Sólo con plata no alcanza
Los anuncios del entendimiento con el FMI no frenaron la corrida como se esperaba
“El ministro Dujovne ha solicitado que nuestros equipos trabajen conjuntamente hacia un Acuerdo stand-by de alto acceso”. Christine Lagarde, directora gerente del FMI
Mientras esperamos que trasciendan los términos concretos del acuerdo de auxilio financiero stand-by que el gobierno de Mauricio Macri negocia a las corridas —y por la corrida— con el FMI (una curiosidad que no alcanzó a satisfacer la primicia exclusiva que publicó La Nación con las “20 fotos” del “encuentro decisivo”), siguen algunos apuntes breves y a mano alzada sobre lo que ya sabemos.
Te lo dije (pero no tanto)
Es cierto que a principios de enero te advertí en esta columna que el gobierno quería firmar un programa de financiación con el FMI antes de las elecciones de 2019 (https://www.elcohetealaluna.com/te-lo-anticipamos-en-enero/), pero —digamos todo— en aquel anticipo pequé por optimista. Suponía entonces que, “más allá de las desmentidas políticamente correctas de sus funcionarios”, al gobierno “le gustaría acordar con el FMI una Línea Flexible de Crédito (FCL) sin condiciones explícitas, facilidad excepcional que sólo está disponible para países con un historial de adopción de políticas macroeconómicas adecuadas”, como la que han obtenido en nuestro continente tan sólo México y Colombia. Se trata de una alternativa de financiación menos exigente en materia de condicionalidad, adoptada por el Fondo en 2009 como parte de su respuesta a la crisis financiera global, que le hubiera permitido al gobierno, en caso de conseguirla, disfrazar de espaldarazo internacional la necesidad imperiosa de contar con miles de millones de dólares para satisfacer la demanda arrolladora de divisas de los inversores extranjeros y los ahorristas argentinos que, por estos días, se atropellan para salir de los pesos — cuando no del país.
En cambio, la directora gerente Lagarde le ofreció al ministro Dujovne un stand-by, el más antiguo y tradicional, por no decir vetusto, de los vehículos crediticios que el organismo utiliza para asistir a países en crisis desde 1952, y que la Argentina ha firmado por docenas a lo largo de su historia con los resultados que todos conocemos. Actualmente sólo tres países, Irak, Jamaica y Kenia, tienen acuerdos stand-by operativos, y si el nuestro se suma a la lista, los argentinos tendremos que volver escuchar una y otra vez los mismos hits que sonaban en loop en los ’90: carta de intención... condicionalidades... memorándum de entendimiento... misión argentina...
Los mezquinos cuarenta minutos que duró la reunión con Dujovne no dejan dudas acerca de la falta de predisposición de Lagarde para analizar alternativas más generosas, propias del “nuevo” Fondo con el que imaginaba estar lidiando el Ministro. Según el sitio oficial del FMI, la modalidad de stand-by de “alto acceso” que se le concedería a la Argentina es la indicada para “atender problemas de balanza de pago... frente a necesidades de financiamiento potenciales muy cuantiosas”.
Normalmente, la aprobación de una línea de crédito stand-by insume alrededor de ocho semanas y le permite al país deudor obtener desembolsos cada doce meses por un monto equivalente al 145% de su cuota de socio del FMI durante un plazo máximo de tres años. Aplicando esos parámetros, la Argentina sólo podría aspirar a recibir aproximadamente U$S 6.500 millones recién en julio de este año, una espera demasiado larga y un monto demasiado exiguo si se tiene en cuenta que desde principios de marzo el Banco Central dilapidó casi U$S 9.000 millones en sus intentos infructuosos de contener el precio del dólar. Por eso se supone que Dujovne solicitó la modalidad de stand-by de “acceso excepcional” y “rápido”, bajo la cual el FMI puede “acelerar” la aprobación del préstamo y “prestar fondos por encima de los límites normales”, a cambio de someter a nuestro país a “un análisis más riguroso”.
No ha trascendido el monto total de la línea de crédito que pidió el gobierno. Las estimaciones aventuradas, sin demasiada fundamentación, de analistas de medios especializados y brokers de bancos de inversión, van desde los U$S 20.000 millones hasta los U$S 50.000 millones. Cualquier cifra dentro de ese rango le conferiría a la Argentina el dudoso privilegio de ser el receptor de la más voluminosa de todas las facilidades de crédito vigentes. Para ponerlo en perspectiva, el total de los fondos desembolsados y adeudados al 3 de mayo por los 34 países que tienen acuerdos de financiación operativos con el FMI suma U$S 54.200 millones.
