Subdesarrollo desequilibrado

 

Hace ya muchos años, el gran economista Albert Hirshman formuló la estrategia del “desarrollo desequilibrado”, en el que planteaba una audaz y al mismo tiempo realista visión sobre la complejidad de la lucha por el desarrollo.

Entendía que ese proceso no se daba en forma armónica y prolija, sino que encontraría muchos cuellos de botella, desórdenes temporarios en el crecimiento de diversas áreas económicas, eventuales desequilibrios macroeconómicos, pero que esa podía ser la forma concreta de romper la inercia del subdesarrollo. Los desequilibrios que surgieran en ese proceso, podrían ser reparados en la medida que la estrategia general fuera dando los frutos en materia productiva y de recursos disponibles. De alguna forma se instaba a aceptar como parte de la realidad los desequilibrios y avanzar sin miedo hacia las transformaciones necesarias de la estructura productiva.

Los integrantes de la cúpula del actual gobierno argentino seguramente no leyeron a Albert Hirshman, pero parecen haber adoptado una estrategia exactamente inversa a la del gran teórico del desarrollo: la del “subdesarrollo desequilibrado”. El objetivo sería acumular tantos desequilibrios como sean posibles, en un sendero que aleje cada vez más a la economía nacional de la posibilidad de desarrollarse.

Basta ver los números básicos de la economía para comprender a qué nos estamos refiriendo.

El desequilibrio entre las posibilidades productivas y la demanda se refleja en el uso de la capacidad instalada industrial, que ya está cayendo al 60% y sigue su camino descendente.

El desequilibrio entre la gente que desea trabajar y los puestos que ofrece el mercado se observa en el incremento del desempleo, que ya bordea los dos dígitos y es mucho peor aún en zonas densamente pobladas, con tendencia a acelerarse.

El desequilibrio entre el dinero que la economía productiva requiere para funcionar y la cantidad de moneda que suministran las autoridades establece una tasa de interés por arriba del 70% anual, lo que empuja a las tasas que abonan las grandes empresas a las cercanías de un insoportable 90% anual, una completa asfixia crediticia.

Los desequilibrios entre los ingresos de los agentes económicos –tanto individuos como empresas— y sus deudas no cesan de expandirse: las quiebras y cortes en la cadena de pagos se incrementan y llevan a otras empresas a dificultades que desmoronan sus resultados, mientras sectores masivos de la población se están endeudando para solventar gastos corrientes, en una carrera imparable hacia la cesación de pagos individual.

Los números de la inflación mayorista de septiembre, del 16% mensual —equivalente a las proyecciones anuales del gobierno para todo el año 2018—, no revelan un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ya que la demanda se está desmoronando. Muestran el desequilibrio de poder en el mercado, entre los grandes formadores de precios y los usuarios y consumidores, que propicia el actual gobierno empresario.

Los casi 60.000 millones de dólares de las reservas vendidos desde 2015 para “atesoramiento” empresarial o individual, reflejan un enorme desequilibrio entre las necesidades públicas de aplicar esas divisas para fines sociales (inversión productiva, reconversión tecnológica o mejoras en la calidad de vida de las grandes mayorías) y el destino concreto que le da una reducida minoría social a recursos que son obtenidos mediante el endeudamiento colectivo.

La incertidumbre y la falta de confianza reflejados en la prensa económica internacional en relación al destino de la gestión macrista, son producto del desequilibrio que existirá el año próximo entre la demanda de dólares que afrontará la economía nacional (los intereses a pagar por un endeudamiento acelerado son uno de los componentes principales), y la capacidad de generar esos dólares por parte de una economía que no realizó inversiones para diversificar sus exportaciones.

Ante este conjunto de desequilibrios en continuo proceso de agravamiento, en buena medida generados por sus propias políticas, el gobierno se afana por lograr transitoriamente el equilibrio en un único mercado, el del dólar, esperando que eso le permita lograr el otro equilibrio prometido para 2019: el equilibrio presupuestario.

Lo inocultable es que para tratar de resolver los desequilibrios que es capaz de identificar, el gobierno está adoptando medidas que profundizan todos los otros desequilibrios productivos y sociales.

 

Reduccionismo neoliberal

La pobreza del razonamiento neoliberal, que es el trasfondo de la acción de Cambiemos y de todas las decisiones del presidente Macri, está expuesta frente a la sociedad.

