Sin querer queriendo

 

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, cuyo contenido difundió Javier Milei el miércoles a la noche y le valió una merecida respuesta con cacerolas en diferentes partes del país, constituye un ataque transversal a la estructura económica y social argentina. Sus efectos solamente pueden redundar en una situación más aguda de declinación de la actividad económica, con el consecuente crecimiento de la pobreza y la desocupación, debido a los efectos conjuntos de caídas de los salarios, las jubilaciones y las transferencias sociales, y la obstaculización específica al desenvolvimiento de ramas de actividad.

El video que se transmitió por cadena nacional tuvo una peculiaridad. Una proporción importante de su tiempo de duración se utilizó para pronunciar una monserga doctrinaria del gobierno en ejercicio, en la cual vale la pena detenerse para detectar algunos aspectos de cómo este comprende la realidad sobre la que actúa.

Repitió preconceptos burdos, como que la Argentina atraviesa el fracaso que experimentaron las naciones socialistas y fascistas en el siglo pasado, cuyos regímenes conducirían endémicamente a la persecución y la violencia políticas. Exageró los guarismos sobre el resultado fiscal e incluyo cuentas extrañas vinculadas al Banco Central. Y, fundamentalmente, se dedicó a repasar los datos de la debacle económica que se experimentan desde hace diez años, que incluyen caída de la actividad, inflación y endeudamiento provocado por desequilibrios macroeconómicos.

 

 

Los efectos económicos

Es todo lo que va a agravar la política económica de la que forma parte el DNU. Este contiene muchas disposiciones, entre las que se cuentan la transformación de las empresas públicas en sociedades anónimas con miras a privatizarlas, la des-financiación de las obras sociales y la relajación de regulaciones para la venta de medicamentos, por nombrar algunos. Desde el punto de vista de la funcionalidad económica más general, sobresalen los siguientes aspectos:

• Las leyes que dan forma al Observatorio de Precios bajo la órbita del Ministerio de Economía (26.992, de 2014), Góndolas (27.545, de 2020) y Abastecimiento (20.680, de 1971). En su conjunto, se trata de la eliminación de los instrumentos de regulación de los precios y la oferta. Particularmente, la Ley de Góndolas establece que se exhiban productos de empresas pequeñas, en tanto que la Ley de Abastecimiento se utiliza en situaciones de excepcionalidad para garantizar la disponibilidad de ciertos productos. Su último uso fue durante la pandemia para asegurar la provisión de barbijos y alcohol en gel.
• La Ley de Alquileres (27.221), recientemente reformada, lo que representa un aspecto muy peligroso del DNU. Sin las regulaciones que establece, es posible que la presión de los propietarios en función de incrementar las tarifas de los alquileres en un contexto de inflación y devaluación continua agrave las dificultades para alquilar, además de incrementar la tensión de la crisis de ingresos.
• La Ley de Compre Nacional, como se la sancionó en 2018, que determina que, ante un proceso de selección de ofertas, se les otorgue prioridad a bienes de origen nacional cuyo precio sea hasta un 15 % superior al de origen extranjero en el caso de ser ofrecido por pequeñas y medianas empresas, y del 8 % para el resto. Además de establecer un conjunto de límites para determinar qué bienes cumplen las pautas para considerarse de origen nacional, bajo qué condiciones se adquieren los insumos para obras públicas y qué referencias adoptar en el caso de que no se adquieran productos nacionales.
• Se introducen varios cambios en las normas de regulación y despido laboral. Se elimina la sanción económica por falta o deficiencia de registración. Se establece la reducción del componente remunerativo para el cálculo de indemnizaciones y la disminución del cálculo de intereses por la falta de pago en término. Además, se pretende suplantar el sistema de indemnizaciones por la contribución a un fondo de cese laboral.
• Se elimina el tope del interés punitorio por la mora del pago de deudas de tarjetas de crédito. Anteriormente, no podía superar el 50% de la tasa de interés de referencia que utilizase la institución emisora de la tarjeta. Esto aplica tanto a consumidores como a comercios.
• Se modificó la ley 25.626, que prohíbe la importación de neumáticos, y se modificó el código aduanero, facilitando significativamente las condiciones para que un individuo o una empresa pueda obrar como importadora de mercancías. Entre otras cosas, se inhibe al Poder Ejecutivo de realizar modificaciones en la política de comercio exterior por razones económicas. Los aspectos que conducen a una potencial apertura de las importaciones causaron malestar en la provincia de Tierra del Fuego, susceptible de verse perjudicada en estas condiciones.

La liberación de los precios ya comenzó la semana anterior, en conjunto con el incremento del tipo de cambio a 800 pesos por dólar (que pasó a ser, en términos prácticos, de 940 pesos para la importación). La supresión de las leyes de alquiler y de la que regula los topes a los intereses de las tarjetas de crédito acrecienta la tensión en este sentido. En tanto que la eliminación del “Compre Nacional” y la apertura de las importaciones comporta un perjuicio directo a diferentes industrias.

Las reformas laborales, de concretarse, añaden una incertidumbre aún mayor sobre los asalariados, ya que no solamente deberán soportar la continuidad de la reducción en su capacidad de compra, sino que se verían expuestos a posibles abusos por parte de los empleadores y un mayor grado de incertidumbre, sin protección legal y, por ende, con una menor capacidad de respuesta.

