El bloque de poder económico y social dominante, con su terminal política y mediática, universaliza la defensa de sus privilegios en nombre de la ciudadanía, se apropia del significado de las palabras, parcela la realidad, pulveriza el pasado y evade el futuro.

Con este esquema, la derecha radicalizada en esos métodos y desembozada en sus modos, subsume la defensa de intereses de las mayorías en la de sus privilegios, impide la lectura integral de la realidad ocultando la matriz estructural de las relaciones de poder, fulmina la historia y omite pronunciarse sobre el futuro.

El resultado es una narrativa que interviene en un presente absoluto, cancelando la asunción de responsabilidad tanto de sus actos de gobierno como del lado de la mecha en que se encuentra.

 

 

Hoy como ayer

Entre el 6 y 8 de julio de 1977 en Mar del Plata, la dictadura secuestró, torturó y asesinó a abogados laboralistas por defender el derecho del trabajo y a trabajadores que padecían los incumplimientos graves de las empresas que formaban (y forman) parte de ese bloque de poder.

Fueron los mismos militares quienes siniestramente bautizaron La Noche de las Corbatas. “Hoy la ley somos nosotros”, dijeron antes de la sesión de torturas.

La atribución del lugar de la ley es un síntoma de los grupos de poder.

Macri llamó mafiosos a los abogados laboralistas y le atribuyó la jefatura del hampa a Héctor Recalde, artífice de la reposición de muchos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo mutilados por la dictadura militar[1], e impulsor de la Ley 27.115 que declara el 7 de julio como el día del abogado laboralista, en conmemoración de la Noche de las Corbatas.

Hace unos días, un empresario textil pretenso importador de otra precarización laboral -y que pidió la asistencia del Estado en plena pandemia-, se alza en contra de los supuestos industrialistas del juicio, señalando a Héctor Recalde como el emblema de esa distorsión.

La industria no es la del juicio, sino la del incumplimiento contractual de cierto sector empresario respecto de la obligación de registrar las relaciones de trabajo, de preservar la integridad psicofísica del trabajador, de abonar la remuneración justa y pagar una indemnización ante un despido sin motivo. En definitiva, la vulneración de la Constitución Nacional.

Los derechos que se defienden, y no los nombres propios, son los que levantan la tirria de una parte de la patronal que usufructúa el Estado para su asistencia y lo demoniza en su función garantista de los derechos laborales.

Esa bandera defendían los abogados laboralistas víctimas del terrorismo de Estado.

El mismo plan económico instaurado por la dictadura cívico militar y en los oprobiosos años 90, es que el que hoy agitan los sectores privilegiados de la economía. Un modelo de especulación financiera, con una economía reprimarizada, signado por la apertura comercial, desregulación del mercado cambiario, mano de obra barata y dependencia absoluta de la inversión privada y capitales extranjeros.

El fracaso estrepitoso de ese plan económico en todas sus experiencias históricas, materializó la pérdida de soberanía en su modalidad moderna: el endeudamiento externo.

Martinez de Hoz, en el año 1981, mencionó las 12 pautas que —a su juicio— habían concretado el proceso de transformación nacional:

• Eliminación de control de precios;
• Libertad en las transacciones cambiarias;
• Quita de prohibiciones e impuestos a la exportación;
• Libertad en la fijación de tasas de interés;
• Reforma financiera;
• Eliminación del monopolio en la exportación para el mercado de granos y carne;
• Eliminación de tarifas máximas en servicios públicos;
• Libertad para inversiones extranjeras;
• Eliminación de subsidios a la industria, y sigue la lista.

La única pauta donde no aparece la palabra libertad es en el salario. El gobierno de facto fijó los salarios y eliminó los mayores beneficios otorgados por los convenios colectivos de trabajo.

En los antecedentes de la regla estatal que desguazó la Ley de Contrato de Trabajo, se postulaba la liberación de las fuerzas productivas.

Cuando hay un parte más débil en la correlación de fuerzas, la ausencia de regulación y la liberación es siempre la perpetuación de la ley del más fuerte.

En la reforma laboral propuesta por el macrismo en el año 2017, también se apelaba perversamente a la misma locución.

La soberanía es ausencia de sujeción, tanto en las relaciones interestatales como en el marco de las relaciones sociales. Ante la existencia de un poder más fuerte -como el poder patronal en el contrato de trabajo o el poder del grupo económico en el de consumo-, es necesario un mecanismo legal compensatorio para democratizar el seno de esas relaciones e impedir que la igualdad y libertad se detengan en la puerta de la fábrica o  del comercio.