La secuencia liberalización de todo-generación de confianza en los mercados-lluvia de inversiones-prosperidad, ha resultado en un severo retroceso económico general, prolijamente disimulado por los principales medios de comunicación y por los adoctrinadores económicos profesionales que los habitan.

Analicemos la secuencia mágica del neoliberalismo vernáculo.

La liberalización cambiaria condujo a los gigantescos déficits externos, tanto por el atraso cambiario debido al ingreso masivo de capital especulativo atraído por el irresponsable jueguito de las LEBACs, como por los egresos en comercio, turismo y fuga que lo siguieron.

En la práctica significó la transferencia del poder regulatorio sobre el valor de la divisa a los grandes actores privados, tanto exportadores como financieros.

Liberalización también es la “zona liberada” de los precios mayoristas y minoristas que implica en la práctica favorecer y premiar al poder de mercado de los monopolios productores y distribuidores para incrementar su rentabilidad a costa de los consumidores. La liberalización en materia de precios supone que todas las excusas son válidas y todas las exageraciones y abusos son admisibles: se puede aumentar precios por los costos, por los salarios, por el dólar, por la tasa de interés, y porque puedo hacerlo.

La confianza en el gobierno macrista no fue económica, sino política.

Los grandes grupos empresariales locales, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, los fondos de inversión globales, creyeron y apostaron políticamente por este gobierno y lo sostienen, pero sólo invierten en negocios de altísima rentabilidad garantizada por el Estado.

Sin la influencia militante de Estados Unidos, el FMI no hubiera tolerado las constantes violaciones a los acuerdos protagonizados por la actual gestión. Sin el apoyo empresarial local, los grandes medios se hubieran dedicado a triturar al gobierno, que no sólo presenta gravísimos yerros económicos, sino flagrantes problemas judiciales.

Pero en el terreno económico decisivo: el de la inversión productiva, que es la inversión estable y permanente que revela el compromiso real con un determinado proyecto político, la ausencia de inversiones extranjeras y locales es ostensible y muy significativa.

En el último año, salvo por la fusión de Cablevisión y Telecom, que por existir socios extranjeros se computa como inversión extranjera directa en la Argentina, no pasó absolutamente nada destacable en ese terreno. De más está decir que una fusión empresaria no agrega nada en materia de nueva riqueza generada para la economía.

La famosa apelación del editorial del diario La Nación al empresariado local, en los albores de la gestión macrista, para que se jugara invirtiendo durante un gobierno que era propio, cayó en bolsillos rotos.

La Nación les habló apelando al espíritu de clase, y le contestaron como un amontonamiento desordenado de intereses individuales.

Finalmente parece que la confianza de parte del público votante que creyó en Cambiemos se está evaporando, pero eso importa poco, ya que se mantiene el apoyo en el núcleo del poder empresarial, como se exhibió recientemente en el Coloquio de IDEA. Esa confianza en el gobierno de Cambiemos, a pesar de los resultados lamentables, se relaciona con ser el único espacio político plenamente comprometido con la subdesarrollada idea de que con flexibilización laboral y recorte del gasto público la economía argentina se encaminará hacia el crecimiento. Tal es la pobreza de las ideas innovadoras que circulan en el ámbito empresarial local.

Lo cierto es que la confianza, o el apoyo político empresario, no derivó en inversiones, crecimiento y empleo, que serían las únicas realidades que tendrían el potencial para legitimar el ensayo neoliberal y por lo tanto, cerrar la amenaza latente de una nueva irrupción de experiencias populistas-progresistas.

Sin inversión productiva masiva no hay forma de que aparezca el eslabón hacia el último tramo de la secuencia macrista: la prosperidad, que debería ser la argamasa del éxito de un modelo a la chilena, adaptado a la Argentina.

 

Un desequilibrio genético

Todos los tópicos fundamentales del pensamiento económico conservador fracasan en la Argentina. Por ejemplo, la idea de que transfiriendo ingresos de pobres a ricos, se incrementan los fondos disponibles de estos últimos, que los volcarán a la inversión y por lo tanto se trata de una redistribución que promoverá, en última instancia, el crecimiento.

