Sistematizar el espionaje

 

Cuando el miércoles 16 el juez federal Ernesto Kreplak comience la ronda de ocho indagatorias al sector político reunido en la sede porteña del Banco Provincia en junio de 2017, la Comisión Bicameral de Inteligencia inaugurará una nueva etapa en su relación con el sistema de Justicia. Una delegación encabezada por su presidente, Leopoldo Moreau, acudirá al Juzgado Federal 8 de Comodoro Py para solicitarle al juez Marcelo Martínez de Giorgi ser aceptada como amicus curiae, amiga del tribunal. Lo hará en el expediente que investiga los casos conocidos como Instituto Patria, Súper Mario Bros y las escuchas a los presos del penal de Ezeiza, una causa troncal del espionaje político que descorrió el velo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como pulmotor de la coordinación entre inteligencia prohibida y sistema judicial. La Bicameral pide por primera vez ocupar ese rol. Y lo hace en la causa que la Cámara Federal porteña escogió en el mes de diciembre para pronunciarse contra la figura de la asociación ilícita que permitía escalar responsabilidades hacia la conducción de la AFI y el gobierno del entonces Presidente Mauricio Macri. Un quiebre que provocó un cimbronazo en todas las causas.

Según la presentación a la que accedió El Cohete a la Luna, la Bicameral se presentará “con el propósito de cooperar con la Justicia mediante el aporte de elementos de interés, como así también contribuir en el abordaje de aspectos técnicos en materia de inteligencia nacional y/o con el análisis sobre cuestiones de Derecho en la causa de referencia que, en relación con las misiones de la Comisión, permitan la búsqueda de la verdad”. El escrito de ocho páginas retoma las conclusiones del Informe presentado en el Congreso en abril de 2021, que caracterizó el despliegue espía de 2015-2019 como un plan sistemático ideado por las más altas autoridades del gobierno nacional y realizó vigilancia y persecución prohibida a todo tipo de ciudadanos. “La colaboración pretendida en modo alguno sustituye a las partes legítimamente constituidas en el proceso –sostiene el escrito–. Tiene por finalidad colaborar con el Tribunal mediante cuestiones de carácter técnico en materia de inteligencia, de derechos y aportar elementos derivados de la investigación que viene llevando a cabo esta Comisión sobre la intervención que le cupo a la AFI, sus autoridades y agentes orgánicos e inorgánicos, así como sobre el desvío de sus recursos, durante el período 2016-2019”.

 

 

 

Se trata de una medida simbólica y también política. La Bicameral cumple un rol de producción de verdad en una comisión constituida por oposición y oficialismo. Produce desde hace años información de la que carecen las investigaciones penales, totalmente atomizadas, sometidas a vaivenes de poder y sin posibilidad de arrojar claves de lectura transversales. La iniciativa aparece, además, en un momento que puede pensarse como de un boom de las investigaciones penales por casos de espionaje político. Y cuando magistrados de instrucción de distintas jurisdicciones comienzan a discutir con las cámaras criterios sobre la necesidad o no de transitar estas causas de manera fragmentada o todas juntas. ¿Cómo deberían investigarse? Y además, ¿es posible repetir el modelo de las causas de lesa humanidad con investigaciones por jurisdicción que juzguen la conducción centralizada y a la vez a los actores de reparto territorial? ¿Una investigación fragmentada implica abonar a la teoría del cuentapropismo?