 

 

Liberación del capital y sujeción del trabajo

En todas las etapas históricas en que se implementó un modelo económico de exclusión, el Estado lejos de ser abstencionista reguló en pos de la protección de los intereses de las minorías reaccionarias y privilegiadas.

La dictadura generó las instituciones jurídicas para acompañar la financiarización de la economía y el disciplinamiento del movimiento obrero.

Sancionó la ley de entidades financieras (aún vigente), suprimió el derecho de huelga, intervino sindicatos, suspendió convenios colectivos, prohibió la actividad gremial, derogó el estatuto del docente, fulminó 27 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, modificó otros 99 y sancionó el estatuto de la construcción. Esa Ley 22.250, instauró el mismo sistema que hoy reclaman los empresarios importadores de mochilas, violatorio de la protección contra el despido arbitrario consagrada en el art 14 bis de la Constitución Nacional.

Otra vez la empiria nos muestra que la reducción de derechos no crea empleo de calidad. La industria de la construcción es el segundo rubro en el ranking del trabajo sin registrar después de lxs trabajadorxs de casas particulares.

 

 

La puja distributiva

Lo que no es rentabilidad, es salario. A mayor ganancia, menor remuneración. Es el meollo del debate.

A partir de mediados del siglo XX, las usinas de poder generaron y propagaron el discurso universal del costo del salario como variable de imposibilidad de crecimiento y la ineficacia del Estado elefantiásico.

El salario no era ya un derecho social propulsor de la economía, era el causante de la crisis del Estado de Bienestar.

En América Latina -condición de posibilidad de la hegemonía norteamericana y la provisión de materia prima y posterior mercado al capital extranjero-, ese discurso abrió la puerta a las dictaduras de los años 70, comandadas por el Departamento de Estado y el adoctrinamiento de las fuerzas armadas en la Escuela de las Américas, con el objetivo de perseguir y suprimir al enemigo interno.

Disciplinar el sujeto político y social que se iba a oponer al desmantelamiento de las conquistas sociales, era necesario y fundamental para los responsables civiles del terrorismo de Estado.

Los números que dejo la economía especulativa fueron desastrosos:

* 45.500 millones de dólares de deuda externa. Aumentó un 364% entre 1976 y 1983;

* 17,3% pérdida del poder adquisitivo del salario;

* 20.000 PYMES destruidas;

* Inflación anual siempre superior al 100%, siendo en 1983 del 343 %[2]

* 18% de aumento de la pobreza;

* Transferencia de la riqueza de sectores populares a las clases altas.

 

 

El lenguaje del estigma

La creación de un lenguaje estigmatizante para postular el enemigo interno que impide el crecimiento de la nación constituye la narrativa necesaria para la aceptación social de la lógica de la supresión del otro.

La inoculación del odio y las altas dosis diarias de indignación son emociones que corren como reguero de pólvora pero que rompen el lazo social y no construyen políticamente.

Ese enemigo interno es siempre patologizado y encarna la enfermedad social en un lombrosianismo renovado.

El cabecita negra, el peronista, el subversivo, el terrorista o el kirchnerista, son el mal que obstaculiza la consagración de los valores y el progreso nacional.

Tanto en la dictadura como en los años macristas, se habló de una  refundación moral de la nación.

Una prédica tan vigente que retorna en la homologación de los crímenes de lesa humanidad a las muertes provocadas por la pandemia, el slogan del curro de los derechos humanos, las bolsas mortuorias en Plaza de Mayo con los nombres de las abuelas y la reivindicación disfrazada de la dictadura militar.

 

 

El eterno retorno

El pasado está condenado a repetirse si no se exhuma el antagonismo y el conflicto social que desde el bloque de poder se afirman superados.

Nos endeudaron en el 56, veinte años despues y en el 2018.

Son los mismos que golpearon las puertas de los cuartales, sus organizaciones empresariales bramaban orden ante el vacío de poder y fueron los protagonistas de un gobierno de matriz mafiosa y de endeudamiento.

Desde la irresponsabilidad absoluta proponen magia para salir de la crisis y pagar U$ 50 mil millones al FMI que destinaron a la fuga de capitales.

La historia suprimida y el presente segmentado son motores del olvido.

La lucha no cesa, las ideas no mueren y las banderas se sostienen.

Sólo con la política como herramienta de transformación social, el legado de las y los imprescindibles y la emancipación como norte, se construye una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.

 

 

 

[1]  Ley 26.428, Ley 26.574, Ley 26.592, Ley 26.088, Ley 26.911,

[2] 1976 ascendió a 444,1%, 1977 a 176%, 1978 a 175,5%, 1979 a 159,5%, 1980 a 100,8%, 1981 a 104,5% y 1982 a 164,8%.

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