Los sectores populares y medios argentinos vienen siendo sometidos sin horizonte de finalización a un doble proceso: el tematizado por los medios como si fuera un hecho de la naturaleza, que es el de la contracción económica, y el otro proceso, invisibilizado, que viene desde el primer minuto del gobierno de Cambiemos, que es la redistribución del ingreso hacia diversos sectores propietarios. No se ha detectado, a partir de esa redistribución regresiva, ni aumento de la inversión ni crecimiento. Se sacrificó el mercado interno comprimiendo al consumo sin otro resultado que el dramático incremento en la compra de divisas extranjeras.

El drama de la experiencia neoliberal macrista es que ese proceso buscado de redistribución regresiva “gradual” se desmadró por el lado financiero, que empezó a comerse la redistribución entre trabajo y capital productivo, entre gasto público y pago de intereses de deuda pública, y a desequilibrar un cuadro que venía –hasta  octubre del año pasado— cuidadosamente calibrado desde la medición encuestológica y política.

Nuevamente, en el campo de las ideas conservadoras se volvió a apelar en esta gestión a la largamente fracasada “teoría de la oferta”, que supone un automático traslado de los recursos impositivos que el Estado le cede a los empresarios cuando les reduce impuestos, para que estos lo apliquen a la inversión, y la generación de empleo.

Ese efecto positivo de la desfinanciación estatal no ocurre aquí, ni tampoco en Estados Unidos. La última gran reducción de impuestos de la gestión Trump tuvo como resultado principal la utilización de los fondos adicionales por parte de las grandes corporaciones beneficiadas, en la compra de sus propias acciones en la Bolsa, para así incrementar los beneficios a distribuir entre los accionistas y sobre todo los CEOs que recibirán suculentos bonus por su brillante tarea especulativa.

El déficit fiscal norteamericano es enorme y se ha incrementado, pero las finanzas internacionales no pierden por ahora la confianza en el país sede de Wall Street.

En el caso del menos rutilante capitalismo argentino, las quitas impositivas al capital realizadas por Cambiemos derivaron en mayores ganancias empresariales, y punto. Algo falla en el esquema, porque con las mejores intenciones, implementando las políticas reclamadas por todo el arco de los grandes empresarios, y con un gobierno devoto de la rentabilidad corporativa, los grandes grupos no pegaron el salto inversor.

Los campeones del pensamiento ortodoxo, con todo el Estado a su disposición, han creado un conjunto de interacciones ruinosas para la economía productiva, por ejemplo entre el dólar y los precios, entre el dólar y la tasa de interés, entre endeudamiento acelerado y corte del crédito externo y local, que multiplican los desequilibrios y que no saben cómo resolver.

Porque muchas de las respuestas viables y factibles a esta especie de drama económico irresoluble para el gobierno, tienen que ver con la aplicación de regulaciones necesarias para que se restituyan varios equilibrios económicos que han sido violentados recientemente.

Por lo pronto, es evidente que no se pueden seguir dilapidando reservas y dólares en general. Es decir, hay que volver a la prudente administración cambiaria mientras se incrementa el ingreso de dólares genuinos por exportaciones y turismo y nuevas actividades productivas locales logran ahorrar dólares que se van en importaciones.

El problema presupuestario, al que le han agregado un componente completamente nocivo como es el pago de intereses por deuda improductiva, debería resolverse no sólo buscando eficiencia en el gasto público, sino incrementando ingresos tanto por la vía de recaudar mejor los impuestos existentes –cosa en la que la eficiencia brilla por su falta— como por introducir otros para afectar las riquezas improductivas de origen rentístico. Debería acotarse también la discrecionalidad inflacionaria de los monopolios.

Si es cierto que en las últimas semanas unos 3.000 argentinos compraron 5.000 millones de dólares al Banco Central, es evidente que la riqueza concentrada en esa reducida franja poblacional no tiene ningún uso socialmente útil.

En la teoría económica convencional se razona de la siguiente forma: ¿dónde es más productivo un dólar, en el Estado o en manos de particulares? La respuesta pavloviana es que ese dólar será siempre más útil en manos de particulares, porque lo van a invertir en una forma más eficiente y productiva que la torpe y corrupta burocracia estatal.

Pero en la Argentina ocurre exactamente lo opuesto: un dólar en el Estado, lo use como lo use (en AUH, en remedios para jubilados, en calefaccionar escuelas, en créditos para PYMES, o hasta en obra pública “corrupta”) es macroeconómicamente mucho mejor que en manos de un privado que simplemente lo hace desaparecer de la economía, porque lo atesora o lo fuga.

Los resultados son medibles e irrefutables.

 

 

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