Subordinación y dependencia
La deuda como condicionante del gobierno y del país
La deuda es siempre un mecanismo de dominación. Fue a través del crédito de la Baring Brothers, contraído por el gobierno presidido por Bernardino Rivadavia en 1824, que Inglaterra diseñó un modelo agropecuario exportador para nuestro país. Modelo que fue reemplazado por el de industria de sustitución de importaciones (modelo ISI) desde el 4 de junio de 1943, con el derrocamiento del Presidente Ramón S. Castillo, merced a que la Argentina, tras la Segunda Guerra Mundial, al venderle alimentos y materias primas había pasado a ser acreedora de la rubia Albión.
Al independizarnos de la deuda dejamos de priorizar las ventas al mercado externo (el que vende sirve y el que compra manda decía José Martí [1]) para crecer sobre la base del mercado interno.
Manuel Belgrano lo señala clara y terminantemente en el Correo de Comercio del 6 de abril de 1811, donde escribe: “La nación China está dando a todas las del mundo conocido un ejemplo constante de lo que es el comercio interior auxiliado; no hay país más poblado que el que habita, ni nación más poderosa en el orbe: todas las que se llaman cultas van en busca de sus efectos. Llevándole la plata acuñada, principalmente la nuestra, para aumentar su grandeza, ostentación y lujo, su comercio interno es inmenso y el externo es insignificante respecto de la extensión del Imperio y el número de sus habitantes” [2].
La Argentina, desde 1943 y hasta nuestros días, lo ha demostrado siempre: el país crece y distribuye el ingreso sostenidamente si crece el consumo interno y, al revés, cuando se basa en el comercio externo, se frena y/o decrece la actividad, se excluyen partes importantes de la población, acumula riqueza una minoría que fuga capitales.
El comercio externo propicia un modelo extractivista, agropecuario-exportador donde se prioriza la obtención de divisas, que, por otra parte, se fugan y hasta se endeuda al país para poder convertir la parte de las ganancias que obtienen en pesos en dólares, con lo que no solamente beneficia a los sectores más ricos, sino que deja la deuda como hipoteca y condicionante de la economía nacional en su presente y su futuro.
Fue la política de endeudamiento propiciada por el gobierno de Cambiemos por más de 100.000 millones de dólares, en la que el BCRA, presidido primero por Federico Sturzenegger y después por Luis Caputo, financió la fuga de capitales y la AFIP no investigó quiénes fueron los que compraron los dólares durante la gestión de Cambiemos. Esto es de una gravedad extrema, porque se está permitiendo convalidar la evasión fiscal y la fuga de capitales y, a la vez, se está pagando la totalidad con el presupuesto nacional, a costa de menores haberes a los jubilados y pensionados, menor obra pública, menor asistencia a la población incluidas las limitaciones de los subsidios a la energía y al transporte.
El proyecto nacional y popular consiste en defender el mercado interno, el trabajo y la producción nacional y el modelo de subordinación y dependencia es el de propiciar la venta al exterior, a como dé lugar, de nuestros recursos y producción. La Argentina tiene lo que el pueblo necesita (energía, alimentos, agua, minerales, etc.) primero y no al revés como obliga el endeudamiento.
El acuerdo con el FMI
El 1 de febrero de 2024 el Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo técnico para la séptima revisión del programa con el gobierno argentino (acuerdo firmado en junio de 2018) y gira un desembolso de 4.700 millones de dólares correspondientes a los vencimientos de capital de diciembre de 2023, febrero y abril de este año.
El retorno del acuerdo vuelve a someter al país a las revisiones trimestrales y cumplir con las exigencias del organismo internacional. La nueva hoja de ruta exigirá:
- La acumulación de reservas internacionales en el BCRA por 10.000 millones a lo largo del año.
- Un fuerte ajuste fiscal que trastoca el déficit primario [3] (de 1,9% del PIB en el año 2023) por un superávit primario de 2% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 9.600 millones de dólares).
