Sin vista al bosque

 

A caballo del conflicto ambiental que El Cohete viene retratando en Córdoba, el gobierno de Schiaretti impulsó una reforma de la ley ambiental, en vigencia a partir de la semana pasada, que relaja los controles para la instalación de proyectos urbanísticos y agroindustriales en zonas protegidas, bajo el argumento que debía actualizar la norma y darle coherencia con el resto del cuerpo normativo provincial en la materia.

Pero con la ley 10.830 el gobierno provincial arroja otro baldazo de nafta a la tensión permanente que existe hoy en los territorios, donde asambleas de activistas medioambientales resisten iniciativas de intervención en el bosque nativo mediterráneo, que según medios locales solo conserva el 2% de su constitución original.

En ese marco, una ONG llamada Adarsa (Asociación de Amigos del Río San Antonio) patrocinó una acción declarativa de inconstitucionalidad sobre la reforma, argumentando que se realizó sin la participación ciudadana que fija la ley de presupuestos mínimos nacional 2.633 y el Acuerdo de Escazú (artículo 7). Agregó que la nueva ley no respeta los principios de progresividad y no regresividad, al liberar en sus anexos reformados de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en zona roja de conservación a loteos y mega emprendimientos urbanos, retrocediendo respecto a los niveles de protección ambiental alcanzados con anterioridad.

Al mismo tiempo habilita a realizar ciertas actividades agroindustriales sin realizar la EIA que anteriormente estaban obligadas a cumplir. De esta manera, denunciaron, se están suprimiendo criterios de control para la conservación del bosque, un claro criterio regresivo porque ahora está menos protegido. Por ejemplo, anteriormente ningún emprendimiento mayor a tres lotes podía proyectarse sin su correspondiente EIA.

 

 

Foquistas

Adarsa es una de las organizaciones que intervienen en el conflicto ambiental, pero detrás del planteo se encuentra la gran mayoría de las asambleas ambientales y el activismo ecológico, que se ha transformado en un duro callo para la gestión cordobesista que encabeza el peronismo provincial, muy enraizado con los intereses de la Mesa de Enlace agraria y la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC).

Uno de los hitos de esa lucha fue la exitosa resistencia a la instalación de la semillera de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, una ciudad del Gran Córdoba ubicada a 14 kilómetros del ejido de la capital provincial.

Otro tanto sucede con la fábrica de alcoholes Porta Hnos, ubicada en un barrio del sur de la ciudad, que no cuenta con estudio de impacto ambiental para su funcionamiento, y que desde hace una década produce bioetanol, haciendo irrespirable el aire por el hedor circundante.

Ahora, la construcción de una Autovía en el Valle de Punilla tiene en vilo al poder político, que intentar encerrar por la vía represiva la acción de protesta, a pesar de que un juzgado de control dictó un habeas corpus preventivo ordenando a la policía que se abstenga de detener en flagrancia a las y los activistas que protestan o intervienen con manifestaciones.

La legisladora schiarettista Nadia Fernández, que impulsó la reforma desde la presidencia de la Comisión de Ambiente de la Legislatura provincial, tiene pocas pulgas para confrontar con los cuestionamientos ambientales. En la audiencia pública donde se trató el proyecto de Autovía Punilla en 2021, frente a las críticas al proyecto, describió a las asambleas del valle como “foquistas anti-Estado” y “de dudosa representatividad”.

 

 

Para atrás

Los cuestionamientos a la reforma intentan no hacer en el barro y se focalizan en que se habilitan desmontes sin el correspondiente EIA.

“Con el esquema anterior a la reforma, cualquier desmonte, sea de privados o públicos, debía pasar sí o sí por el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que incluye el Estudio de Impacto Ambiental y la Audiencia Pública. Al quitarlo del elenco de proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de ese estudio (Anexo I), con un simple aviso de proyecto u otro trámite que lo reemplace, el desmonte, en cualquier zona de categorización de las leyes 26.331 y la local 9.814, se hará sin que nada lo pueda detener”, impugna la abogada Marcela Fernández.

Al suprimirse las audiencias públicas para determinados proyectos, la ley cercena la posibilidad de participación de la comunidad movilizada por un interés colectivo, y resta capacidad de intervención a las asambleas, achicando su campo de acción. De masividad relativa, han sabido copar las audiencias públicas para rebatir iniciativas como el de la Autovía, donde los grupos activistas aseguran que el 93% de los expositores rechazaron el proyecto. Es más un efecto político y simbólico que efectivo porque las conclusiones de las audiencias públicas no son vinculantes, pero consolidan el protagonismo del activismo ambiental.

Ahí puede advertirse una llama del fondo del conflicto. De hecho, la Secretaría de Ambiente de la provincia le otorgó a la Autovía de Punilla la “licencia ambiental” a pesar del abrumador rechazo social en los territorios a la obra en cuestión.

“Si para la creación de la ley anterior 10.208 se había trabajado escuchando en las comisiones a organizaciones y ciudadanos, ¿por qué ahora no hubo debate participativo?”, plantea Fernández. “La ley fue votada rápidamente sin instancias de opinión ciudadana, que es uno de los principios que está contemplado en las normas de presupuestos mínimos”.

Por eso concluye que “esto va para atrás y viola los principios de no regresión y de progresividad. En lugar de evolucionar las normas hacia mayor protección y participación, se hace lo contrario. Esto impacta con loteos, antenas de telefonía, con silos y plantas cerealeras, que la reforma permitiría instalar en centros urbanos cuando anteriormente estaba prohibido”.

 

 

Incendios

En las dos últimas décadas en Córdoba se quemaron alrededor de 1,6 millones de hectáreas. Solo entre 2020 y 2021 se incendiaron 400.000 hectáreas, unas 28 veces el tamaño del ejido de la Ciudad de Córdoba.

Según un estudio reciente publicado en la revista científica Agriscientia, que edita la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, en la zona de las sierras la alta frecuencia de incendios de las últimas dos décadas no estaría tan vinculada a la sequía, sino a otros factores como negligencias, aumento poblacional en áreas de interfase urbano-rural, basurales a cielo abierto y otros conflictos en el territorio.

“Todas estas variables, sumadas a las condiciones ambientales de finales de invierno y principios de primavera, hacen que la frecuencia de incendios sea alta”, asegura el informe.

Solo en el sistema serrano cordobés, donde están los mayores focos de conflicto ambiental, se quemaron 900.000 hectáreas en 20 años.

 

 

 

 

 

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