Soberanía energética Y desarrollo

 

Federalismo Fraudulento

Se cumple mejor con esto lo que Arturo Jauretche nos explicó con claridad meridiana. Se preguntaba: ¿Qué son las fuerzas vivas? (hoy monopolios) ¡Los vivos que tienen fuerza! ¿Podemos tener hoy, nuevamente, un país de los argentinos? Si lo hacemos los militantes movilizados, sí, claramente.

Una parte de esa soberanía deseada intentamos ponerla en claro, en esta nota.

Jesús maldice a los mercaderes en el templo, viene a liberar a los oprimidos, por lo personal, como por lo estructural: esto último molesta a sus enemigos, porque perturba su plan político, por eso lo persiguen.

 

 

El aspecto jurídico como base del desquicio en que vivimos

A partir del 27 de abril del año 1956, con la derogación ilegal e ilegítima de la Constitución nacional del año 1949 por parte del dictador Aramburu, se inicia una permanente y continua involución de la forma federal de gobierno argentino. Esto incluye el parche político dictatorial que fue la "reforma de la Constitución" (con el peronismo prohibido) en el año 1957 y luego la primera formulación institucional de una socialdemocracia neoliberal con un Estado federal débil, a través de dos dictámenes del “Consejo para la Consolidación de la Democracia” y, finalmente, en el año 1989 (Menem), comienza el proceso de exterminio del histórico Estado argentino con las leyes 23.696, de “Emergencia Administrativa” y la 23.697, de “Emergencia Económica” [1].

 

 

Lo peor está en lo jurídico

Resaltamos la Ley N.º 24.145/92 como un ejemplo de “federalismo inverso” o “falso federalismo”, que se tituló: “Federalización de Hidrocarburos”, pero que ordenaba hacer todo lo contrario a lo que su nombre indica, transfiriendo el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado nacional a las provincias en cuyo territorio se encuentren. Se usó arteramente el vocablo “federalismo” para desmantelar el histórico Estado nacional argentino, surgido luego de la Batalla de Caseros en el año 1852. El Consenso de Washington impuesto por Estados Unidos y los Acuerdos de Madrid impuestos por el Reino Unido (1989/1990) promovieron un nuevo Estado argentino sin Estado nacional. De esta forma resulta facilitado el negocio para las megacorporaciones transnacionales, ya que lidian con el ente político más débil: las provincias argentinas, que justamente en los ‘90 fueron catalogadas, cínicamente, como "inviables".

Con la pantalla del federalismo se intenta desmembrar la Nación, en tantos Estados subnacionales como fuese posible, transfiriendo a este respecto, no solamente servicios públicos esenciales, en manos del Estado federal (salud y educación), sino también los recursos naturales. Quedándonos así, si no reaccionamos, sin posibilidad de planificación centralizada en temas estratégicos (en esto, apelamos a la militancia informada). Así, vemos muy bien que desde un lugar de autoridad, como el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, esto se destaque para comprender dónde se puede ver un futuro para todes.

Todo lo mencionado del federalismo, que convive en un contexto de crisis mundial de energía y alimentos, es diferente de lo que ocurre en otros Estados federales: por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela o Brasil. Podemos considerarnos campeones de la más pobre forma de gobierno federal del mundo.

 

 

¿Nuevas esperanzas?

No todas son pálidas; la fuerza de la esperanza se cristalizó en el discurso que el gobernador Kicillof brindó en la apertura del Congreso de Energía que el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) propuso y co-organizó en la Facultad de Ingeniería de la Plata. Con claridad, Axel señaló que el poder de las provincias es mínimo frente a las multinacionales del petróleo, a las que hoy, incluso, las empresas nacionales — que en realidad han dejado de serlo— se alían para extraer juntos la mayor tajada posible de las débiles provincias. En esa puja, el gran perdedor es el de siempre: nosotros, el pueblo argentino, verdadero titular y propietario del recurso que se disputa en estas asimétricas batallas.

La promoción de este “federalismo sin Estado nacional” lamentablemente fue elevada al más alto rango normativo (constitucional) con el Pacto de Olivos (Menem-Alfonsín), controlado desde el Congreso de la Nación con la Ley N.º 24.309/93 Necesidad de Reforma de la Constitución Nacional, contraviniéndose con ese proceder el principio y la teoría moderna del poder constituyente originario como se ve en los artículos 4, 5 y 6, que dejan en claro que la actual Constitución vigente fue escrita antes de su debate y condicionado por el Congreso con el texto del “Núcleo de Coincidencias Básicas”, que daba libreto vinculante a la Asamblea Constituyente, violando el mecanismo histórico de reforma constitucional (art. 30 de la Constitución nacional).

