Subsidio a los ricos

 

Con mucha dificultad, y en medio de quejas de los más diversos sectores, el gobierno intenta poner algo de orden en los diversos frentes de tormenta, y al mismo tiempo no tener enfrentamientos ni disputas con ningún sector concentrado de la economía.

En los tiempos del ministro Martín Guzmán, la esperanza oficial estuvo centrada en los acuerdos con los bonistas privados y el FMI. Se lograron esos acuerdos y sin embargo el ministro debió abandonar el cargo en medio de la segunda gran corrida cambiaria de su gestión.

Pagó en ese momento el costo de la mano blandísima con todos los sectores locales que se dedicaron sistemáticamente a extraerle mediante subterfugios parte de las reservas al Estado, situación que lo colocó en un profundo debilitamiento cambiario y regulatorio.

Hace décadas sabemos –y lo sabía muy bien Néstor Kirchner– que las reservas del Banco Central son un escudo importante para los gobiernos, sus políticas públicas y su propia estabilidad institucional. Sin embargo, el tándem Alberto Fernández-Martín Guzmán juzgó que una vez pateados para adelante los grandes vencimientos de deuda, los actores locales se comportarían racionalmente y pondrían su libido en generar ganancias a través de la producción de riqueza.

En el operativo “ordenamiento externo que todo lo resolverá” descuidaron el flanco estratégico de las reservas. La tónica de “amistad inconmovible” con los grandes empresarios, con la que el Presidente impregnó a su administración, llevó a que el Banco Central y otras áreas del Estado, en vez de tener una actitud alerta y vigilante frente a las numerosas prácticas ilegales privadas, se mantuvieran en un estado de laxitud rayana con la estupidez.

Las reservas llegaron casi a cero en los primeros meses del año, lo que fue la motivación perfecta para que se desatara otra práctica predilecta de numerosos hombres de negocios: apostar a una devaluación. Esa apuesta no tiene que ver con preocupaciones macroeconómicas guiadas por la búsqueda del equilibrio del sector externo, sino por el plan “platita rápida” de los especuladores, que consiste en obtener altísima rentabilidad posicionándose en un activo líquido que repentinamente vuela por el aire. Mejor aún si uno puede hacer lo suyo para que ese activo vuele por el aire.

Cuando asumió el ministro Sergio Massa, hace aproximadamente cuatro meses, pensamos que se abocaría con mucho realismo y bastante libertad de acción a atender a esta situación y salir del pantano cambiario.

El “dólar soja I” sirvió para calmar las aguas, pero es evidente que sólo transitoriamente, ya que en las últimas semanas reapareció la inquietud y las presiones sobre los dólares marginales. Es necesario aclarar que ningún Plan de Estabilización será posible y viable si no se despeja del escenario un potencial salto cambiario, dada la desmesurada relación entre todo el sistema de precios y el valor de la divisa norteamericana.

En aquella oportunidad, diversos analistas señalaron que el “dólar soja” constituía un subsidio a uno de los sectores más rentables de la economía nacional y que el monto de dinero que se introducía en el circuito debido a ese subsidio era tal que generaba un impacto inflacionario, que a su vez llevaba a los prestamistas del Estado a reclamar incrementos en la tasa de interés que el sector público les paga para financiarlo.

Lo notable es que ya llegamos a diciembre y ahora estamos embarcados en el nuevo “dólar soja II”, pagando un precio más alto para que los exportadores liquiden entre 3.000 y 5.000 millones de dólares remanentes. Pareciera que el gobierno, al menos por ahora, no encuentra otra forma de hacerse de importantes divisas más que cediendo ante el sector agroexportador. El recurso a fuentes externas de fondos brilla por su ausencia en la estrategia oficial.

Como ventaja de este nuevo ciclo de subsidios a los ricos, se señala que la medida permitirá cumplir con las metas del FMI tanto en materia de reservas como de déficit fiscal, ya que las nuevas liquidaciones de exportaciones no sólo incrementarán reservas, sino que aportarán también retenciones que permitirán arribar a los números comprometidos con el organismo internacional.

