Sin querer queriendo

Para definir la esencia de los tres primeros años del gobierno de Mauricio Macri se requeriría un libro de tres volúmenes escrito por varios autores. Sin embargo tomaremos el desafío de resumirlo en un párrafo, una comparación entre dos variables financieras y luego en un corto artículo.

Cuando se les pagó a los fondos buitre, incluidos los costos de litigación contra nuestro país en que estos incurrieron, uno de los principales argumentos fue que se lograría bajar el riesgo país y conseguir financiamiento internacional a tasas de interés muy bajas. Hoy, con un visto bueno del FMI sobre el cumplimiento del programa acordado con el organismo, el riesgo país supera (al momento de la escritura de este artículo) los 800 puntos. Esa es la estricta síntesis del modelo neoliberal implementado, que ya lo hemos vivido en varias oportunidades en nuestro país, y que siempre lleva a fuertes desequilibrios macroeconómicos y un fuerte deterioro de las condiciones sociales.

Comparación: desde que se inició el gobierno de Mauricio Macri, la formación de activos externos del sector privado, más conocida como “fuga de capitales” llegó a los U$D 60.490 millones (diciembre 2015 a noviembre 2018). El acuerdo stand-by con el FMI se firmó, en la segunda revisión, por un total de U$D 57.000 millones.

Haciendo lo que tenían planeado hacer

Se habló y se sigue hablando de normalización, sinceramiento, corrección de desequilibrios y de precios relativos. Todo un arsenal de palabras afables que el gobierno utilizó para evitar referirse al ajuste, a los recortes de gastos o a los tarifazos.

¿Es acaso una exageración hablar de tres años de ajuste al evaluar el período que cumple el gobierno de Mauricio Macri? En absoluto. Veamos, como muestra, dos botones.

1. Aquel que este autor denomina “Teorema de Prat Gay”, vinculado a una expresión del entonces ministro de Hacienda y Finanzas a pocos días de asumir: “Cada sindicato sabrá hasta dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleo”.

2. Javier González Fraga, quien aún no era funcionario del gobierno, refiriéndose al nivel de consumo fomentado por la anterior gestión, expresó en mayo de 2016: “Le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior”.

Dos frases que se convirtieron en emblemáticas pero también fueron premonitorias. Ya existía una idea clara del ajuste y uno de sus impactos más significativos: el aumento del desempleo y el modo en que condiciona los aumentos salariales. Las frases citadas son también muy útiles para indicar que la situación que estamos viviendo no es producto de un desmadre, o de malas políticas, sino un objetivo que se buscó desde un principio. Por estas razones,  la cuestión no era “gradualismo o shock”: ambas políticas llevaban implícito el ajuste.

Por supuesto que muchas medidas que se tomaron fueron erradas, hubo discusiones en el seno del gobierno, malas políticas. Pero el sendero general de la economía, incluida la fuerte depreciación de la moneda argentina, fue consistente con el programa que se implementó desde el inicio.

En el mensaje del Presupuesto 2019 se sostiene: “Nuestra estrategia de crecimiento debe basarse en integrarnos al mundo y ser cada vez más competitivos”. Otra frase clave de la política del macrismo.

¿Qué hay detrás de estos objetivos? La integración al mundo es la identificación con las políticas de los países líderes, y en ese entendimiento, se generó la total liberalización de las operaciones comerciales y financieras con el exterior. Una política de apertura que los argentinos ya la experimentamos en varias oportunidades y que siempre terminó con un saldo negativo, principalmente para las pymes y el empleo que crean.

Por otro lado, esa alusión frecuente a mejorar la competitividad tiene por objetivo principal reducir los costos salariales, en especial si se los mide en dólares. Es una condición esencial que reclaman los inversores externos para radicar capitales en el país.

La industria fue una de las actividades más castigadas (en especial sus pymes), no sólo porque es la que mayor cantidad de trabajadores expulsó, sino  porque tuvo que hacer frente a una importación indiscriminada de productos a precios de dumping. Sectores como textiles y calzados fueron los más afectados.

