SOLDADO DEL CACHORRO

 

La Universidad Nacional de Córdoba, a pedido de su Facultad de Derecho, distinguirá a dos funcionarios de la dictadura como “Profesores Eméritos”. Uno fue “protegido” de Luciano Benjamín Menéndez; el otro estuvo a cargo de la intendencia de la ciudad en tiempos de intervención.

Empecemos por el comienzo y tomemos a uno de los dos aspirantes: José Palazzo.

El 30 de noviembre de 1976, cuando salía de su lugar de trabajo en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), un grupo de tareas secuestró a Tomás Di Toffino, el referente gremial que junto a Agustín Tosco hizo grande al gremio de Luz y Fuerza. Tomás trabajaba en EPEC, cuyo “Jefe de Recursos Humanos” era un abogado y docente universitario llamado José Palazzo, homónimo (y padre) del productor de espectáculos de rock.

En el juicio que se conoce como Megacausa La Perla los sobrevivientes aseguraron que el día que fusilaron a Di Toffino en el centro clandestino el general Luciano Benjamín Menéndez pidió estar presente.

La historia viene a cuento porque muchos años después, cuando por decisión del Juzgado Federal 3 se allanó la casa de Menéndez en barrio Urca de Córdoba, los oficiales de Justicia encontraron una carta escrita de puño y letra del genocida en la que defendía a Palazzo de una acusación en su contra. La carta, que fue leída en el juicio por Silvia Di Toffino, la hija de Tomás, dice así:

Córdoba, 16 de octubre 1980.

“Al señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba, coronel Oscar Joan. De mi mayor consideración. Me dirijo al señor Coronel porque he tenido noticias que el doctor José Luis Palazzo tiene una objeción formulada, no se sabe por qué servicio de inteligencia, por inclinaciones ideológicas izquierdistas. Quiero desvirtuar de plano semejante calumnia. Conozco al doctor Palazzo dese hace muchos años, por ser sobrino de una tía política mía. Tenemos, pues, parientes comunes. Además lo he tratado permanentemente. No solo el doctor no tiene simpatías ideológicas izquierdistas, sino que ha sido un luchador frontal contra los elementos comunistas que en su oportunidad infestaron nuestra provincia, en particular la Empresa de Energía de Córdoba. Allí en Epec desactivó y desplazó a los seguidores nada menos que de Tosco. Ruego entonces al señor coronel que se sirva darle a esta carta el trámite que juzgue conveniente a fin de eliminar tan injusta como errónea calumnia del legajo del doctor Palazzo. En la seguridad de que el señor coronel arbitrará las medidas para que se haga justicia, saludo a usted muy atentamente.

General de División Luciano Benjamín Menéndez".

 

 

Tiempo después de la desaparición de Tomás Di Toffino, José Palazzo se tomó una licencia como Jefe de Personal de EPEC porque en junio de 1979 asumió como Fiscal de Estado adjunto de la provincia, en tiempos en que la misma estaba gobernada por el interventor militar Adolfo Sigwald.

El próximo 15 de diciembre el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba deberá determinar si accede al pedido efectuado por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y nombra al protegido de Menéndez profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba.

Pero no es el único.

 

 

El otro candidato

Jorge Edmundo Barbará es el otro candidato a profesor emérito de la UNC. Aunque hasta el momento no se conocen pruebas que lo acerquen a Menéndez como en el caso de Palazzo, hay razones contundentes para ubicarlo cerca de la última dictadura.

En el currículum que el propio Barbará acercó a la Facultad de Derecho para ser elevado al Consejo Superior de la UNC figura que ocupó el cargo de Subsecretario y Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, aunque estratégicamente no se publica la fecha en la que ocupó ambos espacios. El Cohete a la Luna puede afirmar que fue funcionario de la administración de Rubén Juan Pellanda, interventor municipal desde abril de 1981 hasta que en enero de 1982 se convirtió en interventor provincial.

