Síntomas y aranceles

El mapa sanitario sobre el que se asentará el cobro por acceder a la salud pública jujeña

Por Diego Kenis
Más de 350.000 jujeños sin obra social ni prepaga tendrán que pagar para acceder al servicio de salud.

 

El arancelamiento de la salud pública aprobado por la Legislatura de Jujuy afectará a casi la mitad de la provincia, que de acuerdo a los datos recogidos en 2022 por el censo nacional no cuenta con otro modo de atender sus consultas y urgencias y deberá pagar cuotas mensuales para seguir teniendo acceso.

La conjugación entre las provincias reendeudadas desde 2016 y el retiro del Estado nacional de programas específicos de asistencia tras la asunción de Javier Milei, causa explícita para las autoridades locales, hacen de esa decisión norteña un precedente riesgoso para el conjunto del país, por ahora entretenido en otras discusiones.

Es seguro el impacto sobre la población más vulnerable, un drama que la Capital Federal –con altas tasas de cobertura de obras sociales o prepagas y de médicos– vivirá de un modo más atenuado que el Interior.

Mientras en Córdoba quienes avanzan en el arancelamiento son los niveles municipales, en el tubo de ensayo norteño ya se calcula la población perjudicada. Unas 357.000 personas, sobre 809.364, carecen de cobertura de obra social o prepaga. Las que no logren certificar pobreza deberán pagar una cuota mensual de –en el momento en que se cierra esta nota– alrededor de 50.000 pesos.

En San Salvador, la capital provincial, equivale a casi el 38% de sus habitantes. Pero la realidad es aún peor en el interior jujeño: de los 15 departamentos que lo componen, solo Susques (35,9%) mejora ese registro, también surgido de la indagación sanitaria del último censo.

En siete, el segmento social sin otra cobertura que la salud pública supera la mitad del total. En La Quiaca, 6,13 de cada 10 personas carecen de obra social o prepaga. Le siguen Tilcara (5,74), Cochinoca (5,67), Santa Catalina (5,74), El Carmen (5,54), Santa Bárbara (5,45) y Humahuaca (5,4).

La población de esos siete departamentos equivale al 27,4% del total jujeño, pero el sector que sólo cuenta con asistencia pública de salud representa el 33,32% del registro provincial.

 

Desigualdad intra

Los casi seis puntos de diferencia ilustran cómo incluso las privaciones se reparten regresivamente sobre el mapa y los segmentos sociales. A su vez, corroboran los serios problemas crónicos que arrastra la distribución territorial argentina, en una lógica que tiende a concentrar recursos en forma directamente proporcional a la densidad demográfica y la actividad económica. Así como Jujuy se mantiene treinta puntos por debajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto a personas con cobertura de obra social o prepaga, la distancia entre la capital provincial y su distrito más desfavorecido es de más de 23.

En Palpalá tiene su clínica privada el diputado peronista Rubén Rivarola, que defendió el proyecto de ley cuando se votó en la Legislatura provincial, el 18 de diciembre. Para los números jujeños, el mercado que eligió es bueno: el 41,91% de los habitantes cuenta con cobertura prepaga u obra social, siendo el tercer mejor indicador del distrito subnacional.

Sin embargo, la inversión privada no fructificó en una gran presencia de profesionales de la medicina en Palpalá. Para 2020, fecha del último registro oficial, ese departamento no llegaba a contar un médico por cada mil personas. La escasa distancia a San Salvador, de nueve kilómetros por ruta, favorece la adopción del pluriempleo médico para complementar ingresos.

 

Mínimos

Cuando el tema se convirtió en polémica provincial y logró una tenue repercusión nacional, el ministro Gustavo Bouhid debió pronunciarse públicamente. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde cuestionó que se caracterizase a la medida como “privatización”: desde su óptica no lo es, por no intervenir consignación del servicio a capitales privados. La historia argentina ha demostrado que siempre existen otras maneras de beneficiarlos, o de privar del acceso al colectivo. En cualquier caso, el gobierno provincial descarga sobre los sectores más desfavorecidos el derrame del ajuste nacional.

 


Bouhid también reveló que se había cambiado el proyecto de la ley, modificando el cálculo de dos salarios mínimos como piso para ingresar en la obligación del pago de las cuotas previstas. Así lo había informado El Cohete y parte del propio recinto creyó que se votó el 18 de diciembre. El proyecto fue modificado poco antes de la sesión en que se había anunciado su debate. “A último momento”, definió una bancada opositora, que supuso estar votando en contra del proyecto original. Lo hubiera rechazado de todos modos.

Fue el hasta ahora último capítulo de un trámite exprés. Elaborado por el oficialismo provincial, el texto ingresó ocho días antes de ser votado y no pasó por la comisión de Salud, una omisión deliberada que posibilitó el cambio y la confusión de última hora. La reformulación se efectuó por fuera de toda publicidad.

El diputado y economista Gastón Remy, que representa al Frente de Izquierda en la Legislatura, lo graficó también en sus redes sociales.