Las presiones de diversos sectores productivos por las limitaciones a las importaciones, pero sobre todo al acceso a dólares oficiales “baratos”, combinan razonables preocupaciones por cuellos de botella productivos reales con avivadas y manoteos a las escasas divisas oficiales. Conviene que el gobierno en ese sentido asuma una postura seria en defensa de las reservas y no se amilane ante berrinches oportunistas. Esperemos que las quejas escuchadas en la UIA y por parte de algunos altos empresarios estén expresando la indignación que les ataca cada vez que el Estado cumple con la ley, se comporta con racionalidad y asume su función de cuidar el bienestar colectivo.

En síntesis, hasta ahora el gobierno no terminó de resolver el primer ítem de una agenda que le permita llegar con razonable orden económico y algún que otro logro a las elecciones de 2023. Y recordemos que este punto –la quiebra de las expectativas devaluatorias– es relevante para poder pasar a la otra gran cuestión con fuerte impacto social y electoral, el control de la inflación.

 

 

Esperando el plan integral de estabilización

Salvo que Massa sea en realidad Guzmán disfrazado, es esperable de un hombre con ambiciones políticas que no se siente a mirar cómo baja la inflación por la ley de gravedad, o cómo los empresarios se autolimitan responsablemente en materia de precios. La dinámica inercial de la inflación siempre está empujando para arriba el costo de vida, y eso obliga a intervenir de una forma más contundente e integral para preservar mínimos equilibrios sociales.

Así ocurrió con el Plan Austral, y así ocurrió, de una forma más bestial e irresponsable, con el Plan de Convertibilidad: el ataque a la inflación debió ser realizado con muchos instrumentos articulados, para que surtiera efecto.

Si el gobierno quiere realmente mostrar iniciativa y algún logro y superar el clima de escepticismo social, tiene que ensayar, en los primeros meses de 2023, un Plan de Estabilización más ambicioso que el programa actualmente vigente de “Precios Justos”. Un plan que seguramente incluirá retoques cambiarios, tarifarios, de precios y salarios. Y adaptaciones de las políticas monetarias y fiscales.

La funcionalidad de estos cuatro meses de congelamiento de precios elevadísimos es tratar de alinear expectativas de inflación –y ritmos de remarcación– en las principales empresas formadoras de precios, como antecedente que facilite la adaptación a un Plan de Estabilización más integral.

Entre los escollos para la estabilización figura la gigantesca deuda pública que se ha armado con las Leliqs, que debe ser puesta cuanto antes bajo control porque implica no sólo una gigantesca masa de intereses pagados que supera ya a muchos ítems importantes del gasto público, sino un peligro constante de desestabilización económica en cada licitación pública que se hace. Ese ruido permanente también debe ser despejado, para poder apostar a una estabilización duradera de la economía.

En todos estos análisis surge una y otra vez la necesidad de abandonar una postura extremadamente concesiva por parte del Estado en relación a la responsabilidad que le toca al sector privado. No puede funcionar un sistema en que la ruptura de los contratos por parte de las empresas no tenga ninguna penalidad. El Ejecutivo, para ganar en gobernabilidad, debe ser capaz de hacer cumplir los compromisos a los que se llega con las grandes empresas.

Los fracasos en estas cuestiones, dada la configuración de poder mediático y la debilidad política del Frente de Todos, se cargarán exclusivamente a la cuenta del gobierno, y no de las corporaciones. Pero lo más importante es que, si se encara un delicado intento estabilizador, no quede librado a la buena voluntad de actores que también saben ganar, y mucho, en el desorden, la devaluación y la hiperinflación.

 

 

 

Un falso Plan Productivo

 

 

 

Uno de los candidatos presidenciales de la derecha cambiemita, Horacio Rodríguez Larreta, presentó la semana pasada a su equipo económico y al “Plan Productivo” que se propone implementar durante su eventual futura gestión.

Más prudente que Mauricio Macri, el dueño de su agrupación, Larreta no se tentó en hacer una reseña de los ataques económicos a la sociedad que piensa perpetrar desde el primer día de su gestión. Para encolumnar al 70% del electorado, hay que presentar mejor las cosas.

Sin embargo, aclaró que para poder implementar el “plan productivo” se deberá cumplir con dos pre-requisitos: bajar la inflación y eliminar obstáculos que frenan al sector productivo.