Algunos ejemplos dialogan con esas discusiones más nuevas y otros con debates históricos. La jueza María Eugenia Capuchetti encontró en la causa de espionaje del Hospital Posadas un automóvil que la AFI había utilizado también en el espionaje al Instituto Patria, una causa radicada en el juzgado de su colega Martínez de Giorgi. Capuchetti decidió enviarle la causa a él porque entendió que debían investigarse las dos a la vez. El 15 de febrero, la Cámara Federal le dijo no. En un escrito de dos párrafos, sostuvo que la decisión era prematura y que de momento no existían puntos de conexión evidentes entre las dos causas, ¡aunque era el mismo auto! Otro caso es la investigación de Kreplak, iniciada con el video del Banco Provincia. Dos ex directivos de la AFI están exigiendo en Comodoro Py que le saquen la causa. Primero lo hizo el ex jefe de Gabinete de la central de inteligencia, Darío Biorci, ante el juzgado de Daniel Rafecas, donde está radicada una denuncia de Juan Pablo “Pata” Medina sobre los mismos hechos desde 2019. Actúa el fiscal Carlos Stornelli que, ni lento ni perezoso, aceptó el pedido de Biorci. Cuando Rafecas intentó consultar a la querella, Stornelli acudió en queja a la Cámara Federal, que aún no se expidió. Las otras dos presentaciones las hizo Sebastián “El Enano” De Stéfano, ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI. Una, ante Ariel Lijo y el viernes ante Martínez de Giorgi. Lijo tiene una causa iniciada por Pablo Moyano por los aprietes al juez Luis Carzoglio. Aún no respondió, pero probablemente rechace el pedido: su fiscal Ramiro González ya lo hizo, el 24 de febrero. Ante ese oscuro destino, De Stéfano acudió a Martínez de Giorgi el viernes 11. Desesperado. El juez aún no respondió pero le está pidiendo reunir todas las causas que lo tienen como imputado en ese juzgado. Desde La Plata, Kreplak observa ese juego. Aún no dijo nada, pero comenzó a dejar asentadas las razones por las que entiende que la causa debe quedarse en La Plata. Volcó alguna de esas razones en las indagatorias que tomó en los últimos días.

La semana pasada, Kreplak terminó de indagar al sector privado de la Gestapo: empresarios y referentes de cámaras profesionales de La Plata que estuvieron en la reunión del Banco Provincia. A cada uno le leyó las pruebas y la descripción del hecho penal, que es la hipótesis que sigue y que dejó escrita por primera vez. En esa descripción, el juez está diciendo que no investiga la reunión del BAPRO como hecho central, sino que es sólo un acontecimiento de una cadena más amplia, un acto preparatorio. En sus términos, imputó a los empresarios “haber participado durante el año 2017 en la ejecución de una estrategia elaborada por integrantes de los gobiernos nacional, provincial y municipal tendiente a impulsar denuncias e involucrar así en investigaciones penales a dirigentes de la UOCRA”. El BAPRO, las cartas enviadas al Ministerio de Trabajo, las denuncias, testimoniales o llamados con funcionarios son elementos de esa ejecución que muestran cómo participaron. En esa línea, el Banco Provincia pierde la centralidad a la que se aferran quienes quieren acumular la causa en Comodoro Py. Pero la causa continúa siendo un pivote que permite, aún fragmentariamente, comprender las responsabilidades de abajo y de arriba.

 

 

 

 

 

 

Papelitos

Entre los testimonios, el juez escuchó al desarrollador inmobiliario Fabián Cusini, el único empresario que declaró. Lo hizo el martes 8. El resto presentó escritos, sin responder preguntas. Cusini recordó que una de las cosas que le sorprendió fue el lugar de convocatoria de la reunión en la Ciudad de Buenos Aires porque había habido otras anteriores en los alrededores de La Plata. También dijo que el subsecretario de Justicia bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, Adrián Grassi, lo llamó dos veces, antes y después de la reunión del 15 de junio, para decirle que haga una denuncia penal. Todo abona a la teoría de la línea de tiempo más larga. También dijo más.

“(Marcelo) Villegas –el entonces ministro de Trabajo bonaerense– hizo mucho hincapié en que presentemos una denuncia”, explicó. “En ese momento, repartió un papelito que no recuerdo qué decía y nos instó a que presentemos notas en el Ministerio de Trabajo. Después de que nos fuimos, (el empresario Ricardo José) Alconada Magliano llamó a una reunión y decidimos presentar las notas. Recuerdo que las firmamos todos, inclusive yo no participé en su redacción, sólo pasé a firmar una vez confeccionada. Me parece que lo que se plasmó eran todos los problemas que teníamos con el ‘Pata’ Medina y eso se presentó en el Ministerio de Trabajo”. También habló del rol de Grassi: “Me presentó (el empresario Carlos) Tejada”, dijo. “No recuerdo bien la fecha, pero debe haber sido cerca de la reunión. Mantuve una comunicación por este tema con Grassi. Tampoco me acuerdo si fue telefónica o personal. Grassi me dijo que hiciera la denuncia judicial, pero yo creía que el poder de policía lo tenía el Ejecutivo o el Ministerio de Trabajo, por eso no hice la denuncia en ese momento (…) Creo que para el mes de septiembre, le comenté a Tejada que (el conflicto en la obra) no daba para más y recibo un llamado de Grassi o lo llamo yo, no me acuerdo, y ahí me vuelve a decir que haga la denuncia. Y finalmente la hago el 14 de septiembre en la Fiscalía 1. No me acuerdo el nombre del fiscal”.