 


El cambio en la redacción reemplazó un cálculo tan antipático como concreto por una enunciación ambigua, que otorga mayor discrecionalidad a la autoridad de aplicación para exceptuar de obligaciones de pago.

 

 

De no haberse dado la respuesta del ministro a la polémica desatada, el alcance se desconocería hasta la publicación de la nueva ley en el Boletín Oficial. Hasta el cierre de esta nota, eso no había ocurrido. El gobernador Carlos Sadir –ministro de Hacienda y Finanzas en los dos mandatos de su antecesor Morales– no accedió a los reclamos de veto del Foro Provincial de Defensa de la Salud Pública, y optó por la promulgación de hecho. Dentro de los próximos seis meses debería reglamentarse, con lo que recién entonces se descubriría su real alcance.

Claramente, tras el aval legislativo el trámite perdió velocidad. Lo importante era saltar ese escollo antes de finalizar el año, en la misma sesión en que se celebraron pronósticos superavitarios de cara a 2025.

 

Tasas rotas

La necesidad pandémica llevó a que en 2020 se obtuviera la más acabada radiografía de las últimas décadas en materia de distribución de profesionales de la medicina en el territorio argentino. Para percibir las asignaciones de estímulo dispuestas como compensación de urgencia por el Ministerio de Salud de la Nación fue necesaria la inscripción a un registro, que conformó una base de datos superadora de los añejos y discontinuos relevamientos efectuados durante medio siglo.

El mapa resultante corroboró las asimetrías regionales. Para el primer bienio de la década, la provincia contaba con 1,81 médicos por cada mil habitantes, mientras la tasa nacional se ubicaba en 4. La provincial era superior cuando en 2022 los hermanos y médicos Pedro y Martín Silberman publicaron el estudio que basaron sobre el relevamiento ministerial. Después se conocieron los resultados finales del censo de ese año, con un aumento del número de habitantes y la consecuente baja en la tasa calculada.

La misma tendencia de distribución se observa en la sustancial diferencia entre las grandes urbes y las poblaciones más pequeñas, que conforman el interior del Interior. Jujuy no escapa a esa realidad, de la que –por el contrario– es un ejemplo ilustrativo.

La capitalina San Salvador reúne 3,28 médicos por cada mil habitantes. Excepto Tilcara (1,35) y San Pedro (1,12), el resto de las jurisdicciones jujeñas ubican su disponibilidad de médicos por debajo de uno por cada millar de personas. No son números marginales, porque los distritos en esa condición suman 373.973 habitantes. El 46,2% del censo provincial.

El cotejo entre disponibilidad de médicos y coberturas de obras sociales o prepagas también arroja indicios de interés. De los siete departamentos que superan el 50% sin acceso a ese tipo de prestaciones, seis tienen una tasa de médicos inferior a uno cada mil habitantes.

 

La especialidad de la casa

Los problemas que exhibe la jurisdicción jujeña son crónicos, pero algunos se han agudizado con los años.

Para el momento en que el Ministerio de Salud recogió registros, en 2020, la tasa de médicos en Jujuy había experimentado una variación positiva del 33,56%, calculado sobre la población censada en 2010. Ese porcentual la colocó al tope del país, aunque el punto de partida era el subregistro de una endeble base recogida en 2014 por una consultoría privada.

Incluso sobre esa comparación, la provincia evidenció un retroceso de casi 23 puntos en la tasa de especialistas y, dentro de ese apartado, de 63,2 en quienes se formaron en atención primaria de la salud. El segundo ítem es ilustrativo de un modo de entender las políticas sanitarias, porque esa especialidad enfoca en abordajes integrales más allá de la demanda y las urgencias, en vinculación con la comunidad destinataria y sus dinámicas y problemáticas.

El escenario no parece propicio para corregir tales variables. Jujuy carece de formación académica de medicina en su territorio y el personal médico se siente destratado: la aprobación de la ley motivó un paro del sector con alto acatamiento, que añadió el rechazo al cobro a la población más vulnerable a sus reclamos previos por mejores salarios y condiciones de trabajo.

El día de Nochebuena, la gremial Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) convocó al paro del 26 y 27 de diciembre con un comunicado en que denunció que “el sector es gestionado por autoridades que responden al ex gobernador (Morales) y siguen sus lineamientos”. Entre ellos, enumeraron:

  • amenazas y desafectaciones de profesionales de sus lugares de trabajo;
  • el desmantelamiento resultante del sistema;
  • la falta de recomposición salarial –“que parece imitar la indignante línea nacional”– y las deficientes condiciones de trabajo, como el incumplimiento de pases a planta, que empujan a profesionales a la emigración o el pluriempleo; y
  • el desfinanciamiento de centros de salud públicos, que adjudicó a “la intención de favorecer al sector privado”.

Aunque tras una reunión posterior con el ministro Bouhid la AMRA felicitó su “buena intención”, aún resuena el diagnóstico que la gremial médica había trazado una semana antes: “La salud en la provincia de Jujuy se encuentra devastada”.

 

 

 

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