión de proteger a González.

 

 

De los secuestros a la chacra

En 1976, González tenía 25 años y era subinspector de la Dirección General de Operaciones de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal cuando lo mandaron en comisión a la ESMA. Venía de la Comisaría 2 de la Capital, al igual que otros policías que se integraron entonces al Grupo de Tareas de la Armada como miembros operativos. Su territorio era la calle, y su función, secuestrar o matar a los militantes buscados. Varios sobrevivientes lo mencionaron en la megacausa como uno de sus secuestradores.

En los Juicios por la Verdad, González reconoció haber integrado el grupo que asesinó a Rodolfo Walsh el 25 de marzo de 1977. Años después, ya prófugo en Brasil, se atrevió incluso a más. En 2016 le dio una entrevista al medio brasileño Hora Zero en su chacra en la zona rural de Viamão, en el Gran Porto Alegre, donde cultivaba puerros, ajo, rúcula, cebolla, hacía changas en un taller vecino, criaba gallinas, vendía huevos. Dijo que él había integrado el grupo de “cerco” en el operativo para secuestrar a Walsh, cuidando el perímetro, y cuando le preguntaron si había tenido participación directa en el asesinato dijo: “No, lamentablemente. Eu gostaria de ter abatido Rodolfo Walsh”.

En esa misma entrevista habló del reparto del trabajo represivo dentro del GT de la ESMA. “En el sector de inteligencia, podía haber torturas −dijo González−. Pero yo no participaba en ese sector. Atrapaba personas en la calle. Tengo muchos tiroteos, maté mucha gente en enfrentamientos, sólo en enfrentamientos. Pueden haber sido bastantes más de una centenar”.

 

 

González también carga con un caso de apropiación. Según el ex detenido Lisandro Cubas, en junio de 1977 “Gonzalito” trasladó al hijo recién nacido de Ana Rubel y Hugo Alberto Castro, ambos desaparecidos, al hospital de Casa Cuna, donde el bebé fue apropiado por un médico. Según el propio González, actuó en la ESMA entre julio de 1976 y noviembre de 1978. Víctor Basterra lo identificó como uno de los miembros del “Copece”, la comisión de la Armada que volvió a la ESMA entre fines de 1982 y principios de 1983 para ocultar o destruir documentación.

Beneficiado por las leyes de impunidad en el país, González fue uno de los 98 militares argentinos procesados por el juez Baltasar Garzón en España en 1999. Tras la reapertura de los juicios en la Argentina, poco antes de que Torres lo llamara a indagatoria por más de 700 casos de víctimas de la ESMA, se fugó a Brasil junto a otro represor de la ESMA, el ex policía Pedro Osvaldo Salvia. González eligió la capital de Porto Alegre, donde tenía familia, y poco después se mudó a Viamão. Salvia optó por Río de Janeiro, donde también se instaló otro ex operativo de la ESMA y ex policía, Gonzalo “Chispa” Sánchez. Desde octubre de 2005, las caras de los tres figuraron en la lista roja de los prófugos internacionales buscados por Interpol.

En 2013 Sánchez cayó en Paraty, en el sur de Río de Janeiro, y Salvia decidió abandonar la zona. Solo y enfermo, se mudó a Viamão, donde lo acogió su amigo González. Vivieron juntos hasta que Salvia murió en junio de 2015. Un mes después, la policía brasileña localizó y detuvo a González. Lo venían siguiendo desde hacía dos años, con apoyo de policías argentinos en Brasil. Para entonces ya tenía una orden de captura internacional del juez Torres y otra de la jueza María Servini por la apropiación del hijo de Rubel y Castro.

González pasó nueve meses preso en una cárcel de máxima seguridad, hasta que en marzo de 2016 el STF le concedió el beneficio de esperar en su casa con una tobillera electrónica hasta que se resolviera el proceso de extradición. Cuatro años después, los jueces supremos de Brasil decidieron que González tenía derecho a quedarse en el país y a ignorar a la Justicia argentina.

 

 

Reclamo de explicaciones

Tras la decisión del STF, la Cancillería argentina le pidió al máximo tribunal brasileño que revise el fallo y, en simultáneo, las querellas de HIJOS Capital y de Kaos junto a un grupo de sobrevivientes de la ESMA presentaron quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos −un trámite del que aún no hubo novedades− y ante la relatoría especial de la ONU por los casos de cuatro víctimas del GT de la ESMA que involucran a González.

La comunicación de Naciones Unidas recoge la preocupación de los organismos de derechos humanos argentinos sobre el paradero de González, hoy de 71 años, quien no recibe ningún seguimiento por parte del Estado de Brasil. “Nos preocupa mucho que no sabemos ni dónde está −dice Anabella Montaner, abogada de HIJOS Capital−. Una vez que el STF negó la extradición, González quedó completamente en libertad. Existen precedentes internacionales de fallos definitivos de máximos tribunales que se revirtieron, como el caso Bulacio en la Argentina, pero eso requiere de una voluntad de cumplir con el derecho internacional”.

La comunicación enviada desde Naciones Unidas a Brasil critica en varios sentidos la resolución del STF. Primero cuestiona la costumbre judicial brasileña de aplicar la Ley de Amnistía que rige en el país desde 1979 en casos de imputaciones por delitos cometidos en terceros países. Según la amnistía brasileña, una norma incompatible con el derecho internacional según la Corte Interamericana, crímenes como los asesinatos y las torturas prescriben después de 20 años. Al igual que otros delincuentes, González se beneficia de esa ley pese a que no existe una similar en la Argentina, donde él debe responder por sus crímenes.

Pero a eso se sumó una pirueta jurídica aún mayor. Poco antes de fallar sobre González, el STF brasileño −con la misma integración− había decidido lo contrario sobre su ex colega “Chispa” Sánchez y lo había extraditado a la Argentina. En ese caso había considerado que los delitos de desaparición forzada por los que se lo acusaba estaban excluidos de la Ley de Amnistía. Un solo juez, Marco Aurélio, relator tanto en el caso de Sánchez como en el de González, había escrito en su voto que desaparición equivalía a muerte, y por lo tanto sí le cabía la amnistía. Según Aurélio, “el hecho de que haya cuerpos desaparecidos no es suficiente para concluir que las víctimas están vivas sin elementos concretos que validen esta visión”.

Cuando llegó el momento de decidir sobre el caso de González, los demás jueces se dieron vuelta y fallaron igual que Aurélio. La relatoría de la ONU también criticó ese punto y dijo que considerar muertos a los desaparecidos atenta contra los estándares internacionales de derechos humanos porque la desaparición forzada es un delito continuado hasta la aparición de las víctimas. Una cosa que, para un país como Brasil, no parece tan obvia.

 

 

 

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