Sociedades engañadas

 

Las noticias falsas (fake news) tienen una larga tradición en la historia de la humanidad. En los inicios del siglo XXI, una de las más notorias ha sido la acusación de que Irak disponía de armas de destrucción masiva para justificar la guerra lanzada por Estados Unidos y algunos aliados para destituir al régimen de Sadam Huseín. En 1971, la filósofa Hannah Arendt había asignado la responsabilidad de la guerra de Vietnam, a lo que denominó “engañadores autoengañados”, es decir a líderes políticos, periodistas y medios de comunicación que difundieron las falsedades, medias verdades y las tergiversaciones dirigidas a justificar aquel conflicto. Esas guerras han provocado la muerte y el sufrimiento de millones de civiles inocentes, ajenos a los designios de las élites que diseñaron esas estrategias. En la actualidad, la novedad es la difusión masiva de noticias falsas que circulan a través de las redes sociales. Los daños provocados por las fake news difundidas a través de estos medios no son comparables con los daños terribles de las guerras. Pero contribuyen a la polarización política y elevan el nivel de confrontación en el interior de las sociedades de un modo que recuerda las guerras de religión. Han favorecido la expansión de fuerzas políticas de extrema derecha que alientan la enemistad con los extranjeros y rechazan las políticas de protección al medio ambiente. Las redes funcionan como cámaras de eco que confirman las narrativas que vinculan a los mismos grupos de usuarios. Por otra parte, la inteligencia artificial hace posible la creación de deepfakes que son las simulaciones de voz e imagen de personalidades públicas. Son videos técnicamente tan logrados que resulta casi imposible distinguirlos de la realidad. La creación de estos mundos paralelos supone un enorme desafío para la democracia y para todos aquellos que consideran que la confrontación política, si bien es inevitable en una sociedad plural, no debe basarse en el engaño a los ciudadanos.

 

 

La interacción digital

Las nuevas modalidades de interacción digital han creado una alternativa a los sistemas tradicionales de comunicación política, basados en la relación cara a cara con los dirigentes políticos o a través de los medios escritos de comunicación. Las redes sociales han facilitado la formación de nuevos sujetos políticos que operan en forma autónoma en relación con las formas tradicionales de comunicación. Han dado lugar a un complejo ecosistema en el que redes, medios y otros circuitos de mediación política producen un fenómeno completamente nuevo. El Digital News Report, publicado por el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, destaca que los videos cortos difundidos en las redes sociales son actualmente la principal fuente de información de los jóvenes. Dos tercios de ellos, el 66%, acceden a videos informativos breves cada semana. De las seis redes sociales más conocidas, TikTok sigue siendo la más popular, y el porcentaje de los jóvenes que la utilizan para recibir noticias ha crecido sensiblemente hasta alcanzar un cuarto de las audiencias jóvenes en algunos países. En la Argentina, el Presidente Milei tiene una cuenta en TikTok con 2,2 millones de seguidores. Entre las fuentes de noticias que los usuarios prefieren para informarse, los medios online (incluidas redes sociales) son los favoritos, con un 72%. La televisión se sitúa en segunda posición y el descenso de los medios impresos parece imparable, ya que han pasado del 61% en 2013 al 23% en la actualidad. El porcentaje de personas que evitan selectivamente informarse alcanza a nivel global un 39%, fenómeno que el informe vincula con una pérdida de interés por la política en general.

 

 

La propaganda computacional

El otro problema de las redes es que facilitan la difusión de la propaganda computacional. Mediante este procedimiento se aprovechan los sesgos de los votantes, conocidos a partir de sus interacciones en la red, para diseñar campañas confeccionadas a la medida de las preferencias emocionales y políticas del elector. Las audiencias se segmentan en microclusters con los perfiles psicométricos afines. Mediante el microtargeting se acerca a esos nudos propaganda electoral de su agrado o se le hacen llegar campañas negativas si son consideradas “tribus enemigas”. En opinión de los expertos, la propaganda computacional es una de las herramientas más poderosas contra la democracia porque posibilita operaciones de ingeniería social capaces de modificar por completo las formas de opinión. También, a través de granjas de ordenadores, se consigue modificar los trending topics y la agenda de la opinión pública. De esta manera, según ha sido sugerido, estamos pasando de una sociedad de clases a una sociedad clasificada. La intensa fragmentación de la opinión pública que las nuevas tecnologías están propiciando favorece la pérdida de sustancia de los partidos políticos como vertebradores de pensamiento y opinión política. Si la elección de los ciudadanos puede ser orientada por poderosos sistemas de procesamiento de datos emocionales capaces de guiar la conducta de forma silenciosa para moldear las decisiones electorales según las pautas establecidas en laboratorios de experimentación, lo que se pierde es el derecho a decidir en forma autónoma.

