SUS SEÑORÍAS DESNUDAS

 

Debate con historia

A partir de la chicana con la que se cuestionó el quórum de la sesión de Diputados en la que se trató el régimen de jubilación de los jueces, y de las discusiones que habían comenzado antes y continuaron con el debate en el recinto, se pueden rescatar elementos que ponen en evidencia esa ficción que consiste en presentarle a la sociedad como poder independiente lo que en realidad es un instrumento de los sectores dominantes.

El jefe del bloque de Diputados del Régimen dijo que “hay que ver cuántos son los magistrados que se jubilarían en el acto si la ley avanza” y, fuera de los micrófonos, un vocero de ese bloque confesó: “Nadie quiere privilegios, pero no les queremos dar la posibilidad de poner 300 jueces”. Una suerte de confesiones de parte: quienes se irían para no perder la jubilación serían mercenarios que abandonan el barco de la oligarquía, no jueces de una república democrática, con todo lo que esto significa en momentos en los que se tramitan causas como la del Correo Argentino; y estaríamos ante un temor racional, que considera peligroso a cada juez que propondrá el gobierno popular. La hipótesis es plausible si se consideran además las palabras del Presidente: “Venimos a ponerle fin al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”; mas dirigiéndose directamente a los jueces, dijo: “Sean dignos, sigan trabajando, tienen que hacer un aporte distinto a la Argentina”. Palabras que también pueden considerarse una respuesta al presidente del Consejo de la Magistratura y representante de los jueces en ese organismo, Alberto Lugones, quien —más sutil que Negri— afirmó que “el Poder Judicial se quedaría con la mitad de los jueces activos para seguir cumpliendo sus tareas en los tribunales del país”.

Más aún, por si las persecuciones que impulsó el macrismo a políticos y dirigentes sociales opositores, que tuvieron a sectores del sistema de administración justicia por ejecutores principales, no fueran suficientemente elocuentes, el Presidente agregó: “Los que colonizaron la Justicia fueron ellos”. Claro que la colonización deber ser interpretada con cuidado por cuanto se trata de un tipo de dependencia variada y variable, que rara vez responde a las históricas identidades partidarias que todavía caracterizan al sistema político: al emblemático juez Bonadío no lo propuso Macri sino el peronista Menem, y sin embargo persiguió a dirigentes del kirchnerismo que se identifican como peronistas; y aunque Bonadío era un eslabón de una cadena que respondía al poder real, no habría que descartar otras motivaciones. En todo caso, lo que escasea es la independencia de criterio y el respeto a la ley.

Cuando ya había fracasado el intento de frustrar la sesión por una inexistente falta de quórum, el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio sentenció: “Vamos a judicializar esta situación”. En otras palabras, el vocero del bloque de poder que gobernó hasta el 10 de diciembre pretende que los jueces resuelvan sobre la legitimidad de la sesión en la que se buscó reducir uno de los privilegios de esos mismos jueces, la mayoría de los cuales defiende sus prebendas en nombre de la Constitución; la misma que no se cansaron de violar, por ejemplo, cada vez que protegieron a un delincuente de guante blanco o que cumplieron con el mandato de atacar a un dirigente del campo popular.

Maniobras como la que encierra la amenaza de Negri han impedido desde hace años una democratización de ese reducto oligárquico. Cualquiera que se tome el trabajo de revisar registros oficiales comprobará una notable coincidencia: los gobiernos del Régimen no sólo han endeudado sin límite al país desde el fondo de la historia, también se han encargado de otorgar prácticamente la totalidad de los privilegios que gozan jueces y otros funcionarios del sistema de (in)justicia. No es casual sino todo lo contrario, así como tampoco lo es que hayan sido gobiernos populares los que desendeudaron al país y los que históricamente han intentado eliminar los privilegios de jueces. Que tales intentos hayan fracasado con todo éxito es un dato político tan importante como la dificultad para conseguir el quórum necesario el día que se trató el proyecto en cuestión: son poderosos los defensores de estos republicanos vicios.