En el art. 3º A de esa ley de reforma (24.309) se incluyó con un título eufemístico: “Fortalecimiento del Régimen Federal. Distribución de competencias entre la Nación y las provincias respecto de la prestación de servicios y en materia de gastos y recursos. Régimen de Coparticipación", que ocultaba lo que no era más que una descomposición del Estado federal en una constelación, débil e inorgánica, de 23 estados subnacionales. El resultado fue el actual artículo 124 de la Constitución que menciona que puede hacer convenios internacionales, en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación, etc., y no dice, pero va de suyo, que no deben contradecir con el bienestar del pueblo que es lo que en realidad están haciendo. El artículo 124 in fine dice también: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, con prosa impropia que finalmente explica interpretando mañosamente, donde es claro que la actual organización de la justicia brinda sus más satisfactorios servicios a sus mandantes, que las actuales Secretarías de Minería y Energía de Nación no puedan llevar adelante una idónea fiscalización, control, exploración, explotación y comercialización a partir de una planificación integral, de los recursos naturales, propiedad del conjunto del pueblo argentino (como lo tratan los pactos de DDHH, económicos, sociales y culturales y el de derechos civiles y políticos para garantizar el desarrollo humano (industrialización) de la Argentina). O sea que todo está vinculado, nada es casualidad, nos falta maduración política y democrática para adoptar políticamente las reformas estructurales existentes e incluir las necesarias para resucitar el Estado federal (nacional) histórico, tal como nos viene desde los orígenes de nuestra liberación.

 

 

Axel en mirada esclarecedora y acelerando

El gobernador de la provincia de Buenos Aires siguió claramente el espíritu del preámbulo de la Constitución nacional que consagra la voluntad unánime de las provincias de constituirse en una nación soberana, atendiendo a los pactos preexistentes (1831, 1852) y en su carácter de “agente natural del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación” (art. 128 de la Constitución), declaró: "En general, los hidrocarburos, como el contenido mineral del subsuelo de un país, son de pertenencia, propiedad nacional, no privada, en Estados Unidos el subsuelo de tu patio es tuyo; si yo encuentro petróleo, es ‘mi petróleo’. En la gran mayoría de los países, los combustibles fósiles, pero también las riquezas minerales, los recursos en general, como el agua y los que están en el aire son patrimonio social, común, nacional... o sea eso es lo que pasa, el país tiene petróleo, no el tipo que en Comodoro Rivadavia era dueño del campo donde, producto de una perforación, encontraron petróleo, eso es nacional. Acá hubo una particularidad neoliberal que fue provincializar la propiedad de los recursos naturales, siendo Buenos Aires una provincia que está pronta a encontrar petróleo, pero yo no estoy de acuerdo, deben ser manejados por la Nación”. Hubo aplausos en el auditorio.

Los varios compañeros de IESO presentes compartimos con Axel los conceptos expresados en el Congreso de Energía y nos llena de esperanza que se puedan ejecutar las políticas correctas sobre recursos naturales que son bienes estratégicos de la nación y que bien haría esta en definirlos de ese modo a la brevedad. No pueden ser estratégicos de las provincias, privándonos del uso al conjunto del pueblo, a través de la única herramienta idónea para garantizar el “derecho al desarrollo humano”: ¡el Estado federal o el nacional son lo mismo para el objetivo estratégico!

 

 

Precios abusivos o precio nacional

Para concretar la soberanía energética y el desarrollo argentino, Axel Kicillof aludió al modo de efectivizar esta aspiración, refiriéndose al “costo argentino” en el caso del petróleo y el gas, aplicando, una ganancia razonable (lo que merece ampliarse). Lo sostenemos hace años e IESO viene predicándolo, pero la doctrina neoliberal y el gobierno de Mauricio Macri, en la persona de su ministro Aranguren, CEO de la petrolera transnacional Shell, ha mistificado esta cuestión, falsificando datos y falseando explicaciones, fijando un “costo” de PIST (que es el precio en el Punto de Inyección en el Gasoducto) de 7,50 dólares el Mbtu, cuando en esos mismos momentos IESO denunciaba esa impostura que justificaba el “tarifazo”, ya que el costo real del PIST era entonces de 2,10/2,20 dólares el Mbtu y Aranguren y Macri lo llevaron a unos estrafalarios 7,50 dólares (muy rentables para ellos), por lo que desde entonces nos están robando a todes, aun con los cambios de valor que ha habido. Hoy nos roban, pero menos. El pecado o delito es el mismo.

