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La Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires ordenó esta semana la prisión domiciliaria de las personas que integran los grupos de riesgo frente al Covid-19 y que están privadas de la libertad por delitos menores. Son alrededor de 430 personas las que abandonarán las cárceles superpobladas bonaerenses mientras dure la pandemia, lo que representa un 1 por ciento de la población total. La discusión a nivel federal sigue trabada en el máximo tribunal penal del país.

 

Para descomprimir

El presidente del tribunal penal bonaerense, Víctor Violini, decidió hacer lugar a un Habeas Corpus presentado la semana pasada por once defensores generales, quienes sostenían que las condiciones de hacinamiento e inhabitabilidad en cárceles y comisarías provinciales se ven agravadas ante la emergencia sanitaria del coronavirus. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), mecanismo contra la tortura bonaerense, adhirió al planteo como amicus curiae.

El juez ordenó que cada juzgado o tribunal bonaerense debe dictar la prisión domiciliaria de los detenidos a su cargo, que estén presos por delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad, por patologías preexistentes o sean mujeres embarazadas o con hijos. Para delitos graves – asesinatos, secuestros, violencia de género o abusos sexuales – será cada juez que deberá analizar los pormenores del caso.

Las cárceles bonaerenses alojan a casi 45.000 personas y las comisarías a más de 3900. Al asumir Axel Kicillof se encontró con una crisis penitenciaria sin precedentes, como la propia Casación bonaerense reconoció el año pasado en un informe. La población penitenciaria había descendido notablemente con los estándares fijados por la Corte Suprema de la Nación en el fallo Verbitsky (2005) – durante la gobernación de Felipe Solá. Durante los últimos años del mandato de Daniel Scioli, la tendencia empezó a revertirse y se acentuó durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Según la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia, hay 2300 personas en los grupos de riesgo detenidas en la provincia. Sin embargo, la cartera que dirige Julio Alak remitió un listado de 650 personas. Allí, el Ministerio fijaba cuál era el criterio de la administración para ir descongestionando las cárceles:

- Personas en los grupos de riesgo detenidas por delitos leves;

- Personas detenidas por delitos leves y que integren los colectivos de mujeres, trans y travestis;

- Personas que ya gozaran de salidas transitorias antes de que se declarara la emergencia sanitaria.

En simultáneo, el Ministerio también pedía, en su oficio, especial cuidado si se conceden domiciliarias a condenados o procesados por agresiones sexuales o violencia doméstica para evitar su acercamiento a las víctimas o que vuelva al lugar donde cometió los delitos.

 

Entre Torquemada y Mandela

Un protagonista involuntario de las noticias de la semana pasada fue el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, que tiene a su cargo tanto los fiscales como los defensores y asesores de menores de toda la provincia. Conte Grand llegó a la procuración bonaerense de la mano de Vidal y aspira a quedarse durante la gobernación de Kicillof. Con la gobernadora, su relación era tan cercana que hasta para un cumpleaños compró dos muñequitos – que vinieron desde China – de Heidi y de su abuelito para simbolizarse a ellos mismos, como le contó a la revista Noticias.

Violini, que ya había tratado a Conte Grand de “empleado de Vidal” el año pasado, volvió a despacharse con críticas en su fallo del miércoles pasado.

“Me veo obligado a observar que el señor Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, doctor Julio Marcelo Conte Grand, que ahora parece erigirse como una suerte de héroe o líder mediático en medio de la pandemia decretada, ha sido, en los cuatro años pasados, el artífice de instrucciones (nunca resistidas por parte de algunos defensores que ahora recurren) que provocaron la proliferación de pedidos de prisión preventiva (mantenidos mediante recursos) y colaboraron de modo sustancial con la superpoblación carcelaria y la situación de hacinamiento imperante, que recién ahora, en la crítica circunstancia de la pandemia mundial decretada, parece revertir a través de la Resolución Nº 158/20, oscilando entre Torquemada y Mandela”, escribió el presidente de Casación.

 

 

En efecto, la resolución a la que alude es la que dictó Conte Grand el 16 de marzo pasado, ordenándoles a los defensores que buscaran medidas alternativas de pena para los presos bonaerenses para descomprimir las cárceles. Sin embargo, esta semana también circuló un audio de Conte Grand – mientras mantenía un encuentro virtual con defensores, fiscales y asesores de menores – en el que despotricaba contra los pedidos de domiciliarias. “Arrestos domiciliarios que no están incorporados al universo de riesgo”, se lo escucha decir al procurador bonaerense. “Yo les pido a ustedes que estén atentos a estas miserias humanas”, agregaba, haciendo gala de una doble vara notable entre el adentro y el afuera.

 

 

Tienes un mensaje

Los integrantes de la Cámara de Casación Federal tienen un grupo de WhatsApp, que está más activo desde que se declaró la pandemia y desde que los casadores ya no pisan el primer piso de los tribunales de Comodoro Py. Ahí el camarista Gustavo Hornos compartió el fallo de Violini, que fue festejado por la presidenta de la Cámara de Casación Federal, Ángela Ledesma. El resto de sus colegas no se deshicieron en comentarios.

