#SOS América

 

El asesinato del Presidente de Haití, Jovenel Moïse, ofrece una serie de elementos que bien vale valorar desde una perspectiva continental, ya que sientan un peligroso precedente de gran impacto institucional y psicológico.

Distintos espacios de la derecha y la ultraderecha americana con posibilidades de acceso al poder –por vías que pueden ser democráticas o no– se acercan a sectores que no dudan al momento de apostar por la eliminación física de sus adversarios. La lógica incluye invasiones de mercenarios contra sus propios territorios, planes que solían impulsarse en el marco de la Guerra Fría, pero que ya parecían haber quedado en los anales de la historia.

Adicionalmente, sigue observándose –como en los años de plomo– que toda esta maraña fascista resulta incentivada por apoyos que van desde vistos buenos hasta involucramientos financieros, logísticos y culturales provenientes de distintos estamentos de la institucionalidad y/o la sociedad estadounidense. Demasiadas poderosas energías al servicio de la promoción y/o naturalización de estas acciones extremistas.

 

Magnicidio

El 7 de julio Moïse fue asesinado de 12 balazos en su residencia, donde por lo menos 26 mercenarios colombianos entraron como Juanes por su casa disfrazados de agentes de la DEA. Dos estadounidenses de origen haitiano los acompañaban como traductores y otros tres resultaron detenidos posteriormente.

Hay varias versiones sobre estos hechos. Las más recientes incluyen a asesinos haitianos. Se publicó que Moïse fue salvajemente torturado porque se habría negado a firmar su renuncia. Su cuerpo tenía un brazo y una pierna quebrados. Sin embargo, el testimonio de su esposa podría poner en duda la tortura previa: “En un abrir y cerrar de ojos, los mercenarios entraron corriendo a mi casa y mataron a mi esposo”, declaró.

Otras publicaciones aportaron detalles adicionales: el cuerpo de Moïse fue hallado en su dormitorio con heridas de bala en la frente, el pecho, la cadera y el abdomen y con el ojo izquierdo arrancado, una práctica relacionada con el vudú para evitar que el asesinado te pueda ver desde el otro mundo. Esta mutilación podría también ser un método de tortura, pero no es habitual en la lucha contra la guerrilla colombiana.

Algunos mercenarios declararon que no tenían intenciones de asesinar al Presidente y aseguraron que ingresaron a su residencia en horas de la madrugada para ejecutar una orden de detención en su contra.

El grupo de sicarios fue contratado por la empresa de “seguridad” CTU Security, con sede en Miami. Es propiedad del ultraderechista venezolano, Antonio Enmanuel Intriago Valera.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció tener “algunos indicios” de que CTU “estuvo involucrada en todos los eventos logísticos” en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018. Asimismo, Rodríguez aseguró que Intriago tiene una vinculación con el mandatario colombiano, Iván Duque, con quien participó en la organización del concierto que se realizó en Cúcuta en 2019, denominado Venezuela Aid Live, una iniciativa de Washington para desestabilizar a ese país.

La Presidencia de Colombia negó la presunta vinculación del mandatario con Intriago y que ambos se hayan encontrado en un evento el 10 de febrero de 2018, en Miami, Florida, al que acudieron más de 1.200 personas.

Duque se refirió al hecho y sostuvo que a la mayoría de los colombianos involucrados en el operativo se les dijo que iban como guardaespaldas, pero que un grupo más pequeño de ellos tenía conocimiento detallado de los planes de asesinato. Dijo que la información se basó en el testimonio de hombres que fueron reclutados y finalmente no fueron, así como de un sujeto que había ido a Haití y regresó a Colombia antes del homicidio.

Uno de los mercenarios resultó ser primo de Rafael Guarín, consejero de Seguridad del Presidente colombiano. Guarín aclaró que no lo conoce, que es hijo de uno de los 10 hermanos de su padre.

Un haitiano estadounidense de 63 años con aspiraciones presidenciales aparece entre los principales autores intelectuales del magnicidio. Se trata de Christian Emmanuel Sanon, médico físico y pastor evangelista. Relata el dueño del hotel donde Sanon se hospedó en junio rodeado de escoltas colombianos, que el hombre se la pasaba rezando y rezando mientras planificaba el complot secretamente. En la lista de acusados también aparece un ex senador, John Joel Joseph.