Uno de los hitos del gobierno fue el famoso paquete de leyes englobado bajo el título de “Reparación histórica de jubilados”, un nombre engañoso pues en el primer artículo se decreta la “emergencia en materia de litigiosidad previsional”, dando cuenta de que el objetivo no es beneficiar a los jubilados, sino reducir su capacidad de litigio. Pero, además, en este proyecto convertido en ley se incluyeron temas no vinculados con tal título. Uno de las más importantes fue el “Sinceramiento Fiscal” que contenía una exteriorización de activos en el exterior (usualmente llamado “blanqueo de capitales”) bastante sui generis, puesto que no requería el ingreso al país de los capitales financieros exteriorizados y también se pudo blanquear inmuebles en el exterior con una muy baja penalidad. Todos capitales que, en el mejor de los casos, provienen de la evasión fiscal.

Aquí aparece otra frase emblemática en relación a ese presunto sinceramiento, en boca del Presidente Macri: “Ya no más vamos a tener que protegernos ni escondernos” (fuente: casarosada.gob.ar).

En esta ley ómnibus también se incorporaron normas para dar mayores facilidades a la venta de las acciones de empresas en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional y una amplia moratoria fiscal y previsional, que alcanza tanto a las grandes empresas como a las pymes pero resulta insuficiente para estas últimas y un gran beneficio para las grandes.

La liberalización comercial y financiera generó, además de los comentados efectos sobre la producción, un gran déficit externo. La Cuenta Corriente del Balance de Pagos llegó a un rojo de 4.9% del PIB, generado por el fuerte aumento de las importaciones de bienes, de servicios (principalmente turismo), por los pagos de intereses de la deuda externa y la remisión de utilidades al exterior. El dato de 2017 resultó más profundo aún que el mayor déficit producido en los '90 (1998 con 4.5% del PIB). Sumada a esta situación, la formación de activos del sector privado en el exterior (principalmente compra de dólares billete), más conocida como fuga de capitales, ascendió a los 60.490 millones de dólares en los primeros 36 meses de gestión de Cambiemos, un monto similar al total de desembolsos acordados con el FMI. Un verdadero drenaje de divisas, habitual en los 21 acuerdos que hemos tenido desde el ingreso de Argentina al Fondo en 1956, y no obstante que los objetivos declarados del Fondo en todos estos acuerdos han sido “cuidar las Reservas Internacionales”.

La política monetaria adoptada (ya fueran las metas de inflación aplicadas hasta la firma del acuerdo con el FMI, o la restricción de las cantidades de dinero solicitada por el organismo), llevaron a niveles de tasas de interés de referencia muy elevadas, que impactaron negativamente en el financiamiento de empresas y familias. Usualmente, se utilizaron estas altas tasas como dique de contención al aumento del dólar, una estrategia que no resultó efectiva salvo en períodos muy cortos. Pero las altas tasas en términos reales, y por tanto tiempo, han tenido elevados costos en términos de consumo y producción.

El endeudamiento en dólares jugó un papel importante. No sólo se pagó a los llamados fondos buitre la totalidad de la exigencia. También se incurrió en exuberancias, como la emisión del bono en dólares a cien años, a una elevada tasa del 7,9% anual; si bien fue por un monto escaso en relación con resto del endeudamiento tomado (U$D 2.750 millones), intentó ser un símbolo del apoyo externo, que unos meses después se confirmó como efímero. Un supuesto apoyo que no generó las inversiones prometidas, pero que ayudó a:

1. endeudar significativamente al país, condicionando a los gobiernos venideros;

2. generar una fuerte inestabilidad debido al corto plazo de la mayoría de la deuda tomada.

No es improcedente pensar que semejante endeudamiento (la Argentina fue el país emergente que mayor deuda tomó en los mercados internacionales en 2016, superando a China y Arabia Saudita) haya ido pavimentando el camino para la llegada del Fondo.

Uno de los resultados buscados por el gobierno, y fomentado por varios gurúes económicos cercanos al mismo, fue la firma del acuerdo con el FMI. Un hito penoso, pues es bien conocido el negativo impacto sobre la economía y la sociedad que han tenido sus programas en la mayoría de los países donde intervino.

Una importante pérdida de soberanía, reconocida en el editorial de un importante medio económico: “Algo que llamó la atención es que los comentarios de Roberto Cardarelli (el delegado del FMI en Argentina) no parecían los de alguien que opina desde afuera, sino el de una persona involucrada con la toma de decisiones”.

No obstante, las políticas actuales pueden cambiarse. Pero este paso requerirá de un gobierno surgido de las elecciones con un fuerte apoyo ciudadano, que aplique otro modelo que permita el crecimiento con equidad y esté dispuesto a negociar en otros términos con el FMI.