Ya la sociedad debería saber traducir lo que significan estos dos objetivos en el diccionario neoliberal. Para “bajar la inflación” atacarán funciones centrales del Estado, reducirán el gasto público social y abrirán la economía. Para “eliminar obstáculos” se dedicarán a atacar la legislación laboral, reprimir la protesta social, bajar impuestos al capital y eliminar las regulaciones que molestan al mundo corporativo.

Luego de ese festival de neoliberalismo, vendría la parte “productiva”, en la que se propone duplicar exportaciones y generar más trabajo.

El propósito de aumentar fuertemente las exportaciones ya es un manual de autoayuda que le venden las corporaciones a todos los políticos locales, presionados por el futuro pago de una deuda externa gigante legada por el macrismo.

Consiste en el viejísimo libreto de vender al exterior recursos naturales a como dé lugar, sin elaboración y con escasa generación de empleo y actividades asociadas locales, que tiene como grandes beneficiarios a actores extranjeros con socios abre puertas locales. No es que esté mal exportar, al contrario. Pero lo que hay que hacer es usar los recursos para industrializar, generar entramado productivo, absorber localmente el excedente, y generar una economía más integrada.

Para decirlo de otra forma: tanto algunos sectores del Frente de Todos como todo Juntos por el Cambio carecen de un proyecto nacional propio, y bailan al compás de papers ad hoc que les presentan diferentes sectores corporativos, prometiéndoles escenarios económicos paradisíacos si configuran las instituciones argentinas de acuerdo a sus planes de negocios.

Sin embargo, las experiencias internacionales exitosas de desarrollo, desde Canadá y Australia hasta Finlandia y Noruega –países con importantes recursos naturales pero que no se limitan a venderlos pasivamente al mundo–, muestran que los que tienen que tener una idea propia de qué país quieren construir son los sectores sociales internos, utilizando al Estado Nacional, que luego moviliza y potencia las capacidades públicas y privadas para conseguir esos objetivos. No es haciendo corte y pegue de propuestas de grupitos locales y multinacionales que se va a construir un programa de desarrollo para que la Argentina sea un país vivible en el futuro.

Claro, el Estado no puede estar habitado por gente sin ideas, metas ni objetivos, sino por un funcionariado consciente de su misión y con sus lealtades muy claramente establecidas.

Muy poco, muy pobre lo planteado por Larreta. Para que lo “productivo” funcione, antes tendrá que emprenderla contra sindicatos, derechos laborales, partidas sociales y regulaciones molestas al capital. Luego vendrá el capital multinacional, con sus socios locales, a hacer negocios con el país. Como siempre, hay alusiones a la inserción internacional –en la cual el neoliberalismo es experto en desastres–, a la incorporación de tecnología de punta –ya deben tener a las empresas extranjeras proveedoras haciendo cola–, a la simplificación de desregulación de procesos –Cavallo ¡presente!– y a la tenebrosa “adecuación del sistema educativo a los requerimientos productivos del siglo XXI”, para formar una generación descerebrada al servicio del capital multinacional.

La función de los políticos en el esquema neoliberal es alisar la sociedad como una alfombra, para que sobre ella avance el capital, con “libertad”.

Como en los ´90, pero más cool.

 

 

El juicio a Cristina

El ejercicio arbitrario del poder que está haciendo el Poder Judicial en la Argentina rompe con las instituciones de la República y genera un verdadero dilema a las fuerzas políticas que operan y actúan en función de parámetros de la democracia liberal.

¿Qué se hace frente a la arbitrariedad, si esta es consagrada por los máximos organismos del Estado? ¿Qué se hace cuando se burlan todas las garantías legales y procesales?

¿Qué se hace frente a las condenas sin pruebas, con clara intencionalidad política?

¿Qué se hace frente a la proscripción alevosa de los líderes populares por parte de elites sociales y económicas locales, que cuentan con el acompañamiento de las potencias centrales?

Todas estas preguntas son imposibles de contestar desde una perspectiva individual y requieren una respuesta colectiva, un amplio y audaz debate, que requerirá de la máxima inteligencia y creatividad de todas las personas democráticas y populares del país.

Los que impulsan la arbitrariedad y la proscripción de la líder más popular del país deben tener entre sus cálculos políticos otro efecto colateral: generarán un ruido político que indefectiblemente afectará la gobernabilidad de la actual gestión.

Hay gente que juega con fuego, pensando que nunca se va a quemar.

 

 

 

 

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