Soberanía energética

 

Para plantear la soberanía energética, primero es necesario aclarar que no analizaremos en este escrito el desarrollo del sector energético actual, salvo que esté relacionado con la cuestión de la soberanía nacional. Tampoco, como es habitual, se expondrá aquí cómo funciona este espacio de la economía.

La generación y el destino de la energía en el país es una cuestión sumamente compleja, con innumerables aristas y variantes que exceden el abordaje que pretendo darle a su relación con la soberanía. Aquel es un tema de especialistas y merece un estudio aparte.

Por lo tanto, trataré de analizar en primer lugar las conceptualizaciones que pueden hacerse respecto del significado del título.

A menudo se ha concebido a la soberanía energética como la posibilidad de un país de abastecer sus necesidades energéticas con sus propios recursos: el autoabastecimiento. Es un criterio.

También se la menciona como la facultad de adoptar decisiones con libertad política para elegir las alternativas más convenientes para la evolución de la matriz y las modalidades de prestación de sus servicios. Es válido.

Algunos consideran, con razón, que alguna combinación de ambos ideales no implica realmente soberanía si no entra en juego la atención que merecen todos los habitantes del país, especialmente los más vulnerables, en el acceso a una energía relacionada con sus ingresos y de calidad. Es un ideal.

Otros pregonan también que no es soberana la energía que permite autoabastecer el país, incluidas sus empresas, si no tiene una matriz sustentable, entendida como la mejor combinación posible de fuentes con la menor contaminación aceptable, de conformidad con su contexto económico-social. Es importante.

Así puede profundizarse en otras perspectivas sobre el concepto, pero lo esencial es admitir que la soberanía energética no puede desvincularse de las otras que venimos analizando (ver Soberanía territorial y Soberanía sobre los recursos), a cuyas consideraciones generales me remito. Y, naturalmente, es parte de la soberanía a secas, la soberanía nacional, la soberanía política.

Apreciemos entonces algunos casos actuales de evidente correlación con los principales conceptos de soberanía energética.

Veamos el tema de la energía nuclear, una generación de particular importancia para el país por su espectacular avance, respecto del resto del mundo, en materia científica y técnica de sus aprovechamientos. En el último gobierno se avanzó en un plan concreto de desarrollo de alternativas de generación con alto contenido nacional, combinadas con otra de origen externo de amplio desarrollo global. Ambas posibilidades con financiamiento genuino, lo que implicaba una ampliación del sector nuclear en la matriz actual, a la vez que el empleo de la densidad científica acumulada por profesionales y empresas nacionales.

A ello se sumó un conjunto de instalaciones de apoyo que se reactivaron, así como la continuidad de un proyecto piloto de módulo pequeño, pionero en el mundo.

Ya en ese gobierno se produjeron trabas a este plan nacional, continuidad de otros frenos previos, los que representaron la influencia de los Estados Unidos y quizás de otros países del norte para su paralización. No es la primera vez que aparecen estos obstáculos en un tema especialmente sensible. Pero la transparencia y coherencia argentina en la materia hace suponer que entraron en juego, además, intereses económicos y geopolíticos por sobre los pretextos de cuidar la no proliferación de otro tipo de desarrollos.

El actual gobierno ha incrementado aquella paralización, por la misma influencia, pero en este caso con una convicción de sometimiento a la misma.

El caso del estancamiento del plan energético nuclear argentino es una clara vulneración de nuestra soberanía energética, en todos los sentidos. La superación de este impasse tan dañino debiera ser parte importante de la propuesta superadora del movimiento nacional y popular.

En otro orden está presente en esta temática la energía con fuente en los hidrocarburos, una alternativa de nuestra matriz de gran desarrollo en los últimos años.

La posibilidad de su explotación por técnicas no convencionales, y la circunstancia de yacimientos que la permiten con mucho éxito y sin riesgo exploratorio, ha hecho del gas y del petróleo un suceso económico que atrae a capitales nacionales e internacionales, apalancados todos en la experiencia de YPF, de mayoría nacional, mientras el conjunto empresario existente puja por maximizar sus ganancias. Estas empresas también acuerdan sus principales propósitos, realizando un intenso lobby sobre los medios y los poderes políticos, con apoyo internacional a menudo, para obtener un modelo de explotación que las beneficie con la mejor renta posible del éxito productivo.