- Que el BCRA no puede financiar al Tesoro de la Nación (cuando en el año 2023 dicho financiamiento fue del 1,5% del PIB).
Es incompatible cumplir lo acordado con el FMI, una meta fiscal de 2% de superávit primario (sin financiamiento del BCRA) y, paralelamente, el acrecentamiento de las reservas internacionales del BCRA en 10.000 millones de dólares, cuando se tienen ingentes vencimientos de servicios de la deuda, externa e interna.
La devaluación del peso realizada no bien asumió el gobierno de Javier Milei perjudicó y perjudica tanto al Estado nacional como a las provincias endeudas en dólares, dado que, al recaudar en pesos, le es cada vez más caro comprar esas divisas. Por ende, la inflación licúa el gasto en pesos (salarios, jubilaciones y pensiones, etc.), a lo que se suma la suspensión de gran parte de la obra pública, disminuir las transferencias de la Nación a las provincias y el gasto social, por lo que si la población soporta estoicamente sin oponerse a las medidas, es probable cumplir la meta fiscal; pero no la cambiaria, máxime que en el año 2024, el Tesoro de la Nación deberá afrontar vencimientos en moneda extranjera por 4.407 millones de dólares (de los cuales 2.644 millones corresponden al pago de capital e intereses de la deuda con los bonistas y 1.763 millones de dólares son intereses con el FMI).
Los vencimientos acordados con el FMI por el gobierno de Alberto Fernández y refrendado por la ley 27.612 son los siguientes.
Se pagan los intereses de la deuda total con el FMI y a cada vencimiento de capital siempre y cuando se cumpla con las metas establecidas en las distintas revisiones técnicas, nos otorgan un crédito por ese capital financiado a diez años; de esa manera se convierte el stand by otorgado al gobierno de Cambiemos en un préstamo de facilidades extendidas.
A su vez, el cronograma previsto de pagos de deuda externa e interna (acrecentada en la gestión de Alberto Fernández que al no poder colocar títulos de deuda en el mercado externo lo hizo en pesos en el mercado local, pero ajustables por inflación o por dólar oficial, por lo que el resultado es similar) de la Administración nacional para el período 2024-2027 es el siguiente.
A ello debe sumarse la deuda con el Club de París y otros organismos internacionales de créditos por 5.000 millones de dólares y la deuda en swaps con la República Popular China por los tramos usados de esta [4].
El gobierno nacional podrá renegociar una parte de la deuda externa, pero no puede con los ingresos del erario público comprar la cantidad de dólares para pagar las obligaciones externas y a la vez acrecentar las reservas netas en 10.000 millones de dólares, no tiene el superávit fiscal necesario para comprar esos dólares y tampoco el superávit comercial suficiente para proveer esas divisas (ni siquiera si el “campo” vendiese todo lo que tiene para exportar).
Salvo, y allí reside el porqué del DNU 70/23 y del malogrado proyecto denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que se realice la venta de las acciones de empresas públicas (incluido el Banco de la Nación Argentina) y que el Tesoro de la Nación se apropie del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, como consta en la “ley Ómnibus” [5].
En síntesis
El gobierno de Javier Milei realiza un irracional ajuste de las cuentas públicas con su correlato sobre el consumo y la inversión en la economía argentina para garantizar tres objetivos que se interrelacionan entre sí:
- Hacerse cargo a través del presupuesto nacional una deuda que no se investigó (y que se está pagando) beneficiando a los que tomaron esa deuda porque el pueblo argentino cubre su endeudamiento.
- La enajenación del patrimonio nacional en beneficio de grandes fondos que, a cambio de esa deuda, van a exigir nuestros recursos naturales y nuestras principales empresas (YPF; ARSAT, Banco de la Nación Argentina, Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, etc.).
- De esa manera, como interrelación entre los puntos a y b, garantizar un modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador que no genera trabajo y beneficia exclusivamente al gran capital financiero.