Capitán Veto

Los vetos de leyes, aún de las impulsadas por su fuerza política, fueron una marca a fuego de la gestión de Macri como Jefe de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mandato presidencial no escapó a esa marca.

El primer veto del presidente Macri fue la ley de emergencia ocupacional. En mayo de 2016 vetó totalmente esta iniciativa al considerar que "no ayuda a nadie, ni a los trabajadores ni a quienes están desempleados, porque espanta la posibilidad de crear trabajo". El texto de la ley ordenaba suspender los despidos por 180 días al tiempo y establecía la doble indemnización en caso de que se concretaran cesantías.

En la última semana de ese año el Presidente vetó la expropiación del Hotel Bauen. Esperó hasta el último día que permitía la normativa, dejando en ascuas durante todo ese tiempo a los trabajadores que recuperaron el hotel y formaron una cooperativa que continuó gerenciándolo con una orientación solidaria.

También vetó la ley que proponía aumentos “razonables” frente a lo que la oposición consideró un tarifazo “impagable”, retrotrayendo los valores a noviembre de 2017 y aplicando (por un año, prorrogable) incrementos que no excedan el aumento de los salarios (tarifas para hogares) y los precios mayoristas (tarifas para empresas).

Otros vetos recayeron sobre avances sociales, como la Ley de salario mínimo profesional, la de detección precoz de la trombofilia o la doble jubilación para ex combatientes de Malvinas.

Todos vetos con argumentos endebles, salvo uno muy fuerte que recorrió gran parte de éstos: incrementar el gasto público.

¿Quién paga la inflación?

Los objetivos de inflación diseñados inicialmente, con un sendero que nos llevaría a un aumento de precios de sólo el 5% para todo 2019, eran muy difíciles de lograr por varias razones.

1. porque la mayoría de los países que aplicaron programas antiinflacionarios tardaron al menos diez años en llegar a una inflación de un dígito.

2. porque la política de reducción de subsidios con el consiguiente aumento sustancial de tarifas no hace más que acicatear los precios generales. No es posible impedir que los fuertes aumentos en los combustibles y la electricidad se trasladen al resto de los precios de la economía. El propio gobierno nacional terminó de reconocer este efecto. En el mensaje del Presupuesto 2019 se deja constancia: “La mayor parte de los ajustes en las tarifas de servicios públicos, que fueron uno de los principales factores explicativos de la inflación registrada en 2016, 2017 y 2018, ya fueron realizados”. Si bien puede ponerse en duda que los tarifazos hayan finalizado, como deja entrever la frase, lo importante es el reconocimiento a su efecto inflacionario.

3. porque los aumentos del dólar medido en pesos que se produjeron ya desde el inicio del gobierno, se trasladan en gran parte a los precios. La evolución de los precios mayoristas, índice integrado principalmente por productos transables, es reveladora: 76.6% a octubre de 2018, cuando la variación del tipo de cambio en igual período fue del 113%.

Pero esas metas, aunque inalcanzables, resultaron muy útiles para la consolidación del modelo: fueron utilizadas por el gobierno para ponerle un tope a la recomposición salarial (muchas veces lo lograron): no importa la inflación pasada, hay que pensar en la “idílica” inflación futura.

El ejemplo de 2018 es claro: desde el gobierno se presionó para que los salarios no aumentaran más del 15% (la meta para ese año) cuando la inflación finalmente terminará cerca del 50%.  Una gran pérdida el poder adquisitivo, que ya venía mermando desde el inicio de la gestión de Cambiemos.

En verdad, esta es la forma de combatir la inflación en el esquema de ajuste implementado: la caída del poder de compra de los salarios reduce la demanda causando recesión, y ese proceso modera los aumentos de precios. Así, son los trabajadores y la ciudadanía en general los que sufren los costos de la perseguida “desinflación”.

Desde la llegada del FMI, el combate a la inflación se ha diseñado a partir de un durísimo ajuste fiscal, a la vez que una aguda restricción monetaria. Los costos en actividad económica y bienestar social serán muy elevados. El ajuste comenzó en el inicio del gobierno, que lo profundizó significativamente con el visto bueno del FMI, y que, como sucedió en la mayoría de los países con acuerdos con el Fondo, seguirá por mucho tiempo más, salvo que cambien el modelo aplicado.

* Economista jefe de Banco Credicoop, docente universitario y vicepresidente del IADE. 
El texto se publica por acuerdo con la revista Realidad Económica.