Subibaja

 

Esta semana la Secretaría de Comercio Interior publicó en el Boletín Oficial una nueva herramienta de control. Se trata del Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE). Un régimen informativo de  precios y cantidades vendidas de bienes para hacer más sencilla y transparente la cadena de comercialización de los productos en el mercado interno. Los empresarios analizan la medida como un avance sobre sus compañías y plantean que en este escenario “no suma”. En paralelo otros programas como Precios Cuidados y Precios Máximos siguen vigentes.

El Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, preguntó: “¿Cuánto deberíamos pagar si los mercados no funcionaran tan mal?” El presupuesto presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, prevé una inflación del 29% para este año. En este sentido, la Secretaría de Comercio de la Nación trata de controlar los precios para generar expectativas que no sean mayores a esa meta. Mientras tanto los consumidores pierden la noción de cuánto cuestan las cosas. Entre ofertas, 2x1, precios que bajan y suben, las grandes cadenas de supermercados generan confusiones que según el gobernador Axel Kicillof “no son sin querer”. 

Precios Cuidados es por excelencia la política estructural de control desde 2014. Este acuerdo voluntario entre el Estado, fabricantes, distribuidores, supermercados y mayoristas establece precios de referencia de los productos más representativos de la canasta de consumo masivo de primera y segunda línea. Esto es distinto a las ofertas ya que los precios que marca este programa no siempre son los más económicos. Es decir, en las góndolas se pueden encontrar productos a menor valor que los listados en PC. El objetivo según explican es que el consumidor tenga un precio promedio de lo que debería salir y evitar el abuso por parte de los comercios.

Durante la gestión de Mauricio Macri, la Secretaría de Comercio Interior tuvo un rol mínimo. El programa de Precios se desvirtuó, vació y se tradujo en pérdida de poder adquisitivo. “Era una plataforma de nuevos productos de las empresas o de alguien que quería probar un producto y ver si servía” describió Paula Español, quien conduce actualmente la cartera.

Según un informe del CEPA el programa tendió al reemplazo de productos líderes por productos de menor peso. “PC dejó de ser un conjunto de bienes que servían de ancla para los precios, convirtiéndose en una canasta barata para sectores de bajos ingresos” explicaron. Y agregaron que “la eliminación de la propaganda y los controles a cargo del Estado constituyeron también una de las principales falencias, ya que limitaron fuertemente el alcance del Programa afectando a consumidores y a las empresas”.

Con el retorno del kirchnerismo al gobierno la Secretaría relanzó el programa con el objetivo de retroceder al espíritu original ideado seis años antes por Costa. Pero los efectos de la pandemia pusieron en jaque los mecanismos de control de precios. Se verificaron aumentos generalizados en la venta de productos por parte de empresas con diversa capacidad económica que no se correspondían con las variaciones en las estructuras de costos de producción y que afectaban especialmente el bienestar general de la población.  

Por ello se decidió implementar una medida de carácter excepcional denominada Precios Máximos. A diferencia de PC se trata de una resolución que aplica la ley de abastecimiento y retrotrae los precios de venta al consumidor de dos mil productos a los valores vigentes al 6 de marzo del año pasado. El listado incluye alimentos, bebidas, productos de perfumería y limpieza. A fin de marzo vence este programa que cumple un año desde su lanzamiento y que durante su implementación autorizó un aumento en julio y otro en octubre de entre el 5% al 9%. 

La cartera que conduce Español se encuentra trabajando en la prórroga del programa para evitar una suba abrupta en los precios en abril. A fines de febrero el gobierno convocó a una mesa de diálogo donde participaron representantes del sector alimenticio para alcanzar acuerdos de precios y salarios. Allí el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, pidió avanzar en un esquema de  “descongelamiento de precios". En la misma línea el empresario Martín Cabrales en diálogo con El Cohete a la Luna dijo “el tema de deslistamiento me parece que tiene que ser paulatino y la industria en particular apoya los PC. Tampoco se pueden aumentar los precios de forma alocada porque no hay un mercado ni consumo ni quién lo pague. Ahí tenés la limitante del mercado”.

Frente a este pedido, la cartera de Comercio Interior entiende que se pueden realizar deslistamientos y consentir pequeños aumentos —como los mencionados anteriormente— pero no aceptar subas como las solicitadas por las empresas, ya que esto impactaría negativamente sobre el poder adquisitivo de los consumidores. “El atraso que hay de costos es de 30% o 40%. Hay líneas de producción que están en rojo o empresas que tienen margen negativo y hay muchos costos que no dependen de uno: el costo logístico, los commodities internacionales, muchos insumos dolarizados y el tipo de cambio. Hay que tener en cuenta toda la cadena”, manifestó Cabrales.

