Sobrepoblación

 

Un documento publicado esta semana por el Centro de Estudios de Ejecución Penal (CEEP) de la Universidad de Buenos Aires plasmó un diagnóstico sobre la situación de las personas privadas de la libertad en Argentina en tiempos de Covid-19. Según los números más recientes y disponibles a nivel nacional, 94.000 personas se encontraban detenidas en las cárceles de Argentina en 2018, cifra que ascendía a más de 100.000 si se tenía en cuenta aquellas alojadas en comisarías. El crecimiento exponencial de la población privada la libertad da cuenta de la situación de hacinamiento en los sistemas penitenciarios federales y provinciales. Mientras que en las cárceles argentinas la sobrepoblación alcanza el 22%, lo cual significa más de 17.000 personas por sobre la capacidad de alojamiento de los establecimientos, en la jurisdicción bonaerense el porcentaje asciende al 45%. En este contexto las y los académicos, afirman que la circulación del virus dentro de las prisiones resultaría una “catástrofe sanitaria”.

Los datos recabados señalan que el 62% de los detenidos se encuentran en un rango etario de veinticinco a cuarenta y cuatro años. A la vez que previo al ingreso a la prisión, la mayoría se encontró con graves dificultades en el acceso al trabajo y educación. En cuanto a la situación laboral anterior, el 43% indicó que se encontraba desocupado/a y el 39% que trabajaba a tiempo parcial, lo que la Organización Internacional del Trabajo asimila a trabajo precario. En lo referente al nivel educativo alcanzado sólo el 34% dispone del primario completo antes de ingresar a la cárcel y el 9% del secundario. Respecto a la distribución por género, las mujeres representan el 5% de las personas detenidas en Argentina, y 162 de ellas están presas junto a sus hijos/as menores de edad.

 

 

 

 

 

Para quitarle el velo al mito sobre la libertad a los presos durante la pandemia sólo basta con observar que en las cárceles argentinas, la mayor proporción de procesados esperan a la imposición o confirmación de una condena por delitos contra la propiedad y no por homicidios y agresiones sexuales. En el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, que tiene a su cargo la gestión de más de treinta cárceles del país, los dos últimos tipos penales mencionados se reducen en porcentajes mínimos en comparación al 39% que son por infracción a la ley de estupefacientes y el 34% contra la propiedad. Contra todo pronóstico, esto desmitifica la idea de que la soltura masiva de asesinos y violadores pueda ser real.

 

 

 

 

En el año 2017 el SPF sufrió un fenómeno de sobrepoblación que se materializó en un pico que frenó en septiembre del año pasado, cuando comenzó a aplanarse. A grandes rasgos, la sobrepoblación es consecuencia de tres movimientos: más ingresos, menos egresos y una cantidad de plazas que se mantiene estable. En circunstancias de Covid-19, los especialistas revelan que el crecimiento de población encarcelada se redujo significativamente. En estos establecimientos, la última década arrojó un saldo de 267 personas fallecidas por enfermedad a causa de la ausencia de controles preventivos y de estudios de diagnóstico. 

Hace dos años, una resolución del Juzgado en lo Correccional Nº2 de La Plata constató que el promedio anual de aumento de la población encarcelada bonaerense era de 4.000 personas. “Se consignaba que la capacidad de alojamiento en penitenciarías era de 28.810 personas, pero que la población alojada a junio de 2018 ascendía a 42.064 personas; mientras que, en comisarías, con una capacidad de 1.021 personas, había 3.539 alojadas”. En sus oportunidades, la Corte provincial y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura también informaron lapidariamente sobre la situación. “En diciembre se creó una mesa de diálogo con intervención de diferentes actores sociales, representantes del Ejecutivo, del Legislativo, jueces y organizaciones civiles destinada a buscar alternativas al estado en que se encontraban las comisarías y unidades penitenciarias y, finalmente, el último día hábil del año, la Corte Provincial, en un hecho probablemente inédito en su historia, citó personalmente a todos los jueces penales de la provincia para hacerles saber de la necesidad del uso racional del encarcelamiento frente al panorama de hacinamiento ya sobrediagnosticado” narra el informe. En su último reporte, el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena expresó que había 13.702 personas privadas de la libertad por encima de la capacidad y que esto significaba que el porcentaje de sobrepoblación era 45%.

 

 

 

 

 

 

Lo cierto es que en los últimos seis meses la provincia ha reducido a las personas alojadas en su sistema penitenciario en una cifra cercana a los 3.000 detenidos. El CEEP asegura que “el cálculo semestral se debe a que antes de la aparición de la pandemia, la provincia se había embarcado en un plan de reducción de la población detenida”. Creen posible que el descenso se atribuya a tres variables: la restricción del ingreso de personas al ámbito penitenciario, la reducción en la aprehensión de personas por la menor circulación a raíz del aislamiento social obligatorio y la consecuente reducción (al menos temporaria) de la violencia urbana y la acción de ciertos sectores de la Justicia en función de la necesidad de detener el crecimiento continuo del hacinamiento carcelario. 

El aplanamiento de la curva pandémica en consecuencia de las medidas tomadas por el gobierno nacional es un escenario evaluado positivo para los sistemas penitenciarios. “Las medidas deben ser tomadas por los tres poderes, pero la sensibilidad que muestren frente al problema también dependerá de lo que los otros actores sociales hagamos. Los medios, evitando instalar generar un humor social reactivo a través de la instalación de noticias falsas. Y los espacios académicos y las organizaciones de la sociedad civil comprometiéndonos a dar un debate serio y articulando demandas concretas. Porque los próximos meses serán muy difíciles. La mejor manera de combatir las fake news es produciendo información rigurosa y comprometiéndose a dar el debate”, manifestó el doctor Ramiro Gual, Subdirector del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la UBA.

 

 

 

 

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