Sin condiciones no hay paraíso
Cuando en 2016 el gobierno le pidió al FMI que volviera a auditar la economía argentina, el Jefe de Gabinete Marcos Peña explicó que “el aislacionismo bobo no nos ha servido” y pidió que no nos preocupáramos por una simple revisión de cuentas ya que “distinto sería que a partir de ahí, como ha pasado en otro momento de nuestra historia, el Fondo Monetario defina nuestras políticas. Eso no va a pasar”. Después de firmar el stand-by, lo que no iba a pasar habrá pasado y los consejos del auditor devendrán las condiciones del prestamista.
El sitio oficial del FMI lo resume sin ambiguedades: “Cuando un país solicita un préstamo al FMI, acuerda ajustar sus políticas económicas para superar los problemas que lo llevaron a tener que pedir financiamiento en primer lugar” y “los desembolsos están suspeditados a la observancia de los criterios de ejecución cuantitativos” relativos, por ejemplo, al nivel de las reservas, el déficit y la deuda pública. Las políticas específicas que la Argentina debería eventualmente “ajustar” si el FMI se lo exige son sencillas de detectar en el lenguaje llano de las recomendaciones incluidas en el último informe de revisión de la economía argentina, publicado por el FMI en diciembre del año pasado. Por ejemplo:
- Reducción más enérgica del déficit fiscal mediante recortes de salarios, jubilaciones y transferencias a las provincias.
- Congelar la planta de empleados públicos o reducir a la mitad la contratación de reemplazos para los que se jubilen.
- Usar la inflación futura estimada en lugar de la inflación pasada real como fórmula de aumento para los gastos sociales.
- Ampliar el universo de asalariados que deben pagar impuesto a las ganancias.
- Flexibilizar los derechos laborales en materia de indemnización por despido y convenios colectivos.
- Recortar transferencias de los gobiernos provinciales a los municipios.
- Modificar el Pacto Fiscal con las provincias para excluir automáticamente a las jurisdicciones que lo incumplan de la posibilidad de recibir transferencias discrecionales de recursos del gobierno nacional.
- Persisitir en los aumentos de tarifas de los servicios públicos.
- Promover la disminución de los aranceles aduaneros del Mercosur.
- Reducir regulaciones impositivas que gravan el capital.
Todas esas medidas, casi sin excepción, ya integran el programa económico del oficialismo y por eso cuesta imaginar que el gobierno pretenda lograr en la negociación con el Fondo algo más que disimularlas retóricamente en la documentación que plasme el stand-by.
Sólo con plata no alcanza
De nada le servirá al gobierno que el Fondo le preste de inmediato todo lo que le pide si no logra resolver de manera satisfactoria la siguiente paradoja: necesita poder vender barato los dólares que le preste el FMI para frenar la corrida cambiaria pero el FMI no está dispuesto a prestárselos si el gobierno los va a malgastar vendiéndolos a un precio que el FMI considera atrasado.
Hasta hace un par de días, el gobierno (y quizás también el FMI) evaluaban que la paradoja se resolvería sola porque bastaría con el anuncio del acuerdo y la disponibilidad teórica de los fondos para que la corrida amainara. La realidad impiadosa ha disipado esas certezas.
El jueves el Banco Central, que supuestamente contaba con reservas suficientes para hacer frente a cualquier contingencia, le pidió prestados U$S 2.000 millones al Banco de Pagos Internacionales de Basilea; el viernes arrojó más de la mitad de esas divisas al mercado sin poder evitar que el dólar siguiera escalando hasta alcanzar un nuevo precio récord. El miércoles, mientras el Congreso le daba el gusto a Macri de sancionar la reforma de la Ley del Mercado de Capitales, cuyo objetivo declamado es promover la oferta de productos de inversión domésticos sofisticados, los ahorristas argentinos que deberían demandarlos vendieron más de $ 11.000 millones en cuotas de fondos de inversión de LEBACs, presumiblemente para comprar los rudimentarios dólares.
Está visto que sólo con plata no alcanza. Aunque sean dólares y lleguen de a miles de millones. Si el gobierno y el FMI no quieren resolver la paradoja prolongando esta devaluación descontrolada, podrían restablecer aunque más no sea alguna de las regulaciones prudenciales de la cuenta capital que Macri eliminó irresponsablemente el año pasado. Empezando por la obligación de los exportadores de repatriar los dólares que cobran por los bienes que producen con el trabajo de los argentinos que cobran en pesos. Gobernar no es pedir por favor.
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