El primer paso para salir de esta situación es inspeccionar las compras de dólares que se hicieron en todos estos años. El BCRA tiene todos los datos (quiénes compraron y cuánto), para llamar a los administradores de esas empresas y a las personas físicas y preguntarles de donde detrajeron el dinero que no surge de sus balances y/o de sus declaraciones juradas.
Se debe empezar por el Informe del BCRA “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, publicado el 21 de mayo de 2020 en El Cohete, que demuestra que, en el período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, el BCRA (Sturzenegger y Caputo) vendió 86.200 millones de dólares, y se sabe quiénes son los que más compraron. Es más, existe el proyecto del senador Oscar Parrilli con sanción de esa Cámara y que tiene dictamen de mayoría a favor y de minoría en contra en Diputados, y nunca fue llevado al recinto de la Cámara de Diputados para su discusión y que se convierta en ley, por la que deberían pagar esa deuda de la que se beneficiaron.
[1] Revista Nuestra América, 1891.
[2] Finalizadas las guerras del Opio, China firmó con el Reino Unido, Francia, Rusia y Estados Unidos, los tratados desiguales. Desde su firma hasta 1870 fue la fase de dominación del imperialismo de libre comercio británico. Paradójicamente es el partido y el Estado comunista chino, que desde 1970 negocia de igual a igual con el capital extranjero, tratados de inversión en China con la obligación de asociación y de desarrollo del conocimiento en el país, lo que explica el crecimiento por exportaciones y que, gracias a los motores de crecimiento de innovación científica, consumo y desarrollo verde, la economía china se ha duplicado en los últimos diez años y la renta media disponible por habitante creció un 6,1% en términos reales (Wang Wei, embajador de la República Popular China en la Argentina).
[3] Es el gasto público total antes de pagar los servicios de la deuda.
[4] En el año 2009 se realizó el primer acuerdo entre la República Popular China y la Argentina por el cual nos concedían financiamiento para importar productos de ese país por 70.000 millones de yuanes (unos 9.300 millones de dólares), pero tenían esa asignación específica (no eran de libre disponibilidad).
En julio de 2017, el Banco de la República Popular de China y el Banco Central de la República Argentina firmaron un acuerdo suplementario de "swap" de monedas por 63.000 millones de yuanes (equivalente a 8.700 millones de dólares). Por lo tanto el monto es, convertido a dólares, de unos 18.000 millones de dólares
En junio del 2023, Argentina y China renovaron hasta mediados del 2026 el contrato de intercambio de monedas entre el BCRA y el Banco Popular de la República asiática. Pero dividido en tres partes, cada desembolso tiene una fecha de vencimiento propia.
En ese marco, China le concedió a la Argentina la disponibilidad de utilizar los yuanes para pagarle al FMI: a) parte de la cuota de capital de junio de 2023 (por el equivalente a 1.000 millones de dólares) y b) parte de los intereses en julio de 2023 (por 1.600 millones de dólares). Que a su vez la Argentina canceló ambos créditos de China en el mes de agosto de 2023.
En octubre de 2023, el Presidente Alberto Fernández anunció la ampliación del swap con China por 47.000 millones de yuanes, que equivalen a unos 6.500 millones dólares, pero de libre disponibilidad.
Tras la llegada del nuevo gobierno y de una serie de sucesos que afectaron las relaciones comerciales y diplomáticas con China, dicho país decidió suspender la ampliación de los 47.000 millones de yuanes de libre disponibilidad acordado con el gobierno de Alberto Fernández, pero no exigió adelantar el pago de los tramos del swap ya utilizados ni que se cancelaran los inactivos.
Esto es el monto vigente (equivalente a 18.000 millones de dólares) es solo para importar bienes y servicios de China, y se divide en tres tramos hasta 2026, el primero de ellos vence el 30 de junio de 2024 y sería el menor (de un poco menos de 5.000 millones de dólares), es más que probable que no se renueve y obligue al país su cancelación.
[5] En su artículo 226, el proyecto enviado al Congreso por el gobierno señala: “Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 897/07 al Tesoro Nacional. Facultase el Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”.
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