Solo le conviene al gobierno

 

La explosión de un caño casero en las manos de Anahí Esperanza Salcedo frente a la tumba del Coronel Ramón Falcón fue simultánea con el hallazgo de otro artefacto precario pero presumiblemente de mayor poder, en el domicilio del Doctor Glock.

 

 

Falcón y Glock son dos emblemas de la represión contra movimientos populares, con un siglo de diferencia. El militar era el jefe de policía que en 1906 desalojó a manguerazos de agua helada a los inquilinos en huelga por el alquiler exorbitante que no podían pagar. El 1° de mayo de 1909 ordenó abrir fuego sobre anarquistas, sindicalistas y socialistas que manifestaban cerca del Congreso en forma pacífica. Se estima que hubo un centenar de muertos y otro de heridos. Seis meses después un anarquista los vengó con una bomba que cobró la vida de Falcón. Once décadas más tarde el juez Glock encabeza la cruzada contra la ex presidente CFK, cuyo desafuero y detención procura por causas de escaso sustento probatorio. Pero también procesó a varios anarquistas detenidos luego de una movilización.

Dicho esto, es imprescindible señalar que quien celebra lo acontecido es el gobierno, porque corporiza a bajo costo el fantasma terrorista con el que intenta justificar una escalada represiva dirigida a establecer un férreo control social sobre sectores gremiales combativos, movimientos sociales, pueblos originarios y mujeres que se manifiestan contra el injusto orden vigente. El reclamo de las garantías para las personas detenidas no obsta para señalar el carácter contraproducente de actos de este tipo, que fortalecen a aquellos a quienes se pretende combatir. En esta misma edición te cuento el desarrollo del histórico juicio a Ford Motors por el secuestro y torturas a 24 de sus trabajadores en 1976, 17 de ellos delegados que luchaban por mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. Y Guillermo Munné escribe sobre la primera condena por violación, embarazo y aborto forzados, a la militante Silvia Suppo, en la Santa Fe de los años '70. Esas son las respuestas que fortalecen el tejido social y dificultan el surgimiento en la Argentina de un Bolsonaro.

En esta edición Héctor Rodríguez cuenta la trágica historia de los Salcedo, del peronismo de Perón a la primera expedición Cóndor sobre las islas Malvinas, encabezada por Dardo Cabo, y a los asesinatos cometidos por la última dictadura, que diezmaron la familia a la que pertenece la militante anarquista detenida en el cementerio. El CELS advierte sobre el uso de estos episodios y de la próxima reunión del G20 como excusa para la violencia estatal, que potencia la persecución y represión a la protesta social. Sobre este tema ahonda Graciana Peñafort, quien denuncia la estigmatización de la colectividad musulmana sobre la base de presunciones infundadas.

Con la presentación del armamento que se utilizará para custodiar la cumbre del G20, Patricia Bullrich culmina otra parábola penosa. De la rebelión montonera en su temprana juventud, a la confiscación del 13% de los ingresos de jubilados y estatales durante la Primera Alianza, al fierrerismo galimbertiano como sexagenaria irascible al servicio del gobierno cuyo ministro principal se jacta de haber realizado el mayor ajuste de la historia sobre los ingresos populares.

 

 

El Poder Ejecutivo también está jaqueado por la reacción de los familiares de los 44 tripulantes del submarino San Juan, quienes dudan de la secuencia informativa por la que el gobierno dijo haberlo hallado en el aniversario de su pérdida, que coincidía con la finalización de la búsqueda. El Cohete a la Luna fue el primer medio argentino en informar, hace diez meses, sobre la señal acústica detectada el 15 de noviembre del año anterior, que la Organización del Tratado para la completa prohibición de ensayos nucleares atribuyó a la implosión y colapso de la nave.

 

 

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