¿Qué más dicen los jueces? “Nosotros aportamos más, entonces es justo que recibamos una jubilación más alta”. Afirmación contradictoria con los fundamentos del sistema solidario, que además ha sido cuestionada con números: el subsistema de jubilaciones de estos magistrados es deficitario, en consecuencia es el Estado —toda la sociedad— quien lo subsidia. Se esgrime entonces el argumento corporativo de fondo, con el que se pretenden justificar no ya las jubilaciones solamente sino la necesidad de ingresos más y más altos en relación con otros funcionarios del Estado, como también que la mayoría de sus señorías siga sin pagar el impuesto a las ganancias, para citar otro de los privilegios: “Es el principio de intangibilidad, que garantiza la independencia de los jueces”, dicen. Es decir que la justificación última de la corporación respecto del alto nivel de sus sueldos y jubilaciones sostiene que ésa es la única forma de garantizar el respeto de los jueces a la ley: un argumento inaceptable no sólo desde una perspectiva ética, sino ante la prueba empírica, esto es, desde el punto de vista político; tan inaceptable como esa creencia  popular, destrozada impiadosamente por Macri y sus CEOs, que se suele formular más o menos así: “como es rico, no va a robar en el Gobierno”.

 

 

Lo tangible y lo intangible

Hay hechos diáfanos que muestran que gran parte del sistema de justicia es independiente -sí- pero sólo de los poderes populares, sin embargo hay también aspectos del problema que para ser comprendidos requieren que prestemos atención a cuestiones que no están a la vista de todes.

La prevalente tradición reaccionaria del Poder Judicial es parte del proceso histórico argentino. Una de las causas que explica la interrupción de la primera revolución nacional y popular del siglo pasado es que el presidente Yrigoyen respetó las palancas fundamentales del poder oligárquico —si lo hizo porque quiso, no supo o no pudo cambiarlas es harina de otro costal, a los efectos de esta nota—; en particular, la reacción conservadora hizo de la manida (pseudo) independencia judicial uno de sus baluartes. Esta realidad fue apenas atenuada con el paso de los años.

¿Por qué esta forma de dominio de los sectores de poder no es explicitada como lo que es: la subordinación de hecho de una parte de la población a esos sectores? ¿Por qué adopta la forma de dominio de un Estado que se dice neutral? En otras palabras, ¿por qué este mecanismo de coerción estatal no es presentado como un mecanismo privado de los sectores dominantes? ¿Por qué se presenta disociado de tales sectores y toma la forma de un dispositivo impersonal de autoridad pública aislado de la sociedad? Estas preguntas nos aproximan al núcleo de una realidad que supera las circunstancias nacionales.

En primer lugar es importante considerar que no se trata de un problema meramente institucional. En nuestro caso, la Constitución que rige desde 1860 es reflejo de los intereses de la oligarquía. La organización estatal debía cobrar una forma tal que los individuos que ejercieran este poder del Estado aparecieran ellos mismos subordinados a una especie de poder abstracto e impersonal, y que el ejercicio de su poder apareciera —y hasta cierto punto fuera— como el imperio de reglas abstractas e impersonales y no como producto de caprichos arbitrarios. Esta ficción llega al paroxismo cuando la conducción del Estado queda en manos del Régimen, como entre 2015 y 2019. En cambio, cuando los sectores populares se hacen de la conducción estatal, los actores se resisten a dejar los disfraces, como quedó probado con el fracaso del proceso de democratización de la justicia que impulsó Cristina en su segundo mandato; aunque es necesario aclarar que las razones últimas de aquella resistencia hay que buscarlas en el programa político integral de ese gobierno popular, no solamente en el frustrado proyecto de ley de democratización.

Del mismo modo, las razones de la segura resistencia que se opondrá a la iniciativa de cambios parciales en la Justicia, cuyo envío al Congreso anunció el Presidente al abrir las sesiones ordinarias, habrán de buscarse en última instancia en la totalidad del proyecto político que con claridad enunciaba Alberto Fernández en ese mismo momento. Hago esta afirmación cuando apenas se conocen los lineamientos generales de la iniciativa: me basta con la certeza de que será coherente con el rumbo general del gobierno.

A nivel político, la coerción material necesaria para explotar la fuerza de trabajo inseparable de sus poseedores, el carácter social de la dominación sobre el trabajo y el sometimiento nacional se travisten con el ropaje de poder social impersonal y objetivo, sujeto a leyes frente a las cuales todes les ciudadanes se suponen iguales. Quien dude o sospeche que hay en estas líneas un desvarío ideológico puede visitar cualquiera de las cárceles del país, en todas encontrará una abrumadora mayoría de pobres; o seguir la tarea de docencia masiva sobre la naturaleza y funcionamiento de la justicia que está haciendo desde que asumió el gobernador de Jujuy, Gerardo Yo soy Blaquier Morales.