 

 

La presunta emergencia

El texto del DNU comienza con una justificación de su razón de ser en la necesidad de intervenir con celeridad sobre la economía argentina, que se encuentra en una situación crítica nunca antes vista, de acuerdo a la prédica presidencial. Menciona que los salarios reales se encuentran en un nivel inusualmente bajo, y “consecuencia de la catastrófica política económica y social aplicada por la administración anterior” la población bajo la línea de pobreza se eleva al 45 %, y el 10 % es considerada indigente. Y también que las altas tasas de inflación y el estancamiento del PBI per cápita durante los últimos 12 años evidencian que la Argentina se encuentra en estanflación.

Con esto concluye que el país atraviesa una crisis cuya magnitud y alcances no se igualan por ninguno de los eventos de tensión económica que se hayan experimentado anteriormente. Repara en la existencia de antecedentes de la utilización de decretos para este estado de cosas, entre los que se cuentan el n.º 1096 de 1985, con el que Alfonsín puso en práctica el Plan Austral, y recurre a este para justificar su falta de intermediación con el Congreso, debido a que en el texto de aquel se argumentaba que la efectividad del plan estaba asociada a su capacidad de sorpresa.

También se alude al Decreto N.º 214 del 3 de febrero de 2002, dictado durante la presidencia de Eduardo Duhalde, en el cual “se hizo referencia a la imperiosa necesidad de adoptar medidas urgentes tendientes a recrear las condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades productivas y económicas” (sic).

Se trata de dos situaciones diferentes. La política que Alfonsín pretendía poner en marcha con el Plan Austral tenía un alcance muy inferior al del DNU publicado el miércoles, y la importancia de su “efecto sorpresa” residía en evitar adelantamientos al congelamiento de precios, salarios y, particularmente, el tipo de cambio.

La salida que Duhalde propuso para la convertibilidad también fue de una naturaleza por completo distinta. El testimonio que recientemente dejó Jorge Remés Lenicov en su libro 115 días para desarmar la bomba puede dar lugar a muchas críticas sobre las capacidades de avanzar hacia una mejoría en el estado de la sociedad argentina del gobierno de entonces, pero no se puede negar que la solución tuvo un efecto estabilizador.

La situación no hubiese permitido otra cosa. Entre el primer trimestre de 1998 y finales de los 2000, la tasa de desocupación pasó a ubicarse del 15,1 % al 19,5 % para fines de los 2000. Acaecida la crisis de 2001, escaló al 24,8 %. La tasa de pobreza se encontraba para 1998 en el 39,3 % de la población. Para el inicio de 2001 se elevaba al 45,6 % y hacia el final llegó al 65,5 %. Gracias a la recuperación de la economía y los ingresos que se produjo con el gobierno de Néstor Kirchner, la desocupación recién estuvo por debajo de los dos dígitos en 2006, cuando cayó al 9,5 %. La pobreza entonces alcanzaba al 39,5 % de la población. Si bien las tasas de pobreza en la actualidad se asemejan a las de entonces, la desocupación, según lo que informó el INDEC en su última medición, para el tercer trimestre de 2023 alcanza al 5,7 % de la población económicamente activa.

 

 

Empujarnos a la crisis

El DNU emerge en un entorno en el cual la economía ya enfrentaba factores que la inducen a un menor nivel de producción, acentuados por el acrecentamiento de la inflación que el gobierno impulsó luego de asumir. La actividad económica acumula hasta octubre de 2023 una disminución del 1,4 % comparada con los primeros diez meses de 2022. Esto se concatena con la disminución de la producción industrial del 0,4 % en el mismo período.

En noviembre, el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó un 15,2 % con respecto al mes anterior, y el de la Canasta Básica Total creció un 13,1 %. Ambas estuvieron por encima del Índice de Precios al Consumidor, cuya variación fue del 12,8 % en ese mes. La CBA y la CBT acumulan un incremento del 175,4 % y del 167,5 % en el año, respectivamente. Esa es la magnitud del incremento en el costo de vida.

Lo grave es que no existe ningún tipo de política de recuperación posterior al efecto que tendría el DNU una vez entrado en vigencia. Salvo la vaga acción de las fuerzas de mercado para localizar recursos según las señales de precios, que en ausencia de las distorsiones que provoca la intervención pública, operarían sin dificultades, conduciendo a que en la Argentina las fuerzas productivas se localicen de manera óptima.

Otra visión de la economía propone ver al sistema de precios e ingresos como un conjunto normal de relaciones alterables que se reproducen en el largo plazo, sobre el cual las regulaciones estatales orientan la distribución del ingreso y fomentan el desarrollo de la industria nacional. Esto es lo que con sensatez percibe la población argentina, que se manifestó en contra de una propuesta destructiva, lo cual a su vez despertó reacciones preventivas en los diversos espacios de la oposición.

Para Milei, esto significa padecer síndrome de Estocolmo, con lo que trata a sus detractores como adversarios. Es bien cierto que la intervención del Estado y de los factores políticos (por ejemplo, la acción sindical) pueden dar lugar a una relación precios-ingresos buena y fomentar el desarrollo, o bien pueden promover la continuidad de una relación mala y agravar el subdesarrollo, como ocurrió en los últimos años y continuará con las acciones que el gobierno emprendió en estas dos semanas. Pero de lo que no puede quedar duda es de que nada de esto se resuelve con inestabilidad cambiaria, incertidumbre en torno a los precios y la vivienda, la quita de derechos laborales, la destrucción de empresas y la inhibición de la representación política de los trabajadores, que nos empujan a la crisis que se dice querer prevenir.

 

 

 

 

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