Superar a China y limitar a Rusia

Estados Unidos suma adhesiones para ahuyentar la presencia de China en la región

Por Ariela Ruiz Caro
Biden lanzó la APEP el año pasado, durante la Cumbre de Los Ángeles. Foto: AP.

 

La Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP), iniciativa propuesta por el Presidente Biden durante la IX Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles en junio del año pasado, se ha vestido de gala y ha empezado a recibir adhesiones. En su primera reunión oficial, el 27 de enero, se adhirieron los países que tienen suscritos Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, República Dominicana, México, Panamá), y aquellos que aspiran a tenerlos (Barbados, Ecuador y Uruguay).

Esta iniciativa presentada por el gobierno estadounidense como “nueva e histórica” para impulsar la recuperación económica y el crecimiento en el continente americano, no tiene nada de histórica ni de novedosa. Al igual que las intrascendentes iniciativas para la región diseñadas durante el gobierno de Donald Trump (América Crece y el Marco estratégico para el Hemisferio Occidental), que comentamos en El Cohete, detrás de un florero lleno de buenas intenciones, este remake –con lenguaje más diplomático que el de su antecesor– tiene el mismo objetivo: ahuyentar la presencia de China en su ahora elevado de categoría patio delantero, otrora trasero, e invocarlos a que cooperen con su agenda política global. El problema es que Estados Unidos no cuenta con recursos suficientes como para contrarrestar la avalancha de inversiones chinas orientadas a infraestructura, telecomunicaciones, redes digitales y recursos naturales, entre otros.

 

 

Reposicionamiento

Después del fin de la Guerra Fría, a principios de los ‘90, el gobierno estadounidense planteó sagazmente el ALCA y la Iniciativa Energética Hemisférica. Luego de sus fracasos en 2005, empezó a construirlas a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Los objetivos de estos Tratados están claramente expresados en la ley de comercio (Trade Promotion Authority) de 2002 aprobada por el Congreso, que autorizó al gobierno de los Estados Unidos a negociar los TLC. Se consideró que la expansión del comercio internacional era de vital importancia para su seguridad nacional, además de un factor crítico para el crecimiento económico del país y para su liderazgo en el mundo. Asimismo, que estos sirven al mismo objetivo que los pactos de seguridad durante la Guerra Fría, pues se compromete a las naciones, por medio de una serie de derechos y obligaciones, a un modelo de gestión de la economía. Los TLC, al ser tratados internacionales, tienen un rango mayor que la Constitución.

Las autoridades estadounidenses consideraban que los TLC maximizarían las oportunidades para los sectores económicos claves en su país, como la tecnología de la información, telecomunicaciones, industrias básicas, equipo de capital y médico, servicios, agricultura, tecnología ambiental y propiedad intelectual. Las nuevas oportunidades les permitirían preservar su fuerza en asuntos económicos, políticos y militares.

Además, los recursos naturales del hemisferio estarían disponibles para responder a las prioridades nacionales de Estados Unidos. Anular iniciativas de control estatal sobre los recursos naturales y garantizar el libre flujo del comercio e inversiones en las actividades económicas vinculadas a dichos recursos, facilitarían el acceso a los yacimientos de crudo y minerales, así como al potencial genético presente en la enorme biodiversidad existente en el Hemisferio Sur, especialmente en América Latina.

Los TLC son funcionales a este objetivo. Estos Tratados tienen varios capítulos que abordan diferentes aspectos de la economía. Si bien no existe uno específico sobre los recursos naturales, los que reglamentan las inversiones, servicios o propiedad intelectual facilitan su explotación y libre acceso. Recordemos que, a lo largo de la historia reciente, la pugna por el acceso a los recursos naturales, en particular el petróleo, ha sido motivo de guerras, cuando no de golpes de Estado.

El problema para Estados Unidos es que China también ha firmado con varios países este tipo de acuerdos y además cuenta con financiamiento e importantes bancos de desarrollo.

 

 

La Estrategia de Seguridad Nacional de Biden

Los objetivos prioritarios definidos en la última Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de Estados Unidos consisten en “superar a China y limitar a Rusia”. Sobre Rusia, dice que representa una amenaza inmediata y continua para el orden de seguridad regional en Europa y es una fuente de interrupción e inestabilidad a nivel mundial, pero carece de las capacidades de China. El país asiático es considerado como el desafío geopolítico más importante de Estados Unidos, toda vez que es el único competidor que tiene la intención de remodelar el orden internacional y, cada vez más, el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para avanzar en ese objetivo.

