Sin oxígeno

 

El gobierno de Cambiemos se ha quedado sin oxígeno y el único pulmotor que tiene es el del FMI, cuyo apoyo no es gratis.

Lo supieron los gobernadores reunidos el jueves 6 de septiembre con el Ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien pretendió que firmarán un acuerdo para avanzar con un “plan de retiros” de empleados públicos que debería ser financiado con fondos del gobierno central. Esto está contemplado veladamente en la Ley 27.429 de Consenso Fiscal del 21 de diciembre de 2017, al que arribaron tras haber acordado la ley 27.426 de reforma previsional tres días antes, que modifica el índice de movilidad previsional y hace que en septiembre de 2018 la jubilación mínima sea de $ 8.637 y el PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) de solo $ 6.909 o sea en torno a los 215 y 172 dólares por mes, respectivamente.

La mayoría de las provincias y los legisladores oficialistas nacionales y provinciales levantaron la mano condenando a los que trabajaron toda su vida a esa paupérrima remuneración, porque con la reforma tributaria planteada y el Acuerdo Fiscal con las Provincias, se derogó el artículo 104 de la ley del Impuesto a las Ganancias que coparticipaba el 20% del total detraido para la ANSES. A cambio, se destinó al sistema previsional el 100% de la recaudación del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios para a la ANSES. Antes de esa reforma iba el 70% a la Nación y el 30% se coparticipaba, con lo que los gobernadores incrementan tres veces sus ingresos, ya que cedieron el 30% de una suma similar aquella que perciben al 100%, hasta que se sancione una nueva Ley de Coparticipación de Impuestos o hasta el 31 de diciembre de 2020, lo que ocurra antes.

Esta vez, sin embargo, no se animaron a firmar el acuerdo presentado por Frigerio, porque como lo demostraron los datos de la Encuesta Permanente de Hogares que publicó el INDEC, en el segundo trimestre de 2018 la desocupación subió al 9,6% y alcanzó su máximo nivel desde 2006. En términos interanuales, el desempleo creció casi un punto porcentual y se registraron unos 250.000 nuevos desocupados. En ese marco echar empleados públicos era apagar el fuego con nafta.

Sí, en cambio, lo ejecuta la administración nacional cuando plantea acelerar los tiempos para reducir el déficit primario (antes del pago de los intereses de la deuda). Se jactan de haber reducido el gasto en un 6,4% del PIB en los primeros ocho meses de este año 2018.  Lo que no dicen es que se suspendieron planes de vacunación; que se despidió a 10.600 empleados públicos (y es más, según los planes de “optimización de dotaciones” que había anunciado el gobierno de Cambiemos, se prevé un recorte de empleos públicos del 3% para 2018 y del 3% para 2019, lo que conformaría un total de unos 30.300 empleos públicos hasta fines de 2019 a través de diversas modalidades de desvinculación de trabajadores); que se frenó toda la obra pública con lo que ello significa para el empleo, el nivel de actividad y la obra en sí; que se redujeron severamente las transferencias a las provincias; y que se lleva adelante la aplicación de la vergonzosa ley de movilidad previsional cuyo único fin es reducir el monto que implica dicho gasto, sin contemplar que detrás está la vida de los que trabajaron para tener una asignación digna.

 

El presupuesto nacional

El presupuesto es el plan anual de un gobierno. Debe dar respuesta a las tareas específicas de gobernar, de impartir justicia, poder de policía, contralor de la sociedad en nombre del bien común y la ejecución de las tareas propias de la administración. El Estado debe procurar equilibrar inequidades, cobrar impuestos progresivos a los que tienen manifiesta capacidad contributiva, habilitar a la población el acceso a determinadas prestaciones que no podría pagar si ellas fuesen provistas a través del mercado por empresas privadas, como educación, salud, pensión para la vejez y enfermedad, e impedir la explotación de la mano de obra mediante la reglamentación de la jornada laboral y condiciones de trabajo en general, y de mujeres y niños en particular, etc. A la par de instrumentar políticas económicas (fiscal, monetarias, cambiarias, comercial, de ingresos, etc.) que impulsen el trabajo y la producción nacional.

Sin embargo la concepción del gobierno de Cambiemos —contrariando los principios constitucionales que nos deben regir y que deben respetar y hacer respetar— prioriza reducir el gasto público a como dé lugar, para dejar el mayor saldo posible para el pago de  los intereses de la deuda. El Resultado financiero previsto para 2019, calculado a un dólar a $ 40,10 como promedio para todo el año que viene,  suma $ 600.285,7 millones (3,3% del PIB), que es en pesos pero la mayor parte corresponde a pagos de intereses de títulos de deuda en divisas, por ende si el dólar no cotizara en promedio $ 40,10, sino, digamos $ 60, debería abonarse casi un 50% más (cerca de $ 900.000 millones).

Es tan desproporcionado el presupuesto y su manifiesta intencionalidad de cumplir con los compromisos externos en lugar de priorizar el trabajo, la producción y la inversión pública, que aún creyendo en el mentiroso tipo de cambio promedio esperado de $ 40,10 y de una inflación medida por IPC del 34,8% anual, lo que se destina a los acreedores supera en casi tres veces la Inversión Pública. (El monto total anual de $ 215.033 millones que le asignan es incluso 7,2% menor en términos nominales al que teóricamente van a ejecutar este año 2018.)