Grassi estuvo en la reunión del Bapro, pero el avance de la causa lo muestra haciendo contactos con los juzgados justo cuando tiene que aparecer un testigo. Una de las causas que analiza el juzgado es la primera denuncia contra “El Pata” Medina del 12 de mayo de 2017, un anónimo lanzado por abajo de una puerta de la Fiscalía de Cámara de La Plata. La causa empezó y no tuvo ninguna novedad hasta el 21 de junio, seis días después de la reunión del BAPRO. Repentinamente, ese día la fiscal recibió tres testigos de identidad reservada, uno de los cuales admitió textualmente que lo enviaba Grassi. “La semana pasada conseguimos una reunión con Adrián Grassi, que es el subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y nos dijo que nos iba a conseguir una reunión para poder decir lo que nos pasaba en la Justicia, por eso vine hoy con otros contratistas”, dijo el testigo reservado. Para el “Pata” Medina, es casi una confesión de parte. Su abogado César Albarracín lo expresa de esta manera: “Uno de los problemas que tiene esta causa es que los fiscales en Provincia de Buenos Aires sólo pueden aceptar testigos de identidad reservada con acuerdo del juez, y aquí no pasó. Y otro problema es el rol de Grassi, primero porque aparece mencionado por el testigo y segundo porque los registros de comunicaciones hoy están mostrando que el subsecretario de Justicia se comunicó dos veces con el fiscal general de La Plata: una, el 16 y otra el 21 de junio, el día de las presentaciones de los testigos, como si avisara”.

 

 

 

Grassi declarará el jueves 17. El resto del cronograma es el siguiente: Roberto Gigante, 16 de marzo; Villegas, el 18; el senador provincial de Juntos, Juan Pablo Allan, el 21; el intendente Julio Garro, el 23; Darío Biorci, el 25; Juan Sebastián De Stéfano, el 29 de marzo y el ex director operacional de Contrainteligencia de la AFI, Diego Luis Dalmau Pereyra, el 31. Kreplak aún evalúa el pedido de indagatoria a Vidal y al juez federal de Quilmes Luis Armella. La semana pasada revisó sus llamadas. Armella se jactaba históricamente de no usar mensajería de WhatsApp, pero esta causa le causó un problema porque la sábana de llamadas que sólo pesca comunicaciones de línea resultó la más abultada. Entre el 14 y el 15 de agosto, el juez que debía resolver su competencia de la causa tuvo llamados con Villegas, Grassi, Ricardo Gil Lavedra y De Stéfano.

La semana pasada también avanzaron otras causas en Comodoro Py. La megacausa de Martínez de Giorgi busca incorporar ante la Bicameral de Inteligencia las declaraciones taquigráficas de los jueces bonaerenses Luis Carzoglio y Gabriel Vitale, a quienes la AFI apretó durante una visita para pedirles la detención de Hugo y Pablo Moyano, enfrentados al gobierno de Macri cuando se opusieron a la reforma laboral. El fiscal Franco Picardi también pidió las dos declaraciones en la causa de la Mesa Judicial “frente a la posibilidad de que algún aspecto de sus relatos sea pertinente al objeto procesal de este caso”. Además, Picardi solicitó a la Suprema Corte de la Provincia y al Consejo de la Magistratura bonaerense las presentaciones de juicio político o denuncias afines contra ambos.

Los planteos vuelven a poner en discusión el problema de fondo de fragmentación versus trámite conjunto en dos causas que comparten fiscal y elementos de prueba. El abogado Alejandro Rúa, querellante en una causa y representante de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó en el expediente por la Mesa Judicial, a esta altura está pensando la necesidad de que la Procuración General de la Nación, aún con jefatura interina, cree una unidad especializada sobre espionaje prohibido para motorizar una política específica de persecución penal que estandarice procedimientos y pruebas, como ocurrió entre otras con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. En definitiva, el impulso a una difícil política de Estado con todos los poderes alineados como defensa del sistema democrático.

 

 

 

 

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