La anécdota ilustra cómo transita la discusión en la Casación Federal sobre la necesidad de dar una respuesta a la situación de las cárceles frente a la pandemia. Tanto Ledesma como los dos vicepresidentes del máximo tribunal penal, Hornos y Alejandro Slokar impulsan una acordada con directivas generales para jueces y tribunales de instancias inferiores. Mariano Borinsky también es de la partida. Pero hasta ahora no encarnan la postura mayoritaria. Las deliberaciones seguían durante el fin de semana, y había optimismo en que se iba a poder avanzar con un texto.

Hay otros jueces que creen que hay que resolver caso por caso y que no se les puede pedir a los tribunales inferiores que acepten pedidos de domiciliarias o de excarcelaciones cuando ellos las están rechazando. De hecho, la sala de feria que intervino durante la semana pasada – Ana Figueroa, Carlos Mahiques y Diego Barroeataveña – recibió más de 100 planteos y rechazó 80.

También circula la opinión de que el problema del hacinamiento en las cárceles le atañe en principal medida al Ejecutivo. Según las estadísticas del propio Servicio Penitenciario Federal (SPF), hay una sobrepoblación del 4,19 por ciento, lo que quiere decir que alojan a 532 personas más de las que podrían. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) sostuvo que la sobrepoblación es mucho mayor a la que declara el SPF en una carta enviada esta semana a la Cámara de Casación. Lo que pasa es que, contrario a los estándares internaciones, el SPF ha venido agregando camas o colchones para poder ingresar más detenidos o ha reconvertido lugares como gimnasios en pabellones, situación que fue advertido por el propio máximo tribunal.

La PPN le pidió a la Casación que disponga medidas alternativas para personas en preventiva por delitos menores, personas condenadas por delitos no violentos próximas a cumplir la pena o cuyas condenas no excedan los tres años, aquellos que ya estaban gozando de salidas o quienes tengan obligaciones sobre otras personas, así como adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades preexistentes. En la misma línea se pronunció el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), cuyas recomendaciones Ledesma volvió a girar esta semana a los tribunales inferiores.

Los casadores también tuvieron en cuenta los pedidos del Ministerio Público de la Defensa que encabeza Stella Maris Martínez y algunos le reclaman por su silencio al procurador interino Eduardo Casal.

Uno de los mensajes que llegó desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) fue la decisión del fiscal ante Casación Mario Villar de apelar la domiciliaria que otorgaron Hornos, Slokar y Diego Barroetaveña a una mujer – que había estado en tratamiento por cáncer hasta su detención en 2018 y tenía un hijo de nueve años, que había quedado al cuidado de su hermana mayor.  Villar presentó el recurso el martes. Dos días después, renunció a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal después de que su actual presidenta, la ex defensora Matilde Bruera, hiciera un llamamiento a jueces y fiscales para buscar medidas alternativas a la prisión para disminuir la población carcelaria.

El asunto llegará pronto a la Corte Suprema. Mientras tanto, es probable que la sala de feria de la Casación de esta semana tenga para resolver planteos de Miguel Osvaldo Etchecolatz – que insiste con su domiciliaria – o el recurso del fiscal Marcelo Colombo contra la domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou, concedida el lunes pasado por el juez Daniel Obligado.

 

Criminales de lesa

El viernes por la noche, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución sobre cómo debe abordarse la pandemia desde una perspectiva de derechos humanos.

La CIDH pidió que los Estados enfrenten la situación de hacinamiento en las cárceles, que es el principal impedimento para asegurar el distanciamiento social e impedir la propagación del Covid-19. Solicitó que se revean las prisiones preventivas y que se procuren medidas alternativas para mujeres embarazadas o con hijos menores y para personas mayores.

En las cárceles federales argentinas, la gran mayoría de las personas mayores privadas de su libertad son condenados o acusados por delitos de lesa humanidad. Según el SPF, actualmente hay 131 represores presos y dos internados en hospitales extramuros. Para ellos, la CIDH aclaró que la evaluación de los jueces debe ser más exigente. “Con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables”, remarcaron los comisionados. En Casación miran con atención ese texto como un lineamiento para su propia acordada.

La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad – a cargo de la fiscal Ángeles Ramos – tiene contabilizados 136 pedidos de domiciliarias. El número supera el de los represores en prisión porque son muchos de ellos los que tienen distintas causas en distintas jurisdicciones. Por ejemplo, Raúl Guglielminetti – agente del Batallón de Inteligencia 601 – logró la domiciliaria en una causa de Neuquén, pero cosechó rechazos en una causa en Capital por la que tiene que ser juzgado y otras dos por las que ya fue condenado.

Hasta ahora, la tendencia es hacia el rechazo, pero al menos 25 represores lograron salir de la cárcel desde que se declaró la emergencia sanitaria. Uno de ellos, Horacio Linari, salió el viernes después de que Mahiques y Barroetaveña anularan una resolución del Tribunal Oral Federal 2 que le había rechazado la domiciliaria. Con la salida de Linari -- procesado por crímenes en el Regimiento de Infantería de Mercedes --, la Unidad 34 de Campo de Mayo cada vez queda más vacía -- a diferencia de la mayoría de las cárceles argentinas.

 

 

 

 

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