Giuliano da Empoli, en un ensayo titulado Los ingenieros del caos (Ediciones Anaya), afirma que “tras las apariencias desenfrenadas del carnaval populista se oculta el duro trabajo de docenas de spin doctors y cada vez más de científicos y expertos en big data sin los cuales los líderes populistas nunca habrían alcanzado el poder”. Otro ensayo muy relevante para entender esta nueva y alarmante realidad es el de Shoshana Zuboff, autora de La era del capitalismo de la vigilancia (Paidós). Según Zuboff, “estamos ante un nuevo orden económico que reclama para sí la experiencia humana como materia prima gratuita aprovechable para una serie de prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y ventas. Se trata de una mutación inescrupulosa del capitalismo caracterizada por grandes concentraciones de riqueza, conocimiento y poder que no tienen precedente en la historia humana. Es una amenaza tan importante para la naturaleza humana en el siglo XXI como lo fue el capitalismo industrial para el mundo natural en los siglos XIX y XX. Estamos ante la expropiación de derechos humanos cruciales que perfectamente puede considerarse como un golpe desde arriba: un derrocamiento de la soberanía del pueblo”.

 

 

La galaxia del Silicon Valley

Otro de los riesgos para la democracia proviene del programa alentado desde la galaxia de las derechas radicales (alt right) vinculada al mundo tecnológico de Silicon Valley. Sus referentes cuestionan la democracia y la igualdad y la labor de los gobiernos democráticos dirigidas a atemperar las fuerzas salvajes del mercado. Tal como Colin Crouch ha señalado, el neoliberalismo en su forma realmente existente es una oligarquía, muy afianzada políticamente, de empresas multinacionales gigantes que están impulsando una agenda autoritaria. La desdeñosa concepción de la política democrática como una corrupción de la justicia del libre mercado, al servicio de políticos oportunistas y su clientela, ha sido completamente adoptada por estas elites. Actúan guiadas por la falsa creencia de que el capitalismo de mercado, liberado de políticas democráticas, no solo será más eficiente, sino que también será virtuoso y responsable. Estos neo-reaccionarios consideran la democracia un producto catastrófico de la modernidad, un régimen “subóptimo” e inestable, orientado hacia el consumo y no hacia la producción y la innovación, que conduce siempre a una mayor tributación y redistribución dado que los políticos necesitan ganar elecciones. Desde su distopía reaccionaria, los Estados son considerados como simples empresas, para ser desmantelados y transformados en compañías competidoras administradas por directores generales competentes. En un sonado artículo de 2009, Peter Thiel —el creador de PayPal— dijo que ya no cree que “la libertad y la democracia sean compatibles”. Thiel piensa parecido a otros libertarios decepcionados y devenidos en activos reaccionarios. La diferencia es que maneja mucho dinero y que con esos fondos financia proyectos como el de los “libertarios de alta mar”, que busca construir ciudades-plataformas en aguas internacionales para huir de la soberanía de los Estados.