Los conspiradores planificaban pagar las cuentas de la expedición con activos del Estado haitiano una vez derrocado el primer mandatario, tal como se proponían los mercenarios contratados por el Presidente designado desde Washington para Venezuela, Juan Guaidó, en la llamada Operación Gedeón.

 

¿Una nueva doctrina?

El 3 de mayo de 2020 un grupo de mercenarios capitaneados por un ex marine estadounidense desembarcó en Venezuela con el declarado propósito de detener al Presidente Nicolás Maduro. Se la llamó Operación Gedeón. Cinco semanas antes, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, había estimulado el imaginario de los aventureros al ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares a quien “facilite información para lograr el arresto” de Maduro.

Las autoridades estadounidenses colgaron un aviso en las redes patrocinado por la DEA, como en las mejores épocas del lejano oeste. La invasión fue totalmente desarticulada.

 

 

La empresa encargada para esa misión había sido Silvercorp, también con sede en Florida. Los combatientes se entrenaban en la Guajira colombiana, muy cerca de la frontera con Venezuela, con total conocimiento de los servicios de inteligencia del gobierno de Duque. Un ex Boina Verde que lideró la fallida invasión y permanece detenido en Venezuela aseguró que la operación fue autorizada por la Casa Blanca de Donald Trump. La administración del entonces Presidente negó cualquier vinculación.

En noviembre de 2019 también quisieron “detener” y hacerle firmar la renuncia a otro Presidente latinoamericano, Evo Morales. Esa vez el redactor de la carta fue un líder cívico de Santa Cruz de la Sierra que pocos días antes había recomendado seguir los métodos de Pablo Escobar a sus enfervorizados seguidores. La encargada de ejecutar la orden de detención era la policía boliviana pagada por ese referente “cívico”, hoy gobernador departamental.

Moïse es la prueba de lo que hubiera sucedido con Morales si no hubiera sido protegido por los campesinos del Trópico de Cochabamba y por líderes como Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador en las horas previas y posteriores al anuncio de su renuncia.

Seis meses más tarde de esos hechos que derivaron en un golpe de Estado, el principal asesor comunicacional de aquella gesta democrática, transformado en Ministro de Defensa de los golpistas, comenzó a negociar una invasión de mercenarios –vía Miami– idéntica a las mencionadas con anterioridad, para evitar que el MAS regrese al poder (las grabaciones están disponibles en la web). La idea de Fernando López era instalarse él mismo en la presidencia. Hasta hoy permanece prófugo de la Justicia y es protegido por el gobierno de Jair Bolsonaro.

El propio clan Bolsonaro fue salpicado por su probable vinculación con el grupo parapolicial que acribilló a la concejala Marielle Franco en mayo de 2018 en Río de Janeiro. En particular, el actual senador Flavio Bolsonaro aparece relacionado con el principal acusado del crimen.

Por su parte, la derecha argentina no pierde pisada. Es público su compromiso armado con los golpistas bolivianos. Además, en mayo pasado Mauricio Macri se hizo presente en cuerpo y alma en Miami para asistir a un encuentro organizado por el masacrador boliviano Carlos Sánchez Berzaín, activo conspirador vinculado desde hace casi 30 años a la inteligencia estadounidense y responsable directo de ordenar la represión que costó la vida a decenas de ciudadanos en el altiplano boliviano durante la llamada Guerra del Gas en 2003. En Miami, Macri se parqueó demasiado cerca de la ultraderecha paramilitar. Y su sucesora Patricia Bullrich no tiene la menor intención en quedarse atrás.

El 29 de noviembre de 2019 (el golpe había sido el 10) el citado ministro Fernando López fue recibido en la embajada argentina en el marco de un acto de despedida al agregado naval del gobierno de Macri en La Paz. Las fuentes indican que hubo clima de algarabía entre los uniformados de ambos países –las mismas fuentes indican que la algarabía no habría sido compartida por el embajador jujeño Normando Álvarez, quien aparece en la foto con gesto de pocos amigos–. Existen versiones encontradas sobre la postura asumida por el citado funcionario en torno al golpe.