 

 

Menos vida con estas tarifas e insumos productivos

Se ve a las claras el enorme abuso que la diferencia entre las dos cifras del PIST marca. Axel dice que el precio debe ser cercano al menor, para que el insumo (la energía) recibida por el usuario sea como combustible líquido, gaseoso o transformado a eléctrico pagada a ese valor real de referencia: costo nacional interno más una ganancia razonable. Razonable y no especulativamente extraordinaria, como obtienen hoy las empresas a costa de cobrar la energía a precios internacionales, con las gravísimas y regresivas consecuencias que esto tiene para la productividad de las empresas que compran el insumo energético indispensable para producir en la economía real, los costos de transporte y para el presupuesto de los hogares. En ese entonces, el costo real que en IESO denunciábamos era, insistimos, de 2,20 dólares el Mbtu que se obtenía de pozos convencionales, mientras ahora es dominantemente de Vaca Muerta, quedando disponibles los otros en todo el país. Pero en Vaca Muerta hoy, luego de los años de trabajo, el recuso sale cada vez más a un valor más bajo, circa 1 dólar el Mbtu. El valor que se les concede para que cobren las compañías proveedoras sin dudas es un abuso que contribuye enormemente a sus utilidades y aumentan mucho los costos industriales para los empresarios argentinos de capital interno, las pymes, y el costo de vida de la población toda. O sea, la gran mayoría del pueblo sufre hoy, con las tarifas, una doble agresión: por un lado, en el costo de sus consumos, incluso alimentos, transporte, todo elevado por los valores de exportación que se pasan a la tasa de cambio al valor de los consumos diarios. Por el otro, en su trabajo, que mengua por sus altos costos energéticos, además de presionar a la baja los sueldos.

Esto es lo que pasa con los insumos difundidos como son la energía y la alimentación en la Argentina.

Para la competitividad sistemática del país es imperioso que el Estado se decida a poner en práctica una política energética soberana y de desarrollo (que no es mero crecimiento), que venda y pague la energía internamente a precios bajos, razonables, según costo nacional, con impacto en el desarrollo, evitando así el saqueo empobrecedor que los precios internacionales imponen a la economía productiva, al Estado y a los hogares argentinos.

Algunos integrantes de IESO creemos que el punto de equilibrio de una explotación gasífera en Vaca Muerta es de aproximadamente 1,60 dólares el Mbtu, y con una utilidad razonable no se puede llegar a los precios de alrededor de 4 dólares el Mbtu que es lo que suman embolsando los “subsidios”. Pedimos que el dato sea público como lo es en Estados Unidos y que se den los detalles de las cuentas realizadas según rigurosos criterios técnicos realizados por profesionales con transparencia, lo que contribuye mucho en esta discusión indispensable para el proyecto nacional y tan bien planteada por una figura política central, como es el gobernador de la principal provincia del país.

 

 

Desarrollo (que es mucho más que crecimiento)

Desmitificar el discurso neoliberal en todo lo enunciado es hoy una tarea esencial si el pueblo argentino, del que los integrantes de IESO formamos parte, quiere poder relanzar un proceso de desarrollo eficaz, potente, con justicia social, que contribuya al bienestar de todo el pueblo argentino y no solo al enriquecimiento de un manojo (grande o pequeño) de corporaciones y empresas privadas extranjeras (ya no hay nacionales) por las nefastas leyes de Inversiones Extranjeras y su complementaria de Entidades Financieras.

 

 

[1]  EUDEBA, Reforma constitucional: dictamen preliminar del Consejo para la Consolidación de la Democracia, 1986 y EUDEBA, Reforma constitucional: segundo dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia, 1987, del "Consejo para la Consolidación de la Democracia", órgano consultivo creado por el Presidente Alfonsín una vez recuperada la democracia formal.

 

Bruno Capra es Ingeniero de UBA. Participa en IESO, G. Bolívar, Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN).

Juan Francisco Soto es Abogado, Secretario Regional CABA de FETIA (Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y afines) y miembro del Observatorio Sampay.

 

 

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