 

 

El derecho a no ser engañado

Frente a este fenómeno hay que reivindicar el derecho a no ser engañado y el derecho a recibir información veraz como derecho universal fundamental de las personas. Debemos reivindicar la acción estatal dirigida a limitar la arbitrariedad de los poderes privados. La democracia no puede sobrevivir si no existe una adhesión a ciertos valores éticos-políticos y un respeto a las instituciones que la regulan. Una resolución del Parlamento Europeo del año 2018 ha declarado que debe prohibirse la elaboración de perfiles para fines políticos y electorales. El nuevo Reglamento de Servicios Digitales (RSD) de la Unión Europea, del 19 de octubre de 2022, se aplica a todos los servicios digitales como motores de búsqueda, mercados en línea, redes sociales y plataformas para compartir vídeos, que utilizan millones de personas cada día. El RSD introduce obligaciones de diligencia debida de los prestadores de servicios intermediarios técnicos de Internet, publicidad y transparencia informativa, requisitos de notificación y actuación sobre los contenidos, medidas de suspensión, acceso de los investigadores a los datos de las plataformas, alertadores de confianza, gestión de riesgos para grandes plataformas y otros cambios similares. Cada Estado miembro debe designar un organismo público específico de supervisión de plataformas, denominado Coordinador de Servicios Digitales (CSD), que en el caso de España corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Además de estos reguladores públicos, en la directiva se mencionan explícitamente los grupos de la sociedad civil. De este modo, los usuarios de las plataformas disponen de nuevos mecanismos de denuncia que pueden utilizar para sacar a la luz los incumplimientos del RSD. Las autoridades disponen ahora de una vía jurídicamente garantizada para solicitar datos a las plataformas con el fin de estudiar posibles riesgos, al tiempo que se anima a las plataformas a colaborar en códigos de conducta del sector. El Reglamento también instituye un órgano consultivo permanente denominado Junta Europea de Servicios Digitales cuya función consiste en encontrar medidas adecuadas de mitigación de riesgos, para lo cual debe fomentar los intercambios con organizaciones del sector privado y de la sociedad civil para avanzar en el conocimiento de los distintos tipos de plataformas y los riesgos asociados.

En estos días se ha aprobado también el primer Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación. A pesar de que el texto legal ha entrado formalmente en vigor, algunas de sus obligaciones se aplicarán a partir de agosto de 2025. La intención de la Unión Europea (UE) es garantizar la pluralidad mediática y blindar a los medios frente a posibles injerencias políticas, con la vista puesta, especialmente, en los ataques a la libertad periodística y los riesgos al pluralismo de los últimos años en Hungría, Polonia y República Checa. Pero también impone una serie de obligaciones a las empresas de los medios, especialmente en materia de transparencia. Los medios de comunicación tendrán que hacer pública la información sobre sus dueños. En concreto, estarán obligados a difundir “el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública”.

La motivación de la UE para dictar esta norma se refleja en la exposición de motivos. “Es crucial que los destinatarios de servicios de medios de comunicación sepan con certeza a quién pertenecen los medios de comunicación y quién está detrás de ellos, de modo que puedan detectar y entender posibles conflictos de intereses. Esto es un requisito previo necesario para formarse opiniones bien fundadas y, como consecuencia, para participar activamente en una democracia. Esa transparencia es asimismo un instrumento eficaz para desincentivar y por consiguiente limitar el riesgo de injerencia con la independencia editorial”. Otro tanto sucede con la obligatoriedad de declarar la publicidad institucional que perciben los medios. A la UE le preocupa que los fondos públicos, que pueden ser de vital importancia para la supervivencia de algunos medios, se otorguen de forma “discriminatoria” y que se usen por parte de los gobiernos para comprar voluntades.

La existencia de estas nuevas regulaciones explica el furor de los grandes magnates amigos de Javier Milei, como Elon Musk y Mark Zuckerberg, por las nuevas regulaciones de la Unión Europea. Recientemente, con la presencia del sociólogo español Manuel Castells y el académico y escritor estadounidense Jonathan Taplin, se llevó adelante una jornada en la Argentina para reflexionar sobre lo que se denominó “Los cuatro jinetes del apocalipsis tecnocrático”. El encuentro sirvió para formular una convocatoria amplia dirigida a los sectores democráticos de nuestra sociedad para “evitar un futuro distópico, donde el trabajo sea reemplazado por un desarrollo tecnológico carente de límites éticos, en manos de poderosos portadores de convicciones que ponen en peligro cierto e inmediato el destino de la humanidad”.

 

 

 

 

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