Para el gobierno estadounidense el mundo se encuentra ahora en un punto de inflexión y esta década será decisiva para establecer los términos de su competencia con China y gestionar la grave amenaza que representa. Si no actuamos con urgencia y creatividad, señalan, nuestra ventana de oportunidad para dar forma al futuro del orden internacional y abordar los desafíos compartidos se cerrará. Esas acciones deben comenzar con el desarrollo de los medios para ejecutar nuestra estrategia, realizando inversiones renovadas en el país y en el extranjero y promoviendo la democracia y la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, define lineamientos de política interna más redistributivos (inversión en salud y educación) así como innovación, mayores inversiones en la industria y relocalización de las cadenas productivas. También anuncia el fortalecimiento de alianzas militares: con la OTAN en Europa, para aislar a Rusia, y con AUKUS (Reino Unido, Australia y Estados Unidos) y QUAD (Australia, Japón, India y Estados Unidos) para cercar a China.

Estas prioridades definidas en su actual NSS podrían explicar la probable autoría del gobierno estadounidense en el atentado a los gasoductos Nord Stream, que transportan gas natural de Rusia a Alemania y Europa. La investigación difundida el miércoles por el periodista y ganador de un premio Pulitzer, Seymour Hersh, acusa a la Marina, a la CIA, al Pentágono y al Presidente Biden de ser los autores. Si bien el informe se basa en una fuente anónima, tiene lógica. Es sabida la presión de los lobbies de la industria petrolera para impedir que el gas natural de Rusia fluyera hacia el continente europeo, algo que tenía lugar aun en tiempos de la Guerra Fría a través del entonces denominado gasoducto Amistad. Por entonces no se conocían las técnicas del fracking, muy contaminantes por cierto, utilizadas por petroleras estadounidenses que tenían su mira puesta en el mercado europeo para exportarlo como gas licuado. Por eso la construcción del gasoducto Nord Stream 2 tuvo que concluirse contra viento y marea, mientras el gobierno de Trump imponía sanciones a las empresas occidentales que participaban. El poder de los lobbies de la industria petrolera trasciende las banderas partidarias.

 

 

En la NSS se reconoce que algunas partes del mundo están incómodas con la competencia entre Estados Unidos y las autocracias más grandes del mundo. Entienden la preocupación, pero dicen “no buscamos una nueva Guerra Fría (…) Más bien, estamos tratando de apoyar a todos los países, independientemente de su tamaño o fuerza, para que ejerzan la libertad de tomar decisiones que sirvan a sus intereses”. Es decir, se volvieron respetuosos de la democracia y de la soberanía de los países. No es así.

El objetivo consiste en sacar de la competencia a China y para lograrlo se ha propuesto moldear de manera proactiva el orden internacional “de acuerdo con nuestros intereses y valores para promover la prosperidad compartida a nivel nacional y defender los derechos de todos los estadounidenses”.

 

Nuestra región en la NSS

El gobierno estadounidense aspira a construir una coalición de naciones, lo más fuerte posible, para dar forma al entorno estratégico global. Considera que sus alianzas y asociaciones en todo el mundo son su “activo estratégico más importante para enfrentar a las amenazas autoritarias” y, por lo tanto, que “debemos alinear nuestros esfuerzos con nuestra red de aliados y socios, actuando en común propósito y en causa común para competir con China en los dominios tecnológico, económico, político, militar, de inteligencia y de gobernanza global”. En paralelo, dice el documento, modernizarán y fortalecerán sus fuerzas armadas “para que estén equipadas para la era de la competencia estratégica con las principales potencias, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de interrumpir la amenaza terrorista a la patria”.

En este escenario la estrategia señala que no hay región en el mundo que tenga más impacto directo en Estados Unidos que América Latina y el Caribe. La APEP lanzada por Biden para nuestra región se enmarca en esta estrategia. Así, se establece como objetivo primordial fortalecer la democracia y compartir la prosperidad mediante la cooperación con sus socios para asegurar un crecimiento económico duradero e inclusivo. Estados Unidos, dice el documento, obtiene beneficios económicos y de seguridad como resultado de la estabilidad y de la democracia en la región, lo que involucra la protección de los derechos humanos.

Pero la realidad es distinta. Por ejemplo, con relación a los violentos sucesos que han dejado un saldo de 60 muertos y más de 1.400 heridos desde la salida de Pedro Castillo de la presidencia de Perú el pasado 7 diciembre, el Departamento de Estado ha hecho un llamado al diálogo, ha pedido que se investiguen las muertes y cese el uso de la violencia. Ya que el Perú ha adherido a la APEP, tendrían que emitir una condena tajante –como lo harían con los “países malignos” de la región– después del informe publicado por Amnistía Internacional esta semana, en el que se señala que hubo violaciones de derechos humanos contra población civil desguarnecida, uso ilegítimo e indiscriminado de las armas por la Policía y el Ejército, y carácter racista de las medidas represivas, pues fueron más violentas contra las poblaciones indígenas. Debería exigir el respeto a los derechos humanos y a la democracia, en un país donde tres cuartas partes de la población reclaman nuevas elecciones y la salida de la Presidenta y del Congreso.

 

 

 

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