SIN PUEBLO EN LA CALLE NO HAY JUEZ QUE VALGA

No depusieron en forma ilegal a Dilma Rousseff para devolverle la presidencia a Lula, es la conclusión de la tormentosa jornada del domingo 8, en que un juez dispuso dejar en libertad al ex Presidente, pero luego de intrincados recursos y gestiones la orden no se cumplió.

El razonamiento del magistrado Rogerio Favreto, quien ordenó la libertad inmediata de Lula, fue que de otro modo Lula no podría participar en igualdad de condiciones con los demás candidatos en la elección presidencial de octubre.

Favreto es el juez de turno de la Cámara Regional de Apelaciones N° 4, de Porto Alegre, que condenó a Lula, y respondió a un pedido de hábeas corpus presentado por tres legisladores del PT. Los adversarios de Lula señalaron que Favreto también militó en ese partido, cosa que no es extraña desde que las designaciones judiciales se inician como en la Argentina con una propuesta del Poder Ejecutivo. El ex Presidente es el favorito de todos los sondeos electorales y la única duda es si se impondría en primera vuelta o debería ir a un balotaje con el segundo candidato más votado, como le ocurrió al llegar por primera vez a la presidencia en 2003 y a su sucesora Rousseff en 2015.

 

 

Desde Portugal, donde pasa sus vacaciones, el juez Sergio Moro, que condujo como un inquisidor el proceso contra Lula, ordenó por los diarios que Lula no saliera de la cárcel y consiguió que otro juez de la misma Cámara de Apelaciones, João Pedro Gebran Neto, lo pusiera por escrito. Gebran fue el relator del fallo que condenó a Lula y sostuvo que aunque no estuviera de turno retenía su competencia. Favreto insistió e intimó a liberar a Lula en una hora, en una resolución en la que reconoció que Gebran Neto era el relator de la causa, pero sostuvo que recién podría intervenir el lunes 9. Es decir, con Lula ya en libertad.

Se dibujó así un presunto conflicto de competencia, que dio pie a la intervención del presidente de la misma Cámara de Apelaciones, Carlos Eduardo Thompson Flores, quien como era de prever revocó la orden del juez que estaba de turno.

Hay tela jurídica para cortar, pero eso no es lo más interesante ya que ese edificio falla por los cimientos: en el proceso por el que Lula recibió una condena a 12 años y un mes de cárcel, con muchas conjeturas y ni una prueba, se violó el principio de inocencia, como bien analizaron en El Cohete Julio Maier y Luigi Ferrajoli.

La decisión del poder económico, que con respaldo castrense sostiene al presidente títere Michel Temer, cuyos índices de aprobación no pasan del 2%, está tomada. Y del otro lado, la movilización popular no alcanza una envergadura que equilibre la balanza, pese al efecto positivo de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador en México. El mes próximo el tribunal electoral resolverá la inhabilitación de Lula como candidato para las elecciones del 7 de octubre, y AMLO asumirá en México recién el 1° de diciembre.

 

 

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