Los archivos indican que asumió como Subsecretario de Gobierno el 8 de mayo de 1981 y a partir del 29 de enero de 1982 asumió como Secretario de Gobierno, cargo que ocupó hasta que concluyó la dictadura. Es en esa misma época —esto se desprende de su currículum, aunque tampoco allí aclara las fechas— cuando Barbará estuvo “en cuatro oportunidades” a cargo de la administración municipal.

 

 

Menéndez y Córdoba

La Córdoba “cordobesista” de hoy no sería tal (ni tan sólida) si no hubiera sido tan efectiva la aniquilación encarada por Menéndez. El ex general de división buscó —y en gran parte logró— destruir la provincia progresista donde tenían peso las luchas estudiantiles y sindicales para dar paso al actual perfil conservador.

La historia del genocida y su construcción de poder en Córdoba no sólo está ligada a su fuerza como militar y jefe de las patotas represivas sino también a sus pretensiones de referente político. Desde muy temprano en plena dictadura Menéndez forjó alianzas que todavía hoy subsisten entre el poder más conservador de la provincia, uniendo Iglesia Católica, empresariado y establishment en general. A ese poder cordobés Menéndez no sólo lo sedujo con represión sino también con su propio proyecto político post democracia.

En este video que presentamos hace algunos años en un programa de TV para recordar la influencia de Menéndez en la vida política de la provincia mostramos una clase magistral (en el aula magna del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba) en la que el militar seducía a un auditorio de civiles mostrando su plan político y despertaba aplausos al decir en la propia Universidad: “De los subversivos actuales nos encargamos nosotros. De que no surjan nuevos, se encargan ustedes”.

 

 

 

 

 

El periodista Camilo Ratti, autor de una notable biografía no autorizada de Menéndez, titulada Cachorro, vida y muertes de Luciano Benjamín Menéndez, asegura que el proyecto político del genocida era ser gobernador de Córdoba después de la dictadura y que para ello tendió redes de alianzas con ex funcionarios del régimen militar e integrantes del poder económico local como la Fundación Mediterránea. Entre los referentes políticos que entrevista Ratti y acompañaron a Menéndez en esa aventura política esta Rubén Juan Pellanda, de quien ya se dijo que Barbará fue Secretario de Gobierno.

La Universidad que ahora pretende enaltecer con las distinciones más honoríficas a estos profesores no está demasiado alejada de aquellos docentes, curas y autoridades que escuchan con atención a Menéndez en ese video. Jorge Edmundo Barbará, por ejemplo, no pagó ningún costo por ser funcionario de la dictadura y en su currículum figuran varios cursos sobre gestión pública que no aclaran en qué años se dedicó a la misma.

Barbará además ha tenido una vida política intensa. En 2001 fue elegido Convencional Constituyente provincial integrando el bloque del actual peronismo cordobesista. Su aparición en la primera jornada de la convención fue polémica porque los bloques de Izquierda Unida y el Frepaso cuestionaron su apoyo a la dictadura militar. La acusación se basaba en la presencia de su nombre en una “Carta Abierta al Embajador de Estados Unidos en Argentina” publicada en el diario Córdoba en 1978. En esa carta no sólo está la firma el ex Secretario del gobierno de facto sino la de muchos otros históricos docentes universitarios.

La carta le reclama al embajador Raúl Castro que no se preste a la “Campaña Antiargentina” impulsada por “guerrilleros y activistas que huyeron” y profundiza su negacionismo hablando de “supuestas violaciones a los Derechos Humanos en nuestra Nación”.

Muchos de los firmantes de esa carta aseguran no haber sido consultados antes de la publicación de la misma o haber sido obligados a hacerlo, pero la misma fue publicada con sus nombres y apellidos en octubre de 1978. Otro de los que suscribe la solicitada es el actual integrante del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, quien fuera también candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Domingo Sesín. Este civilista es también uno de los “prestigiosos letrados” que avala la designación de Barbará como Profesor Emérito de la UNC.

La historia de esta “Carta Abierta” fue contada por el abogado Rafael Ortiz en un libro llamado El derecho víctima del Terrorismo de Estado. Carlos Vicente, convencional del Frepaso en 2001, asegura que uno de los defensores de Barbará —que no habría negado los argumentos que se expresaron en la impugnación y que habría justificado en aquel entonces la ruptura del orden institucional por “la situación de peligro extremo que vivía el país”— fue Ramón Pedro Yanzi Ferreira, en ese momento Decano de la Facultad de Derecho de la UNC y también convencional electo, que actualmente es el vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba.