 

 

 

Comprá más cerca

El gobernador Axel Kicillof junto a Español, Costa y el intendente Nardini  reunidos en el Polideportivo de Malvinas Argentinas presentaron el programa “Comprá Más Cerca”. Desde Nación trabajan para que las herramientas de control de precios sean promovidas a nivel territorial de manera coordinada. Esto resulta fundamental ya que el 70% del comercio minorista se realiza en los negocios de cercanía. 

Las denominadas “grandes superficies” cuentan con más de 2.800 locales en el país y concentran el 30% de las ventas minoristas. “Son los que se denominan formadores de precios porque son los que tienen capacidad de fijar márgenes que les den rentabilidad, más allá de lo que puede el almacén o el pequeño comercio” explicó Costa. 

“Comprá Más Cerca” tiene una lógica similar a PC. Propone una canasta de veintitrés productos de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza a precios razonables en los comercios de proximidad. Los precios a los cuales se van a vender al consumidor están basados en el acuerdo de precios mayoristas del gobierno nacional con un margen prudente para el comercio minorista y un valor de venta acorde. 

La principal diferencia con PC es que el listado —que se renovará de manera trimestral— no tiene marcas asignadas sino que son productos genéricos lo cual permite a cada comercio designar al proveedor que le venda el producto al precio acordado. En este terreno el gobierno provincial apuesta al trabajo local con pymes y cooperativas que puedan abastecer y participar del mercado.  

 

 

SIPRE

Esta semana la Secretaría de Comercio estableció el Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE). El objetivo es transparentar la cadena de comercialización de bienes en el mercado interno y prevenir faltantes de productos e incrementos injustificados de precios que afectan la economía de los hogares argentinos.

A través del SIPRE las empresas estarán obligadas a brindar información de manera mensual entre los días 1 y 10 de cada mes y bajo declaración jurada los precios promedio de venta vigente de sus productos, las cantidades vendidas y el stock disponible.  El Ministerio de Desarrollo Productivo aclara que “esta información será reservada y confidencial”.

La nueva herramienta de monitoreo destinada a grandes empresas fue publicada en la resolución 237/21 del Boletín oficial este miércoles. “Deberán aportar esta información aquellas compañías del sector de la construcción que facturen más de $965.460.000 por año; las del sector comercio que facturen más de $2.602.540.000 por año; y las dedicadas a la actividad industrial que registren una facturación anual mayor a $2.540.380.000”, explicaron fuentes del Ministerio. En su primera etapa el sistema abarcará a quinientas empresas, luego se agregarían quinientas más vinculadas a químicos generales y metalmecánica.

El objetivo es formular políticas para el mercado interno que cuenten con alertas tempranas que eviten el desabastecimiento en los principales sectores de la economía. En la primera presentación planificada que está indicada para el mes de abril, se deberán brindar datos sobre el primer trimestre del año. A futuro las informaciones siempre corresponderán al mes inmediato anterior. Los productos que se incorporarán al SIPRE serán publicados en los próximos días. Algunos de ellos serán, según los denominaron, “los más conflictivos”, como: alimentos, bebidas, limpieza, construcción, electrónica, electrodomésticos y productos químicos. 

Las empresas que desacuerdan con esta medida la identifican como un “avance” y “control” sobre ellas. Frente a esto el Ministro de Producción de la Nación consultado por Radio Metro contestó: “No es un mecanismo de persecución, es un mecanismo de monitoreo de precios en un contexto difícil”. Además desde el ministerio indican que la información que solicitan es “un Excel que las empresas ya tienen”. 

Esto se contrapone con la postura del sector que critica que para remitir esos datos implica nuevos gastos. “A las empresas medianas les suma mayor burocracia, preparar la información requiere gente y en un momento que estamos trabajando con el 70% u 80% de la dotación a veces la gente escasea. Creo que hay leyes que se pueden aplicar que contemplan esto. El diálogo con la Secretaría es bueno y nosotros permanentemente pasamos información justamente porque estamos dentro del marco de PC y PM. Así que me parece que no suma”, opinó Cabrales.

Las compañías alcanzadas deberán brindar esos datos en forma obligatoria. En caso de no cumplir, se les aplicarán las multas de la Ley de Abastecimiento. Sobre este eje tampoco hay consensos. Según Cabrales esta ley es “inconstitucional”, ya que “se mete con la propiedad privada y con la iniciativa privada”.

 

 

 

 

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