 

 

Al revelar el plan de invasión mercenaria planificado por López en Bolivia, la revista The Intercept informó sobre una comunicación en la que los organizadores evidenciaban un seguimiento a Evo Morales durante su exilio en Buenos Aires y comentaban una mudanza realizada en esos días en la localidad de La Lucila.

“Qué macana. Qué macana que se nos ha ido nuestro amigo Evo de este lugar. Qué pena”, dice uno de los paramilitares que habría formado parte del Ejército de Estados Unidos. “Vamos a tender las redes para ver por dónde anda”, responde otro. “En algún lado está”.

Imposible que no venga a la cabeza el nombre de Juan José Torres, ex Presidente de Bolivia asesinado en Buenos Aires el 2 de junio de 1976.

A este nivel de referencias nos está llevando la ultraderecha continental.

Ya han pasado cinco años desde que Rafael Correa hablara de un nuevo Plan Cóndor regional y el azote no podía no alcanzarle, condenado e inhabilitado de por vida para ser candidato. Como el equipo de fiscales no pudo encontrar pruebas en su contra, lo sentenciaron por haber “influido psíquicamente” en sus subalternos para que cometan actos de corrupción. Sus perseguidores también pertrecharon a los golpistas bolivianos.

 

Jovenel Moïse

El asesinado Presidente de Haití no era un líder progresista. De hecho había contado con el apoyo de Donald Trump, pero es importante agregar algunos apuntes sobre lo sucedido.

Al menos siete de los ex militares colombianos que participaron en el magnicidio recibieron entrenamiento del Ejército de Estados Unidos, según lo confirmó el Pentágono.

Uno de los sicarios que resultó muerto durante el magnicidio, Duberney Capador, fue señalado como uno de los cerebros del operativo. Era un ex militar experto en contrainsurgencia, cuya hermana informó que había hecho un curso de Derechos Humanos en Estados Unidos.

 

 

El general Jorge Luis Vargas, jefe de la policía colombiana, informó, en base al testimonio de dos mercenarios, que estos habían sido contactados inicialmente para integrar servicios de seguridad a personas ricas y poderosas. Tres días antes del magnicidio habría habido un cambio de planes sobre el pedido de renuncia y detención a Moïse. Un ex funcionario del Ministerio de Justicia, Joseph Félix Badio, quien trabajó en la unidad de lucha contra la corrupción con el servicio general de inteligencia, le indicó a los mercenarios que la misión, en realidad, era asesinar al Presidente.

Según CNN, los mercenarios llegaron disparando al aire y gritando, en inglés: “¡Operación de la DEA! Todo el mundo atrás!”, mientras avanzaban por una calle hacia la residencia presidencial en el exclusivo distrito de Petion-Ville, de Puerto Príncipe.

El organismo negó enfáticamente haber participado en la acción, mientras el jefe de la policía colombiana declaró que el plan inicial era detener al Presidente para ponerlo a disposición de la DEA. La policía de Haití informó que los sospechosos llevaban gorras de la DEA y un documento que pretendía ser una orden de arresto.

Tras consumar el asesinato, uno de los sicarios se comunicó con un agente de la DEA en Haití. Se informó que este funcionario del gobierno de Estados Unidos lo instó a que se entregara a las autoridades locales. Washington confirmó que ese agente de la DEA y otro funcionario del Departamento de Estado proporcionaron información al gobierno haitiano que ayudó para la entrega y el arresto de ese sospechoso y de otro individuo. La DEA también admitió que otro de los mercenarios fue “en ocasiones, una fuente confidencial” de la agencia.

En base a los vínculos aceptados públicamente, resulta por demás improbable que la organización de estas acciones se haya perpetrado sin el conocimiento de los servicios de inteligencia estadounidenses.

El 10 de julio, el primer ministro interino, Claude Joseph, pidió a Estados Unidos la intervención de sus tropas militares para estabilizar la situación. Hay especulaciones acerca de la participación de Joseph en el asesinato. No cuenta con consenso dentro del grupo de países con más influencia en Haití, por lo que fue reemplazado por Ariel Henry, quien debe convocar a elecciones.

El 14 de julio, el canciller de Estados Unidos, Antony Blinken, dialogó con el secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y le aseguró su compromiso para “restaurar” la seguridad en Haití.

 

 

 

 

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