Aquella convención constituyente fue la que eliminó las dos cámaras legislativas que existían en Córdoba y las unificó en “la unicameral”, para muchos la clave que le ha permitido al proyecto cordobesista de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti mantenerse en el poder por 21 años.

 

 

 

La capacidad de reciclarse de Barbará es admirable y siempre encontró un lugar de contención en la Facultad de Derecho. Eso le permitió hace apenas un año ser el único orador (además del invitado) en una charla titulada “Ciclo Diálogos Políticos” que dio el actual Presidente Alberto Fernández cuando era candidato.

Fernández no tenía por qué saber quién estaba sentado a pocos metros suyo presentándolo pero Barbará (que hoy escribe artículos comparando al gobierno nacional con una dictadura en el diario La Voz del Interior, del Grupo Clarín) era en ese momento y es en la actualidad Secretario de Extensión y Relaciones Internacionales de la misma Facultad que ahora pretende nombrarlo Profesor Emérito.

En la historia de ambos candidatos se encuentra también la pertenencia en la década del ‘90 a la administración de Carlos Saúl Menem. Palazzo fue Interventor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Barbará fue vocal y actor clave del proceso de privatización de la ex ENCOTESA.

 

 

Rechazo de la oposición

La postulación de los profesores por parte de la Facultad de Derecho ha generado la reacción de la oposición en el gobierno de la UNC. La decana de Filosofía y Humanidades, Flavia Dezzutto, aseguró que el hecho de que ambos candidatos hayan sido “funcionarios y activos colaboradores de la última dictadura cívico militar” obliga “a repudiar la pretensión” de otorgarles dichos títulos.

“Es necesario que esta iniciativa no prospere porque de aprobarse violentaría a la universidad pública como comunidad política y educativa, vulnerando el pacto democrático del que forma parte”, respondió Dezzutto ante la consulta de El Cohete. “Es preciso además que se formule con urgencia en la UNC una normativa que impida, como sucede en otras universidades nacionales desde hace décadas, que quienes probadamente hayan tenido responsabilidades políticas e institucionales en la última dictadura reciban dignidades universitarias, y actúen en la gestión y evaluación académica”, remarcó.

Todavía más duros fueron los conceptos de Silvia Di Toffino: “Si estos candidatos han sido propuestos por la Facultad de Derecho habría que pedirle al vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba (Yanzi Ferreira) que tome clases de Derechos Humanos”. Silvia es una de las figuras más poderosas de la Organización H.I.J.O.S de Córdoba y aseguró que es importante que se sepa que en el caso de Palazzo hay una investigación en curso en su contra. Por otro lado, consideró que “si realmente se quiere construir una democracia real no sirve esconder las complicidades de quienes han estado al servicio de la dictadura militar”.

La investigación por la carta que presentó Silvia Di Toffino escrita por Menéndez sigue abierta porque el juez federal Hugo Vaca Narvaja impidió que la misma sea archivada por la ex fiscal federal Graciela López de Filoñuk. La causa, que se enmarca en el contexto de las complicidades civiles de la dictadura, ahora está en manos del fiscal Facundo Trotta.

 

 

En días se define

El Cohete intentó tener la palabra del rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri, para saber si la postulación hecha por su vicerrector cuenta con el aval de todo el oficialismo, pero no obtuvimos respuesta. Fuentes cercanas a la máxima autoridad universitaria sugirieron que la postulación no cuenta con el aval de Juri pero que desde hace tiempo es el vicerrector (Yanzi Ferreira, quien postuló a los polémicos “eméritos”) quien maneja el Consejo Superior, compuesto por un total de 45 personas (15 decanos, 15 docentes, 10 estudiantes, tres graduados y dos no docentes). El próximo 15 de diciembre deberá determinar si otorga la distinción de “Profesores Eméritos” a los ex funcionarios de la dictadura.

 

 

 

 

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