Pero el problema se ve con luz propia cuando confrontamos la planilla que el mismo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó del Programa Financiero acordado con el FMI, y los vencimientos de títulos de deuda del año 2019 según Fuentes y Aplicaciones Financieras del proyecto de ley de Presupuesto 2019 de la administración nacional, donde contabilizan vencimientos por $ 3.104.810,6 millones. El Presupuesto Nacional contabiliza en pesos, pero la mayor parte del pago es en divisas (al tipo de cambio promedio esperado  de $ 40,10 implican U$s 77.426,7 millones), con los cuales plantean amortizar deuda (en realidad se cambian mayoritariamente títulos de deuda vieja por títulos nuevos) por $ 2.032.142,9 millones (al tipo de cambio esperado significan U$s 50.676,9 millones), quiere decir que el gobierno se debe endeudar por el equivalente a U$S 26.749,8 millones (U$S 77.426,7 millones  - U$S 50.676,9 millones) para cubrir el esperado resultado financiero negativo en $ 600.285,7 millones (dado que toma deuda externa para financiar el déficit fiscal que es en pesos) y cancelar deuda que no puede renovar

En síntesis, no es que le faltan como dice el Programa Financiero acordado con el FMI para cubrir la totalidad de las necesidades del año 2019, unos U$S 22.600 millones adicionales, de los cuales sostienen que U$S 20.100 millones pueden conseguirse con refinanciamientos y sólo U$S 2.500 millones serían nuevas colocaciones, sino que el Proyecto de Ley de Presupuesto 2019 establece claramente que la diferencia es equivalente (en pesos y en divisas, pero mayoritariamente es en divisas) a U$S 26.749,8 millones [1].

Y aún así, la pregunta obligada es quién va a refinanciar deuda e incluso quién va a colocar deuda nueva en un país que por más apoyo del FMI, no tiene capacidad de repago.

Las cuentas públicas tienen un resultado financiero fuertemente negativo del 3,3% del PIB (con los parámetros increíbles que el gobierno presupuesta) y reconocen que esperan un déficit en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos en el año 2019 de U$S 9.900 millones (2,15 % del PIB), que es más increíble todavía, con el descenso del precio de la soja por la excelente cosecha de los Estados Unidos y los serios interrogantes presentes y futuros de Brasil que es nuestro principal socio comercial.

 

El déficit previsional

Las jubilaciones y pensiones mínimas y cercanas a la mínima que son el mayor numero de beneficios de un total de aproximadamente 8,3 millones de personas, son muy menores a la canasta básica total, aún si excluimos el gasto de medicamentos y atenciones por la edad. Esto pasa porque al haber unos 11,3 millones de aportantes, la relación entre trabajadores en actividad y trabajadores pasivos es de solo 1,36.  De allí que se debe cubrir con un porcentaje de los impuestos: en este año 2018 es el 6% de la masa coparticipable, para el año 2019 baja solo al 3% y desde el año 2020 será 0%.  Se elimina la pre-coparticipación para el sistema de Seguridad Social y se suma el 11% del total recaudado del IVA; el 100% del Impuesto al Cheque; el 28,69% de la recaudación del Impuesto a los combustibles; el 100% del impuesto adicional al cigarrillo; y el 70% de la recaudación del monotributo.

Por eso, siempre según el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional de 2019, los aportes y contribuciones previsionales previstos totalizan $ 1.043.257,4 millones, pero los gastos en seguridad social del año ascienden a $ 1.792.971,9 millones, con lo que se estima un déficit de $ 749.714,5 millones (suma que representa el 71,9% de los recursos previsionales). De allí todas las políticas para frenar el gasto previsional (en desmedro de los jubilados y pensionados) y el porqué van a utilizar  los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para pagar los haberes, luego de que se terminen, en abril, los fondos extraordinarios derivados del blanqueo de capitales.

 

Síntesis

El presupuesto nacional refleja la concepción del gobierno de Cambiemos, que este año 2018 aplicó un ajuste del gasto sin ton ni son, pero va a ser peor en el año 2019.  Sin miramiento ni escrúpulo de ningún tipo. Lo afirma el Presidente Maurizio Macri: están dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el pago a los acreedores, que en gran parte surgieron por el feroz endeudamiento de este gobierno que lo hizo para financiar el déficit fiscal que a su vez originó por su impericia y por haber reducido el gravamen a los sectores de mayores ingresos.

Pero por más que dejen de cumplir con funciones básicas del Estado y que sigan echando empleados públicos, no pueden garantizar, por más apoyo y nuevas deudas del FMI, que el desproporcionado vencimiento de capital de deuda sea renovado en su mayor parte, por la simple razón que nadie le presta a un país que no tiene solvencia económica y que con sus medidas de ajuste endurece el proceso recesivo y con ello, disminuye la recaudación de impuestos internos.

Por más que parezca que pueden ofrecer títulos que pagan tasas astronómicas al mercado, se los van a tomar a plazos menores de seis meses, cuando teóricamente siguen en el gobierno, pero el desprestigio y la muestra palpable de ingobernabilidad se agiganta día tras día y no existen pulmotores que duren toda la vida.

 

 

[1] La diferencia entre los U$S 22.600 millones del Programa Financiero y los U$S 26.749,8 millones, representa el 77,5% de la inversión pública presupuestada para el año 2019.

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