 

 

Trama y definiciones de fondo

La mayoría de los jueces y fiscales configura una alta burocracia situada entre los sectores dominantes y los sectores populares al servicio de los primeros, un estrato orientado a organizar y perfeccionar las herramientas de dominio de carácter impersonal como un fin es sí mismo, que se consolida en la medida que se endurecen las condiciones que impone el capitalismo. Un estrato cuya capacidad de reproducción es tan asombrosa como su sensibilidad a los cambios en la configuración del poder: resistirá no sólo los proyectos que afecten específicamente sus privilegios o los de sus mandantes, sino también cualquier medida que comprometa su reproducción.

Así, el aparato judicial constituye una especie de medio social caracterizado por una estructura jerárquica de dominación ubicada a distancia prudente de los dominados, en la que cada burócrata se define por su posición en la jerarquía —es decir, por su relación mando/obediencia con los otros burócratas— de la que depende su status, y en la que el ascenso supone cuotas de poder crecientes. Tal caracterización excluye a les pures ejecutantes, les trabajadores/as judiciales, aunque una parte de elles, los niveles más bajos de la burocracia propiamente dicha, puede identificarse con sus superiores haciendo suyo el ideal de les burócratas: la promoción.

Se deduce por qué el sistema de administración de Justicia puede ser visto como una especie de práctica social especializada en la consolidación y extensión de un dominio de carácter impersonal, que a los mismos burócratas se les presenta como imperio de la norma objetiva; práctica que aparenta ser una técnica formal de dominio que conforma un cuerpo autonomizado y en permanente desarrollo.

Ahora bien, si como práctica es un medio, si en cuanto tal es un instrumento al servicio de los dominadores situado entre éstos y los dominados, cabe preguntarse por su vínculo con los dominadores y abordar el problema que presenta su carácter, que es instrumental pero parece autónomo.

En Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, Marx nos aproxima a una respuesta: "Las corporaciones son el materialismo de la burocracia y la burocracia es el espiritualismo de las corporaciones. La corporación es la burocracia de la sociedad civil; la burocracia es la corporación del Estado… Allí donde la ‘burocracia’ es el principio nuevo, el interés general del Estado comienza a convertirse en un interés ‘aparte´ y, por consiguiente, un interés ‘real’… El mismo espíritu que crea en la sociedad a la corporación crea en el Estado a la burocracia. Por tanto, cuando es atacado el espíritu de la corporación, también lo es el espíritu de la burocracia; y si esta combatía anteriormente a la existencia de las corporaciones para hacer un lugar a su propia existencia, ahora procura salvaguardar de viva fuerza la existencia de las corporaciones para salvar el espíritu corporativo, su propio espíritu”.

Si no fuera porque el autor de El Capital hizo estas reflexiones hace 176 años, se podría decir que se inspiró en la historia profesional y pública del abogado de corporaciones Carlos Rosenkrantz, actual presidente de la Corte Suprema, inicialmente designado por el ex Presidente Macri a través de un decreto.

Es probable que no queden jueces ni fiscales ingenuos que crean en esa independencia que, en el mejor de los casos, es puro ideologismo. Como quiera que sea, es posible que estemos transitando un momento histórico que induzca a sus señorías a despojarse de la condición de burócratas, a dejar de autopercibirse como apolíticos maniquíes de cotillón y a comprender que, como humanes de carne y hueso, son hombres y mujeres que cumplen una función de naturaleza política; si fuera así, deberán optar: o son parte del desafío de ampliar derechos y reducir injusticias de todo tipo, es decir, si van a estar del lado de la democratización de la sociedad y del Estado; o van a actuar en favor de las corporaciones.

Por otra parte, y en concordancia con los pronunciamientos presidenciales, quienes cumplen funciones en otros poderes del Estado deberán tener presente que el sistema de administración de Justicia abstraído como técnica resulta muy seductor: aparenta estar disponible para el uso de cualquiera que se proponga controlarlo. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que nadie puede usarlo sin transformarse a su vez en medio y sin convertir la reproducción de esa burocracia en su propio fin.

 

 

 

 

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