Para ello ya obtuvieron en el anterior gobierno una propuesta de estímulos a la exportación, especialmente de gas, aunque también de petróleo, que resulta un antecedente del actual RIGI, aunque sin las cláusulas y los porcentajes siniestros de este último.

Respecto de la soberanía: no dudo en afirmar que es necesario el desarrollo productivo de todas las cuencas on-shore no convencionales, sin abandonar las convencionales, y de toda posibilidad off-shore. Sujeto ello a algunas condiciones básicas y principales:

• Que la política nacional al respecto establezca la prioridad del abastecimiento local, anterior a la exportación de ambas calidades de hidrocarburo. Especialmente del gas.
• Que el excedente exportable tenga un porcentaje razonable de industrialización local, para lo cual esta última deberá tener también el aliciente respectivo.
• Que el estímulo a la exportación tenga características lógicas y serias, lejos del disparate que plantea el RIGI. La sumisión a la avidez de los empresarios y países consumidores debe tener un límite que haga sustentable la propuesta.
• Que las explotaciones admitan los derechos de los territorios involucrados, el cuidado del ambiente en su producción, hoy casi inexistente, y el respeto de los pueblos afectados.
• Finalmente, que la explotación y transporte de esos bienes acepte un porcentaje razonable y real de empleo y proveedores nacionales.

De lo contrario, como está promovida esta industria actualmente, viola en forma alevosa nuestra soberanía energética. Más aún, las condiciones son tales que vulnera claramente la soberanía nacional.

La cuestión de la soberanía energética está presente en otras dos manifestaciones del carácter económico de este sector: a) la particularidad del origen nacional, extranjero o mixto de las principales empresas energéticas, de la evolución de sus capitales, y de su ubicación en el ranking del empresariado en el país; y b) el grado de importación de los bienes necesarios para la producción de la riqueza energética en relación con las exportaciones respectivas. Lo que incluye la escasa participación de pymes nacionales como proveedoras de los insumos necesarios.

Con relación al primer aspecto, advertimos la enorme concentración del empresariado energético y su condición de multinacional en su mayoría. Ello implica una importante limitación a la capacidad soberana para orientar una política energética. Evolucionar en favor de los intereses argentinos en este campo es arduo, y sólo puede hacerse en el contexto del apoyo al empresariado nacional por parte del Estado, con políticas activas, como ocurre en los principales países del mundo.

A ello se suma la política actual orientada a privatizar importantes empresas estatales o de mayoría nacional del sector energético: es una clara política destinada a limitar y someter cualquier esbozo de criterios nacionales para su desarrollo. La única posibilidad soberana sobre la energía reside actualmente en el funcionamiento de empresas estatales o de mayoría nacional. Un duro golpe sería, aparte de las privatizaciones señaladas, la venta accionaria de mayoría nacional de IMPSA, una empresa clave en el desarrollo nuclear e hidroeléctrico argentino. En relación a lo nuclear para cancelarlo, y al conjunto hidroeléctrico para someterlo a la mera importación de sus principales componentes.

En lo que concierne a la producción local o a la importación de las instalaciones e insumos principales de la generación, advertimos la tendencia dominante a la importación de maquinaria que bien podría producirse en el país. Es el caso, entre otros, de los estímulos a la generación eólica o solar, que más allá de su importancia ambiental padecen su subordinación a un equipamiento mayormente importado, con el consecuente desnivel en el equilibrio económico del país.

La soberanía energética se consolida o se diluye también en estas evaluaciones del carácter de los grupos empresarios, y de la capacidad local de producción de bienes de capital.

Esto es válido también respecto de las industrias de distribución y transporte de electricidad y de gas. Ya que, como dijimos, la soberanía no sólo se aprecia desde la libertad para decidir sobre la matriz energética, sino también sobre las modalidades de suministro de los servicios públicos respectivos. Al respecto observamos que, además de la concentración empresaria que padece este sector de la industria, la modalidad de prestación de esos servicios pretende volver al sistema establecido en los ‘90, que fracasó rotundamente en sus diferentes variables, como he analizado en numerosos estudios. La competencia en los costos de suministro de los servicios como de generación no se verifica eficiente ya que las inversiones de la industria energética exige considerar largos plazos para sus instalaciones.

Es interesante observar algunos casos particulares de vulneración de la soberanía energética en el sentido que venimos analizando. Aparte del caso IMPSA, ya referido, ha tomado actualidad la cuestión del asentamiento del puerto para la elaboración de GNL, y la traza del gasoducto correspondiente desde Vaca Muerta. Es un ejemplo claro de la ausencia de neutralidad política para definir técnicamente el tema, unido ello a los acuerdos preexistentes entre las empresas involucradas. Soberanía en este punto implica libertad política para adoptar la definición más congruente con los intereses nacionales. Sin embargo, el objetivo de maximizar ganancias con la aplicación del RIGI permitió que se intente inclinar la balanza para perjudicar a la provincia de Buenos Aires, y beneficiar a la de Río Negro. Desde ya, con la complicidad de esta última: es notoria la característica de Río Negro de facilitar los intereses extranjeros en diversas circunstancias en que los mismos pudieron o pueden estar en colisión con los nacionales. Ocurrió con el asunto del lago Escondido y la pista de aterrizaje de envergadura sobre la costa atlántica, ambos del mismo propietario extranjero, perseguido en su país de origen. La protección recibida del Ejecutivo, el Judicial y la policía provinciales son una muestra de actitudes parciales al respecto. Ocurre con la concesión del Legislativo de enormes superficies de la provincia para la instalación de eólicas destinadas al proyecto de hidrógeno verde de la multinacional Fortescue. También con la importante cantidad de tierras vendidas a extranjeros sin contemplar las limitaciones de la Ley de Tierras, aunque no sea la única provincia con estas facilidades.

No será lo mismo exportar el gas en las condiciones de soberanía que pueden suponerse en el puerto de Bahía Blanca que en el de Punta Colorada.

Como tampoco será igual la producción energética y su desarrollo para los intereses nacionales con ENARSA en manos nacionales que privatizada. De manera parecida que YPF, de mayoría estatal, dirigida con independencia de intereses privados concretos que puedan torcer los intereses que representa.

En este contexto resulta muy difícil pensar en un desarrollo soberano de la matriz energética. Ello supondría el aliento inversor en energía nuclear para el mediano plazo como alternativa en el camino hacia la transición energética, hoy aceptado globalmente. En esa misma vía hacia la transición, el estímulo a la producción de gas, con la prioridad de su consumo local rebajando el costo eléctrico, y su industrialización previa a la exportación. Una matriz nacional requiere además el apoyo a toda la generación hidroeléctrica posible, también para el mediano plazo, como la mejor solución posible en ese sentido. En el corto plazo debiera insistirse, además del gas, en las energías renovables. En este último caso, condicionando su promoción al incremento del valor agregado local para sus parques, hoy volcados a la importación de sus insumos.

He referido solamente algunas situaciones de actualidad del amplio campo de cuestiones que afectan la soberanía en este ámbito.

Soberanía que, en cambio, se presenta con claridad cuando se pone todo el esfuerzo en construir un gasoducto en el plazo necesario para ahorrar miles de millones de dólares al país en importaciones. Al mismo tiempo se la vulnera cuando se paralizan obras para continuar ese proceso y ampliarlo: crear dependencia energética por esta desidia impune es un atentado grave a la soberanía energética.

Está claro que no puede existir soberanía energética en un país cuyo gobierno tiene como objetivo destruir el Estado, y su misión es agradar de cualquier manera a los intereses extranjeros, especialmente a algunos muy definidos. Y es por ello que vuelvo a insistir: he aquí un programa bastante explícito para el Movimiento Nacional y Popular en esta materia. Hay programa. Falta representarlo.

 

 

 

 

 

 

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